Nuevo libro, los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

La dimensión del modelo de compliance penal en la empresa

 

Es un placer para el bufete presentar la primera edición del libro “Los delitos cometidos en el seno de la empresa legal” cuyo autor es Daniel Lucas Romero, abogado experto en derecho penal y derecho penal económico.

 

Sinopsis:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura que planeaba en el sector empresarial, percibida incluso como un capricho de nuestro legislador, para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas.

No obstante lo anterior, no son pocas las empresas que no entienden ni logran dimensionar la importancia de contar con un modelo de prevención penal que permita no sólo delimitar los riesgos penales reales, directos o residuales, que le afecten conforme su propia actividad o negocio, sino que les dote de una estructura organizativa que persiga la transparencia y el control y a su vez le ayude a conseguir una estabilidad y viabilidad de negocio.

La presente obra nace como consecuencia del impacto social que en los últimos años se viene viviendo en nuestro país ante los escándalos corporativos, la mala praxis y la falta de control de diversas organizaciones. Igualmente ha sido motivo de esta publicación la dolosa ignorancia, desconocimiento o dejadez que pequeñas y medianas empresas tienen sobre la materia, llegando incluso a entender satisfechas sus obligaciones con simples asesoramientos, parciales y sesgados, que en realidad no les dota de cobertura legal alguna.

Todas las empresas, sean cuales sea sus dimensiones, deben a día de hoy tener la consideración de destinar una partida presupuestaria, mayor o menor, para dotarse de un programa de cumplimiento efectivo que le permita analizar los delitos que le pueden resultar de aplicación, ya fuere de forma directa o residual, para que mediante un sistema de organización, control y de delegación de funciones se garantice el mayor y mejor cumplimiento normativo. A día de hoy afecta incluso a los servicios de asesoría de empresas, quienes han tenido que ver implementada su formación, capacitación y dedicación ya que las nuevas tecnologías permiten generar en todas las empresas unas brechas de seguridad como medio para la comisión de cualquier delito.

Un análisis parcial, una mala planificación, una mala ejecución puede abocar a la empresa y a sus responsables, a graves penas que van a hacer imposible en muchas ocasiones la supervivencia de la empresa. Evitar la pena de banquillo y su efecto reputacional, así como la muerte “civil” de la empresa deben ser dos de los hitos fundamentales a perseguir por ésta, pero no los únicos; las penas económicas o prohibiciones de contratación pueden acarrear graves consecuencias a la empresa y a sus empleados quienes de forma indirecta pueden verse afectados por un cierre parcial, un ajuste económico o medida similar.

Por ello esta obra trata de introducir a la pequeña y mediana empresa en el mundo de la prevención penal y darles una visión general sobre en qué consiste la política de cumplimiento normativo, cuáles son los elementos en que se sustenta, cómo implantarla, cómo desarrollarla. En definitiva constituirse como una guía referencial que permita principalmente a los sujetos responsables de las empresas y a las personas delegadas con funciones de supervisión designadas, dirigir y desarrollar sus funciones con mayores garantías minorando los riesgos penales y las consecuencias económicas.

 

Autor: Daniel Lucas Romero

Editorial: Colex

El testamento se trata de un acto personalísimo e individual, es decir, nadie puede escribirlo por ti ni tampoco puedes compartirlo. Uno de los más usados antiguamente era el ológrafo, escrito a puño y letra por el testador. Como es secreto no tiene por qué comunicarse a nadie su existencia. La principal desventaja reside en que es susceptible de ser eliminado de forma malintencionada al no ser depositado ante notario, ni quedar incluido en el registro de últimas voluntades.

No obstante, las dudas que recibimos acerca de testamentos y herencias en nuestro despacho de abogados en Madrid tienen que ver con el modelo cerrado y el abierto. En el primero se declara su existencia de forma notarial ante testigos, pero no se revela su información. En cambio en el segundo el testador manifiesta su última voluntad en presencia de personas que autorizarán el acto y el notario. La principal ventaja es que éste será quien asesore en todo momento la legalidad del contenido. El testamento quedará guardado en el registro de las últimas voluntades para garantizar su seguridad y validez

 


 

En Lucas Franco Abogados somos especialistas en todo tipo de procedimientos legales. Tenemos un personal cualificado en las distintas ramas del derecho. Ante todo te garantizamos un trato cercano y personalizado:

  • Teléfono: 91.534.50.07
  • Email: gestión clientes@lucasfrancoabogados.com

Aclaramos tus dudas con respecto a las donaciones inoficiosas.

 

Las donaciones inoficiosas. Una realidad muy constante en España es que el fallecido por cuestiones personales, generalmente por desavenencias o falta de afinidad con sus posibles sucesores, hace en vida determinados negocios jurídicos que pueden afectar el derecho de los herederos una vez conste su fallecimiento. Los dos sistemas básicos para eludir esta atribución de bienes a los herederos pueden ser las compraventas que se denominan simuladas. Son simuladas porque realmente no existe un efectivo pago, o se computa el pago mediante las atenciones personales en los últimos años del finado.

Las donaciones inoficiosas son aquellas en que el donante realiza una disposición patrimonial superior a la que le está permitida por testamento. Por tanto, y para proteger los derechos que los sucesores legitimarios tendrán en el patrimonio del donante cuando éste fallezca, el legislador prohíbe que se disponga más por donación de lo que pueda disponerse libremente por testamento. La porción en que se excede de dicho límite, la donación puede ser reducida. En todo caso, sólo es posible conocer este límite y comprobar si ha sido respetado, después del fallecimiento del donante.

El legitimario perjudicado puede pedir la reducción de disposiciones excesivas, por aplicación del artículo 817 del CC que dispone los siguiente:
“Las disposiciones testamentarias que mengüen la legítima de los herederos forzosos se reducirán, a petición de éstos, en lo que fueren inoficiosas o excesivas”.

 


 

Somos un despacho de abogados expertos en herencias y testamento. Abogados de gestión de patrimonios. Consulte sin compromiso:

  • Teléfono: 91.534.50.07
  • Email: gestión clientes@lucasfrancoabogados.com

El derecho de sucesiones o derecho sucesorio es aquella parte del derecho privado que regula la sucesión mortis causa y determina el destino de las titularidades y relaciones jurídicas tanto activas como pasivas de una persona después de su muerte. Algunas de las notas definitorias son:

  • Viene regulado en nuestro Código Civil en los artículos 657 a 1.087, ambos inclusive. Igualmente es un Derecho consagrado por la propia Constitución como un derecho fundamental ligado al concepto y esencia de la propiedad.
  • Se divide en tres tercios (1/3 que corresponde a la legítima, 1/3 que corresponde a la mejora y 1/3 que corresponde a la libre disposición). El tercio de “libre disposición” permite al causante legar a quien quiera en base al principio de libre disposición y autonomía de la voluntad del causante.
  • El cónyuge superviviente tiene como mínimo derecho al usufructo del tercio de “mejora”.

 

Las herencias tienen un plazo de prescripción. Lo normal es que se considere que, a los 25 años de que una persona pase a apropiarse de los bienes heredados, no caben reclamaciones.

 


 

Somos un despacho de abogados expertos en derecho sucesorio, herencias y testamento. Abogados de gestión de patrimonios. Consulte sin compromiso:

  • Teléfono: 91.534.50.07
  • Email: gestión clientes@lucasfrancoabogados.com

Si quieres saber si pueden existir testigos en los testamentos…

 

La respuesta es sí, pueden existir testigos en los testamentos. Aunque para concretar debemos matizar quienes no pueden ser testigo. No podrán ser testigos en los testamentos:

  • Los menores de edad, salvo lo dispuesto en el artículo 701.
  • Sin contenido.
  • Los que no entiendan el idioma del testador.
  • Los que no presenten el discernimiento necesario para desarrollar la labor testifical.
  • El cónyuge o los parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad del Notario autorizante y quienes tengan con éste relación de trabajo.

 

En el testamento abierto tampoco podrán ser testigos los herederos y legatarios en él instituidos, sus cónyuges, ni los parientes de aquéllos, dentro del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad.

No están comprendidos en esta prohibición los legatarios ni sus cónyuges o parientes cuando el legado sea de algún objeto mueble o cantidad de poca importancia con relación al caudal hereditario.

 

¿Quieres saber qué tipos de testamento existen?

 

Los tipos de testamento, pueden ser común o especial. El común puede ser ológrafo, abierto o cerrado.

  • Se consideran testamentos especiales el militar, el marítimo y el hecho en país extranjero.
  • Se llama ológrafo el testamento cuando el testador lo escribe por sí mismo en la forma y con los requisitos que se determina la ley, en concreto el artículo 688 del código civil.

 

Es decir, el testamento ológrafo solo podrá otorgarse por personas mayores de edad.

Para que sea válido este testamento deberá estar escrito todo él y firmado por el testador, con expresión del año, mes y día en que se otorgue.

Si contuviese palabras tachadas, enmendadas o entre renglones, las salvará el testador bajo su firma.

 

Los extranjeros podrán otorgar testamento ológrafo en su propio idioma.

  • Es abierto el testamento siempre que el testador manifiesta su última voluntad en presencia de las personas que deben autorizar el acto, quedando enteradas de lo que en él se dispone.
  • El testamento es cerrado cuando el testador, sin revelar su última voluntad, declara que ésta se halla contenida en el pliego que presenta a las personas que han de autorizar el acto.

 

Las expulsiones de los extranjeros que se encuentran en España pueden ser paralizadas por lo que la norma reguladora del derecho de extranjería prevé como causas humanitarias. Nuestro despacho de abogados en Madrid, como abogados expertos en extranjería, asesoramos en múltiples consultas sobre esta posibilidad. La realidad es que el extranjero debe conocer que estas vías excepcionales de permitir quedarse en España y vitar la expulsión deben cumplir con unas premisas de excepcionalidad, enfermedad grave y de imposible tratamiento en el lugar de origen.

 

En este sentido se ha pronunciado la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, Burgos, Sala de los Contencioso- Administrativo, Sección 1ª, 221/2010, 26 de marzo. Recurso 239/2009 al disponer que:

“(…)Más importante es el motivo alegado de razones humanitarias, sin perjuicio de que el art. 45 del Real Decreto 2393/2004, en su punto 4 , recoja que se podrá conceder una autorización por razones humanitarias, entre otros casos, a los extranjeros que acrediten sufrir una enfermedad sobrevenida de carácter grave que requiera asistencia sanitaria especializada, de imposible acceso en su país de origen, y que el hecho de ser interrumpida o de no recibirla suponga un grave riesgo para la salud o la vida. Es indudable que en estas medidas cautelares no se acreditan adecuadamente los extremos exigidos, y así no se acredita que sea una enfermedad sobrevenida ni que la asistencia sanitaria sea de imposible acceso en su país de origen; no obstante es de reconocer que la expulsión originaria una grave dificultad para que se aplique un tratamiento sanitario adecuado (…).”

 

 

¿Qué es un procedimiento mercantil?

Un procedimiento mercantil es un tipo de procedimiento derivado de la rama civil que se sigue ante los tribunales y Juzgados de lo mercantil para la resolución de conflictos en materia de empresas y sociedades.

 

Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
  3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
  4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.
  5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
  6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

 

Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

 

  1. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  2. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  3. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo.
  4. Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.
  5. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  6. De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

 

Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

 

 

  1. La actividad social: Uno de las principales diferencias son las limitaciones de actividad. Determinadas actividades (Sociedades Bancarias, Gestoras de Fondos de Pensiones, Seguros, etc.), sólo pueden ejercerse por una Sociedad Anónima.
  1. El capital social: La Sociedad Limitada tiene su capital dividido en participaciones. Suele ser un capital pequeño, como mínimo 3.000 euros, el cual se divide entre el número de accionistas que la componente. Estos accionistas suelen ser un número reducido, y generalmente se constituyen sin aportaciones sociales de bienes muebles.

 

En cambio, en una Sociedad Anónima el capital aportado es mucho mayor, y también hay muchos más accionistas. En muchas ocasiones este tipo de sociedades encontramos accionistas de diversos rangos y categoría según el número de acciones que posean. El capital mínimo (actualmente es de  60.000 euros) está dividido en acciones. Deberá estar desembolsado, al menos, en un veinticinco por ciento; es decir será necesario un capital inicial de 15.000 euros para su constitución. El resto del capital deberá ser ingresado con posterioridad en la cuenta de la sociedad, en el plazo que fijen los estatutos sociales.

 

  1. El número de socios: Tanto la sociedad limitada como la anónima son sociedades capitalistas (lo importante es el capital aportado por cada socio). Sin embargo, los aspectos personales de los socios son más importantes en la limitada, por lo que esta es más adecuada para actividades en las que se tenga previsto la participación de pocos socios, para sociedades familiares o de profesionales, así como para desarrollar negocios con un pequeño desembolso inicial.

 

La sociedad anónima es una sociedad abierta, en la que los socios pueden vender libremente sus acciones (en la sociedad limitada sólo es libre cuando el comprador sea otro socio, el cónyuge o uno de los hijos del vendedor). Precisamente esta libertad en la venta de acciones es lo que determina que solamente las sociedades anónimas puedan cotizar en bolsa.

 

  1. Trámites para la constitución: Si bien los trámites de constitución de ambas sociedades son similares, la constitución de una SL es más flexible.
  2. Funcionamiento: El funcionamiento de las sociedades anónimas es más estricto, exigiendo que las convocatorias de juntas generales se hagan previa convocatoria en anuncios de prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

 


 

Somos abogados especialistas en derecho de empresas (constitución de sociedades, liquidación de sociedades, fusiones y escisiones de empresas, así como de inversiones patrimoniales). Puede contactarnos en nuestro despacho situado en la Calle Espronceda 39, 3º Dcha. en Madrid. Actuamos a nivel nacional:

  • Despacho: (+34) 91.534.67.89
  • gestionclientes@lucasfrancoabogados.com

 

El Tribunal Supremo, en una sentencia reciente, ha avalado la posibilidad de que un condenado por violencia de género sea expulsado del país. Dicha orden de expulsión, con la consiguiente prohibición de entrada en España por periodo de cinco años, se basa principalmente en las sentencias condenatorias por delitos de violencia doméstica y de género, lesiones y maltrato familiar que constan contra el recurrente y ello en aplicación del artículo 15 del Real Decreto 240/2007 y de la Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, considerando que el recurrente constituye una amenaza real, actual y suficientemente grave para el orden y la seguridad pública.

 

Resuelve el Tribunal como “motivos imperiosos de seguridad pública” para poder adoptar una decisión de expulsión respecto de un ciudadano de un Estado miembro de la Unión Europea o de otro Estado parte en el Acuerdo sobre el Espacio Económico Europeo que ha residido en España durante los diez años anteriores”, a la vista de la regulación contenida en la normativa específica. …“la expulsión no supone ningún sacrificio ilegítimo ni desproporcionado al principio de protección a la familia, toda vez que se trata de delitos cometidos en el ámbito familiar”.

 

Recuerda además la Sala que, en interpretación de las diferentes sentencias del Tribunal de Justicia de la Unión Europea resulta que los Estados miembros están facultados para considerar que infracciones penales como las recogidas en el artículo 83.1. 2º párrafo del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, constituyen un menoscabo especialmente grave para el interés fundamental de la sociedad que cabe incluir en el concepto “motivos imperiosos de salud pública”

 


 

Puede contactarnos cualquier día de la semana, incluso festivos.

 

Atención y asistencia 24h. (+34) 600.85.86.86

Despacho: (+34) 91.534.67.89

 

Garantizamos:

  • Atención personalizada y profesional
  • Asistencia durante todo el proceso judicial
  • Contacto 24 h. con su abogado experto penalista
  • Absoluta confidencialidad

 

Contamos con un alto porcentaje de éxito estamos reconocidos como uno de los mejores despachos penales de Madrid.