Modelo solicitud libertad provisional

Este modelo de solicitud para libertad provisional pretende dar unas ideas a modo de fórmula inicial para solicitar la libertad provisional de un cliente detenido o interno en centro penitenciario en fase de instrucción.

El escrito solicitando la libertad provisional puede ser presentado en cualquier momento en fase de instrucción, incluso aun en el caso que esté en tramitación un recurso de apelación contra cualquier resolución de dicha instrucción:

Mi consejo es no ser reiterativo, y ordenar el escrito de la siguiente forma:

 

1.- Características concretas del investigado ( es decir, detallar si carece o no con antecedentes penales, circunstancias personales, familiares, sociales…etc..), todo aquello que pueda valer para posteriormente atacar los fines de adopción concretas por lo que se haya acordado la situación de prisión.

 

Cada alegación y fundamentación debe ir justificada documentalmente. Caso que se haya practicado la comparecencia de situación personal del art 505 de la Lecrim, no será necesario su unión documental. Basta con la remisión a los documentos aportados en la misma. En este caso, mi consejo es reiterar mediante otrosí digo que tales documentos figuran unidos al procedimiento mediante la evacuación del trámite de la comparecencia del art. 505 de la Lecrim, solicitando se tenga por unido a este escrito como medio de prueba.

 

2.- Alegaciones sobre los fines de la medida de prisión provisional con apoyo documental o con remisión expresa a las actuaciones de instrucción seguidas ante el Juzgado de Instrucción o Juzgado Central de Instrucción. En caso que el auto que acuerde la medida justifique de forma puntual el motivo por el cual se adopta debe atarse el Auto en atención a dicho motivo y finalidad.

 

En caso que el auto de prisión fuere genérico y quizás poco motivado las alegaciones que deben efectuarse deben ser, partiendo de una línea general de cada uno de los fines y justificaciones de esta medida que determina la ley, ir concretando uno por uno, en base a las actuaciones legales de tal forma que se rebatan para dejarlas sin efecto..

 

Ejemplo de modelo de solicitud de libertad provisional (a efectos orientativos).

SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL

 

Juzgado de Instrucción núm. . . . . . . . . .
Diligencias Previas núm…./. . . . . . . . . .

AL JUZGADO

D/Dña……., (abogado, procurador, educador, el propio interesado), en nombre de D/Dña…………… (datos para quien se solicita la libertad provisional), cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba indicada, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de D………., en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA. D/Dña….., y descripción de las circunstancias personales y sociales del investigado con aportación de documentos acreditativos si procede.

SEGUNDA.- Relación y remisión a las actuaciones seguidas ante el juzgado de Instrucción o ante el juzgado central de instrucción que adveren algunas de las cuestiones anteriormente planteadas. (por ejemplo, si carece de antecedentes penales etc….).

TERCERA.- No debemos olvidar el derecho a la presunción de inocencia que debe presidir el régimen de los presos preventivos (artículo 5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). En el mismo sentido, el artículo 24 de la Constitución, siendo acreedor de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en proceso público con todas las garantías legales (relatar la versión de los hechos que puedan demostrar nuestra inocencia). La infracción de la presunción de inocencia, se encuentra integrada en la vulneración de la libertad personal. La apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión del delito, pero no significa por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado. Por tanto, si por meros indicios racionales de criminalidad se impusiera una privación de libertad, resultaría vulnerado el art. 24.2 CE en relación con el art. 17 CE (STC 47/2000 de 17 de febrero).

CUARTA. La situación de prisión preventiva de libertad es la excepción a la regla general de la libertad, al ser ésta un valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo el artículo 17 de la CE el derecho a no ser preso preventivamente, salvo las excepciones establecidas por la ley, debiendo interpretarse las normas que restringen aquel derecho de una forma restrictiva. La prisión provisional se caracteriza asimismo por ser una medida excepcional. El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa claramente esta idea: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

La excepcionalidad de esta medida cautelar ha sido también reiteradamente reconocida por la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 32/1987, de 10 de marzo, FJ 3; 34/1987, de 12 de marzo, FJ 2; 40/1987, de 3 de abril, FJ 2; 117/1987, de 8 de julio, FJ 2; 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1; 9/1994, de 17 de enero, FJ 6; 19/1999, de 22 de febrero, FJ 4; 71/2000 y 72/2000, ambas de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6 respectivamente). En relación con la prisión que se puede sufrir en un procedimiento por delito, la STC 14/2000, de 17 de enero, ha indicado en este mismo sentido que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no es la de hallarse sometido a una medida cautelar; así se deduce de la efectiva vigencia en nuestro Ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Como consecuencia de esta característica de la excepcionalidad, rige el principio del favor libertatis (SSTC 32/1987 y 34/1987, ambas de 12 de marzo; 115/1987, de 7 de julio; 37/1996, de 11 de marzo) o del in dubio pro libertate (STC 117/1987, de 8 de julio), formulaciones que, en definitiva, vienen a significar que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional “debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, dado, además, la situación excepcional de la prisión provisional. Todo ello ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la Ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad” (STC 88/1988, FJ 1).”

Al hilo de lo anterior señalaremos que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expone que la detención y la prisión provisional se deberán practicar en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

En relación con el sustento jurídico de la adopción y su mantenimiento de la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha destacado (STC de 7 de abril de 1997, recordando lo dicho en las núms. 128/1995 y 62/1996) que, además de su legalidad, la legitimidad constitucional de esta medida exige tanto su configuración como su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, fines que pueden concretarse en la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en plano distinto, pero íntimamente relacionado, la reiteración delictiva como presupuestos fundamentales.

QUINTA.- Nuestro Art. 502 LECR, dispone que esta medida de prisión provisional, sólo puede adoptarse siempre que no existan otras medidas menos gravosas que garanticen los fines de la adopción de la prisión provisional; para ello, deberán tomarse en consideración, no sólo la gravedad del delito imputado y la pena que pudiera corresponderle, sino que debe observarse las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

Se trata de una medida de naturaleza cautelar y excepcional que en ningún caso puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada, no estando justificada su imposición sino cuando se trata con ella de alcanzar fines constitucionalmente legítimos y no de otra forma. Pues bien, estos fines previstos en el Art. 503 LECR pueden verse garantizados con otras medidas, porque en este caso, en una ponderación prudencial de la causa al imputado concreto, no existen ninguno de los riegos contemplados en la Ley, y mucho menos, que puedan venir originados por mi patrocinado. A saber:

A.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE FUGA
La valoración del mantenimiento o no de la medida adoptada, no debe ampararse sólo en el estudio o examen jurídico de la misma, sino que se debe moderar la posible calificación y resultado jurídico, en todo momento discutible por no existir sentencia, con la situación personal del imputado (Hecho único y cierto, acreditado documentalmente).

Visto lo anterior y en lo que respecta a mi defendido se pueden observar las siguientes circunstancias al caso:

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

B.- INEXISTENCIA DEL RIESGO DE OCULTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS Y DE REITERACIÓN DELICTIVA

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

No obstante lo anterior, como medidas alternativas a la adoptada hasta el momento, se solicita:

1.- La libertad provisional de Don ……….., con obligación de comparecer diariamente, o en su defecto dos veces por semana, en sede de este Juzgado y con prohibición de salida del territorio nacional con entrega de cuanta documentación de viaje dispusiere.

Así como la adopción de Fianza de 5.000 euros, que atendiendo a la situación familiar entendemos fianza más que prudente y suficiente.

2.- De manera alternativa a la anterior, localización permanente en su domicilio los fines de semana.

Por todo lo anterior entendemos que procede modificar la actual situación de mi defendido, solicitando se decrete la libertad de esta.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL DE XXXXXXXXXXX, con la adopción de las medidas alternativas que el Juzgado estime procedentes, y subsidiariamente, las relacionadas en este escrito.

 

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¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? La sustracción de bienes sin violencia es hurto, no robo

Para conocer la diferencia entre robo y hurto, el código penal distingue de forma muy clara las figuras delictivas de hurto y robo, y dentro de éste, el robo con fuerza en las cosas, y el robo con violencia e intimidación, es decir, la fuerza sobre las personas.

 

Hurto

Define el art. 234 del Código Penal que el delito de hurto como aquél en el que una persona, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

La pena prevista en este delito de hurto varía según el importe del sustraído:

  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

 

Robo

Por su parte el art. 237 del CP define el robo como aquel delito cometido por aquellos en los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

La pena del delito de Robo es de pena de prisión de uno a tres años o de dos a cinco años de prisión en caso de delito agravado.

Es decir, podemos distinguir como elemento definitorio, para conocer la diferencia entre hurto y robo, el uso de la fuerza o violencia para la comisión delictiva.

 

Ejemplos:

Un ejemplo, es quien entre en un supermercado y sustraiga objetos, por ejemplo, cremas, comida, prendas de vestir…. sin alterar ningún medio de alarma, protección o detección será considerado hurto.

En cambio, si al sustraer esas prendas inutilizo los sistema de seguridad de la ropa, ya fuere mediante rotura del sistema, o empleado medios que lo inhabiliten, será considerado robo con fuerza en las cosas.

Ambos delitos pueden penarse con unas penas agravadas según las circunstancias concretas del caso. Así, por ejemplo, respecto del hurto el art. 235 del Cp. prevé que:

 

El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

  1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  2. Al tratarse de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
  3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
  4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
  5. En caso de que revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
  6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
  7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
  8. Si se utiliza a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
  9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

 

Por su parte, el delito agravado de robo queda regulado en los arts. 238 y ss:

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Escalamiento.
  2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
  3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
  4. Uso de llaves falsas.
  5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

 

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¿El suicidio como accidente laboral?

 

Un trabajador decide suicidarse como consecuencia de una discusión en su puesto de trabajo. ¿Puede considerarse accidente laboral algo que nace de la voluntariedad del trabajador? Sí, siempre que el origen del suicidio sea el entorno laboral y la parte contraria no destruya esta presunción con prueba en contrario, alegando causas ajenas al trabajo.

La cuestión ha sido tratada en un reciente caso, ventilado en tribunales el 10 de enero de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sentencia disponible aquí), donde se decide que el suicidio de un empleado de banca al precipitarse desde la azotea del trabajo tras una discusión con un cliente sí es accidente de trabajo. La mutua, que es la parte recurrente en apelación, debe pagar por tanto las prestaciones debidas a la viuda y los hijos.

La sentencia repasa la jurisprudencia recogida hasta hoy sobre la cuestión, recordando que la casuística del supuesto es esencial para que el juez pueda valorar si nos encontramos ante una contingencia laboral o no. Por lo general, los tribunales han venido asumiendo iuris tantum que existe accidente laboral cuando se da en el lugar del trabajo y no se prueba que existe un origen distinto al laboral para el trastorno mental que conduce al empleado al suicidio, por vía de la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

En el mencionado caso, la parte contraria no es capaz de acreditar que existan causas ajenas al trabajo que hayan provocado el suicidio. Por tanto, el TSJ otorga la razón a la familia del trabajador fallecido.

 

La presunción del artículo 156.3 LGSS

 

Suicidio

La presunción sobre el carácter laboral del accidente que tiene lugar en el trabajo viene recogida en el artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

Este artículo recoge una presunción que permite considerar el suicidio como contingencia laboral sólo por el hecho de que haya tenido lugar en el puesto de trabajo y durante horario laboral, “sin que la voluntariedad de privarse la vida del fallecido enerve la misma”, recuerda la sentencia mencionada.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario. Si la contraparte es capaz de argumentar que existen causas ajenas al trabajo que han conducido a esta situación al trabajador (una depresión diagnosticada, el fallecimiento de algún familiar, brotes e intentos anteriores en otros ámbitos, por ejemplo), corresponde a los legitimados por la parte del fallecido demostrar que existe causalidad con algún origen laboral.

Así, el tribunal concluye que, puesto que la demandante no ha sido capaz de probar que exista una causa externa más allá de la discusión previa al momento del suicidio, como un diagnóstico de enfermedad previa, motivos ajenos al trabajo o antecedentes de otros brotes depresivos en el fallecido, su recurso debe ser desestimado.

 

Lo que dice la jurisprudencia

 

La jurisprudencia no siempre ha estado abierta a admitir de forma tan garantista la presunción de suicidio en otros casos, aunque en general admite la existencia de accidente laboral cuando se prueba que existe una causalidad entre el suceso y algún problema laboral.

Hasta los setenta, los tribunales no aceptaron que un accidente pudiese ser provocado por un hecho como quitarse la vida. Resultaba indiferente la conexión de la decisión de acabar con la vida propia con el trabajo: la voluntariedad del acto enervaba la posibilidad de considerarlo accidente.

El actual criterio jurisprudencial se aleja de esta línea, que abandonó hace años, y permite declarar que existe accidente laboral tanto en situaciones de suicidio en el lugar de trabajo como fuera de él.

Se permite que se reconozca accidente laboral incluso cuando existan causas ajenas al trabajo, como antecedentes depresivos, y la relación entre el suceso y el origen laboral sea meramente indirecta o no tan evidente

 

Algunos ejemplos

 

  • Se ha permitido reconocer accidente de trabajo el suicidio de un agente forestal por depresión fuera del lugar y la hora de trabajo. Como no existe otra causa que explique la condición depresiva, se entiende que debe considerarse causa la participación en un incendio forestal con el que el fallecido se obsesionó (Sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de fecha 11 de abril de 2014, disponible aquí).
  • También se reconoció accidente laboral el caso del suicidio de un trabajador de un banco al que se le abrió expediente disciplinario por actuaciones irregulares que recibieron reproche penal y por las que se levantó cierto revuelo mediático (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2015, disponible aquí).
  • Asimismo, recibió el mismo trato el caso de un vigilante de seguridad con antecedentes de psicopatía y baja médica. No se acreditaron que dichas dolencias tuviesen relación con el puesto de trabajo, pero aun con ello se estimó que existía accidente laboral. El Tribunal declaró que, si bien no media relación entre la enfermedad y la relación laboral, debieron adaptar el puesto de trabajo a su condición de salud depresiva. Este detalle fue suficiente para probar la conexión entre el suicidio y el ambiente laboral (Sentencia de 2 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, disponible aquí).

 

 

Autor: J. M. BARJOLA
Fuente: Noticias Jurídicas

¿Qué es un delito de odio?

La terminología “delitos de odio” se ha acuñado para definir a una categoría de conductas que presentan como factor significativo y común la presencia de un elemento motivador, el odio y la discriminación.

Los delitos de odio son aquellos incidentes que están dirigidos contra una persona motivados por un prejuicio basado en:

  • La discapacidad.
  • La raza, origen étnico o país de procedencia.
  • La religión o las creencias.
  • La orientación e identidad sexual.
  • La situación de exclusión social.
  • Cualquier otra circunstancia o condición social o personal.

Cualquier persona puede ser víctima de un delito de odio, con independencia de que pertenezca al grupo al que va dirigida la hostilidad o prejuicio.

Estas acciones pueden efectuarse contra las personas o la propiedad.

 

Prevenciones ante delitos de odio

En aquellos supuestos en los que usted pueda haber sido víctima o conoce la existencia de un “delito de odio”, se recomienda, y resulta importante en la lucha contra la discriminación o la exclusión,  que adecue su conducta a los siguientes consejos:

  • Denuncie el incidente ante la Guardia Civil o la Policía Nacional, lo antes posible. Porte un documento de identidad que acredite sus datos personales.
  • Facilite información detallada sobre los hechos sufridos o de los que ha sido testigo, así como del autor/es del acto, lugar, testigos presenciales, etc.
  • Describa de forma literal las palabras y expresiones proferidas por el autor/es.
  • Si considera que el incidente está motivado por su raza, religión, nacionalidad, cultura, orientación sexual, discapacidad, etc. señale tal circunstancia al efectuar la denuncia, y la razón de dicha conclusión (expresiones, etc.)
  • Detalle, con la mayor precisión posible, datos sobre cualquier marca, símbolo, anagrama, distintivo, tatuaje, o vestimenta del autor/es de los hechos.
  • Si ha sido objeto de alguna lesión, por leve que sea, acuda a un centro sanitario y solicite un informe médico, para adjuntarlo a la denuncia.
  • Solicite un intérprete, si usted no comprende el idioma o se expresa mediante el lenguaje de signos.
  • Después del incidente, si no va a realizar la denuncia de forma inmediata, se recomienda que anote o grabe toda la información sobre el mismo. Ello permitirá, a la hora de plasmar los hechos en la denuncia, que se recojan todos los extremos con el mayor detalle y exactitud posibles.
  • La Policía Nacional o la Guardia Civil, le informarán de sus derechos y deberes como víctimas de “delitos de odio”.

 

Un juicio rápido es un procedimiento especial contemplado en nuestra Ley de enjuiciamiento Criminal para determinados delitos. Dicho procedimiento consiste en poder instruir la causa en un periodo especialmente breve y señalarse el Juicio, vista, en un plazo igualmente corto.

Conforme dispone el artículo 795 de la ley de enjuiciamiento criminal, el ámbito de aplicación para el procedimiento específico de juicio Rápido es el siguiente:

Artículo 795 Lcrim:

“1. Sin perjuicio de lo establecido para los demás procesos especiales, el procedimiento regulado en este Título se aplicará a la instrucción y al enjuiciamiento de delitos castigados con pena privativa de libertad que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas, bien sean únicas, conjuntas o alternativas, cuya duración no exceda de diez años, cualquiera que sea su cuantía, siempre que el proceso penal se incoe en virtud de un atestado policial y que la Policía Judicial haya detenido a una persona y la haya puesto a disposición del Juzgado de guardia o que, aun sin detenerla, la haya citado para comparecer ante el Juzgado de guardia por tener la calidad de denunciado en el atestado policial y, además, concurra cualquiera de las circunstancias siguientes:

  • 1.ª Que se trate de delitos flagrantes. A estos efectos, se considerará delito flagrante el que se estuviese cometiendo o se acabare de cometer cuando el delincuente sea sorprendido en el acto. Se entenderá sorprendido en el acto no sólo al delincuente que fuere detenido en el momento de estar cometiendo el delito, sino también al detenido o perseguido inmediatamente después de cometerlo, si la persecución durare o no se suspendiere mientras el delincuente no se ponga fuera del inmediato alcance de los que le persiguen. También se considerará delincuente in fraganti aquel a quien se sorprendiere inmediatamente después de cometido un delito con efectos, instrumentos o vestigios que permitan presumir su participación en él.
  • 2.ªQue se trate de alguno de los siguientes delitos:
    • a) Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
    • b) Delitos de hurto.
    • c) Delitos de robo.
    • d) Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
    • e) Delitos contra la seguridad del tráfico.
    • f) Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
    • g) Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368, inciso segundo, del Código Penal.
    • h) Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal”.

 

Conocido el ámbito de aplicación de este tipo de procedimiento, queda determinar en qué consiste.

Tras la detención del sospechoso, investigado, y puesta a disposición en sede judicial, se dicta por este Juzgador de guardia, el denominado Auto de incoación de diligencias urgentes frente al que no cabe recurso alguno.

Tras ello el Juzgador tomará declaración a la parte acusadora y al investigado, así como practicará aquellas diligencias necesarias para la continuación del procedimiento, que generalmente vienen a quedar reducidas a los informes de sanidad del Médico Forense, declaraciones de testigos y aportación documental que se tenga en ese momento, llegando incluso a abrirse trámite de solicitud de medidas cautelares y las relativas a las ordenes de protección de la víctima.

En nuestra opinión es importante a la hora de ser parte denunciante, que figuren los posible testigos de los hechos, y se les “lleven” el día que esté señalado el juicio rápido a los efectos se les tome la declaración oportuna y no se transformen las diligencias en diligencias previas tal como se expondrá. Igualmente conviene llevar toda la prueba que no se hubiere podido aportar en la denuncia ese día por los mismos motivos.

Tras todo ello el juez decidirá si todos los elementos de prueba se han practicado de forma suficienteexistiendo con ello base bastante para la continuación del procedimiento.

Caso de ser diligencias insuficientes, como bien pudiera ser el caso que uno delos testigos citados en el atestado policial no acudiese a declarar, o por ejemplo que no estuviera dada la sanidad a cualquiera de las partes, el Juez deberá considerar que no se han podido practicar las diligencias de prueba suficientes y transformará, previa audiencia de las partes, el procedimiento por los trámites de procedimiento de diligencias previas.

Caso sin embargo de entenderse suficientes las diligencias de prueba practicadas se dictará auto de apertura de juicio oral, resolviéndose previamente sobre la situación personal del investigado, y se dará traslado a las partes para formular escrito de acusación y defensa  bien de forma oral en ese momento o bien, caso de la defensa, mediante solicitud de un plazo legalmente previsto para la defensa de hasta 5 días, pudiendo en este momento incluso el investigado mostrar conformidad con los beneficiosque la ley otorga por dicha vía.

Caso de no existir tal conformidad, se señalará día de juicio, con un plazo de 15 días. Contra la sentencia que dicte cabe recurso de apelación en el plazo de 5 días.

 

Para tomar esta decisión hay que atender a múltiples circunstancias:

  1. Condiciones en la que se cumple la pena en el país extranjero. Si la vida o integridad física del Español corre riesgo en el extranjero o es muy penoso el cumplimiento, se deberá interesar, siendo un criterio prioritario a la hora de adoptar tan trascendental decisión.
  2. Deberán ser valorados los beneficios penitenciarios que son concedidos en el país extranjero, pues en muchos se lograr acortar considerablemente la condena mediante trabajos, estudios o se alcanza fácilmente la libertad condicional.

Seguramente que las condiciones de cumplimiento de la pena en cárceles extranjeras sean mucho más penosas que las que se puedan conseguir en España, pero en nuestro país se han suprimido muchos beneficios por lo que el plazo que pudiera pasar hasta alcanzar la libertad sería superior.

 

Cómputo del IVA en los delitos patrimoniales

Sí. El Tribunal Supremo ha resuelto una problemática que se extendía en demasía desde el año 2010 en la que algunos Tribunales excluían, otros incluían, generando con ello una autentica inseguridad jurídica.  Así ha resuelto que el valor del bien sustraído en cualquier delito patrimonial debe contener la aplicación del Iva correspondiente al resultar ser el valor de adquisición a lo que se ajusta en la previsión del tipo penal.

 

El TS indica que los bienes sustraídos computan IVA al considerar el valor total de éstos en el hecho punible. 

El 09-05-2017 el Tribunal Supremo ha dictado sentencia (Lo sustraido computará el valor que tenga de venta al público. Sentencia núm.. 327/2017 del TS de 9-05-2017, rec. 2188/2016) por la que declara que el valor de lo sustraído en establecimiento comerciales es el precio de venta al público que debe interpretarse como la cantidad que debe abonarse para su adquisición, cifra que habitualmente se exhibe en el etiquetado de la mercancía, comprensiva, sin desglosar, las costas de producción y distribución del bien, los márgenes de beneficio de los sucesivos intervinientes en la cadena de producción y los tributos y aranceles que lo hayan gravado directa o indirectamente, con inclusión del Impuesto del Valor Añadido (IVA) en el territorio de su aplicación (península y Baleares ) el impuesto General Indirecto Canario (IGIG), en las Islas Canarias y el impuesto sobre la Producción, los Servicios y las Importaciones (IPSI) en las ciudades de Ceuta y Melilla…

¿Cuándo existen antecedentes policiales? ¿Son cancelables los antecedentes policiales? ¿Qué hacer para su cancelación?

Los denominados antecedentes policiales son las reseñas policiales que se crean cuando existe una intervención policial y existe una detención. Existen y se crean con independencia del resultado final del procedimiento judicial. ¿Quiere esto decir que tras una primera detención y tras un procedimiento judicial caso que exista sobreseimiento o que se juzgue y exista una sentencia absolutoria quedan activa la ficha policial? La respuesta es sí.

Esta cancelación resulta extremadamente recomendable tanto en casos de haber existido una condena penal, tras el cumplimiento de la pena y los plazos legales previstos en el Art.136 CP, así como en el caso que tras haber existido una actuación policial con detención y apertura de instrucción judicial, la causa se hubiere dictado auto de sobreseimiento provisional o definitivo o que exista sentencia absolutoria. La recomendación se postula al efecto que los propios agentes y autoridades, en futuras intervenciones ya fueren de simple identificación o en su caso de apertura de atestado policial no puedan reseñar al sujeto.

Esta cancelación se basa en los siguientes principios/derechos:

  • DERECHO DE INFORMACIÓN
  • DERECHO DE ACCESO
  • DERECHOS DE CANCELACIÓN Y RECTIFICACIÓN

 

Para el ejercicio de los derechos enumerados anteriormente, al amparo de la Ley Orgánica 15/1999 y el Real Decreto que la desarrolla, necesitan invocar en su solicitud el fichero o ficheros sobre los que se ejercerá el derecho o derechos, dado que el Archivo Central de la Policía sólo gestiona competencias sobre el fichero denominado “PERSONAS“. Sólo cuando se refiere a este fichero, la instancia deberá ser presentada en las Comisarías, Registros del Cuerpo Nacional de Policía o en el aludido Archivo, al que las remitirán las anteriores dependencias si las recibieran.

En el Cuerpo de la Guardia Civil estos antecedentes se recogen en el fichero “INTPOL” y la instancia o solicitud se dirigirá a la Unidad Técnica de Policía Judicial de la Guardia Civil.