Modelo solicitud libertad provisional

Este modelo de solicitud para libertad provisional pretende dar unas ideas a modo de fórmula inicial para solicitar la libertad provisional de un cliente detenido o interno en centro penitenciario en fase de instrucción.

El escrito solicitando la libertad provisional puede ser presentado en cualquier momento en fase de instrucción, incluso aun en el caso que esté en tramitación un recurso de apelación contra cualquier resolución de dicha instrucción:

Mi consejo es no ser reiterativo, y ordenar el escrito de la siguiente forma:

 

1.- Características concretas del investigado ( es decir, detallar si carece o no con antecedentes penales, circunstancias personales, familiares, sociales…etc..), todo aquello que pueda valer para posteriormente atacar los fines de adopción concretas por lo que se haya acordado la situación de prisión.

 

Cada alegación y fundamentación debe ir justificada documentalmente. Caso que se haya practicado la comparecencia de situación personal del art 505 de la Lecrim, no será necesario su unión documental. Basta con la remisión a los documentos aportados en la misma. En este caso, mi consejo es reiterar mediante otrosí digo que tales documentos figuran unidos al procedimiento mediante la evacuación del trámite de la comparecencia del art. 505 de la Lecrim, solicitando se tenga por unido a este escrito como medio de prueba.

 

2.- Alegaciones sobre los fines de la medida de prisión provisional con apoyo documental o con remisión expresa a las actuaciones de instrucción seguidas ante el Juzgado de Instrucción o Juzgado Central de Instrucción. En caso que el auto que acuerde la medida justifique de forma puntual el motivo por el cual se adopta debe atarse el Auto en atención a dicho motivo y finalidad.

 

En caso que el auto de prisión fuere genérico y quizás poco motivado las alegaciones que deben efectuarse deben ser, partiendo de una línea general de cada uno de los fines y justificaciones de esta medida que determina la ley, ir concretando uno por uno, en base a las actuaciones legales de tal forma que se rebatan para dejarlas sin efecto..

 

Ejemplo de modelo de solicitud de libertad provisional (a efectos orientativos).

SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL

 

Juzgado de Instrucción núm. . . . . . . . . .
Diligencias Previas núm…./. . . . . . . . . .

AL JUZGADO

D/Dña……., (abogado, procurador, educador, el propio interesado), en nombre de D/Dña…………… (datos para quien se solicita la libertad provisional), cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba indicada, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de D………., en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA. D/Dña….., y descripción de las circunstancias personales y sociales del investigado con aportación de documentos acreditativos si procede.

SEGUNDA.- Relación y remisión a las actuaciones seguidas ante el juzgado de Instrucción o ante el juzgado central de instrucción que adveren algunas de las cuestiones anteriormente planteadas. (por ejemplo, si carece de antecedentes penales etc….).

TERCERA.- No debemos olvidar el derecho a la presunción de inocencia que debe presidir el régimen de los presos preventivos (artículo 5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). En el mismo sentido, el artículo 24 de la Constitución, siendo acreedor de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en proceso público con todas las garantías legales (relatar la versión de los hechos que puedan demostrar nuestra inocencia). La infracción de la presunción de inocencia, se encuentra integrada en la vulneración de la libertad personal. La apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión del delito, pero no significa por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado. Por tanto, si por meros indicios racionales de criminalidad se impusiera una privación de libertad, resultaría vulnerado el art. 24.2 CE en relación con el art. 17 CE (STC 47/2000 de 17 de febrero).

CUARTA. La situación de prisión preventiva de libertad es la excepción a la regla general de la libertad, al ser ésta un valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo el artículo 17 de la CE el derecho a no ser preso preventivamente, salvo las excepciones establecidas por la ley, debiendo interpretarse las normas que restringen aquel derecho de una forma restrictiva. La prisión provisional se caracteriza asimismo por ser una medida excepcional. El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa claramente esta idea: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

La excepcionalidad de esta medida cautelar ha sido también reiteradamente reconocida por la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 32/1987, de 10 de marzo, FJ 3; 34/1987, de 12 de marzo, FJ 2; 40/1987, de 3 de abril, FJ 2; 117/1987, de 8 de julio, FJ 2; 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1; 9/1994, de 17 de enero, FJ 6; 19/1999, de 22 de febrero, FJ 4; 71/2000 y 72/2000, ambas de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6 respectivamente). En relación con la prisión que se puede sufrir en un procedimiento por delito, la STC 14/2000, de 17 de enero, ha indicado en este mismo sentido que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no es la de hallarse sometido a una medida cautelar; así se deduce de la efectiva vigencia en nuestro Ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Como consecuencia de esta característica de la excepcionalidad, rige el principio del favor libertatis (SSTC 32/1987 y 34/1987, ambas de 12 de marzo; 115/1987, de 7 de julio; 37/1996, de 11 de marzo) o del in dubio pro libertate (STC 117/1987, de 8 de julio), formulaciones que, en definitiva, vienen a significar que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional “debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, dado, además, la situación excepcional de la prisión provisional. Todo ello ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la Ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad” (STC 88/1988, FJ 1).”

Al hilo de lo anterior señalaremos que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expone que la detención y la prisión provisional se deberán practicar en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

En relación con el sustento jurídico de la adopción y su mantenimiento de la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha destacado (STC de 7 de abril de 1997, recordando lo dicho en las núms. 128/1995 y 62/1996) que, además de su legalidad, la legitimidad constitucional de esta medida exige tanto su configuración como su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, fines que pueden concretarse en la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en plano distinto, pero íntimamente relacionado, la reiteración delictiva como presupuestos fundamentales.

QUINTA.- Nuestro Art. 502 LECR, dispone que esta medida de prisión provisional, sólo puede adoptarse siempre que no existan otras medidas menos gravosas que garanticen los fines de la adopción de la prisión provisional; para ello, deberán tomarse en consideración, no sólo la gravedad del delito imputado y la pena que pudiera corresponderle, sino que debe observarse las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

Se trata de una medida de naturaleza cautelar y excepcional que en ningún caso puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada, no estando justificada su imposición sino cuando se trata con ella de alcanzar fines constitucionalmente legítimos y no de otra forma. Pues bien, estos fines previstos en el Art. 503 LECR pueden verse garantizados con otras medidas, porque en este caso, en una ponderación prudencial de la causa al imputado concreto, no existen ninguno de los riegos contemplados en la Ley, y mucho menos, que puedan venir originados por mi patrocinado. A saber:

A.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE FUGA
La valoración del mantenimiento o no de la medida adoptada, no debe ampararse sólo en el estudio o examen jurídico de la misma, sino que se debe moderar la posible calificación y resultado jurídico, en todo momento discutible por no existir sentencia, con la situación personal del imputado (Hecho único y cierto, acreditado documentalmente).

Visto lo anterior y en lo que respecta a mi defendido se pueden observar las siguientes circunstancias al caso:

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

B.- INEXISTENCIA DEL RIESGO DE OCULTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS Y DE REITERACIÓN DELICTIVA

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

No obstante lo anterior, como medidas alternativas a la adoptada hasta el momento, se solicita:

1.- La libertad provisional de Don ……….., con obligación de comparecer diariamente, o en su defecto dos veces por semana, en sede de este Juzgado y con prohibición de salida del territorio nacional con entrega de cuanta documentación de viaje dispusiere.

Así como la adopción de Fianza de 5.000 euros, que atendiendo a la situación familiar entendemos fianza más que prudente y suficiente.

2.- De manera alternativa a la anterior, localización permanente en su domicilio los fines de semana.

Por todo lo anterior entendemos que procede modificar la actual situación de mi defendido, solicitando se decrete la libertad de esta.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL DE XXXXXXXXXXX, con la adopción de las medidas alternativas que el Juzgado estime procedentes, y subsidiariamente, las relacionadas en este escrito.

 

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¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? La sustracción de bienes sin violencia es hurto, no robo

Para conocer la diferencia entre robo y hurto, el código penal distingue de forma muy clara las figuras delictivas de hurto y robo, y dentro de éste, el robo con fuerza en las cosas, y el robo con violencia e intimidación, es decir, la fuerza sobre las personas.

 

Hurto

Define el art. 234 del Código Penal que el delito de hurto como aquél en el que una persona, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

La pena prevista en este delito de hurto varía según el importe del sustraído:

  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

 

Robo

Por su parte el art. 237 del CP define el robo como aquel delito cometido por aquellos en los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

La pena del delito de Robo es de pena de prisión de uno a tres años o de dos a cinco años de prisión en caso de delito agravado.

Es decir, podemos distinguir como elemento definitorio, para conocer la diferencia entre hurto y robo, el uso de la fuerza o violencia para la comisión delictiva.

 

Ejemplos:

Un ejemplo, es quien entre en un supermercado y sustraiga objetos, por ejemplo, cremas, comida, prendas de vestir…. sin alterar ningún medio de alarma, protección o detección será considerado hurto.

En cambio, si al sustraer esas prendas inutilizo los sistema de seguridad de la ropa, ya fuere mediante rotura del sistema, o empleado medios que lo inhabiliten, será considerado robo con fuerza en las cosas.

Ambos delitos pueden penarse con unas penas agravadas según las circunstancias concretas del caso. Así, por ejemplo, respecto del hurto el art. 235 del Cp. prevé que:

 

El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

  1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  2. Al tratarse de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
  3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
  4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
  5. En caso de que revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
  6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
  7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
  8. Si se utiliza a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
  9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

 

Por su parte, el delito agravado de robo queda regulado en los arts. 238 y ss:

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Escalamiento.
  2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
  3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
  4. Uso de llaves falsas.
  5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

 

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¿El suicidio como accidente laboral?

 

Un trabajador decide suicidarse como consecuencia de una discusión en su puesto de trabajo. ¿Puede considerarse accidente laboral algo que nace de la voluntariedad del trabajador? Sí, siempre que el origen del suicidio sea el entorno laboral y la parte contraria no destruya esta presunción con prueba en contrario, alegando causas ajenas al trabajo.

La cuestión ha sido tratada en un reciente caso, ventilado en tribunales el 10 de enero de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sentencia disponible aquí), donde se decide que el suicidio de un empleado de banca al precipitarse desde la azotea del trabajo tras una discusión con un cliente sí es accidente de trabajo. La mutua, que es la parte recurrente en apelación, debe pagar por tanto las prestaciones debidas a la viuda y los hijos.

La sentencia repasa la jurisprudencia recogida hasta hoy sobre la cuestión, recordando que la casuística del supuesto es esencial para que el juez pueda valorar si nos encontramos ante una contingencia laboral o no. Por lo general, los tribunales han venido asumiendo iuris tantum que existe accidente laboral cuando se da en el lugar del trabajo y no se prueba que existe un origen distinto al laboral para el trastorno mental que conduce al empleado al suicidio, por vía de la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

En el mencionado caso, la parte contraria no es capaz de acreditar que existan causas ajenas al trabajo que hayan provocado el suicidio. Por tanto, el TSJ otorga la razón a la familia del trabajador fallecido.

 

La presunción del artículo 156.3 LGSS

 

Suicidio

La presunción sobre el carácter laboral del accidente que tiene lugar en el trabajo viene recogida en el artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

Este artículo recoge una presunción que permite considerar el suicidio como contingencia laboral sólo por el hecho de que haya tenido lugar en el puesto de trabajo y durante horario laboral, “sin que la voluntariedad de privarse la vida del fallecido enerve la misma”, recuerda la sentencia mencionada.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario. Si la contraparte es capaz de argumentar que existen causas ajenas al trabajo que han conducido a esta situación al trabajador (una depresión diagnosticada, el fallecimiento de algún familiar, brotes e intentos anteriores en otros ámbitos, por ejemplo), corresponde a los legitimados por la parte del fallecido demostrar que existe causalidad con algún origen laboral.

Así, el tribunal concluye que, puesto que la demandante no ha sido capaz de probar que exista una causa externa más allá de la discusión previa al momento del suicidio, como un diagnóstico de enfermedad previa, motivos ajenos al trabajo o antecedentes de otros brotes depresivos en el fallecido, su recurso debe ser desestimado.

 

Lo que dice la jurisprudencia

 

La jurisprudencia no siempre ha estado abierta a admitir de forma tan garantista la presunción de suicidio en otros casos, aunque en general admite la existencia de accidente laboral cuando se prueba que existe una causalidad entre el suceso y algún problema laboral.

Hasta los setenta, los tribunales no aceptaron que un accidente pudiese ser provocado por un hecho como quitarse la vida. Resultaba indiferente la conexión de la decisión de acabar con la vida propia con el trabajo: la voluntariedad del acto enervaba la posibilidad de considerarlo accidente.

El actual criterio jurisprudencial se aleja de esta línea, que abandonó hace años, y permite declarar que existe accidente laboral tanto en situaciones de suicidio en el lugar de trabajo como fuera de él.

Se permite que se reconozca accidente laboral incluso cuando existan causas ajenas al trabajo, como antecedentes depresivos, y la relación entre el suceso y el origen laboral sea meramente indirecta o no tan evidente

 

Algunos ejemplos

 

  • Se ha permitido reconocer accidente de trabajo el suicidio de un agente forestal por depresión fuera del lugar y la hora de trabajo. Como no existe otra causa que explique la condición depresiva, se entiende que debe considerarse causa la participación en un incendio forestal con el que el fallecido se obsesionó (Sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de fecha 11 de abril de 2014, disponible aquí).
  • También se reconoció accidente laboral el caso del suicidio de un trabajador de un banco al que se le abrió expediente disciplinario por actuaciones irregulares que recibieron reproche penal y por las que se levantó cierto revuelo mediático (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2015, disponible aquí).
  • Asimismo, recibió el mismo trato el caso de un vigilante de seguridad con antecedentes de psicopatía y baja médica. No se acreditaron que dichas dolencias tuviesen relación con el puesto de trabajo, pero aun con ello se estimó que existía accidente laboral. El Tribunal declaró que, si bien no media relación entre la enfermedad y la relación laboral, debieron adaptar el puesto de trabajo a su condición de salud depresiva. Este detalle fue suficiente para probar la conexión entre el suicidio y el ambiente laboral (Sentencia de 2 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, disponible aquí).

 

 

Autor: J. M. BARJOLA
Fuente: Noticias Jurídicas

1. ¿Es imprescindible tener una oferta de empleo para poder obtener la clasificación en tercer grado y pasar al régimen abierto?

No. Los equipos de tratamiento pueden proponer y la secretaría general de II.PP aprobar la clasificación en tercer grado para otro tipo de actividades no laborales incluyendo, entre éstas, las formativas, las responsabilidades familiares o la propia búsqueda de empleo.

 

2. Y este tercer grado- régimen abierto ¿te proporcionan un puesto de trabajo?

No directamente. Pero se desarrollan programas de orientación y búsqueda de empleo para facilitar el acceso al mercado laboral, y los profesionales de la institución te asesorarán y acompañarán en la adaptación al puesto de trabajo y en la mejora de tu nivel de empleabilidad.

 

3. ¿Existe un tiempo mínimo de permanencia diaria en el centro?

Sí. En general el tiempo mínimo de permanencia en el centro es de 8 horas diarias, salvo que se solicite y apruebe el control de presencia mediante dispositivos telemáticos.

 

4. Los internos en régimen abierto ¿tienen permisos de fin de semana?

Sí. Como norma general desde las 16 horas del viernes a las 8 horas del lunes. Aunque pueden ser aprobadas salidas de fin de semana con horarios diferentes.

 

5. En medio abierto, ¿existe asistencia sanitaria?

Si. Esta asistencia se realizará primordialmente a través de la red sanitaria pública. El médico del establecimiento lleva a cabo el seguimiento y la coordinación con estos servicios públicos extrapenitenciarios.

 

6. ¿existen distintas modalidades de vida en los centros de medio abierto – (régimen abierto)?

Sí. Las Juntas de Tratamiento de los centros pueden establecer distintas modalidades en el sistema de vida de los internos según sus características, su evolución personal, las carencias que presenten, los programas individualizados de tratamiento asignados, etc.

 

 

1. ¿los penados pueden proponer una actividad concreta para cumplir las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad?

Si, efectivamente. Los penados, serán citados para acudir al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que les corresponda y elaborar su Plan de Ejecución de la pena, en ese momento pueden proponer una determinada actividad para su cumplimiento. La propuesta planteada deberá trasladarse mediante escrito de la propia entidad en la que asuma el compromiso de facilitar el cumplimiento del penado y reunirá los requisitos que a continuación se detallan:

  • La tarea se desarrollará en una organización sin fines lucrativos (entidad pública, ONG, o entidad privada con intereses de utilidad pública)
  • La actividad deberá ser útil, práctica y digna.
  • No estará remunerada.

 

2. Si un penado a trabajos en beneficio de la comunidad es citado por el servicio de gestión de penas y medidas alternativas para elaborarse su plan de ejecución penal, ¿qué puede ocurrir si no se presenta a esta citación?

Su incomparecencia será comunicada a su Juez Ejecutor, pudiendo dar lugar a un incumplimiento de la pena y a las consecuencias legales que de ello se derivan.

 

3. ¿Qué ocurre si no se cumple el plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

En caso de no cumplir adecuadamente el plan de ejecución de la pena, la autoridad judicial competente podrá decretar el quebrantamiento de condena y las consecuencias legales que de ello se derivan.

 

4. ¿quiénes pueden ser condenados a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

Cualquier persona puede ser condenado a esta pena, con independencia de su situación personal (jubilados, en paro, con minusvalías reconocidas, con trabajo en activo, nacionales y extranjeros con y sin permiso de residencia…) puesto que la tarea desarrollada para cumplir la pena no se rige por la legislación laboral, es un cumplimiento penal.

 

5. Si el penado está en una situación de incapacidad temporal en su trabajo habitual, o tiene reconocida alguna minusvalía, o está jubilado, o en paro… ¿tiene que cumplir la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que se le ha impuesto?

Si, el tener una discapacidad, estar jubilado, o en situación de incapacidad laboral…no habilita ni justifica dejar de cumplir la pena. Las tareas a desarrollar se adaptarán a las circunstancias y capacidades del penado en ese momento.

 

 

1. Los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿quitan puestos de trabajo?

No, las tareas realizadas por los penados no compiten con el mercado laboral ni sustituyen puestos de trabajo, se trata de tareas de apoyo cuya finalidad es reparar el daño causado a la sociedad por el delito cometido.

 

2. ¿La pena de TBC goza de cobertura en la seguridad social?

Si, aunque únicamente a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, según el plan de ejecución de la pena. Quedan excluidos aquellos que realicen el cumplimiento de TBC mediante talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

 

3. ¿el cumplimiento de la pena es compatible con el desempeño de la actividad laboral que desarrolle la persona penada?

Si. El SGPMA tendrá en cuenta las responsabilidades laborales del penado al elaborar el plan de ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, haciendo compatible el cumplimiento penal con su horario laboral.

 

4. ¿en qué consiste y que duración tiene el taller en materia de seguridad vial (TASEVAL)?

Es un taller de sensibilización que tiene como objetivo una mayor concienciación sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico.

 

5. ¿la pena de TBC puede cumplirse en fines de semana?

Si, siempre que se cumplan dos requisitos: que el penado no pueda cumplir la pena de lunes a viernes debido a sus circunstancias personales, familiares y laborales (contrastadas y justificadas) y que la entidad donde se vaya a cumplir la pena disponga de plazas durante el fin de semana.

 

 

1. ¿Son obligatorios los programas de intervención que imponen los jueces en las suspensiones y sustituciones de condena? (reglas de conducta)

Si, son de obligado cumplimiento y no dependen de la voluntad del penado.

 

2. ¿quién realiza los programas de intervención?

Son desarrollados por profesionales de la administración penitenciaria  y/o también a través de entidades colaboradoras.

 

3. ¿qué duración tienen los programas de intervención?

La duración de los programas depende del tiempo de la suspensión y del tipo de programa. El penado será informado de la duración estimada del programa en el SGPMA.

 

4. ¿qué ocurre si el penado no acude a la citación que realiza el SGPMA para la elaboración del plan de intervención?

El SGPMA informará al juez ejecutor a los efectos oportunos.

 

5. ¿qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la regla de conducta (por ejemplo, no asistencia al programa)?

El SGPMA valorará la incidencia e informará al juez ejecutor, quien determinará si procede la continuación de la suspensión/sustitución de condena o, en su caso, revocará la suspensión/sustitución y mandará el cumplimiento de la pena privativa de libertad inicialmente impuesta.

 

6. ¿qué ocurre una vez finalizado el programa de intervención?

El SGPMA informará al juez ejecutor de la finalización del programa. La autoridad judicial es la única competente para certificar el cumplimiento de la regla de conducta impuesta.

 

7. ¿qué ocurre si el penado cambia de domicilio durante el cumplimiento de la regla de conducta?

El SGPMA de origen informará a la autoridad judicial competente y trasladará el expediente al SGPMA que corresponda en cada caso para la continuación del cumplimiento de la pena.

 

 

 

La libertad de los detenidos, presos y penados corresponde siempre a  la autoridad judicial. Cuando se  trata de la libertad condicional, la autoridad competente es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 

Excarcelación

En el momento de la excarcelación de una persona detenida, presa o penada, le será entregado un certificado del tiempo que estuvo privada de libertad y, si lo solicitara o debiera seguir tratamiento, un informe sobre su situación sanitaria. También, cualquier certificado acreditativo, si hubiera obtenido algún título académico o de cualificación profesional.

Además, se entregan a la persona todos los objetos que se le hubieran retenido en el momento de ingreso y se le da el dinero que tuviera en su cuenta de peculio.

Si la persona excarcelada no contara con medios propios, se le facilitará el título de transporte o la cantidad de dinero necesario para llegar a su residencia y subvenir a los primeros gastos.

Al salir en libertad, si se han cumplido más de 6 meses en prisión se puede acceder a una prestación no contributiva (subsidio por excarcelación).

En la actualidad, dicho subsidio:

  • Tiene una duración de seis meses, prorrogables por otros dos períodos de igual duración.
  • La percepción económica es del 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
  • Cubre las prestaciones de asistencia sanitaria y protección a la familia.

 

Libertad condicional

La Libertad Condicional es una forma específica de cumplimiento de la pena de privación de libertad.

El acceso a la misma está condicionado a que concurran los requisitos establecidos en la ley para su concesión.

Requisitos objetivos

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).

Requisitos subjetivos

  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Cuando el penado reúne estos requisitos, la Junta de Tratamiento debe elevar al Juez de Vigilancia Penitenciaria el correspondiente expediente de libertad condicional.

 

Casos especiales

Algunas situaciones con una consideración especial para la concesión de la Libertad Condicional son los casos de:

  • Enfermos graves e incurables.
  • Personas extranjeras.

 

Certificado de permanencia en prisión

Los certificados de permanencia deberán ser solicitados por el propio afectado o por persona que lo represente debidamente autorizada.

En caso de ser el propio interesado deberá presentar:

  • Instancia solicitando certificación de permanencia en prisión.
  • Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de extranjero (NIE), debiéndose acreditar ante el funcionario que recepciona la instancia la identidad de la persona que firma la solicitud, para comprobar que se trata de la misma persona.

En caso de tratarse de persona debidamente autorizada:

  • Autorización firmada por el titular del certificado, donde conste la identidad de la persona autorizada (nombre, apellidos y DNI o pasaporte o NIE)
  • Instancia solicitando certificación de permanencia en prisión, firmada por el interesado.
  • Fotocopia del DNI de la persona titular del certificado.
  • Acreditación ante el funcionario que recoge la solicitud de la identidad de la persona autorizada mediante presentación del DNI, Pasaporte o Tarjeta de extranjero (NIE)

Las solicitudes podrán presentarse en los Establecimientos Penitenciarios donde se encuentre su expediente personal, o en cualquier otro más próximo, que en este caso lo remitirá al establecimiento pertinente para que la autoridad competente certifique el periodo de permanencia en prisión.

La certificación correspondiente, se le remitirá por el Director del Centro Penitenciario por correo certificado a la dirección postal indicada en la solicitud.

 

 

Libertad condicional de extranjeros

En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al Juez de Vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia, así como de las cautelas que hayan de adoptarse, en su caso, al objeto de que dicha libertad se disfrute efectivamente en el país fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de Derecho Internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del país fijado la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación interna.

Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal, con antelación suficiente, se comunicarán al Ministerio Fiscal las propuestas de libertad condicional de penados extranjeros junto con un breve resumen de su situación penal y penitenciaria, en el que se harán constar expresamente las fechas de cumplimiento de las dos terceras partes y de las tres cuartas partes de su condena o condenas.