¿Cuál es la diferencia entre robo y hurto? La sustracción de bienes sin violencia es hurto, no robo

Para conocer la diferencia entre robo y hurto, el código penal distingue de forma muy clara las figuras delictivas de hurto y robo, y dentro de éste, el robo con fuerza en las cosas, y el robo con violencia e intimidación, es decir, la fuerza sobre las personas.

 

Hurto

Define el art. 234 del Código Penal que el delito de hurto como aquél en el que una persona, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño.

La pena prevista en este delito de hurto varía según el importe del sustraído:

  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  • Será castigado, como reo de hurto, con la pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.

 

Robo

Por su parte el art. 237 del CP define el robo como aquel delito cometido por aquellos en los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

La pena del delito de Robo es de pena de prisión de uno a tres años o de dos a cinco años de prisión en caso de delito agravado.

Es decir, podemos distinguir como elemento definitorio, para conocer la diferencia entre hurto y robo, el uso de la fuerza o violencia para la comisión delictiva.

 

Ejemplos:

Un ejemplo, es quien entre en un supermercado y sustraiga objetos, por ejemplo, cremas, comida, prendas de vestir…. sin alterar ningún medio de alarma, protección o detección será considerado hurto.

En cambio, si al sustraer esas prendas inutilizo los sistema de seguridad de la ropa, ya fuere mediante rotura del sistema, o empleado medios que lo inhabiliten, será considerado robo con fuerza en las cosas.

Ambos delitos pueden penarse con unas penas agravadas según las circunstancias concretas del caso. Así, por ejemplo, respecto del hurto el art. 235 del Cp. prevé que:

 

El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

  1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
  2. Al tratarse de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
  3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
  4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
  5. En caso de que revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
  6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
  7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
  8. Si se utiliza a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
  9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

 

Por su parte, el delito agravado de robo queda regulado en los arts. 238 y ss:

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Escalamiento.
  2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
  3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
  4. Uso de llaves falsas.
  5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

 

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¿El suicidio como accidente laboral?

 

Un trabajador decide suicidarse como consecuencia de una discusión en su puesto de trabajo. ¿Puede considerarse accidente laboral algo que nace de la voluntariedad del trabajador? Sí, siempre que el origen del suicidio sea el entorno laboral y la parte contraria no destruya esta presunción con prueba en contrario, alegando causas ajenas al trabajo.

La cuestión ha sido tratada en un reciente caso, ventilado en tribunales el 10 de enero de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sentencia disponible aquí), donde se decide que el suicidio de un empleado de banca al precipitarse desde la azotea del trabajo tras una discusión con un cliente sí es accidente de trabajo. La mutua, que es la parte recurrente en apelación, debe pagar por tanto las prestaciones debidas a la viuda y los hijos.

La sentencia repasa la jurisprudencia recogida hasta hoy sobre la cuestión, recordando que la casuística del supuesto es esencial para que el juez pueda valorar si nos encontramos ante una contingencia laboral o no. Por lo general, los tribunales han venido asumiendo iuris tantum que existe accidente laboral cuando se da en el lugar del trabajo y no se prueba que existe un origen distinto al laboral para el trastorno mental que conduce al empleado al suicidio, por vía de la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

En el mencionado caso, la parte contraria no es capaz de acreditar que existan causas ajenas al trabajo que hayan provocado el suicidio. Por tanto, el TSJ otorga la razón a la familia del trabajador fallecido.

 

La presunción del artículo 156.3 LGSS

 

Suicidio

La presunción sobre el carácter laboral del accidente que tiene lugar en el trabajo viene recogida en el artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

Este artículo recoge una presunción que permite considerar el suicidio como contingencia laboral sólo por el hecho de que haya tenido lugar en el puesto de trabajo y durante horario laboral, “sin que la voluntariedad de privarse la vida del fallecido enerve la misma”, recuerda la sentencia mencionada.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario. Si la contraparte es capaz de argumentar que existen causas ajenas al trabajo que han conducido a esta situación al trabajador (una depresión diagnosticada, el fallecimiento de algún familiar, brotes e intentos anteriores en otros ámbitos, por ejemplo), corresponde a los legitimados por la parte del fallecido demostrar que existe causalidad con algún origen laboral.

Así, el tribunal concluye que, puesto que la demandante no ha sido capaz de probar que exista una causa externa más allá de la discusión previa al momento del suicidio, como un diagnóstico de enfermedad previa, motivos ajenos al trabajo o antecedentes de otros brotes depresivos en el fallecido, su recurso debe ser desestimado.

 

Lo que dice la jurisprudencia

 

La jurisprudencia no siempre ha estado abierta a admitir de forma tan garantista la presunción de suicidio en otros casos, aunque en general admite la existencia de accidente laboral cuando se prueba que existe una causalidad entre el suceso y algún problema laboral.

Hasta los setenta, los tribunales no aceptaron que un accidente pudiese ser provocado por un hecho como quitarse la vida. Resultaba indiferente la conexión de la decisión de acabar con la vida propia con el trabajo: la voluntariedad del acto enervaba la posibilidad de considerarlo accidente.

El actual criterio jurisprudencial se aleja de esta línea, que abandonó hace años, y permite declarar que existe accidente laboral tanto en situaciones de suicidio en el lugar de trabajo como fuera de él.

Se permite que se reconozca accidente laboral incluso cuando existan causas ajenas al trabajo, como antecedentes depresivos, y la relación entre el suceso y el origen laboral sea meramente indirecta o no tan evidente

 

Algunos ejemplos

 

  • Se ha permitido reconocer accidente de trabajo el suicidio de un agente forestal por depresión fuera del lugar y la hora de trabajo. Como no existe otra causa que explique la condición depresiva, se entiende que debe considerarse causa la participación en un incendio forestal con el que el fallecido se obsesionó (Sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de fecha 11 de abril de 2014, disponible aquí).
  • También se reconoció accidente laboral el caso del suicidio de un trabajador de un banco al que se le abrió expediente disciplinario por actuaciones irregulares que recibieron reproche penal y por las que se levantó cierto revuelo mediático (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2015, disponible aquí).
  • Asimismo, recibió el mismo trato el caso de un vigilante de seguridad con antecedentes de psicopatía y baja médica. No se acreditaron que dichas dolencias tuviesen relación con el puesto de trabajo, pero aun con ello se estimó que existía accidente laboral. El Tribunal declaró que, si bien no media relación entre la enfermedad y la relación laboral, debieron adaptar el puesto de trabajo a su condición de salud depresiva. Este detalle fue suficiente para probar la conexión entre el suicidio y el ambiente laboral (Sentencia de 2 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, disponible aquí).

 

 

Autor: J. M. BARJOLA
Fuente: Noticias Jurídicas

1. ¿Es imprescindible tener una oferta de empleo para poder obtener la clasificación en tercer grado y pasar al régimen abierto?

No. Los equipos de tratamiento pueden proponer y la secretaría general de II.PP aprobar la clasificación en tercer grado para otro tipo de actividades no laborales incluyendo, entre éstas, las formativas, las responsabilidades familiares o la propia búsqueda de empleo.

 

2. Y este tercer grado- régimen abierto ¿te proporcionan un puesto de trabajo?

No directamente. Pero se desarrollan programas de orientación y búsqueda de empleo para facilitar el acceso al mercado laboral, y los profesionales de la institución te asesorarán y acompañarán en la adaptación al puesto de trabajo y en la mejora de tu nivel de empleabilidad.

 

3. ¿Existe un tiempo mínimo de permanencia diaria en el centro?

Sí. En general el tiempo mínimo de permanencia en el centro es de 8 horas diarias, salvo que se solicite y apruebe el control de presencia mediante dispositivos telemáticos.

 

4. Los internos en régimen abierto ¿tienen permisos de fin de semana?

Sí. Como norma general desde las 16 horas del viernes a las 8 horas del lunes. Aunque pueden ser aprobadas salidas de fin de semana con horarios diferentes.

 

5. En medio abierto, ¿existe asistencia sanitaria?

Si. Esta asistencia se realizará primordialmente a través de la red sanitaria pública. El médico del establecimiento lleva a cabo el seguimiento y la coordinación con estos servicios públicos extrapenitenciarios.

 

6. ¿existen distintas modalidades de vida en los centros de medio abierto – (régimen abierto)?

Sí. Las Juntas de Tratamiento de los centros pueden establecer distintas modalidades en el sistema de vida de los internos según sus características, su evolución personal, las carencias que presenten, los programas individualizados de tratamiento asignados, etc.

 

 

1. ¿los penados pueden proponer una actividad concreta para cumplir las jornadas de trabajos en beneficio de la comunidad?

Si, efectivamente. Los penados, serán citados para acudir al Servicio de Gestión de Penas y Medidas Alternativas que les corresponda y elaborar su Plan de Ejecución de la pena, en ese momento pueden proponer una determinada actividad para su cumplimiento. La propuesta planteada deberá trasladarse mediante escrito de la propia entidad en la que asuma el compromiso de facilitar el cumplimiento del penado y reunirá los requisitos que a continuación se detallan:

  • La tarea se desarrollará en una organización sin fines lucrativos (entidad pública, ONG, o entidad privada con intereses de utilidad pública)
  • La actividad deberá ser útil, práctica y digna.
  • No estará remunerada.

 

2. Si un penado a trabajos en beneficio de la comunidad es citado por el servicio de gestión de penas y medidas alternativas para elaborarse su plan de ejecución penal, ¿qué puede ocurrir si no se presenta a esta citación?

Su incomparecencia será comunicada a su Juez Ejecutor, pudiendo dar lugar a un incumplimiento de la pena y a las consecuencias legales que de ello se derivan.

 

3. ¿Qué ocurre si no se cumple el plan de ejecución de la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

En caso de no cumplir adecuadamente el plan de ejecución de la pena, la autoridad judicial competente podrá decretar el quebrantamiento de condena y las consecuencias legales que de ello se derivan.

 

4. ¿quiénes pueden ser condenados a la pena de trabajos en beneficio de la comunidad?

Cualquier persona puede ser condenado a esta pena, con independencia de su situación personal (jubilados, en paro, con minusvalías reconocidas, con trabajo en activo, nacionales y extranjeros con y sin permiso de residencia…) puesto que la tarea desarrollada para cumplir la pena no se rige por la legislación laboral, es un cumplimiento penal.

 

5. Si el penado está en una situación de incapacidad temporal en su trabajo habitual, o tiene reconocida alguna minusvalía, o está jubilado, o en paro… ¿tiene que cumplir la pena de trabajos en beneficio de la comunidad que se le ha impuesto?

Si, el tener una discapacidad, estar jubilado, o en situación de incapacidad laboral…no habilita ni justifica dejar de cumplir la pena. Las tareas a desarrollar se adaptarán a las circunstancias y capacidades del penado en ese momento.

 

 

1. Los trabajos en beneficio de la comunidad, ¿quitan puestos de trabajo?

No, las tareas realizadas por los penados no compiten con el mercado laboral ni sustituyen puestos de trabajo, se trata de tareas de apoyo cuya finalidad es reparar el daño causado a la sociedad por el delito cometido.

 

2. ¿La pena de TBC goza de cobertura en la seguridad social?

Si, aunque únicamente a efectos de las contingencias de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales por los días de prestación efectiva de dicho trabajo, según el plan de ejecución de la pena. Quedan excluidos aquellos que realicen el cumplimiento de TBC mediante talleres o programas formativos o de reeducación, laborales, culturales, de educación vial, sexual y otros similares.

 

3. ¿el cumplimiento de la pena es compatible con el desempeño de la actividad laboral que desarrolle la persona penada?

Si. El SGPMA tendrá en cuenta las responsabilidades laborales del penado al elaborar el plan de ejecución de la pena de trabajo en beneficio de la comunidad, haciendo compatible el cumplimiento penal con su horario laboral.

 

4. ¿en qué consiste y que duración tiene el taller en materia de seguridad vial (TASEVAL)?

Es un taller de sensibilización que tiene como objetivo una mayor concienciación sobre la importancia del cumplimiento de las normas de tráfico.

 

5. ¿la pena de TBC puede cumplirse en fines de semana?

Si, siempre que se cumplan dos requisitos: que el penado no pueda cumplir la pena de lunes a viernes debido a sus circunstancias personales, familiares y laborales (contrastadas y justificadas) y que la entidad donde se vaya a cumplir la pena disponga de plazas durante el fin de semana.

 

 

1. ¿Son obligatorios los programas de intervención que imponen los jueces en las suspensiones y sustituciones de condena? (reglas de conducta)

Si, son de obligado cumplimiento y no dependen de la voluntad del penado.

 

2. ¿quién realiza los programas de intervención?

Son desarrollados por profesionales de la administración penitenciaria  y/o también a través de entidades colaboradoras.

 

3. ¿qué duración tienen los programas de intervención?

La duración de los programas depende del tiempo de la suspensión y del tipo de programa. El penado será informado de la duración estimada del programa en el SGPMA.

 

4. ¿qué ocurre si el penado no acude a la citación que realiza el SGPMA para la elaboración del plan de intervención?

El SGPMA informará al juez ejecutor a los efectos oportunos.

 

5. ¿qué consecuencias puede tener el incumplimiento de la regla de conducta (por ejemplo, no asistencia al programa)?

El SGPMA valorará la incidencia e informará al juez ejecutor, quien determinará si procede la continuación de la suspensión/sustitución de condena o, en su caso, revocará la suspensión/sustitución y mandará el cumplimiento de la pena privativa de libertad inicialmente impuesta.

 

6. ¿qué ocurre una vez finalizado el programa de intervención?

El SGPMA informará al juez ejecutor de la finalización del programa. La autoridad judicial es la única competente para certificar el cumplimiento de la regla de conducta impuesta.

 

7. ¿qué ocurre si el penado cambia de domicilio durante el cumplimiento de la regla de conducta?

El SGPMA de origen informará a la autoridad judicial competente y trasladará el expediente al SGPMA que corresponda en cada caso para la continuación del cumplimiento de la pena.

 

 

 

La libertad de los detenidos, presos y penados corresponde siempre a  la autoridad judicial. Cuando se  trata de la libertad condicional, la autoridad competente es el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

 

Excarcelación

En el momento de la excarcelación de una persona detenida, presa o penada, le será entregado un certificado del tiempo que estuvo privada de libertad y, si lo solicitara o debiera seguir tratamiento, un informe sobre su situación sanitaria. También, cualquier certificado acreditativo, si hubiera obtenido algún título académico o de cualificación profesional.

Además, se entregan a la persona todos los objetos que se le hubieran retenido en el momento de ingreso y se le da el dinero que tuviera en su cuenta de peculio.

Si la persona excarcelada no contara con medios propios, se le facilitará el título de transporte o la cantidad de dinero necesario para llegar a su residencia y subvenir a los primeros gastos.

Al salir en libertad, si se han cumplido más de 6 meses en prisión se puede acceder a una prestación no contributiva (subsidio por excarcelación).

En la actualidad, dicho subsidio:

  • Tiene una duración de seis meses, prorrogables por otros dos períodos de igual duración.
  • La percepción económica es del 80 % del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples.
  • Cubre las prestaciones de asistencia sanitaria y protección a la familia.

 

Libertad condicional

La Libertad Condicional es una forma específica de cumplimiento de la pena de privación de libertad.

El acceso a la misma está condicionado a que concurran los requisitos establecidos en la ley para su concesión.

Requisitos objetivos

  • Encontrarse en tercer grado penitenciario
  • Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2).

Requisitos subjetivos

  • Haber observado buena conducta
  • Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social

Cuando el penado reúne estos requisitos, la Junta de Tratamiento debe elevar al Juez de Vigilancia Penitenciaria el correspondiente expediente de libertad condicional.

 

Casos especiales

Algunas situaciones con una consideración especial para la concesión de la Libertad Condicional son los casos de:

  • Enfermos graves e incurables.
  • Personas extranjeras.

 

Certificado de permanencia en prisión

Los certificados de permanencia deberán ser solicitados por el propio afectado o por persona que lo represente debidamente autorizada.

En caso de ser el propio interesado deberá presentar:

  • Instancia solicitando certificación de permanencia en prisión.
  • Fotocopia del DNI, Pasaporte o Tarjeta de extranjero (NIE), debiéndose acreditar ante el funcionario que recepciona la instancia la identidad de la persona que firma la solicitud, para comprobar que se trata de la misma persona.

En caso de tratarse de persona debidamente autorizada:

  • Autorización firmada por el titular del certificado, donde conste la identidad de la persona autorizada (nombre, apellidos y DNI o pasaporte o NIE)
  • Instancia solicitando certificación de permanencia en prisión, firmada por el interesado.
  • Fotocopia del DNI de la persona titular del certificado.
  • Acreditación ante el funcionario que recoge la solicitud de la identidad de la persona autorizada mediante presentación del DNI, Pasaporte o Tarjeta de extranjero (NIE)

Las solicitudes podrán presentarse en los Establecimientos Penitenciarios donde se encuentre su expediente personal, o en cualquier otro más próximo, que en este caso lo remitirá al establecimiento pertinente para que la autoridad competente certifique el periodo de permanencia en prisión.

La certificación correspondiente, se le remitirá por el Director del Centro Penitenciario por correo certificado a la dirección postal indicada en la solicitud.

 

 

Libertad condicional de extranjeros

En el caso de internos extranjeros no residentes legalmente en España o de españoles residentes en el extranjero, previa conformidad documentada del interno, se elevará al Juez de Vigilancia su expediente de libertad condicional recabando autorización para que aquél pueda disfrutar de esta situación en su país de residencia, así como de las cautelas que hayan de adoptarse, en su caso, al objeto de que dicha libertad se disfrute efectivamente en el país fijado. A estos efectos, y siempre que las normas de Derecho Internacional lo permitan, se podrá solicitar a las autoridades competentes del Estado del país fijado la aplicación de las medidas de seguimiento y control de la libertad condicional previstas en su legislación interna.

Con el fin de poder dar cumplimiento a la medida de expulsión prevista en el artículo 89 del Código Penal, con antelación suficiente, se comunicarán al Ministerio Fiscal las propuestas de libertad condicional de penados extranjeros junto con un breve resumen de su situación penal y penitenciaria, en el que se harán constar expresamente las fechas de cumplimiento de las dos terceras partes y de las tres cuartas partes de su condena o condenas.

 

 

El cumplimiento de la pena de prisión, una vez firme,  pasa por DIVERSOS GRADOS que determinarán distintos tipo de modo de vida penitenciaria y permisos y/o beneficios.

Esta clasificación en grado la determina la Junta de tratamiento, si bien siempre es susceptible de ser recurrida por el interno o su abogado.

 

Estos pueden ser:

  • 1º grado o de régimen cerrado. Este grado solo se aplica a los presos peligrosos o considerados de alto riesgo, por lo que se les interna en módulos de aislamiento, ya que no pueden disfrutar de una vida carcelaria normal. Permanecerán encerrados en su celda un total de 22 horas diarias, con salidas individuales a patio de 2 horas. No podrán disfrutar de actividades lúdicas como el resto de internos y sus comunicaciones (vis-vis, por cristal, llamadas telefónicas, correspondencia) está sometida a vigilancia.
  • 2º grado u ordinario. Es el grado que disfrutan la gran mayoría de los internos en las prisiones españolas. Con ello llevas una vida normalizada dentro del Centro penitenciario y se puede acceder a determinados beneficios tales como permisos de salida cuyo cumplimiento y desarrollo va a marcar el resto de concesiones de permisos y progresión en grado.
    ** Durante la estancia en prisión si existe un incidente grave se puede efectuar de oficio una revisión de grado para su modificación. Regresión de grado.
  • 3º grado o régimen abierto. Aunque según la Ley Penitenciaria prevé que se pueda acceder a este grado de forma anticipada, la realidad es que en escasas ocasiones los centros penitenciarios, instituciones penitenciarias, acceden al mismo.

 

El trámite ordinario para su acceso  se puede acceder a este grado una vez dictada la condena, y resulta necesario que esté cumplida la mitad de la condena.

¿Y quién estipula que ya estás listo para disfrutar de esta semilibertad? Pues existen dos vías para ello:

  1. Que la Junta de Tratamiento del Centro, después de estudiado tu expediente, así lo estime oportuno y lo notifique al Fiscal y a I.I.P.P. Si el fiscal no se opone, en general I.I.P.P aprueba la decisión del Centro y se destina al interno a un centro de cumplimiento de tercer grado o semilibertad.
  2. La Junta de Tratamiento se opone. Entonces se recurre en Queja al Juez de Vigilancia Penitenciaria, que puede concederlo. En caso negativo se le vuelve a recurrir en Reforma con nuevas aportaciones y si tampoco en este segundo recurso el J.V.P. cambia de opinión, se recurre en Apelación a la Sala de la Audiencia a la que corresponda la cárcel.