¿Cuál es la diferencia entre codelincuencia y grupo criminal? Te desvelamos la solución

 

Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª 05/07/2019.

Debemos partir de la base que no es lo mismo la consideración y penalidad de pertenecia a un Grupo criminal, organización criminal y la codelincuencia. Sobre esta diferencia trata la reciente sentencia  del Tribunal Supremo Sala 2ª 05/07/2019.

 

En su Fj 4 establece la sentencia que el art. 570 ter, describe el grupo criminal como “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos”. Requiere, por lo tanto, la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos. La ley permitiría configurar el grupo criminal con esas dos notas, pues la definición legal contempla la posibilidad de que no concurran alguna o algunas de las que caracterizan la organización. Es necesario distinguir el grupo criminal de los supuestos de mera codelincuencia, la cual se apreciaría, en primer lugar, en aquellos casos en los que la unión o agrupación fuera solo de dos personas.

La diferencia entre grupo criminal y la simple codelincuencia, puede basarse, según este tribunal en que la unión o agrupación de personas tenga como finalidad la comisión de un único delito. La exclusión puede matizarse en el sentido de admitir la existencia del grupo criminal cuando la mínima estructura existente presente una estabilidad inicial que permita afrontar la comisión de más de un delito, aunque el objetivo inmediato solo sea la comisión de una infracción delictiva.

“En el caso, resulta de los hechos que el recurrente se concertó, al menos, con Apolonio y con Jesús María para realizar una operación de tráfico de cocaína. En este sentido se declara probado en la sentencia que “no consta que la colaboración entre Apolonio y Andrés pon Jesús María , Baldomero y Aurelio se extendiese más allá de este cargamento de cocaína, ni que tuviese carácter estable, sino que formaban una reunión de personas para la realización de este único cargamento, adquiriendo para sus fines un velero que facilitara el transporte de cocaína para el que se habían concertado”.

“Estos hechos probados excluyen la apreciación de la existencia de un grupo criminal más allá de la mera codelincuencia”.

 

Terminología asociada

Declarado inocente un jiennense juzgado por abusar de su hija en Suiza

 

Manuel F. L. ha permanecido 18 meses en prisión por un delito que no cometió. Durante ese larguísimo año y medio, sobre este jiennense ha pesado una acusación muy grave: abusar de su propia hija en Suiza. La Fiscalía, incluso, llegó a pedir once años de prisión para él. Ahora, acaba de ser absuelto con todos los pronunciamientos favorables. La Audiencia Nacional considera que no hay pruebas contra él: “Se le ha hecho mucho daño”, dice su abogado, el letrado madrileño Daniel Lucas Romero.

Manuel F. L., que en la actualidad tiene 68 años, emigró a Suiza hace varias décadas. Allí formó una familia y tenía su vida hecha con normalidad. En 2009, decidió volver a España. Regresó a España tras un divorcio traumático. Poco después, su exmujer presentaba una denuncia contra él por abusar de su hija pequeña cuando la niña tenía apenas cinco años. Lo sorprendente del caso es que esa denuncia tuvo su origen en un sorprendente hallazgo: un ciudadano suizo encontró por casualidad una tarjeta de memoria en un patio cercano a la vivienda en la que vivía Manuel F. L. en el país helvético. Ese aparato contenía imágenes de pornografía infantil, mezcladas con otras imágenes cotidianas, como un viaje que la familia de este jiennense hizo a Eurodisney. Ese hallazgo hizo que la Justicia suiza abriera una investigación y señalara a Manuel F. L. que, para entonces, ya había vuelto a Jaén tras separarse de su esposa.

A partir de ahí, las autoridades suizas dictaron una orden internacional de busca y captura. Finalmente, el hombre fue localizado en la capital jiennense el 23 de octubre de 2016. Estaba viviendo en casa de su madre. Allí lo detuvo la Policía Nacional, en cumplimiento del requerimiento de un tribunal helvético. La Comisaría informó, entonces, del arresto de “un fugitivo”. Fue trasladado a la Audiencia Nacional —el órgano judicial competente en estos casos—. El juez decidió enviarlo a prisión preventiva. Manuel F. L. salió de la cárcel el pasado 18 de abril, después de varios intentos fallidos por celebrar el juicio contra él. Había estado 18 meses entre rejas y hora ha sido declarado inocente.

Finalmente, la vista oral se celebró el pasado mes de julio y, ahora, la Audiencia Nacional acaba de dictar sentencia: lo absuelve por falta de pruebas. La sentencia, a la que ha tenido acceso Diario JAÉN, considera que el testimonio de la hija de Manuel F. L. no goza de la suficiente credibilidad, ya que incurrió en “varias contradicciones”. “No existe un mínimo de corroboración periférica”, señala el tribunal en la resolución. Con esta expresión, los magistrados se refieren a que la madre de la menor no compareció en el juicio ni tampoco contaron con las pruebas psicológicas practicadas a la menor por las autoridades helvéticas. Además, en Suiza se destruyó por error la tarjeta de memoria con las imágenes pedófilas —considerada la evidencia principal de este caso— y la Policía de aquel país tampoco explicó si esa tarjeta pertenecía a la cámara de Manuel F. L. “Mi cliente está muy afectado. Ha pasado por un calvario”, concluye su letrado.

Fuente: Diario Jaén
Publicado en: DIARIOJAEN.ES – 20/09/2018 – Pulse para ver el artículo

Los plazos procesales en el mes de agosto. Guía de orientación.

 

La unidad técnica del ilustre colegio de abogados, ha publicado una guía explicativa sobre los plazos procesales en el mes de agosto. Brevemente vamos a tratar este asunto en este post, a  los fines exclusivos de orientar  e informar sobre el posible cómputo, o no, de los plazos procesales según las distintas jurisdicciones.

Este post deberá ser comprobado correspondientemente en la norma vigente, así como en la web del ICAM www.icam.es, o en la informativa de OTROSI con dirección web  www.otrosi.net.

El escenario general sobre el que se debe partir es la previsión normativa del artículo 183 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señala, que con carácter general establece que “Serán inhábiles los días del mes de agosto para todas las actuaciones judiciales, excepto las que se declaren urgentes por las leyes procesales (…)”.

 

Ahora bien, hay que tratar cada jurisdicción de forma particular

 

I. PENAL

 

En el procedimiento penal, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 184.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el artículo 201 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, “Todos los días y horas del año serán hábiles para la instrucción de las causas criminales, sin necesidad de habilitación especial”.

Por tanto, el mes de agosto es hábil para todas las actuaciones judiciales en causas que se encuentran en fase de instrucción y, para, en su caso, interponer y resolver recursos relativos a dicha fase.

 

II. SOCIAL

 

El artículo 43.4 de la Ley Ordenadora de la Jurisdicción Social recoge las modalidades procesales en las que los días del mes de agosto son hábiles para las correspondientes actuaciones judiciales, disponiendo que:

“Los días del mes de agosto serán inhábiles, salvo en las modalidades procesales de despido, extinción del contrato de trabajo de los artículos 50, 51 y 52 del Texto Refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, movilidad geográfica, modificación sustancial de las condiciones de trabajo, suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor, derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral del artículo 139, impugnación de altas médicas, vacaciones, materia electoral, conflictos colectivos, impugnación de convenios colectivos y tutela de derechos fundamentales y libertades públicas, tanto en el proceso declarativo como en trámite de recurso o de ejecución.

Tampoco serán inhábiles dichos días para la adopción de actos preparatorios, medidas precautorias y medidas cautelares, en particular en materia de prevención de riesgos laborales, accidentes de trabajo y enfermedades profesionales, así como para otras actuaciones que tiendan directamente a asegurar la efectividad de los derechos reclamados o para aquellas que, de no adoptarse pudieran dar lugar a un perjuicio de difícil reparación.

 Será hábil el mes de agosto para el ejercicio de las acciones laborales derivadas de los derechos establecidos en la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género”.

Por tanto, en la jurisdicción laboral dependerá de la materia concreta para poder determinar si es hábil o no el mes de agosto.

 

III. CONTENCIOSO-ADMINISTRATIVO

 

A) Vía Administrativa

Viene regulado en el art. 30 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. En conclusión podemos decir que en vía administrativa el mes de agosto es hábil; salvo sábados, domingos y festivos.

 

B) En fase contencioso administrativa

El artículo 128.2 de la Ley 29/1998, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, señala que, <<Durante el mes de agosto no correrá el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo ni ningún otro plazo de los previstos en la Ley salvo para el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales en el que el mes de agosto tendrá carácter hábil>>

Por su parte, el apartado tercero del citado artículo dice que: <<En casos de urgencia, o cuando las circunstancias del caso lo hagan necesario, las partes podrán solicitar del órgano jurisdiccional que habilite los días inhábiles en el procedimiento para la protección de los derechos fundamentales o en el incidente de suspensión o de adopción de otras medidas cautelares. El Juez o tribunal oirá a las demás partes y resolverá por auto en el plazo de tres días, acordando en todo caso la habilitación cuando su denegación pudiera causar perjuicios irreversibles>>.

Por lo tanto en vía contencioso-administrativa el mes de agosto es inhábil, salvo las excepciones previstas.

 

IV. CIVIL

 

La Ley de Enjuiciamiento Civil al regular el tiempo de las actuaciones judiciales señala, en su artículo 130.2 que “serán inhábiles los días del mes de agosto”. Sin perjuicio de que los tribunales puedan habilitar días cuando hubiere una causa urgente que lo exija (art. 131.1 LEC); resolución contra la que no cabe recurso (art. 131.4).

 

El despido por absentismo ¿vulnera la constitución?

 

El absentismo laboral es una causa de despido que aparece recogida en el artículo 52.d) del Estatuto de los Trabajadores.

Sin embargo, el precepto que se emplea para sustentar la procedencia del despido (artículo 52 d) ET) contraviene lo dispuesto en el artículo 6 del Convenio 158 de la Organización Internacional del Trabajo, suscrito por España, que señala que “la ausencia temporal del trabajo por motivo de enfermedad o lesión no deberá constituir una causa justificada de terminación de la relación de trabajo”.

Procede recordar que, según dispone el art. 96.1 CE:

“Los tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del ordenamiento interno. Sus disposiciones sólo podrán ser derogadas, modificadas o suspendidas en la forma prevista en los propios tratados o de acuerdo con las normas generales del Derecho internacional”.

Al mismo tiempo, vulnera lo preceptuado en el artículo 14 CE, según el cual: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.

 

El artículo 52 del Estatuto de los Trabajadores, que establece cuáles son las causas objetivas que justifican la extinción del contrato de trabajo, decreta lo siguiente:

“El contrato podrá extinguirse: (…)

d) Por faltas de asistencia al trabajo, aun justificadas pero intermitentes, que alcancen el veinte por ciento de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el cinco por ciento de las jornadas hábiles, o el veinticinco por ciento en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses”.

Por su parte, el RDL 3/2012, de 10 de febrero, de medidas urgentes para la reforma del mercado laboral suprimió la redacción otorgada a fecha 18-06-2010, que añadía como requisito “que el índice de absentismo total de la plantilla del centro de trabajo supere el 5 % en los mismos períodos de tiempo”, aunque en la presentación de la reforma realizada desde el Ministerio de Empleo y Seguridad Social mencionaba como último objetivo de la misma: «combatir el absentismo laboral injustificado » (57 bis), precisamente las faltas computables pueden ser justificadas.

Dicha medida afecta en la práctica a los enfermos crónicos (que padecen enfermedades de corta duración), y supone por tanto una menor protección de los derechos del trabajador incapacitado temporalmente que supere esos umbrales, obligados a permanecer en sus puertos de trabajo, forzados a no pedir la baja médica bajo amenaza de despido, resultan gravemente perjudicados, al legitimar a los empresarios a su despido teniendo en cuenta exclusivamente unas fórmulas numéricas, recurriendo a él simplemente por enfermar en un periodo muy corto un par de veces. Lo cual provoca una situación de amenaza o coacción en general hacia a todos los trabajadores en general, y a los enfermos en particular, que los disuada del ejercicio de un derecho tan elemental (se considere al art. 15 CE y/o en el art. 43 CE) como es el de ser reconocido en situación de incapacitado temporal en caso de enfermedad, situando al trabajador en la tesitura de tener que decidir entre proteger su salud o conservar su puesto de trabajo.

Esta redacción del art. 52 d) ET es contraria al Convenio núm. 158 OIT, que en su art. 6 dispone que la ausencia por enfermedad no puede constituir una causa justificada de extinción de la relación laboral, que determinaría la vulneración de los arts. 15, 40 y 43 CE y -por lo tanto- su inconstitucionalidad.

Por otra parte, respecto a las bajas computables, para que las faltas de asistencia por enfermedad puedan justificar el despido objetivo es preciso que respondan a otros motivos distintos no excluidos por la norma. A efectos de cómputos de faltas se excluyen faltas de asistencia por ejercicio legítimo de un derecho o situaciones “especialmente protegidas”:

“No se computarán como faltas de asistencia, a los efectos del párrafo anterior, las ausencias debidas a huelga legal por el tiempo de duración de la misma, el ejercicio de actividades de representación legal de los trabajadores, accidente de trabajo, maternidad, riesgo durante el embarazo y la lactancia, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia, paternidad, licencias y vacaciones, enfermedad o accidente no laboral cuando la baja haya sido acordada por los servicios sanitarios oficiales y tenga una duración de más de veinte días consecutivos, ni las motivadas por la situación física o psicológica derivada de violencia de género, acreditada por los servicios sociales de atención o servicios de Salud, según proceda.

Tampoco se computarán las ausencias que obedezcan a un tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave”.

 

Relacionado: Un juez lleva al TC la norma que admite el despido por absentismo laboral

El contrato de transporte. Todo lo que debes saber.

 

1. Definición

 

El contrato de transporte es aquel por el cual el porteador se obliga, mediante un precio, a trasladar de un lugar a otro a una persona o cosa determinada o a ambos a cambio de un precio y por el medio o los medios de locomoción pactados. En concreto, el contrato de transporte de mercancías es aquél por el que el porteador se obliga frente al cargador, a cambio de un precio, a trasladar mercancías de un lugar a otro y ponerlas a disposición de la persona designada en el contrato.

El contrato de transporte terrestre de mercancías se regirá por los Tratados internacionales vigentes en España de acuerdo con su ámbito respectivo, las normas de la Unión Europea y las disposiciones de esta ley. En lo no previsto serán de aplicación las normas relativas a la contratación mercantil.

 

2. ¿Qué es una carta de porte?

 

El contrato de transporte se formaliza mediante la denominada carta de porte. La carta de porte firmada por ambas partes hará fe de la conclusión y del contenido del contrato, así como de la recepción de las mercancías por el porteador, salvo prueba en contrario.

La carta de porte se emitirá en tres ejemplares originales, que firmarán el cargador y el porteador. El primer ejemplar de la carta de porte será entregado al cargador, el segundo viajará con las mercancías transportadas y el tercero quedará en poder del porteador.

La carta de porte debe contener:

  • Lugar y fecha de la emisión.
  • Nombre y dirección del cargador y, en su caso, del expedidor.
  • Nombre y dirección del porteador y, en su caso, del tercero que reciba las mercancías para su transporte.
  • Lugar y fecha de la recepción de la mercancía por el porteador.
  • Lugar y, en su caso, fecha prevista de entrega de la mercancía en destino.
  • Nombre y dirección del destinatario, así como eventualmente un domicilio para recibir notificaciones.
  • Naturaleza de las mercancías, número de bultos y signos y señales de identificación.
  • Identificación del carácter peligroso de la mercancía enviada, así como de la denominación prevista en la legislación sobre transporte de mercancías peligrosas.
  • Cantidad de mercancías enviadas, determinada por su peso o expresada de otra manera.
  • Clase de embalaje utilizado para acondicionar los envíos.
  • Precio convenido del transporte, así como el importe de los gastos previsibles relacionados con el transporte.
  • Indicación de si el precio del transporte se paga por el cargador o por el destinatario.
  • En su caso, declaración de valor de las mercancías o de interés especial en la entrega.
  • Instrucciones para el cumplimiento de formalidades y trámites administrativos preceptivos en relación con la mercancía.

 

La carta de porte podrá contener cualquier otra mención que sea convenida por las partes en el contrato, tales como:

  • La referencia expresa de prohibición de transbordo.
  • Los gastos que el remitente toma a su cargo.
  • La suma del reembolso a percibir en el momento de la entrega de la mercancía.
  • El valor declarado de la mercancía y la suma que representa el interés especial en la entrega.
  • Instrucciones del remitente al transportista concernientes al seguro de las mercancías.
  • El plazo convenido en el que el transporte ha de ser efectuado.
  • La lista de documentos entregados al transportista.

 

La ausencia o irregularidad de la carta de porte no producirá la inexistencia o la nulidad del contrato.

 

3. ¿Quién asume la obligación de carga y descarga?

 

Las operaciones de carga de las mercancías a bordo de los vehículos, así como las de descarga de éstos, serán por cuenta, respectivamente, del cargador y del destinatario, salvo que expresamente se asuman estas operaciones por el porteador antes de la efectiva presentación del vehículo para su carga o descarga. Igual régimen será de aplicación respecto de la estiba y desestiba de las mercancías.

El cargador y el destinatario soportarán las consecuencias de los daños derivados de estas operaciones Sin embargo, el porteador responderá de los daños sufridos por las mercancías debidos a una estiba inadecuada cuando tal operación se haya llevado a cabo por el cargador siguiendo las instrucciones del porteador.

No obstante, en los servicios de paquetería y cualesquiera otros similares que impliquen la recogida o reparto de envíos de mercancías consistentes en un reducido número de bultos que puedan ser fácilmente manipulados por una persona sin otra ayuda que las máquinas o herramientas que lleve a bordo el vehículo utilizado, las operaciones de carga y descarga, salvo que se pacte otra cosa, serán por cuenta del porteador.

En esta clase de servicios, la estiba y desestiba de las mercancías corresponderán, en todo caso, al porteador. El porteador soportará las consecuencias de los daños causados en las operaciones que le corresponda realizar.

 

4. La responsabilidad del porteador

 

El porteador responderá de la pérdida total o parcial de las mercancías, así como de las averías que sufran, desde el momento de su recepción para el transporte hasta el de su entrega en destino. Asimismo, el porteador responderá de los daños derivados del retraso en la ejecución del transporte.

A estos efectos, se considerarán también como mercancías los contenedores, bandejas de carga u otros medios similares de agrupación de mercancías utilizados en el transporte cuando hubiesen sido aportados por el cargador.

El porteador responderá de los actos y omisiones de los auxiliares, dependientes o independientes, a cuyos servicios recurra para el cumplimiento de sus obligaciones.

Los administradores de la infraestructura ferroviaria sobre la que se realice el transporte se considerarán, a estos efectos, auxiliares del porteador.

a) Causas de exoneración

El porteador no responderá de los hechos indicados si prueba que la pérdida, la avería o el retraso han sido ocasionados por culpa del cargador o del destinatario, por una instrucción de éstos no motivada por una acción negligente del porteador, por vicio propio de las mercancías o por circunstancias que el porteador no pudo evitar y cuyas consecuencias no pudo impedir.

En ningún caso podrá alegar como causa de exoneración los defectos de los vehículos empleados para el transporte.

Cuando el daño sea debido simultáneamente a una causa que exonera de responsabilidad al porteador y a otra de la que deba responder, sólo responderá en la medida en que esta última haya contribuido a la producción del daño.

 b) Presunciones de exoneración

El porteador quedará exonerado de responsabilidad cuando pruebe que, atendidas las circunstancias del caso concreto, la pérdida o avería han podido resultar verosímilmente de alguno de los siguientes riesgos:

  • Empleo de vehículos abiertos y no entoldados, cuando tal empleo haya sido convenido o acorde con la costumbre.
  • Ausencia o deficiencia en el embalaje de mercancías, a causa de las cuales éstas quedan expuestas, por su naturaleza, a pérdidas o daños.
  • Manipulación, carga, estiba, desestiba o descarga realizadas, respectivamente, por el cargador o por el destinatario, o personas que actúen por cuenta de uno u otro.
  • Naturaleza de ciertas mercancías expuestas por causas inherentes a la misma a pérdida total o parcial o averías, debidas especialmente a rotura, moho, herrumbre, deterioro interno y espontáneo, merma, derrame, desecación, o acción de la polilla y roedores.
  • Deficiente identificación o señalización de los bultos.
  • Transporte de animales vivos en las condiciones previstas en el artículo siguiente.

 

5. Limitación de la responsabilidad del porteador, plazos de reclamación y prescripción

 

 

ÁMBITO NORMATIVO

TRANSPORTE CARRETERA NACIONAL (2)

TRANSPORTE FERROVIARIO INTERNACIONAL

TRANSPORTE  CARRETERA INTERNACIONAL

TRANSPORTE AEREO INTERNACIONAL

TRANSPORTE MARITIMO INTERNACIONAL

LEGISLACION APLICABLE

Ley del contrato transporte terrestre 15/2009.
 

Appendix B to the Convention concerning International Carriage by Rail (COTIF) of 9 June 1999
Uniform Rules Concerning the Contract of International Carriage of Goods by Rail (CIM)

Convenio relativo al Contrato de Transporte Internacional de
Mercancías por Carretera, del 19 mayo de 1956 (“Convenio CMR”). (BOE de 7/5/74, Corrección de errores de 15/6/95).
Convenio para la unificación de ciertas reglas para el transporte aéreo internacional, hecho en Montreal el 28 de mayo de 1999, “Convenio de Montreal”, ratificado por España (BOE de 20 de mayo 2004).
“Reglas de la
Haya‐Visby” que se componen del “Convenio de Bruselas”, Convenio
Internacional para la aplicación de ciertas normas en materia de conocimientos de
embarque (1924) y las Reglas de La Haya‐Visby, de 23 de febrero de 1968,
actualización del anterior al que en 1979 se le añadió un Protocolo relativo a los
Derechos Especiales de Giro.

RESPONSABILIDAD POR:

PÉRDIDA TOTAL O PARCIAL.

 

Art.52/54: valor de las no entregadas según valor al momento de recibirse por el porteador.

Art. 57: Límite 1/3 indicador de Renta efectos múltiples/día por cada kg. (5,97€x kg). + gastos

Valor de las no entregadas según valor al momento de recibirse por el porteador.

Art. 30: Límite 17 unidades de cuenta. Si no me equivoco 20,87 €/kg

Valor de las no entregadas según valor al momento de recibirse por el porteador.

Art. 23.3:  Límite 8,33 DEG (3)/kg bruto
(en 2019 equivale a 10,23 €/kg bruto

19 DEG/kg bruto de mercancía perdida, dañado o entregada con retraso.
Art. IV: límite 666,67 DEG/bulto ó 2 DEG/kg. Bruto (la cantidad que resulte mayor aplicándose la regla del contenedor (4)).

RESPONSABILIDAD POR:

AVERIA/daño.

 

Art.53: Diferencia entre valor al momento de recibir mercancía y el valor con averías en mismo tiempo y lugar. Límite máximo valor por perdida.

Art. 57: Límite 1/3 indicador de Renta efectos múltiples/día por cada kg. (5,97€x kg). + gastos

 

Art. 32:

  1. Si todo el envío ha perdido valor a causa de un daño, la cantidad que se habría debido pagar en caso de pérdida total;
  1. Si sólo una parte del envío ha perdido valor a causa de los daños, el importe que se habría debido pagar si se hubiera perdido dicha parte.

 

Aplica reglas ap. anterior (art 30)

 

Ídem

Ídem
 

Ídem

RESPONSABILIDAD POR:

RETRASO

 

Art. 57. Límite máx. precio transporte

 

Art. 33:
Límite: 4 veces precio del transporte.

 

Art. 23.5. Límite máx. precio transporte

Ídem
No se determina

Plazo reclamación

Art. 60.1:
Pérdidas y averías.- Los daños aparentes en el momento de la entrega o hasta 7 días para los daños no aparentes.Art.60.3:
Retraso.- Plazo para efectuar la reserva de 21 días desde el siguiente a la entrega de las mercancías al destinatario.
Art. 30.1:
Pérdida y averías.- Los daños aparentes en el momento de la entrega o hasta 7 días para los daños no aparentes.Art. 30.3:
Retraso.- Plazo 21 días desde la puesta de la mercancía a disposición del destinatario.
Art. 124. Dentro de los 10 días siguientes a la entrega.
Daños aparentes en el momento de la entrega.

Daños no aparentes dentro de los tres días ss. a la entrega

Prescripción

1 año por reclamación contractual.

2 años en caso de existencia de dolo o falta equivalente.

Art. 48: Plazos de 1 y 2 años según los casos.
Art. 32.1: 1 año.
3 años en caso de existencia de dolo o falta equivalente.
Art. 29. Plazo de 2 años desde la llegada a destino.
Art. 952.2 del código de comercio. Plazo de 1 año.

(2) Se formalizan estos transportes mediante un documento que recoge el contenido de la mercancía, tipo, naturaleza, peso etc… denominados Carta de porte, Conocimiento de embarque aéreo AWB ( Air Way Bill ) o Conocimiento de embarque ( Bill of loading ).

(3) El Derecho Especial de Giro (“DEG”) es la Unidad de Cuenta del Fondo Monetario Internacional. Constituye una cesta de monedas que incluye al euro, dólar USA, yen japonés y libra esterlina.

(4) Regla del contenedor: Cuando se utilicen para agrupar mercancías un contenedor, paleta o cualquier dispositivo similar, todo bulto o unidad que según el conocimiento de embarque vaya embalado en tal dispositivo se considerará como un bulto o unidad. Fuera de este caso tal dispositivo (contenedor, paleta, etc.) se considerará como el bulto o unidad.

 

La indemnización por despido en la empresa donde trabajaba un conyuge, ¿debe ser considerada ganancial ?

 

Sentencia Tribunal Supremo Sala 1ª 03/07/2019

 

Tribunal Supremo Sala 1ª, 3-07-2019 , nº 3860/2016, rec.386/2019,
Procedimiento: Recurso de casación

Pte: Parra Lucán, María de los Angeles

ECLI: ES:TS:2019:2252

 

Antecedentes de hecho

 

Tramitación en primera instancia

1.- D.ª Sofía interpuso demanda de juicio ordinario contra D. Jacobo en la que solicitaba la formación de inventario de bienes del régimen matrimonial.

2.- La demanda fue presentada el 6 de febrero de 2014 y repartida al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Leganés y fue registrada con el n.º 86/2014 . Una vez fue admitida a trámite, se procedió al emplazamiento de la parte demandada.

3.- Tras celebrarse la comparecencia prevenida en el artículo 809 LEC y no existiendo conformidad se acordó la sustanciación del procedimiento con arreglo a los trámites de juicio verbal y tras los trámites correspondientes, el Magistrado-juez del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Leganés dictó sentencia de fecha 2 de diciembre de 2014 , con el siguiente fallo:

“ESTIMANDO la demanda interpuesta por D.ª Sofía , representada por el procurador sr. Callejo Caballero y asistida por la letrada sra. Núñez García, contra D. Jacobo , representado por la procuradora sra. Revuelta de Aniceto y bajo la dirección técnica del letrado sr. Barrios González, DEBO DECLARAR Y DECLARO que procede la inclusión dentro del ACTIVO del inventario de la sociedad de gananciales las siguientes partidas según el fundamento de derecho primero de la presente resolución:

“1) Cuenta corriente domiciliada en La Caixa número NUM000 con un saldo de 38,92 euros.

“2) Como crédito de la sociedad de gananciales frente a D. Jacobo : Indemnización por despido percibida por D. Jacobo el día 20 de septiembre de 2011 por un importe de 26.368,03 euros, así como los intereses percibidos por dicha indemnización hasta la fecha de la disolución de la sociedad de gananciales que se determinen en el correspondiente procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales.

“3) La cantidad de 10.078,40 euros percibidos por D. Jacobo en su cuenta el 21 de noviembre de 2012.

“4) Intereses percibidos en la cuenta de ING NUM001 desde el 27/2/2013 y hasta la fecha de la sentencia de divorcio que se determinen en el correspondiente procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales.

“Se excluyen el resto de partidas no incluidas en la presente enumeración según el correspondiente fundamento de derecho.

“Respecto del PASIVO se incluye la siguiente partida según el fundamento de derecho segundo de la presente resolución:

“Préstamo personal concedido por la entidad La Caixa número de contrato NUM002 con vencimiento en fecha 1 de octubre del 2015 cuyo importe se determine en el correspondiente procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales.

“No procede expresa imposición de costas procesales”.

 

Tramitación en segunda instancia

1.- La sentencia de primera instancia fue recurrida en apelación por la representación de D. Jacobo .

2.- La resolución de este recurso correspondió a la Sección 24.ª de la Audiencia Provincial de Madrid, que lo tramitó con el número de rollo 585/2015 y tras seguir los correspondientes trámites dictó sentencia en fecha 27 de enero de 2016 , con el siguiente fallo:

“Que DESESTIMANDO el recurso de apelación interpuesto por D. Jacobo , representado por el procurador D. Eusebio Ruiz Esteban, contra la sentencia de fecha 2 de diciembre de 2014; del Juzgado de Primera Instancia número 3 de Leganés ; dictada en el proceso sobre formación de inventario número 86/14; seguido con D.ª Sofía , representada por el procurador D. Antonio Orteu del Real, debemos CONFIRMAR Y CONFIRMAMOS la expresada resolución íntegramente; con expresa imposición de costas causadas en este instancia a la parte apelante”.

 

Interposición y tramitación del recurso de casación

1.- D. Jacobo interpuso recurso de casación.

El único motivo del recurso de casación fue por infracción del art. 1346.1.º del Código Civil .

2.- Las actuaciones fueron remitidas por la Audiencia Provincial a esta sala, y las partes fueron emplazadas para comparecer ante ella. Una vez recibidas las actuaciones en esta sala y personadas ante la misma las partes por medio de los procuradores mencionados en el encabezamiento, se dictó auto de fecha 27 de febrero de 2019, cuya parte dispositiva es como sigue:

“LA SALA ACUERDA: Admitir el recurso de casación interpuesto por la representación procesal de don Jacobo , presentó escrito de interposición de recurso de casación, contra la sentencia dictada, con fecha 27 de enero de 2016, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24.ª, en el rollo de apelación 585/2015 , dimanante del proceso de formación de inventario de régimen matrimonial 86/2014, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Leganés”.

3.- Se dio traslado a la parte recurrida para que formalizara su oposición al recurso de casación, lo que hizo mediante la presentación del correspondiente escrito.

4.- Por providencia de 9 de mayo de 2019 se nombró ponente a la que lo es en este trámite y se acordó resolver el recurso sin celebración de vista, señalándose para votación y fallo el 25 de junio de 2019, en que ha tenido lugar.

 

Fundamentos de derecho

 

Antecedentes

En el procedimiento de liquidación de la sociedad de gananciales tramitado tras el divorcio de los litigantes, ambos discrepan acerca del carácter ganancial o privativo de dos sumas de dinero ingresadas constante la sociedad de gananciales. La primera es la indemnización por despido cobrada por el esposo y la segunda es una cantidad que fue ingresada por el padre del esposo en una cuenta corriente de la que este último era único titular.

1.- La sentencia del juzgado incluye como crédito de la sociedad de gananciales frente al esposo la “indemnización por despido percibida por D. Jacobo el 20 de septiembre de 2011 por un importe 26.368,03 euros, y ello al ser evidente que debe formar parte del activo de la sociedad de gananciales al ser percibida después de contraer matrimonio y antes de su disolución”.

Incluye también en el activo “la cantidad de 10.078,40 euros percibidos por D. Jacobo en su cuenta el 21 de noviembre de 2012 por producirse el ingreso constante matrimonio y por responder y obedecer a una previa disposición patrimonial realizada a favor de su padre el día 25 de junio del 2012, constante matrimonio por tanto, y por desconocimiento de la situación que tenían según reconoció en el plenario”.

2.- El esposo interpone recurso de apelación.

Por lo que se refiere a la indemnización por despido, el esposo razona que debe incluirse como privativa la parte de la indemnización correspondiente al periodo anterior al matrimonio. Explica que causó alta en la empresa el día 16 de septiembre de 2002, el matrimonio se celebró el día 16 de octubre de 2010, y la indemnización la percibió el día 20 de septiembre de 2011.

Por lo que se refiere a la cantidad de 10.078,40 euros, el esposo explica que debe considerarse bien privativo suyo, de conformidad con lo dispuesto en el art. 1346.1 CC , que establece que son privativos de cada uno de los cónyuges los bienes y derechos que le pertenecieran al comenzar la sociedad. Dice que el 25 de junio de 2012 ingresó en la cuenta de su padre la cantidad de 12.500 euros procedentes de la cuenta de Bankia, de la que él era el único titular, y que posteriormente, el día 21 de noviembre de 2012, su padre le realizó una transferencia a la referida cuenta bancaria por importe de 10.078,40 euros.

3.- La sentencia de la Audiencia desestima el recurso de apelación. La decisión de la Audiencia se basa en el siguiente razonamiento:

“Debe ser desestimada la pretensión de la recurrente; pues la indemnización por despido percibida constante el matrimonio y estando vigente el régimen económico de gananciales; y por lo tanto aplicable el art. 1347.1 CC ; y por lo tanto no debe restarse de la totalidad de la indemnización percibida la cantidad correspondiente de dicha indemnización de los años en que no existía ni el matrimonio ni la sociedad de gananciales; y ello debido a que la indemnización por despido se debe considerar come un todo indivisible aunque para su cuantificación debe valorarse una serie de circunstancias concurrentes o baremos, entre ellos el tiempo trabajado y otras cuestiones.

“Tampoco puede excluirse del activo de la sociedad de gananciales la cantidad de 10.018,40 euros transferida por el padre del demandando constante el matrimonio y vigente el régimen de gananciales, al no constar el concepto por lo que lo transfirió, como tampoco se hizo reserva alguna, por lo que debe de ser considerada como ganancial y debe ser de aplicación la presunción de ganancialidad del art. 1361 CC al no tener correlación alguna los 12.500 euros previamente ingresados por el demandado a favor de su padre, y sin que haya correlación ni conexión alguna entre una y otra cantidad, y que la transmitida por el demandado se haya acreditado que era privativa”.

4.- Recurre en casación el esposo, que denuncia infracción del art. 1346 CC y de la jurisprudencia de esta sala.

 

Recurso de casación. Decisión de la Sala

El recurso se dirige a que se declare el carácter privativo de dos sumas de dinero de diferente origen, por lo que debemos referirnos por separado a una y otra.

1.- Por lo que se refiere a la cantidad de 10.018,40 euros, partiendo de los hechos acreditados en la instancia, la sentencia recurrida, al calificar esa cantidad como ganancial, no infringe el art. 1346 CC . No se ha probado que el dinero le perteneciera al esposo con anterioridad a la vigencia de la sociedad de gananciales ( art. 1346.1.º CC ) ni tampoco que, por su origen, pueda ser incluido en alguno de los demás apartados del art. 1346 CC . En consecuencia, juega la presunción de ganancialidad establecida en el art. 1361 CC , conforme al cual, “se presumen gananciales los bienes existentes en el matrimonio mientras no se pruebe que pertenecen privativamente a uno de los dos cónyuges”.

2.- Por lo que se refiere a la indemnización por despido, la sentencia recurrida considera que debe ser calificada en su totalidad como ganancial por haber sido percibida durante la vigencia del régimen de gananciales, y entiende que no debe restarse la cantidad correspondiente a los años trabajados por el esposo antes del matrimonio. Esta interpretación es contraria a la doctrina de la sala, lo que justifica la apreciación de interés casacional y la estimación del recurso.

Como recuerda la sentencia 596/2016, de 5 de octubre, esta sala ha mantenido en las sentencias 216/2008, de 18 de marzo , y 429/2008, de 28 de mayo , que la indemnización cobrada en virtud del despido en la empresa donde trabajaba un esposo debe ser considerada ganancial porque tiene su causa en un contrato de trabajo desarrollado a lo largo de la vida del matrimonio, pero solo por los años trabajados durante la vigencia del régimen de gananciales; en consecuencia, no tienen carácter ganancial las cantidades correspondientes a los años en que no existía la sociedad de gananciales.

En el presente caso, D. Jacobo causó alta en la empresa Frimetal el día 16 de septiembre de 2002. D. Jacobo y D.ª Sofía contrajeron matrimonio el 16 de octubre de 2010. La sentencia de divorcio es de 9 de octubre de 2013 . El matrimonio estuvo regido siempre por el régimen de gananciales. La indemnización por despido se devengó antes de la disolución del matrimonio y se cobró el 20 de septiembre de 2011.

En consecuencia, de acuerdo con lo dicho, debemos casar parcialmente la sentencia recurrida, asumir la instancia, estimar parcialmente el recurso de apelación del marido y declarar que, de la indemnización por despido percibida por D. Jacobo , solo procede incluir dentro del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, lo que se fijará en ejecución de sentencia.

 

Costas

La estimación del recurso de casación determina que, de conformidad con lo establecido en el art. 398 LEC , no se impongan las costas de dicho recurso a ninguna de las partes.

No se hace especial pronunciamiento sobre las costas de las instancias, dada la estimación parcial del recurso de apelación y de la demanda.

 

Fallo

 

Por todo lo expuesto, en nombre del Rey y por la autoridad que le confiere la Constitución, esta sala ha decidido

1.º- Estimar parcialmente el recurso de casación interpuesto por D. Jacobo contra la sentencia dictada, con fecha 27 de enero de 2016, por la Audiencia Provincial de Madrid, Sección 24.ª, en el rollo de apelación 585/2015 , dimanante del proceso de formación de inventario de régimen matrimonial 86/2014, del Juzgado de Primera Instancia n.º 3 de Leganés.

2.º- Casar parcialmente la citada sentencia y estimar parcialmente el recurso de apelación interpuesto por D. Jacobo en el sentido de declarar que, de la indemnización por despido percibida por D. Jacobo el 20 de septiembre de 2011, solo procede incluir dentro del activo del inventario de la sociedad de gananciales la parte que corresponda a los años trabajados durante la vigencia de la sociedad de gananciales, lo que se fijará en ejecución de sentencia. Se mantienen los demás pronunciamientos de la sentencia recurrida en cuanto no sean incompatibles con lo declarado en esta sentencia.

3.º- No se imponen las costas del recurso de casación a ninguna de las partes.

Líbrese a la mencionada audiencia la certificación correspondiente con devolución de los autos y rollo de apelación remitidos.

Notifíquese esta resolución a las partes e insértese en la colección legislativa.

Así se acuerda y firma

 

 

Autor: Manuel Marraco
Fuente: OTROSÍ.net

¿El suicidio como accidente laboral?

 

Un trabajador decide suicidarse como consecuencia de una discusión en su puesto de trabajo. ¿Puede considerarse accidente laboral algo que nace de la voluntariedad del trabajador? Sí, siempre que el origen del suicidio sea el entorno laboral y la parte contraria no destruya esta presunción con prueba en contrario, alegando causas ajenas al trabajo.

La cuestión ha sido tratada en un reciente caso, ventilado en tribunales el 10 de enero de 2019 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (sentencia disponible aquí), donde se decide que el suicidio de un empleado de banca al precipitarse desde la azotea del trabajo tras una discusión con un cliente sí es accidente de trabajo. La mutua, que es la parte recurrente en apelación, debe pagar por tanto las prestaciones debidas a la viuda y los hijos.

La sentencia repasa la jurisprudencia recogida hasta hoy sobre la cuestión, recordando que la casuística del supuesto es esencial para que el juez pueda valorar si nos encontramos ante una contingencia laboral o no. Por lo general, los tribunales han venido asumiendo iuris tantum que existe accidente laboral cuando se da en el lugar del trabajo y no se prueba que existe un origen distinto al laboral para el trastorno mental que conduce al empleado al suicidio, por vía de la presunción del artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

En el mencionado caso, la parte contraria no es capaz de acreditar que existan causas ajenas al trabajo que hayan provocado el suicidio. Por tanto, el TSJ otorga la razón a la familia del trabajador fallecido.

 

La presunción del artículo 156.3 LGSS

 

Suicidio

La presunción sobre el carácter laboral del accidente que tiene lugar en el trabajo viene recogida en el artículo 156.3 de la Ley General de Seguridad Social (LGSS).

Este artículo recoge una presunción que permite considerar el suicidio como contingencia laboral sólo por el hecho de que haya tenido lugar en el puesto de trabajo y durante horario laboral, “sin que la voluntariedad de privarse la vida del fallecido enerve la misma”, recuerda la sentencia mencionada.

No obstante, dicha presunción admite prueba en contrario. Si la contraparte es capaz de argumentar que existen causas ajenas al trabajo que han conducido a esta situación al trabajador (una depresión diagnosticada, el fallecimiento de algún familiar, brotes e intentos anteriores en otros ámbitos, por ejemplo), corresponde a los legitimados por la parte del fallecido demostrar que existe causalidad con algún origen laboral.

Así, el tribunal concluye que, puesto que la demandante no ha sido capaz de probar que exista una causa externa más allá de la discusión previa al momento del suicidio, como un diagnóstico de enfermedad previa, motivos ajenos al trabajo o antecedentes de otros brotes depresivos en el fallecido, su recurso debe ser desestimado.

 

Lo que dice la jurisprudencia

 

La jurisprudencia no siempre ha estado abierta a admitir de forma tan garantista la presunción de suicidio en otros casos, aunque en general admite la existencia de accidente laboral cuando se prueba que existe una causalidad entre el suceso y algún problema laboral.

Hasta los setenta, los tribunales no aceptaron que un accidente pudiese ser provocado por un hecho como quitarse la vida. Resultaba indiferente la conexión de la decisión de acabar con la vida propia con el trabajo: la voluntariedad del acto enervaba la posibilidad de considerarlo accidente.

El actual criterio jurisprudencial se aleja de esta línea, que abandonó hace años, y permite declarar que existe accidente laboral tanto en situaciones de suicidio en el lugar de trabajo como fuera de él.

Se permite que se reconozca accidente laboral incluso cuando existan causas ajenas al trabajo, como antecedentes depresivos, y la relación entre el suceso y el origen laboral sea meramente indirecta o no tan evidente

 

Algunos ejemplos

 

  • Se ha permitido reconocer accidente de trabajo el suicidio de un agente forestal por depresión fuera del lugar y la hora de trabajo. Como no existe otra causa que explique la condición depresiva, se entiende que debe considerarse causa la participación en un incendio forestal con el que el fallecido se obsesionó (Sentencia de la Sala Social del TSJ de Cataluña de fecha 11 de abril de 2014, disponible aquí).
  • También se reconoció accidente laboral el caso del suicidio de un trabajador de un banco al que se le abrió expediente disciplinario por actuaciones irregulares que recibieron reproche penal y por las que se levantó cierto revuelo mediático (Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 26 de octubre de 2015, disponible aquí).
  • Asimismo, recibió el mismo trato el caso de un vigilante de seguridad con antecedentes de psicopatía y baja médica. No se acreditaron que dichas dolencias tuviesen relación con el puesto de trabajo, pero aun con ello se estimó que existía accidente laboral. El Tribunal declaró que, si bien no media relación entre la enfermedad y la relación laboral, debieron adaptar el puesto de trabajo a su condición de salud depresiva. Este detalle fue suficiente para probar la conexión entre el suicidio y el ambiente laboral (Sentencia de 2 de febrero de 2016 del Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha, disponible aquí).

 

 

Autor: J. M. BARJOLA
Fuente: Noticias Jurídicas

Exigir a un aspirante a profesor que presente un certificado en el que se pruebe que no tiene antecedentes penales sexuales es contrario al derecho. Así lo considera el magistrado del Juzgado Contencioso administrativo nº 3 de Zaragoza, que cuestiona la legalidad del Real Decreto 1110/2015 y anula el requerimiento del certificado negativo de antedecentes por delitos sexuales que pedía la administración aragonesa a una docente.

En la sentencia 37/2018, de 19 de febrero, el magistrado maño considera que el Real Decreto 1110/2015, por el que se crea y regula el Registro Central de Delincuentes Sexuales, tiene determinados aspectos contrarios a la Constitución y a otras reglas de nuestro Ordenamiento jurídico.

 

La inhabilitación de los delincuentes sexuales

La Ley 26/2015, que regula el sistema de protección de los menores, introdujo la inhabilitación de delincuentes sexuales para profesiones o actividades en contacto con menores, y materializó la creación del Registro Central de Delincuentes Sexuales en el Real Decreto 1110/2015.

En este Registro incluye a aquellas personas que han sido condenadas por delitos de “naturaleza sexual” que son: agresión y abuso sexual, acoso sexual, exhibicionismo y provocación sexual, prostitución y explotación sexual o corrupción de menores.

Y fija sobre estas personas una inhabilitación automática, teniendo en cuenta no sólo los delitos cometidos sobre menores sino también los cometidos sobre adultos, que en los casos de delitos sobre menores llega a los 30 años tras el cumplimiento de las correspondientes penas.

La sentencia parte de la inhabilitación de profesionales que trabajen con menores tras haber sido condenados por delitos sexuales dispuesta en la Ley 26/2015 no es, en general, contraria al Derecho. Sin embargo, tras analizar el citado Real Decreto, llega a la conclusión de que se opone, en varios aspectos, a la Constitución y al propio Código Penal.

 

Los motivos de invalidez del Real Decreto

A lo largo de la sentencia, el magistrado esgrime las causas por las que considera inválido el Real Decreto. Éstas son, entre otras:

A. Rango normativo y la reserva de Ley

El magistrado considera que la regulación del Registro no puede ser sujeto de un Real Decreto, ya que la prohibición o inhabilitación para el ejercicio de profesiones y actividades exigen ser reguladas por disposiciones con rango de Ley.

B.- Vulneración del principio de jerarquía normativa

El magistrado opina que lo que se dispone en el Real Decreto se contradice con el Código Penal. Y es que la polémica normativa introduce una prolongación del impedimento a trabajar con menores que va más allá de los plazos de cancelación de antecedentes penales fijados en el Código Penal.

C.- Se vulnera el principio de proporcionalidad

La sentencia razona que no hay proporcionalidad entre la gravedad del hecho (el delito sexual registrado) y la cancelación de datos en el registro, que sólo se produce 30 años del cumplimiento de la pena.

A este respecto, el juez critica que no haya distinción por la gravedad del delito, no distingue tampoco entre si se ha cometido sobre un adulto o sobre un menor y sobre todo, porque está imponiendo una sanción (30 años de permanencia en el registro de delincuentes sexuales, sea cual sea el delito) que está por encima de lo que marca el Código Penal en delitos sexuales(25 años por el delito más grave).

D.- La no retroactividad del artículo 9 de la Constitución

La retroactividad de lo establecido en el Real Decreto 1110/2015 es, como determina el juez, contraria al artículo 9.3 de la Constitución, que fija la regla de irretroactividad de las disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales.

Sobre este aspecto, el juez resalta que se puede producir una “estigmatización” de por vida sobre una persona ya rehabilitada, con condena cumplida y con los antecedentes penales ya cancelados.

 

La consecuencia jurídica de la sentencia

Con su sentencia, el magistrado no ha anulado el Real Decreto ni el Registro Central de Delincuentes Sexuales, ya que tal acción no entra dentro de sus competencias. El único efecto del fallo es la anulación del requerimiento de aportación del certificado negativo de delitos sexuales de la profesora que interpuso la demanda.

La sentencia es apelable ante el Tribunal Superior de Justicia de Aragón, aunque también cabe la posibilidad de que el asunto llegue finalmente al Tribunal Supremo, que es el que tendrá la última palabra sobre la legalidad o no del Real Decreto 1110/2015. 

 

1.110 delincuentes sexuales impedidos

Desde el 1 de marzo de 2016, fecha en la que entró en vigor en Real Decreto, hasta 2017 se expidieron un total de casi cuatro millones de certificados de delitos sexuales, y de todos estos certificados se registraron 534 positivos (aparecían en el Registro de Delincuentes Sexuales) en 2016 y 576 en el año 2017. Es decir, desde la creación del Registro se ha evitado que 1.110 personas con sentencia firme de delito sexual trabajaran con menores.

La Ley 26/2015, así como el Real Decreto en cuestión, se crearon a raíz de la exigencia de una disposición y una directiva europeas, ambas reguladoras de la lucha contra la explotación, el abuso sexual de menores y la pornografía infantil.

Algunas de las profesiones a las que se les exige esa certificación son docentes, monitores de actividades extraescolares y deportivos, personal de comedores, auxiliares técnicos educativos, personal de servicios de orientación en centros educativos (pedagogos, psicólogos…), inspectores, personal de bibliotecas de colegios conductores y acompañantes de autobús escolar o pediatras.

 

Fuente: noticias.juridicas.com – Un juez de Zaragoza cuestiona la legalidad del certificado de antecedentes penales sexuales para trabajar con menores

Sostiene que la «imprecisión» de sus leyes ha provocado una «incertidumbre social»

 

El Tribunal Supremo ha anulado las costas que Hacienda exigía al contribuyente que quería recurrir sus resoluciones. Lo hace en una sentencia en la que se muestra extremadamente duro con la actuación general de la Administración en materia tributaria y en la que pone la regulación de las costas como último ejemplo de su mala praxis.

«Hoy es sentir común la profunda inseguridad jurídica e incertidumbre social provocada, entre otros factores, por la imprecisión de las normas jurídicas. Lo que se manifiesta de manera muy significativa en el ámbito fiscal», afirman los ocho magistrados de la Sala de lo Contencioso-Administrativo.

La sentencia del Tribunal Supremo

 

Tribunal SupremoLa sentencia señala que la ley permite cobrar al ciudadano el coste del procedimiento administrativo que quiere iniciar. Pero estima que la puesta en práctica de esa autorización por parte del ex ministro de Hacienda Cristóbal Montoro no cumplió las exigencias legales. Esencialmente, porque lo que cobraba no estaba realmente vinculado al coste. Así lo sostuvo la Asociación Española de Asesores Fiscales (Aedaf), cuyo recurso estima el Supremo.

La sentencia afirma que la reforma legal, «en tanto cuantifica el importe de forma general y abstracta desvinculándolo del concreto procedimiento en el que se produce los gastos y prescindiendo de estos, en tanto que se desconecta de los costes del concreto procedimiento, le hace perder su verdadera naturaleza».

«Ya no podemos estar hablando», prosigue, «de costas del procedimiento, sino, dependiendo de la perspectiva desde la que nos aproximemos, cabe identificarlas como tasa, como medida sancionadora o como prestación patrimonial de carácter público no tributario, y de ser alguna de estas figuras lo que es evidente es que no pueden ser costas del procedimiento».

La norma establecía un coste del 2% de la cantidad en disputa, con un mínimo de 150 o 500 euros y sin límite máximo. Eran gastos necesarios para ir luego a la vía judicial contra Hacienda.

Los magistrados elevan sus críticas de lo particular a lo general: «Cabe observar en la elaboración normativa, con habitualidad, la utilización de conceptos y categorías perfectamente definidos y delimitados por la ciencia jurídica tributaria que en su desarrollo en el texto normativo delimitan contornos que se alejan del concepto o categoría enunciado, para terminar definiendo o mostrando una figura fiscal distinta». Indica que detrás de esa actuación podría haber una intención maliciosa de Hacienda: «A veces, parece que dicha técnica responde a meras lagunas o a propias complejidades conceptuales de una determinada figura tributaria, otras, sin embargo, descubren una finalidad directamente dirigida a salvar obstáculos que harían inviable su aplicación».

Y continúa detallando malas prácticas del legislador tributario: «No resulta extraño comprobar cómo se presentan como impuestos lo que constituyen verdaderas tasas o viceversa, o cómo se juega con la imposición directa o indirecta, o con los tributos extrafiscales, por ejemplo. Sea como sea, lo que debe ser, por propia exigencia del principio de seguridad jurídica, es que la utilización en las normas de conceptos jurídicos determinados o categorías conceptuales lleve parejo en su desarrollo la inmediata certidumbre que los identifica, lo cual no es un desiderátum sino una exigencia jurídica conectada directamente con el principio de seguridad jurídica y cuyo incumplimiento debe acarrear las consecuencias jurídicas que el ordenamiento reserva a las quiebras constitucionales». Esa consecuencia jurídica es la nulidad. Para volver a cobrar los gastos, Hacienda deberá aprobar ahora una nueva normativa.

MÍNIMO SIN MÁXIMO

 

Un 2% del total.

La norma anulada por el Tribunal Supremo establecía un coste para recurrir del 2% de la cuantía en disputa, con un mínimo de 150 o 500 euros dependiendo de si el órgano que debía resolver era unipersonal o colegiado. No había límite máximo.

Impuesto hipotecario.

Las sentencia ha sido dictada por la Sección Segunda de la Sala de lo Contencioso, encargada de todos los recurso tributarios. La Sección, presidida por Nicolás Maurandi, fue la misma que intentó sin éxito cargar a los bancos el impuesto de las hipotecas.

 

Autor: Manuel Marraco
Fuente: Ilustre Colegio de Abogados de Madrid
Publicado en: EL MUNDO – 25/06/2019 – Pulse para ver el artículo