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27 Dic

Posted at 11:08h in Actualidad
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Nuevo libro, los delitos cometidos en el seno de la empresa y su defensa legal

La dimensión del modelo de compliance penal en la empresa

 

Es un placer para el bufete presentar la primera edición del libro “Los delitos cometidos en el seno de la empresa legal” cuyo autor es Daniel Lucas Romero, abogado experto en derecho penal y derecho penal económico.

 

Sinopsis:

La responsabilidad penal de las personas jurídicas es una materia que en los últimos años ha dejado de ser una idea abstracta y oscura que planeaba en el sector empresarial, percibida incluso como un capricho de nuestro legislador, para venir a consolidarse, cada vez con mayor fuerza, como parte de la estructura y política de las empresas.

No obstante lo anterior, no son pocas las empresas que no entienden ni logran dimensionar la importancia de contar con un modelo de prevención penal que permita no sólo delimitar los riesgos penales reales, directos o residuales, que le afecten conforme su propia actividad o negocio, sino que les dote de una estructura organizativa que persiga la transparencia y el control y a su vez le ayude a conseguir una estabilidad y viabilidad de negocio.

La presente obra nace como consecuencia del impacto social que en los últimos años se viene viviendo en nuestro país ante los escándalos corporativos, la mala praxis y la falta de control de diversas organizaciones. Igualmente ha sido motivo de esta publicación la dolosa ignorancia, desconocimiento o dejadez que pequeñas y medianas empresas tienen sobre la materia, llegando incluso a entender satisfechas sus obligaciones con simples asesoramientos, parciales y sesgados, que en realidad no les dota de cobertura legal alguna.

Todas las empresas, sean cuales sea sus dimensiones, deben a día de hoy tener la consideración de destinar una partida presupuestaria, mayor o menor, para dotarse de un programa de cumplimiento efectivo que le permita analizar los delitos que le pueden resultar de aplicación, ya fuere de forma directa o residual, para que mediante un sistema de organización, control y de delegación de funciones se garantice el mayor y mejor cumplimiento normativo. A día de hoy afecta incluso a los servicios de asesoría de empresas, quienes han tenido que ver implementada su formación, capacitación y dedicación ya que las nuevas tecnologías permiten generar en todas las empresas unas brechas de seguridad como medio para la comisión de cualquier delito.

Un análisis parcial, una mala planificación, una mala ejecución puede abocar a la empresa y a sus responsables, a graves penas que van a hacer imposible en muchas ocasiones la supervivencia de la empresa. Evitar la pena de banquillo y su efecto reputacional, así como la muerte “civil” de la empresa deben ser dos de los hitos fundamentales a perseguir por ésta, pero no los únicos; las penas económicas o prohibiciones de contratación pueden acarrear graves consecuencias a la empresa y a sus empleados quienes de forma indirecta pueden verse afectados por un cierre parcial, un ajuste económico o medida similar.

Por ello esta obra trata de introducir a la pequeña y mediana empresa en el mundo de la prevención penal y darles una visión general sobre en qué consiste la política de cumplimiento normativo, cuáles son los elementos en que se sustenta, cómo implantarla, cómo desarrollarla. En definitiva constituirse como una guía referencial que permita principalmente a los sujetos responsables de las empresas y a las personas delegadas con funciones de supervisión designadas, dirigir y desarrollar sus funciones con mayores garantías minorando los riesgos penales y las consecuencias económicas.

 

Autor: Daniel Lucas Romero

Editorial: Colex

26 Dic

Posted at 11:08h in Actualidad, FAQ – Derecho mercantil
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¿Qué es un procedimiento mercantil?

Un procedimiento mercantil es un tipo de procedimiento derivado de la rama civil que se sigue ante los tribunales y Juzgados de lo mercantil para la resolución de conflictos en materia de empresas y sociedades.

 

Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
  3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
  4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.
  5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
  6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

 

Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

 

  1. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  2. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  3. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo.
  4. Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.
  5. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  6. De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

 

Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

 

26 Dic

Posted at 11:04h in Actualidad, FAQ – Derecho mercantil
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  1. La actividad social: Uno de las principales diferencias son las limitaciones de actividad. Determinadas actividades (Sociedades Bancarias, Gestoras de Fondos de Pensiones, Seguros, etc.), sólo pueden ejercerse por una Sociedad Anónima.
  1. El capital social: La Sociedad Limitada tiene su capital dividido en participaciones. Suele ser un capital pequeño, como mínimo 3.000 euros, el cual se divide entre el número de accionistas que la componente. Estos accionistas suelen ser un número reducido, y generalmente se constituyen sin aportaciones sociales de bienes muebles.

 

En cambio, en una Sociedad Anónima el capital aportado es mucho mayor, y también hay muchos más accionistas. En muchas ocasiones este tipo de sociedades encontramos accionistas de diversos rangos y categoría según el número de acciones que posean. El capital mínimo (actualmente es de  60.000 euros) está dividido en acciones. Deberá estar desembolsado, al menos, en un veinticinco por ciento; es decir será necesario un capital inicial de 15.000 euros para su constitución. El resto del capital deberá ser ingresado con posterioridad en la cuenta de la sociedad, en el plazo que fijen los estatutos sociales.

 

  1. El número de socios: Tanto la sociedad limitada como la anónima son sociedades capitalistas (lo importante es el capital aportado por cada socio). Sin embargo, los aspectos personales de los socios son más importantes en la limitada, por lo que esta es más adecuada para actividades en las que se tenga previsto la participación de pocos socios, para sociedades familiares o de profesionales, así como para desarrollar negocios con un pequeño desembolso inicial.

 

La sociedad anónima es una sociedad abierta, en la que los socios pueden vender libremente sus acciones (en la sociedad limitada sólo es libre cuando el comprador sea otro socio, el cónyuge o uno de los hijos del vendedor). Precisamente esta libertad en la venta de acciones es lo que determina que solamente las sociedades anónimas puedan cotizar en bolsa.

 

  1. Trámites para la constitución: Si bien los trámites de constitución de ambas sociedades son similares, la constitución de una SL es más flexible.
  2. Funcionamiento: El funcionamiento de las sociedades anónimas es más estricto, exigiendo que las convocatorias de juntas generales se hagan previa convocatoria en anuncios de prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

 

 

Somos abogados especialistas en derecho de empresas (constitución de sociedades, liquidación de sociedades, fusiones y escisiones de empresas, así como de inversiones patrimoniales). Puede contactarnos en nuestro despacho situado en la Calle Espronceda 39, 3º Dcha. en Madrid. Actuamos a nivel nacional:

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18 Nov

Posted at 11:17h in Actualidad, BLOG - Derecho mercantil
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El poder disciplinario del empresario. Límite y extensión del poder sancionador

El poder disciplinario del empresario es una de las consultas recurrentes que recibimos como abogados expertos en asesoramiento legal a empresas, en relación al límite y extensión del poder sancionador o disciplinario del empresario. Por ello introducimos este artículo sobre las sanciones económicas o multas de haber impuestas al trabajador, respecto de lo cual diremos que, en nuestra opinión, salvo un acuerdo expreso por las partes están prohibidas parcialmente.

En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, regulan varios preceptos de los que se deriva directamente el poder de dirección del empresario:

  1. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
  2. Los trabajadores prestan sus servicios “dentro del ámbito de organización y dirección” de un empresario (apdo. 1, Art. 1 ,ET).
  3. Es deber básico del trabajador “cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas” (aprt. c), Art. 5 ,ET).
  4. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue” (apdo. 1, Art. 20 ,ET).

 

La titularidad del poder de dirección corresponde al empresario.

Esta facultad sancionadora o disciplinaria viene recogida por nuestro Tribunal Constitucional, quien entre otras, en sus sentencias de 21 de diciembre de 1995 y de 24 de julio, lo prevé expresamente como un “poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales para su imposición y efectividad”.

Es evidente que frente a esta potestad, existe un derecho inalienable del propio trabajador, que es el de instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la conformidad a Derecho de la decisión empresarial.

Dispone el art. 58 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las Faltas y sanciones de los trabajadores que:

  1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.
  2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
  3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber”.

 

De esta manera, el poder disciplinario del empresario es limitado.

Debe estar ajustado no sólo al estatuto de los trabajadores, sino a las reglas del convenio, y principio de proporcionalidad en general. Este acogimiento al principio de proporcionalidad, aducido en el art 58 del ET, evidencia la necesaria adecuación entre la falta y la sanción. Estando proscrita las sanciones que consistan en, reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber, y todo esto en base al principio non bis in idem, es decir, una misma conducta no puede ser sancionada dos veces.

Las sanciones económicas al trabajador o multas de haber, tan solo se permiten para la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

 

¿Pero, qué es una multa de haber?

Es una multa de haber cuando el empresario exige conjuntamente trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero. No se puede acoger los dos términos conjuntamente. Queda previsto y reglado la suspensión de empleo y sueldo, pero en absoluto, se puede permitir que se exija el desempeño de un trabajo y además sufrir la penalización económica, es decir, trabajar sin remuneración. Si el trabajador que se encuentra en suspensión sigue prestando sus servicios sin cobrar los mismos, se está privando al asalariado de su Derecho a la percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida, de conformidad con lo que estipula el artículo 4. 2 f) ET.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm. 2027/1998 de 28 mayo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social), la Ley (art. 58.3 Estatuto de los Trabajadores) excluye el descuento de retribuciones como sanción posible, lo que no es otra cosa que importar la regla de la cláusula penal (art. 1153 Código Civil) en un contrato sinalagmático, convirtiendo la norma dispositiva en imperativa (defendiendo al trabajador cuyas posibilidades de «ius resistentiae» frente al incumplimiento empresarial son muy limitadas), pues el empresario a través de la multa de haber, exige conjuntamente el trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero, o si se prefiere, sacrifica el derecho salarial mientras que no padece el trabajo efectivo que lucra.

En conclusión, nuestro despacho de abogados de Madrid, expertos en asesoría a empresas y derecho laboral, entiende que ante estas situaciones es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. Si no existe acuerdo expreso entre las partes sin cruzar los límites descritos, habrá que reclamar el importe de la sanción o multa ante la jurisdicción social.

 

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11 Nov

Posted at 11:06h in Actualidad, FAQ – Derecho mercantil
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Preguntas frecuentes de aduanas que todos deberían conocer

Dentro de las preguntas frecuentes de aduanas más consultadas en internet destacan las siguientes:

 

1. ¿Qué efectos puede tener el denominado BREXIT frente a la importación y exportación?

La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

 

2. ¿Qué son los operadores económicos autorizados? ¿qué es la autorización OEA?

El Código Aduanero de la Unión define al operador económico como persona que, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera.

Un Operador Económico Autorizado puede ser definido como un operador económico de confianza, cumplidor, fiable para las operaciones aduaneras y que, según el tipo de autorización OEA que ostente, obtendrá ventajas en toda la Unión Europea en materia de simplificaciones aduaneras y facilidades de seguridad y protección.
A estos operadores económicos se les concede una autorización OEA como prueba de que ostentan el estatus de confianza de la Aduana.

 

2.1. ¿Por qué se ha creado el estatuto de OEA?

Los riesgos de diferente índole a los que se enfrentan los países de la Unión Europea han obligado a que, además de efectuar los controles aduaneros tradicionales, se incremente el papel de las aduanas en materia de seguridad de la cadena logística internacional.

El objetivo de garantizar la seguridad y protección de las fronteras exteriores de la Unión no sólo consiste en luchar contra la amenaza terrorista, sino también colaborar en la lucha contra el crimen organizado y defender a los ciudadanos frente a otros peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la protección a los consumidores o el medio ambiente, sin que este incremento de controles aduaneros perjudique al comercio legítimo.

La figura del operador económico autorizado es uno de los mecanismos, seguramente el más importante, a través del cual las aduanas desarrollan este nuevo papel en beneficio del comercio legítimo.

Normativa aplicable.- REGLAMENTO (UE) Nº 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2446 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2015 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2447 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión.

 

3. ¿Quién puede presentar declaraciones?

En general, cualquier persona física o jurídica que reúna los requisitos mencionados al efecto en el Código Aduanero Comunitario, podrá efectuar declaraciones ante cualquier administración de aduanas.

La presentación de declaraciones podrá realizarse, por las personas capacitadas, en su propio nombre y por su propia cuenta o bien valiéndose de un representante aduanero designado al efecto.

Normativa aplicable.- Artículo 1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

4. ¿Quiénes son los autodespachantes?

Las personas físicas capacitadas que formulen declaraciones en nombre propio y por cuenta propia.

Las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, que presenten sus declaraciones por sí mismas, utilizando los medios electrónicos admitidos por la Administración aduanera y por quien ostente su representación cuando la presentación de declaraciones se realice en papel.

Si se realiza la presentación a través de su representante voluntario, el apoderamiento, el apoderamiento sólo podrá ser otorgado a consejeros o trabajadores en virtud de un contrato laboral por cuenta ajena indefinido. En este último caso, el trabajador no podrá representar a estos efectos a otras compañías diferentes de aquélla que le ha otorgado el poder. Quedando limitada su actuación a la actuación por cuenta de la entidad que le apodera. La aceptación de la declaración aduanera por la Aduana estará condicionada a la acreditación que corresponda.

Normativa aplicable.– Artículo 1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

4.1. ¿En el auto despacho quién debe presentar las garantías de afianzamiento de la deuda aduanera y fiscal?

Cuando, por razón de la normativa de aplicación, sea exigible la constitución de una garantía con el objeto de afianzar el pago de una deuda aduanera y fiscal, la garantía la deberá presentar, en su condición de deudor, la persona física o jurídica que efectúa la declaración de aduana en su propio nombre y por cuenta propia.

A petición del declarante, las autoridades aduaneras permitirán que se constituya una garantía global para cubrir varias operaciones que den lugar o puedan dar lugar a una deuda aduanera y fiscal.

Si la garantía se constituye mediante aval o fianza, el avalista o fiador deberá comprometerse expresamente y por escrito a pagar solidariamente con el declarante el importe garantizado de la deuda aduanera y fiscal cuyo pago se haga exigible. El fiador deberá tener la condición de entidad de crédito, entidad de seguros, sociedad de garantía recíproca y estar establecida en el territorio de la Unión Europea.

Normativa aplicable.– Artículo 2 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero

 

4.2. ¿Qué tienen que acreditar ante la Aduana los auto despachantes?

Las personas físicas que formulen una declaración de aduana en su propio nombre y por su cuenta deberán acreditar su identidad cuando así se lo soliciten los funcionarios ante los que se presente la declaración mediante la exhibición del documento nacional de identidad o del pasaporte.

En caso de  presentación de declaraciones por personas jurídicas a través de su representante, la aceptación de la declaración aduanera estará condicionada a la acreditación por aquél de la representación.

Normativa aplicable.– Artículo 2 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

5. ¿Qué es la representación?

La presentación de declaraciones que realicen las personas físicas o jurídicas que se hagan representar ante las autoridades aduaneras, deberá hacerse a través de un representante aduanero.

Dicha representación puede ser directa, es decir, cuando se presenten declaraciones en nombre y por cuenta ajena, ó indirecta, cuando se presenten en nombre propio y por cuenta ajena.

Normativa aplicable.-Artículos 1 y 3 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

5.1. ¿Qué requisitos se exigen para ser representante aduanero?

Pueden ser representantes aduaneros, pudiendo actuar tanto en representación directa como indirecta,  las personas físicas o jurídicas  que reúnan siguientes requisitos:

  • Estar establecidos, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en España o en el territorio de cualquier otro  Estado miembro de aquélla o, en los supuestos que se prevean en la citada legislación, en terceros países.
  • Acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad de representante aduanero.
  • Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Normativa aplicable.– Artículo 4.1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

6. ¿Qué es el despacho a libre práctica?

Las mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas a ser introducidas en el mercado de la Unión o destinadas a utilización o consumo privados dentro de esta última se incluirán en el régimen de despacho a libre práctica.

El despacho a libre práctica implicará

  • a. La percepción de los derechos de importación debidos;
  • b. La percepción, según proceda, de otros gravámenes, con arreglo a las disposiciones pertinentes en vigor relativas a la percepción de dichos gravámenes;
  • c. La aplicación de medidas de política comercial y de prohibiciones y restricciones en la medida en que no se hayan aplicado en una fase anterior; y
  • d. El cumplimiento de las demás formalidades aduaneras previstas para la importación de las mercancías.

El despacho a libre práctica conferirá a las mercancías no pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de mercancías de la Unión.

 

7. ¿Qué se entiende por el origen de una mercancía?

El país de origen de una mercancía se determina bien porque es enteramente obtenida en un país o bien porque ha sido suficientemente transformada o ha recibido una transformación sustancial en dicho país. Por ello se precisan de unas normas de origen que definan esas transformaciones que confieran el origen.

Una mercancía comprada en España será de origen español si ha sido enteramente obtenida o ha sufrido una transformación suficiente en España.

 

7.1. ¿Para qué se acredita el origen de una mercancía?

Desde el punto de vista aduanero es necesario acreditar el origen de una mercancía para la aplicación de medidas de política comercial (contingentes, límites cuantitativos, antidumping, antisubvención etc.) y de medidas de política arancelaria preferencial (beneficios arancelarios en virtud de los acuerdos o regímenes preferenciales de la CE con determinados países, grupo de países o territorios).

Dependiendo del país de origen de la mercancía se podrá aplicar un tipo arancelario normal o tipos arancelarios reducidos o nulos derivados de la concesión de:

  • a) Medidas arancelarias preferenciales contenidas en acuerdos que la Unión Europea haya celebrado con determinados países o grupo de países y que prevean la concesión de un tratamiento arancelario preferencial;
  • b) Medidas arancelarias preferenciales adoptadas unilateralmente por la Unión Europea en favor de determinados países, grupos de países o territorios; por ejemplo el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
  • c) Medidas autónomas de suspensión que prevean la reducción o exención de los derechos de importación aplicables a determinadas mercancías. Se recogen aquí los contingentes arancelarios.

Además según el origen de la mercancía se puede limitar la importación de mercancías o sujetarla a ciertas condiciones o requisitos que deben cumplirse, por ejemplo las medidas que prohíben la importación en la Unión Europea por razones políticas, sanitarias o de orden público o medidas que exigen controles determinados, como certificado sanitario, veterinario, SOIVRE (calidad) etc.

 

7.2 ¿Qué son las normas de origen?

Las normas de origen son el conjunto de reglas establecidas por un país o fijadas de mutuo acuerdo entre dos países (o grupo de países) que llevan a la determinación del país que debe ser considerado como el originario de la mercancía obtenida o elaborada.

Para la determinación del origen, existen  dos tipos de normas diferenciadas:

  • Las normas que regulan intercambios no sujetos a preferencia alguna (ORIGEN NO PREFERENCIAL)
  • Las normas que van a regular los intercambios en el marco de acuerdos preferenciales que lleven aparejadas rebajas arancelarias o tratamientos privilegiados, e incluso hasta derecho cero en numerosos casos, y a las que denominaremos normas de origen de carácter preferencial.

Norma aplicable.– REGLAMENTO (UE) Nº 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2446 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2015 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2447 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión Acuerdos firmados por la Unión europea.

 

8. ¿Qué es el valor en aduanas?

Es importante saber cuál es el valor en aduana de una mercancía para la aplicación del arancel aduanero de las Comunidades Europeas, así como de otras medidas distintas de las arancelarias establecidas por disposiciones comunitarias específicas en el marco de los intercambios de mercancías.

El valor en aduana de las mercancías importadas será su valor de transacción es decir, el precio realmente  pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación  al territorio aduanero de la Unión, ajustado, en su caso.
Con carácter general, el valor en aduana es la base imponible de la deuda aduanera, calculada de conformidad con lo establecido en los  artículos  69 y ss del Código Aduanero de la Unión (CAU)

El cálculo de la base imponible puede hacerse  sobre una magnitud física (el bien o producto), sobre el valor que tenga la mercancía  o,  sobre  una combinación de ambas. Aplicándose sobre ellas unos derechos específicos, ad valorem, o mixtos,  respectivamente.

Normativa aplicable.– Artículos 69 a 76 del Reglamento (UE) nº 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión, Artículos 127 a 146, y Anexos 23-01 y 23-02 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 2447/2015 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013.

 

Toda la información está facilitada en la web de la AEAT.

 

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06 Nov

Posted at 11:42h in Actualidad, BLOG – Derecho penal
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La extradición en España y su defensa penal

Los casos de extradición en España han de ser tratada por un despacho de abogados expertos en derecho penal internacional. Hemos llevado múltiples casos de extradición en España, la gran mayoría de casos, con resoluciones judiciales positivas para nuestros intereses, es decir, acordando denegar la extradición del reclamado.

La extradición Pasiva es un procedimiento de colaboración jurídica internacional que tiene su esencia en tramitar un procedimiento formal para decidir si por parte de España se entrega o no a una persona reclamada para el cumplimiento de una pena o para ser Juzgado en el Estado reclamante.

En definitiva tiene por objeto la puesta de un presunto delincuente, por el Estado requerido (donde se encuentra en el momento de tramitar la solicitud), a disposición de otro Estado (requirente), para su enjuiciamiento y para el cumplimiento de la condena.

A diferencia de la Euroorden, en este procedimiento los requisitos formales que acompañan cada solicitud de extradición en España son más amplios y el procedimiento cuenta con unos tintes menos automáticos que las euro ordenes. la principal diferencia es que la euro orden parte del reconocimiento previo de una serie de condiciones del estado reclamante que limitan el derecho de defensa del extraditurus.

Nuestro trabajo empieza por la asistencia penal del reclamado, en comisaría o ante el juzgado de guardia o ante el juzgado central de instrucción, atendiendo y defendiendo la vista de situación personal para lograr una inmediata puesta en libertad provisional.

Tras ello, dado el carácter formal del procedimiento de  extradición en España, llevamos a cabo el mejor asesoramiento posible del caso, elaborando una línea de defensa, que variará según el estado que reclame, los documentos que aporte a la petición extradicional, si se trata de un ciudadano nacional español o no etc..

Especialmente importante en este tipo de procedimientos es la consideración del derecho internacional, y más concretamente de las resoluciones europeas. Así por ejemplo citamos el auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014, en el cual se valoraban estas vulneraciones de principios y garantías.

 

Auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014

“Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la “persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado” ( STC 32/2003, de 13 de febrero ). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que “el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado” y, además, no bastan alusiones o alegaciones “genéricas” sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre ).

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con peticiones de extradición a Turkmenistán por Rusia estimaron ( S. 7-6-2007, caso Garabayed contra Rusia ) que se había vulnerado el art. 3 del CEDH , por la inexistencia de un marco legislativo que permita la protección a los individuo frente a malos tratos y por haberse infringido el deber de investigación oficial efectiva frente a las denuncias de malos tratos, también la vulneración del art. 5.1 porque el interesado no estuvo informado de las razones de su detención en el procedimiento de extradición en el plazo mas corto para poder recurrirla.

En el mismo sentido la Sentencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos de 19.06.2008 (caso Ryabikin contra Rusia). También la Sentencia de 23.10.2008 (caso Soldatenko contra Ucrania ).

Más recientemente la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 17.06.2010 (Caso Kolesnik contra Rusia ) recuerda como ese tribunal ya declaró que la extradición a Turkmenistán por cargos penales puede suponer una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Los factores relevantes que se habían tenido en cuenta fueron: los informes creíbles y consistentes de varias fuentes confiables de torturas, palizas y el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes por las autoridades policiales de Turkmenistán; pésimas condiciones de detención, la discriminación contra las personas de etnia no turkmena, lo que los hacía especialmente vulnerables a los abusos, el efecto acumulativo de las malas condiciones de detención, en vista de la duración potencial de la condena; negativa sistemática de las autoridades de Turkmenistán para permitir la revisión de los lugares de detención por organizaciones internacionales o no gubernamentales.

También se señala que las garantías diplomáticas dadas por las autoridades de Turkmenistán no son suficientes para garantizar la protección contra el grave riesgo de malos tratos en el caso de la extradición.

El carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos obliga a examinar si en el momento actual se siguen dando los factores que fueron estimados relevantes para temer que la extradición implica un grave riesgo de malos tratos.

Sobre la situación actual de Turkmenistán la documentación que aporta la defensa pone de manifiesto una preocupante situación en materia de derechos humanos, aunque también el esfuerzo legislativo y de medios que el estado de Turkmenistán esta llevando a cabo para incorporar y hacer efectivas las exigencias internacionales en aras a la protección de los derechos fundamentales.

El Informe de Amnistía Internacional de 2013 sigue describiendo una preocupante situación de los derechos humanos en ese país y se insta al Gobierno a dar pasos reales para garantizar la protección frente a la tortura u otros malos tratos, condenado éstas sin preservas, ocupándose del problema de la impunidad en los casos de torturas, y garantizando una investigación inmediata, en profundidad, independiente e imparcial.

También se recoge como se han producido reformas para permitir la existencia de partidos políticos rivales y se ha prometido luchar contra la tortura de forma más efectiva, y el temor a que estas reformas sean solo superficiales, porque la información sigue sometida a un control férreo, la población intimidada y la riqueza pública sometida al mismo expolio que antes. En el mismo sentido se siguen pronunciando los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo (propuesta de resolución común del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2003) recoge como en el año 2003 Turkmenistán hacía caso omiso de las obligaciones derivadas de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y e ignoraba sistemáticamente las recomendaciones del Relator para el país y la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas de 2003. En ese momento era un Estado de partido único donde los derechos civiles y políticos, incluyendo las libertades de expresión, religión, asociación y reunión estaban severamente limitados y las minorías étnicas eran víctimas de discriminación a gran escala Actualmente y desde 2012 se han legalizado los partidos políticos y se han llevado a cabo modificaciones legales para el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo aún no se ha podido constatar que las torturas o las violaciones de derechos fundamentales estén siendo efectivamente perseguidas, que casos denunciados hayan sido objeto de investigación y de persecución de forma eficaz por organismos independientes. Sigue existiendo una falta de un sistema eficaz de prevención y de represión de la tortura.

En 2011-2012 se admitieron las primeras visitas de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja a centros de detención, pero aún está en estudio la posibilidad de cursar invitaciones a los Relatores Especiales de ACNUDH para que visiten Turkmenistán (Informe Nacional presentado por Turkmenistán a la Asamblea general de Naciones Unidas, de 4 de febrero de 2013). El reclamado no forma parte de la etnia del país, y este dato fue estimado por el Tribunal Europeo como relevante para evaluar el riego de malos tratos a los detenidos y presos.

En estas circunstancias parece que no sería posible establecer garantías suficientes para atenuar el riesgo de que el reclamado pueda ser sometido a torturas o tratos inhumanos, caso de accederse a la entrega.

El art. 44 del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción establece 15 ” Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”.

Por todo ello se estima procedente rechazar la petición de extradición formulada por las autoridades de Turkmenistán.”
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02 Nov

Posted at 14:51h in Actualidad, BLOG – Derecho penal
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Juicios rápidos

Los juicios rápidos son aquellos procedimientos en los que se pretende la agilización de la instrucción y enjuiciamiento del delito.

 

¿Qué circunstancias deben darse para que se pueda aplicar este tipo de procedimientos?

1. Debe tratarse de delitos castigados con pena privativa de libertad (pena de prisión) que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas cuya duración no exceda de diez años.

2. Debe existir un atestado policial que apertura las investigaciones en que se sustenta la instrucción. Ello es así porque debe tratarse de procedimientos en los que se hayan practicado la totalidad de las labores indagatorias o diligencias de prueba, pues sino el abogado defensor podrá solicitar que se transforme en diligencias previas interesando la práctica de alguna prueba, por ejemplo, audiencia de testigos, informes médicos, periciales etc…

3. Debe concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes:

  1. Que se trate de delitos flagrantes.
  2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
    • Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
    • Delitos de hurto.
    • Delitos de robo.
    • Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
    • Delitos contra la seguridad del tráfico.
    • Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
    • Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368.2 del Código Penal, de droga que causa daño menos grave a la salud.
    • Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
  3. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Somos abogados expertos en defensa penal, procesal penal, y delitos económicos, en asistencia en procedimientos contra la seguridad del tráfico y vial, alcoholemias, delitos de robo y hurtos, o cualquier delito contra la salud pública. Nuestra asistencia es rápida y eficaz, y nuestros honorarios se ajustan a las necesidades del cliente, acordando precios y planes de pagos. Defiéndete con un abogado penalista en Madrid.

Asistimos y defendemos en todas las fases del proceso penal, Instrucción, procedimiento abreviado, Procedimientos Ordinarios y Sumarios con gran elocuencia en la fase de Juicio oral. Actuaciones contrastadas en los Juzgados de instrucción, Audiencia Provincial y Juzgado Penal, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo.

 

 

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23 Oct

Posted at 12:52h in Actualidad, BLOG - Derecho mercantil
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Cuáles son los tipos de responsabilidad del representante aduanero

Con la entrada en vigor del Código Aduanero (CAU) en 2016, se introdujeron importantes modificaciones para el representante aduanero. Dos tipos de representación aduanera existen, como existían con el antiguo Código:

  • La representación directa, por la que el representante presenta la declaración de aduanas en nombre y por cuenta de su representado, no adquiriendo responsabilidad sobre la deuda aduanera;
  • La representación indirecta, en la que el representante presenta la declaración en nombre propio, pero por cuenta de su representado, actuando como declarante y convirtiéndose en deudor de la deuda aduanera junto con su representado. Esta responsabilidad solidaria por la deuda aduanera se mantiene durante los tres años posteriores al despacho por cualquier actividad de comprobación o inspección que tenga lugar tras el levante.

 

Consideraciones de la AEAT

La consideración por la AEAT del agente de aduanas como codeudor solidario de la deuda aduanera liquidada se produce por mor de la institución de la representación indirecta y, más concretamente, por aplicación del Artículo 201.3 del CAC que dispone que en relación a la deuda aduanera derivada del despacho a libre práctica de una mercancía sujeta a derechos de importación “el deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración.”

Pues bien, la consideración como codeudor del representante indirecto está siendo últimamente aplicada por la Hacienda pública para reclamar al agente la deuda aduanera liquidada con posterioridad consecuencia de análisis efectuados en los que se modifica la clasificación arancelaria. Incluso cuando, como sucede habitualmente, el agente de aduanas desconocía absolutamente la verdadera naturaleza de la citada mercancía, o cuando había una intención fraudulenta por parte del importador.

Art. 201 del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario Artículos 36 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

Las responsabilidades que se pueden derivar priori de las anteriores representaciones son:

  1. Responsabilidad tributaria frente a la AEAT: Mientras la mercancía está en depósito aduanero, el Representante aduanero es el responsable del ingreso de los aranceles e IVA. La AEAT le obliga a constituir una garantía para cubrir esa responsabilidad frente al impago del cliente (obligado tributario).
  2. Responsabilidad civil del Rte. Aduanero frente al cliente por incumplimiento del contrato: Por ejemplo, Pérdida de mercancía en depósito y en transporte
  3. Responsabilidad penal del Rep. Aduanero y sus trabajadores por comisión delictiva. Materia de Compliance penal. Evidentemente si el Rep. Aduanero es una persona jurídica esta actividad no queda fuera de la consideración de riesgo que debe observarse en las políticas de cumplimiento y Compliance penal.

 

 

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20 Oct

Posted at 13:19h in Actualidad, BLOG - Derecho mercantil
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¿Has oído hablar sobre las agrupaciones de interés económico?

Las  Agrupaciones de Interés Económico, cuyo acrónimo es AIE, son un tipo de sociedades mercantiles especiales que se constituyen y crean mediante la unión de varias  empresas o de empresarios. Actualmente están reguladas en la ley de agrupaciones de interés económico 12/1991 de 29 de abril; supletoriamente se regulan por las normas de la sociedad colectiva que le sean compatibles con su específica naturaleza:

Al tener naturaleza de sociedad mercantil cuentan con personalidad jurídica y su carácter es mercantil.

La finalidad de la agrupación de interés económico es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios.
La agrupación de interés económico no tiene ánimo de lucro para sí misma.

El objeto de la agrupación de interés económico se limitara exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios.

La agrupación no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o indirectamente las actividades de sus socios o de terceros.

 

¿Pueden existir las AIE en el ámbito europeo?

Sí. En el ámbito europeo son las denominadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico, cuyo acrónimo es AEIE.

Las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) están reguladas por el Reglamento de la UE CEE/2137/85, que tratan de favorecer el desarrollo de actividades de entidades de la UE a través de la cooperación entre ellas, creando mediante este mecanismo un marco jurídico apropiado para favorecer sus relaciones.

La finalidad de la agrupación será facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, mejorar o incrementar los resultados de esta actividad; no es la de realizar beneficios para sí misma.

Su actividad debe vincularse con la actividad económica de sus miembros y sólo puede tener un carácter auxiliar con respecto a ésta.

 

¿Qué limitaciones tiene la AEIE?

La Agrupaciones Europeas de Interés Económico no pueden:

a) ejercer, directa o indirectamente, el poder de dirección o de control de las actividades propias de sus miembros o de las actividades de otra empresa, en particular en los sectores relativos al personal, las finanzas y las inversiones;

b) poseer, directa o indirectamente, por cualquier título, ninguna participación o acción, en cualquier forma, en una empresa miembro; la posesión de participaciones o de acciones en otra empresa sólo es posible en la medida en que es necesaria para alcanzar el objetivo de la agrupación y si tiene lugar por cuenta de sus miembros;

c) emplear más de quinientos asalariados;

d) ser utilizada por una sociedad para efectuar un préstamo a un directivo de una sociedad, o a cualquier otra persona relacionada con él, cuando tales préstamos están sujetos a restricción o a control según las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades
; una agrupación tampoco debe utilizarse para la transferencia de un bien entre una sociedad y un directivo, o cualquier otra persona relacionada con él, excepto en la medida permitida por las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades. Para los fines de la presente disposición, el préstamo engloba cualquier operación de efecto similar y el bien puede tener un carácter mobiliario o inmobiliario;

e) ser miembro de otra agrupación europea de interés económico.



 


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13 Oct 

						

							Posted at 12:38h
							in Actualidad, BLOG - Derecho mercantil, FAQ – Derecho mercantil                            																							

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Te explicamos qué es el BREXIT


 


El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las relaciones futuras.


Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.


El 11 de abril de 2019 el Consejo Europeo ha adoptado la presente decisión:


    

  • El plazo previsto en el artículo 50 apartado 3 del Tratado UE, prorrogado mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo, vuelve a prorrogarse hasta el 31 de octubre de 2019.
    • 

  • La presente Decisión dejará de aplicarse el 31 de mayo de 2019 si el Reino Unido no ha celebrado elecciones al Parlamento Europeo de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión y no ha ratificado el Acuerdo de Retirada a más tardar el 22 de mayo de 2019.
    • 



En la fecha que se determine finalmente se hará efectiva la salida de Reino Unido, convirtiéndose en un “tercer país”. El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias.


No obstante, si en la fecha de salida no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. Esta situación podría tener un efecto significativo en la organización y/o en flujos logísticos de los operadores económicos, por lo que resulta necesario evaluar dicho impacto y adelantar, en la medida de lo posible, las tramitaciones necesarias.


La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede cambiar el panorama comercial internacional, no sólo en cuanto al tráfico aduanero, representantes de aduana, liquidación de impuestos y gestiones de logística en importaciones y exportaciones, sino en el propio sistema de contratación, pues pueden quedar afectados todos aquellos que hasta entonces bajo el amparo de la Ley de Extranjería contaban con permiso de residencia, trabajo o estudios.


 


Esperamos haber aclarado la dudas acerca de qué es el BREXIT. Cualquier modificación legal supone necesariamente contar con un correcto asesoramiento legal en materia de extranjería (Permisos y residencias de trabajo, visados de estudios, reagrupaciones familiares etc…). Para ello nuestro despacho presta servicios de asesoramiento a empresas, Pymes y particulares.


Visítanos y consulta tu caso en lucasfrancoabogados.com, despacho referente en derecho internacional, expertos en derecho de empresas y negocios.


 


Información suministrada por la AEAT.


 


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