¿Qué es un procedimiento mercantil?

Un procedimiento mercantil es un tipo de procedimiento derivado de la rama civil que se sigue ante los tribunales y Juzgados de lo mercantil para la resolución de conflictos en materia de empresas y sociedades.

 

Los Juzgados de lo mercantil conocerán de cuantas cuestiones se susciten en materia concursal, en los términos previstos en su Ley reguladora y sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 85.6. En todo caso, la jurisdicción del juez del concurso será exclusiva y excluyente en las siguientes materias:

  1. Las acciones civiles con trascendencia patrimonial que se dirijan contra el patrimonio del concursado, con excepción de las que se ejerciten en los procesos sobre capacidad, filiación, matrimonio y menores a las que se refiere el título I del libro IV de la Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil. Con el mismo alcance conocerá de la acción a que se refiere el artículo 17.1 de la Ley 22/2003, de 9 de julio, Concursal.
  2. Las acciones sociales que tengan por objeto la extinción, modificación o suspensión colectivas de los contratos de trabajo en los que sea empleador el concursado, así como la suspensión o extinción de contratos de alta dirección, sin perjuicio de que cuando estas medidas supongan modificar las condiciones establecidas en convenio colectivo aplicable a estos contratos se requerirá el acuerdo de los representantes de los trabajadores. En el enjuiciamiento de estas materias, y sin perjuicio de la aplicación de las normas específicas de la Ley Concursal, deberán tenerse en cuenta los principios inspiradores de la ordenación normativa estatutaria y del proceso laboral.
  3. Toda ejecución frente a los bienes y derechos de contenido patrimonial del concursado, cualquiera que sea el órgano que la hubiera ordenado.
  4. Toda medida cautelar que afecte al patrimonio del concursado, excepto las que se adopten en los procesos civiles que quedan excluidos de su jurisdicción en el número 1.º y sin perjuicio de las medidas cautelares que puedan decretar los árbitros durante un procedimiento arbitral.
  5. Las que en el procedimiento concursal debe adoptar en relación con la asistencia jurídica gratuita.
  6. Las acciones tendentes a exigir responsabilidad civil a los administradores sociales, a los auditores o, en su caso, a los liquidadores, por los perjuicios causados al concursado durante el procedimiento.

 

Los Juzgados de lo Mercantil conocerán, asimismo, de cuantas cuestiones sean de la competencia del orden jurisdiccional civil, respecto de:

 

  1. Las demandas en las que se ejerciten acciones relativas a competencia desleal, propiedad industrial, propiedad intelectual y publicidad, así como todas aquellas cuestiones que dentro de este orden jurisdiccional se promuevan al amparo de la normativa reguladora de las sociedades mercantiles y cooperativas.
  2. Las pretensiones que se promuevan al amparo de la normativa en materia de transportes, nacional o internacional.
  3. Aquellas pretensiones relativas a la aplicación del Derecho marítimo.
  4. Las acciones colectivas previstas en la legislación relativa a condiciones generales de la contratación y a la protección de consumidores y usuarios.
  5. Los recursos contra las resoluciones de la Dirección General de los Registros y del Notariado en materia de recurso contra la calificación del Registrador Mercantil, con arreglo a lo dispuesto en la Ley Hipotecaria para este procedimiento.
  6. De los procedimientos de aplicación de los artículos 81 y 82 del Tratado constitutivo de la Comunidad Europea y su Derecho derivado, así como los procedimientos de aplicación de los artículos que determine la Ley de Defensa de la Competencia.

 

Los Juzgados de lo Mercantil tendrán competencia para el reconocimiento y ejecución de sentencias y demás resoluciones judiciales extranjeras, cuando éstas versen sobre materias de su competencia, a no ser que, con arreglo a lo acordado en los tratados y otras normas internacionales, corresponda su conocimiento a otro Juzgado o Tribunal.

 

 

  1. La actividad social: Uno de las principales diferencias son las limitaciones de actividad. Determinadas actividades (Sociedades Bancarias, Gestoras de Fondos de Pensiones, Seguros, etc.), sólo pueden ejercerse por una Sociedad Anónima.
  1. El capital social: La Sociedad Limitada tiene su capital dividido en participaciones. Suele ser un capital pequeño, como mínimo 3.000 euros, el cual se divide entre el número de accionistas que la componente. Estos accionistas suelen ser un número reducido, y generalmente se constituyen sin aportaciones sociales de bienes muebles.

 

En cambio, en una Sociedad Anónima el capital aportado es mucho mayor, y también hay muchos más accionistas. En muchas ocasiones este tipo de sociedades encontramos accionistas de diversos rangos y categoría según el número de acciones que posean. El capital mínimo (actualmente es de  60.000 euros) está dividido en acciones. Deberá estar desembolsado, al menos, en un veinticinco por ciento; es decir será necesario un capital inicial de 15.000 euros para su constitución. El resto del capital deberá ser ingresado con posterioridad en la cuenta de la sociedad, en el plazo que fijen los estatutos sociales.

 

  1. El número de socios: Tanto la sociedad limitada como la anónima son sociedades capitalistas (lo importante es el capital aportado por cada socio). Sin embargo, los aspectos personales de los socios son más importantes en la limitada, por lo que esta es más adecuada para actividades en las que se tenga previsto la participación de pocos socios, para sociedades familiares o de profesionales, así como para desarrollar negocios con un pequeño desembolso inicial.

 

La sociedad anónima es una sociedad abierta, en la que los socios pueden vender libremente sus acciones (en la sociedad limitada sólo es libre cuando el comprador sea otro socio, el cónyuge o uno de los hijos del vendedor). Precisamente esta libertad en la venta de acciones es lo que determina que solamente las sociedades anónimas puedan cotizar en bolsa.

 

  1. Trámites para la constitución: Si bien los trámites de constitución de ambas sociedades son similares, la constitución de una SL es más flexible.
  2. Funcionamiento: El funcionamiento de las sociedades anónimas es más estricto, exigiendo que las convocatorias de juntas generales se hagan previa convocatoria en anuncios de prensa y en el Boletín Oficial del Registro Mercantil.

 


 

Somos abogados especialistas en derecho de empresas (constitución de sociedades, liquidación de sociedades, fusiones y escisiones de empresas, así como de inversiones patrimoniales). Puede contactarnos en nuestro despacho situado en la Calle Espronceda 39, 3º Dcha. en Madrid. Actuamos a nivel nacional:

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Preguntas frecuentes de aduanas que todos deberían conocer

Dentro de las preguntas frecuentes de aduanas más consultadas en internet destacan las siguientes:

 

1. ¿Qué efectos puede tener el denominado BREXIT frente a la importación y exportación?

La salida de Reino Unido de la Unión Europea supone, entre otras cuestiones, que los flujos de mercancías entre España y Reino Unido dejarán de tener la consideración de operaciones intracomunitarias para pasar a estar sujetos a formalidades aduaneras.

 

2. ¿Qué son los operadores económicos autorizados? ¿qué es la autorización OEA?

El Código Aduanero de la Unión define al operador económico como persona que, en el marco de sus actividades profesionales, efectúa actividades reguladas por la legislación aduanera.

Un Operador Económico Autorizado puede ser definido como un operador económico de confianza, cumplidor, fiable para las operaciones aduaneras y que, según el tipo de autorización OEA que ostente, obtendrá ventajas en toda la Unión Europea en materia de simplificaciones aduaneras y facilidades de seguridad y protección.
A estos operadores económicos se les concede una autorización OEA como prueba de que ostentan el estatus de confianza de la Aduana.

 

2.1. ¿Por qué se ha creado el estatuto de OEA?

Los riesgos de diferente índole a los que se enfrentan los países de la Unión Europea han obligado a que, además de efectuar los controles aduaneros tradicionales, se incremente el papel de las aduanas en materia de seguridad de la cadena logística internacional.

El objetivo de garantizar la seguridad y protección de las fronteras exteriores de la Unión no sólo consiste en luchar contra la amenaza terrorista, sino también colaborar en la lucha contra el crimen organizado y defender a los ciudadanos frente a otros peligros, como por ejemplo, en el ámbito de la protección a los consumidores o el medio ambiente, sin que este incremento de controles aduaneros perjudique al comercio legítimo.

La figura del operador económico autorizado es uno de los mecanismos, seguramente el más importante, a través del cual las aduanas desarrollan este nuevo papel en beneficio del comercio legítimo.

Normativa aplicable.- REGLAMENTO (UE) Nº 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2446 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2015 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2447 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión.

 

3. ¿Quién puede presentar declaraciones?

En general, cualquier persona física o jurídica que reúna los requisitos mencionados al efecto en el Código Aduanero Comunitario, podrá efectuar declaraciones ante cualquier administración de aduanas.

La presentación de declaraciones podrá realizarse, por las personas capacitadas, en su propio nombre y por su propia cuenta o bien valiéndose de un representante aduanero designado al efecto.

Normativa aplicable.- Artículo 1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

4. ¿Quiénes son los autodespachantes?

Las personas físicas capacitadas que formulen declaraciones en nombre propio y por cuenta propia.

Las personas jurídicas, tanto públicas como privadas, que presenten sus declaraciones por sí mismas, utilizando los medios electrónicos admitidos por la Administración aduanera y por quien ostente su representación cuando la presentación de declaraciones se realice en papel.

Si se realiza la presentación a través de su representante voluntario, el apoderamiento, el apoderamiento sólo podrá ser otorgado a consejeros o trabajadores en virtud de un contrato laboral por cuenta ajena indefinido. En este último caso, el trabajador no podrá representar a estos efectos a otras compañías diferentes de aquélla que le ha otorgado el poder. Quedando limitada su actuación a la actuación por cuenta de la entidad que le apodera. La aceptación de la declaración aduanera por la Aduana estará condicionada a la acreditación que corresponda.

Normativa aplicable.Artículo 1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

4.1. ¿En el auto despacho quién debe presentar las garantías de afianzamiento de la deuda aduanera y fiscal?

Cuando, por razón de la normativa de aplicación, sea exigible la constitución de una garantía con el objeto de afianzar el pago de una deuda aduanera y fiscal, la garantía la deberá presentar, en su condición de deudor, la persona física o jurídica que efectúa la declaración de aduana en su propio nombre y por cuenta propia.

A petición del declarante, las autoridades aduaneras permitirán que se constituya una garantía global para cubrir varias operaciones que den lugar o puedan dar lugar a una deuda aduanera y fiscal.

Si la garantía se constituye mediante aval o fianza, el avalista o fiador deberá comprometerse expresamente y por escrito a pagar solidariamente con el declarante el importe garantizado de la deuda aduanera y fiscal cuyo pago se haga exigible. El fiador deberá tener la condición de entidad de crédito, entidad de seguros, sociedad de garantía recíproca y estar establecida en el territorio de la Unión Europea.

Normativa aplicable.Artículo 2 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero

 

4.2. ¿Qué tienen que acreditar ante la Aduana los auto despachantes?

Las personas físicas que formulen una declaración de aduana en su propio nombre y por su cuenta deberán acreditar su identidad cuando así se lo soliciten los funcionarios ante los que se presente la declaración mediante la exhibición del documento nacional de identidad o del pasaporte.

En caso de  presentación de declaraciones por personas jurídicas a través de su representante, la aceptación de la declaración aduanera estará condicionada a la acreditación por aquél de la representación.

Normativa aplicable.Artículo 2 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

5. ¿Qué es la representación?

La presentación de declaraciones que realicen las personas físicas o jurídicas que se hagan representar ante las autoridades aduaneras, deberá hacerse a través de un representante aduanero.

Dicha representación puede ser directa, es decir, cuando se presenten declaraciones en nombre y por cuenta ajena, ó indirecta, cuando se presenten en nombre propio y por cuenta ajena.

Normativa aplicable.-Artículos 1 y 3 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

5.1. ¿Qué requisitos se exigen para ser representante aduanero?

Pueden ser representantes aduaneros, pudiendo actuar tanto en representación directa como indirecta,  las personas físicas o jurídicas  que reúnan siguientes requisitos:

  • Estar establecidos, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en España o en el territorio de cualquier otro  Estado miembro de aquélla o, en los supuestos que se prevean en la citada legislación, en terceros países.
  • Acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad de representante aduanero.
  • Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Normativa aplicable.Artículo 4.1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

6. ¿Qué es el despacho a libre práctica?

Las mercancías no pertenecientes a la Unión destinadas a ser introducidas en el mercado de la Unión o destinadas a utilización o consumo privados dentro de esta última se incluirán en el régimen de despacho a libre práctica.

El despacho a libre práctica implicará

  • a. La percepción de los derechos de importación debidos;
  • b. La percepción, según proceda, de otros gravámenes, con arreglo a las disposiciones pertinentes en vigor relativas a la percepción de dichos gravámenes;
  • c. La aplicación de medidas de política comercial y de prohibiciones y restricciones en la medida en que no se hayan aplicado en una fase anterior; y
  • d. El cumplimiento de las demás formalidades aduaneras previstas para la importación de las mercancías.

El despacho a libre práctica conferirá a las mercancías no pertenecientes a la Unión el estatuto aduanero de mercancías de la Unión.

 

7. ¿Qué se entiende por el origen de una mercancía?

El país de origen de una mercancía se determina bien porque es enteramente obtenida en un país o bien porque ha sido suficientemente transformada o ha recibido una transformación sustancial en dicho país. Por ello se precisan de unas normas de origen que definan esas transformaciones que confieran el origen.

Una mercancía comprada en España será de origen español si ha sido enteramente obtenida o ha sufrido una transformación suficiente en España.

 

7.1. ¿Para qué se acredita el origen de una mercancía?

Desde el punto de vista aduanero es necesario acreditar el origen de una mercancía para la aplicación de medidas de política comercial (contingentes, límites cuantitativos, antidumping, antisubvención etc.) y de medidas de política arancelaria preferencial (beneficios arancelarios en virtud de los acuerdos o regímenes preferenciales de la CE con determinados países, grupo de países o territorios).

Dependiendo del país de origen de la mercancía se podrá aplicar un tipo arancelario normal o tipos arancelarios reducidos o nulos derivados de la concesión de:

  • a) Medidas arancelarias preferenciales contenidas en acuerdos que la Unión Europea haya celebrado con determinados países o grupo de países y que prevean la concesión de un tratamiento arancelario preferencial;
  • b) Medidas arancelarias preferenciales adoptadas unilateralmente por la Unión Europea en favor de determinados países, grupos de países o territorios; por ejemplo el Sistema de Preferencias Generalizadas (SPG).
  • c) Medidas autónomas de suspensión que prevean la reducción o exención de los derechos de importación aplicables a determinadas mercancías. Se recogen aquí los contingentes arancelarios.

Además según el origen de la mercancía se puede limitar la importación de mercancías o sujetarla a ciertas condiciones o requisitos que deben cumplirse, por ejemplo las medidas que prohíben la importación en la Unión Europea por razones políticas, sanitarias o de orden público o medidas que exigen controles determinados, como certificado sanitario, veterinario, SOIVRE (calidad) etc.

 

7.2 ¿Qué son las normas de origen?

Las normas de origen son el conjunto de reglas establecidas por un país o fijadas de mutuo acuerdo entre dos países (o grupo de países) que llevan a la determinación del país que debe ser considerado como el originario de la mercancía obtenida o elaborada.

Para la determinación del origen, existen  dos tipos de normas diferenciadas:

  • Las normas que regulan intercambios no sujetos a preferencia alguna (ORIGEN NO PREFERENCIAL)
  • Las normas que van a regular los intercambios en el marco de acuerdos preferenciales que lleven aparejadas rebajas arancelarias o tratamientos privilegiados, e incluso hasta derecho cero en numerosos casos, y a las que denominaremos normas de origen de carácter preferencial.

Norma aplicable.REGLAMENTO (UE) Nº 952/2013 DEL PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO de 9 de octubre de 2013 por el que se establece el código aduanero de la Unión REGLAMENTO DELEGADO (UE) 2015/2446 DE LA COMISIÓN de 28 de julio de 2015 por el que se completa el Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo con normas de desarrollo relativas a determinadas disposiciones del Código Aduanero de la Unión REGLAMENTO DE EJECUCIÓN (UE) 2015/2447 DE LA COMISIÓN de 24 de noviembre de 2015 por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo por el que se establece el código aduanero de la Unión Acuerdos firmados por la Unión europea.

 

8. ¿Qué es el valor en aduanas?

Es importante saber cuál es el valor en aduana de una mercancía para la aplicación del arancel aduanero de las Comunidades Europeas, así como de otras medidas distintas de las arancelarias establecidas por disposiciones comunitarias específicas en el marco de los intercambios de mercancías.

El valor en aduana de las mercancías importadas será su valor de transacción es decir, el precio realmente  pagado o por pagar por las mercancías cuando éstas se vendan para su exportación  al territorio aduanero de la Unión, ajustado, en su caso.
Con carácter general, el valor en aduana es la base imponible de la deuda aduanera, calculada de conformidad con lo establecido en los  artículos  69 y ss del Código Aduanero de la Unión (CAU)

El cálculo de la base imponible puede hacerse  sobre una magnitud física (el bien o producto), sobre el valor que tenga la mercancía  o,  sobre  una combinación de ambas. Aplicándose sobre ellas unos derechos específicos, ad valorem, o mixtos,  respectivamente.

Normativa aplicable.Artículos 69 a 76 del Reglamento (UE) nº 952/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 9 de octubre de 2013, por el que se establece el Código aduanero de la Unión, Artículos 127 a 146, y Anexos 23-01 y 23-02 del Reglamento de Ejecución (UE) nº 2447/2015 de la Comisión, de 24 de noviembre de 2015, por el que se establecen normas de desarrollo de determinadas disposiciones del Reglamento (UE) nº 952/2013.

 

Toda la información está facilitada en la web de la AEAT.

 

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Te explicamos qué es el BREXIT

 

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El 11 de abril de 2019 el Consejo Europeo ha adoptado la presente decisión:

  • El plazo previsto en el artículo 50 apartado 3 del Tratado UE, prorrogado mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo, vuelve a prorrogarse hasta el 31 de octubre de 2019.
  • La presente Decisión dejará de aplicarse el 31 de mayo de 2019 si el Reino Unido no ha celebrado elecciones al Parlamento Europeo de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión y no ha ratificado el Acuerdo de Retirada a más tardar el 22 de mayo de 2019.

En la fecha que se determine finalmente se hará efectiva la salida de Reino Unido, convirtiéndose en un “tercer país”. El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias.

No obstante, si en la fecha de salida no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. Esta situación podría tener un efecto significativo en la organización y/o en flujos logísticos de los operadores económicos, por lo que resulta necesario evaluar dicho impacto y adelantar, en la medida de lo posible, las tramitaciones necesarias.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede cambiar el panorama comercial internacional, no sólo en cuanto al tráfico aduanero, representantes de aduana, liquidación de impuestos y gestiones de logística en importaciones y exportaciones, sino en el propio sistema de contratación, pues pueden quedar afectados todos aquellos que hasta entonces bajo el amparo de la Ley de Extranjería contaban con permiso de residencia, trabajo o estudios.

 

Esperamos haber aclarado la dudas acerca de qué es el BREXIT. Cualquier modificación legal supone necesariamente contar con un correcto asesoramiento legal en materia de extranjería (Permisos y residencias de trabajo, visados de estudios, reagrupaciones familiares etc…). Para ello nuestro despacho presta servicios de asesoramiento a empresas, Pymes y particulares.

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