Derecho penal

El derecho penal es la rama del derecho expresión del poder punitivo y correctivo del Estado por medio del que se asocian a ciertas conductas, llamadas delitos, unas penas y medidas de seguridad como consecuencias jurídicas. La pena principal prevista en varios de los tipos penales es la pena privativa de libertad (ingreso en prisión), si bien no es la única tal y como vamos a ver.

Los Juzgados de Instrucción conocerán, en el orden penal:

1. De la instrucción de las causas por delito cuyo enjuiciamiento corresponda a las Audiencias Provinciales y a los Juzgados de lo Penal, excepto de aquellas causas que sean competencia de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
2. Les corresponde asimismo dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la Ley y en los procesos por aceptación de decreto.
3. Del conocimiento y fallo de los juicios de faltas, salvo los que sean competencia de los Jueces de Paz, o de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer.
4. De los procedimientos de »habeas corpus».
5. De los recursos que establezca la ley contra las resoluciones dictadas por los Juzgados de Paz del partido y de las cuestiones de competencia entre éstos.
6. De la adopción de la orden de protección a las víctimas de violencia sobre la mujer cuando esté desarrollando funciones de guardia, siempre que no pueda ser adoptada por el Juzgado de Violencia sobre la Mujer.
7. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
8. De los procedimientos de decomiso autónomo por los delitos para cuyo conocimiento sean competentes.

Asimismo, los juzgados de instrucción conocerán de la autorización del internamiento de extranjeros en los centros de internamiento, así como del control de la estancia de éstos en los mismos y en las salas de inadmisión de fronteras. También conocerán de las peticiones y quejas que planteen los internos en cuanto afecten a sus derechos fundamentales.

Los procedimientos de revisión de medidas por modificación de circunstancias podrán ser tramitados por el juez o jueza inicialmente competente

¿cómo puede definirse una acción delictiva?

Los delitos deben ser entendidos conforme previene el artículo 10 del código penal como “las acciones y omisiones dolosas o imprudentes penadas por la ley”. Con esta definición ya se esboza el sometimiento al principio de legalidad, ya que la expresión “penadas por la ley” se remite inexorablemente a la previsión punitiva o sancionadora del marco legal. En este sentido los artículos 1 y 2 del mismo cuerpo legal, con carácter preferente, establecen las previsiones que “no será castigada ninguna acción ni omisión que no esté prevista como delito por ley anterior a su perpetración”, y que “no será castigado ningún delito con pena que no se halle prevista por la ley anterior a su perpetración”.

¿Cómo quedan configurados las acciones típicas penadas por la ley?

En todo delito se puede distinguir los siguientes elementos conformadores de este:
Los elementos objetivos, elementos subjetivos, sujeto activo, sujeto pasivo, objeto material y jurídico; a saber:

a) En el hecho típico se constata una parte objetiva y otra subjetiva.

a.1) La objetiva viene constituida por el aspecto externo de la conducta. En ella se incluye la exteriorización del proceso humano por el agente contra realidades jurídicamente valoradas (por ejemplo: (i) en los delitos de lesiones art. 147 y siguientes del CP, es el propio acometimiento, maltrato, golpe… que un sujeto le propicia otro; (ii) en los delitos de estafa la conducta genérica del tipo penal recogida en el artículo 248.1 del CP consiste en la utilización, con ánimo de lucro, de engaño bastante para producir error en otro, induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

a.2) La parte subjetiva viene constituida por la exteriorización de un proceso movido por las potencias psíquicas y la libertad del agente. En las facultades psíquicas se incluyen el dolo y en algunos tipos penales la imprudencia, por ejemplo, en el caso de lesiones imprudentes causados con motivo de una conducción temeraria. Igualmente quedan aquí incardinados otros elementos subjetivos que en algunas figuras penales exigen como son por ejemplo, el ánimo de lucro, por ejemplo, en el delito de hurto, art. 237 del CP.

b) Sujetos del delito son el sujeto activo y el pasivo.

b.1) Entre los activos o agentes son aquellos que realizan directa o “indirectamente” los hechos de la acción para la producción del resultado esperado o querido. Serán los denominados autores, y partícipes (inductores, cooperadores necesarios o cómplices): la denominación de sujeto activo, «agente» o «interviniente» no prejuzga cuál es la concreta contribución ni la forma de responder.

b.2) El sujeto pasivo es aquel contra quien se dirige la acción del tipo. No siempre coincide el sujeto pasivo con la víctima que padece las consecuencias del delito. Si el sujeto pasivo es el titular del bien que el delito ataca, coinciden sujeto pasivo y víctima; en otro caso, no; sí coinciden en el homicidio, pero no en el tráfico de estupefacientes, por ejemplo, pues aquí el sujeto pasivo es la comunidad. Tampoco coinciden sujeto pasivo y perjudicado, que indica quiénes son los afectados por el delito y sus consecuencias (los familiares de la víctima del homicidio, por ejemplo).

c) Objeto del delito es la realidad sobre la que recae la acción típica.

Considerada en su realidad física, hablamos de objeto material del delito; pero considerada en su valoración jurídica, de objeto jurídico o bien jurídico. Así, como objeto material será el bien sobre el que recae la acción, por ejemplo, en el delito de hurto el objeto material viene constituido por la concreta cantidad de dinero o bien sustraído; y el objeto jurídico, o bien jurídico protegido, es el bien o valor de la vida de las personas que es protegido por la ley. Se trata de algo, ya sea tangible o intangible, considerado valioso a un nivel que merece una garantía legal de no ser quebrantado por la acción de un tercero. Por ejemplo, en los delitos patrimoniales el bien jurídico protegido es el patrimonio.

Los delitos se pueden clasificar de la siguiente manera y forma:

• A. En función de la modalidad de acción.
• B. En función de la relación entre parte objetiva y subjetiva.
• C. En función de los sujetos.
• D. En función de la relación entre acción y bien jurídico.

A. En función de la modalidad de acción:

Se distinguen los delitos cometidos por acción directa del sujeto o por una omisión, que, por su especial gravedad, toma una especifica sanción penal.

i) Delitos comisivos y delitos omisivos.

i.i) Son delitos comisivos (por acción) aquellos delitos a los que subyace una norma prohibitiva. Por ejemplo, (i) en el delito de robo, artículo 242 del CP, se prohíbe apoderarse con violencia o intimidación de bienes muebles ajenos; (ii) en el delito de abusos sexuales, en una de sus modalidades, prevista en el art. 183 del CP se sanciona y prohíbe la realización de actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años.

i.ii) Son delitos omisivos (comisión por omisión) aquellos delitos en los que subyace una norma preceptiva. En estos casos se establece una obligación de actuar, por ejemplo, en el delito previsto en el artículo 195 del código penal se sanciona la omisión del deber de socorro, estableciéndose una obligación de actuar y ayudar frente a quien se encuentre ante un peligro manifiesto y grave.

“La omisión puede ser definida como la vertiente negativa del comportamiento, es decir, como un no hacer jurídicamente desaprobado. La inacción, cuando estaba obligado a actuar en defensa de un bien jurídico, equivale a la realización de un acto positivo, pues una hipotética acción esperada por la norma no hubiera sido causa para la no producción del resultado. No se puede olvidar que la comisión por omisión se imputa un resultado lesivo a una persona por no haber impedido una conducta cuando habría ese deber. Esta equivalencia que tiene carácter esencial para la configuración de un delito impropio de omisión se debe apreciar cuando la omisión se corresponde valorativamente con el hecho positivo y posee un sentido social equivalente a la comisión activa del tipo” (STS 305/2017, de 27 abril).

Pero también cabe la omisión impropia en un delito de mera conducta que lesiona un bien jurídico si el tipo legal equipara expresamente la modalidad o misiva a la activa, como sucede, por ejemplo, en el allanamiento de morada, donde la ley equipara el allanamiento legal omisivos, no abandonarla morada ajena al ser requerido, al allanamiento activo de la entrada indebida en la moral ajena.

ii) Delitos de mera actividad y delitos de resultado.

ii.i) Son delitos de resultado aquellos tipos cuyo descripción penal consiste en la realización de una actividad que produce un resultado, es decir, que Requieren que la acción vaya seguida de la causación de un resultado, separable espacio-temporalmente de la conducta. La producción de ese resultado constituye la consumación formal del tipo y debe existir una relación de causalidad a imputación objetiva del resultado a la acción del sujeto. Por ejemplo, (i) en el delito de los delitos de lesiones previstos en el art. 147 del CP son delitos de resultado exigiendo para su existencia y consumación un menoscabo físico o psíquico de una persona; (ii) El delito de hurto regulado en los art. 234 a 236 del CP es un delito de resultado, no se consuma con coger la cosa, sino con tener disponibilidad de ella.

ii.ii) Los delitos de mera actividad son aquellos en los que la simple acción consuma el delito. Por ejemplo, los delitos contra la seguridad vial como por ejemplo el previsto en el artículo 379 del código penal relativo al exceso de velocidad, superar la velocidad permitida en 60 km/h en vía urbana y 80 km/h en interurbana; o el reciente delito de negarse a someterse a las pruebas de alcohol y drogas previsto y penado en el artículo 383 del mismo cuerpo legal.

iii) Delitos de medios determinados y delitos resultativos.

iii.i) Son de medios determinados aquellos tipos que describen las modalidades de la acción, de forma que cierran la posibilidad de realizarlos por otras vías.

iii.ii) Son resultativos, los tipos que describen la producción de un resultado, sin especificar cómo y por qué medios. A veces, el legislador combina ambas modalidades, como sucede en materia de lesiones (arts. 147 ss): el tipo básico viene definido por la mera producción de un resultado de lesiones, cualquiera que sea el medio (art. 147); pero también se prevé el tipo de lesiones causadas con un medio especialmente peligroso (art. 148.1.º), que sería de medios determinados.

iv) Tipo básico y tipo cualificado (agravado o privilegiado)

Legislador establece en su regulación penal una distinción de aquellos delitos básicos, es decir de conductas mínimas, que llevan una determinada sanción frente a aquellos que partiendo de esa conducta mínima llevan aparejada una sanción mayor porque se producen con por ejemplo, acometimiento con armas e instrumentos peligrosos, realización de la conducta formando parte una organización o grupo criminal, o en relación al importe o valor del bien afectado.

Ejemplo de lo anterior pueden ser entre otros los siguientes delitos:

El delito de abuso sexual regulado en el artículo 183 del código penal establece en su apartado primero un tipo básico (“1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años”), mientras que en su apartado segundo establece por los medios y forma con los que se comete una previsión cualificada o agravada (“2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo”).

El delito de robo regulado en el artículo 237 del código penal establece que “Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren”. La pena de este delito básico está sancionada en el artículo 240 con la pena de prisión de uno a tres años; sin embargo, la previsión agravada se establece en el artículo 240.2 al remitirse al artículo 235 del código penal (1).

(1) De tal forma que se impone una sanción mayor cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

Artículo 235.
“1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:
1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.
2. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo”.

v) Tipos de un acto, de pluralidad de actos y alternativos.

Son delitos de un acto aquellos que se basan en la descripción de un solo hecho; los de pluralidad de actos exigen la producción de varios. Así, ejemplo de un tipo alternativo es el previsto en el art. 202.1 (el delito de allanamiento se comete entrando en morada ajena contra la voluntad del morador, o bien manteniéndose en ella una vez que el morador muestre su voluntad en contra: se realiza el tipo por cualquiera de las dos modalidades). Delito de un acto es el tipo de injurias (arts. 208 ss).

B. En función de la relación entre parte objetiva y subjetiva

i) Tipos congruentes y tipos incongruentes.

Puesto que el hecho, y el hecho típico, descrito en la ley, contienen una parte objetiva y otra subjetiva, deben coincidir ambas; esto es, lo subjetivo se refiere a (criterio de referencia) y debe coincidir (criterio de simultaneidad) con lo objetivo.

Hablamos de un tipo congruente cuando ambas partes coinciden. De lo contrario, estamos ante un tipo incongruente.

Puesto que la acción típica es objetiva y subjetiva a la vez, la incongruencia que se dé ha de influir sobre la responsabilidad penal. En efecto, la producción de un resultado no
abarcado por el dolo del agente permite afirmar que hay incongruencia entre lo representado y lo sucedido, que impide apreciar el tipo completo e imputar responsabilidad. Puesto que esto llevaría a impunidades intolerables en sociedad, se
prevén a veces, no en todo caso, tipos que vienen a impedirlas. Entra en su lugar un
tipo subsidiario, como es el de los delitos imprudentes.

Por ejemplo, el delito de homicidio es un tipo congruente: la parte subjetiva del tipo está constituida por el dolo, que se extiende a todos y solo a los elementos objetivos, que efectivamente deben realizarse para la consumación del delito.

Pero también se da un tipo incongruente en el caso en el que el agente se representa más de lo que realmente su conducta despliega: así, quien lanza con conciencia del peligro y pretendida buena puntería una piedra contra otra persona, pero yerra (no coinciden tampoco aquí el aspecto objetivo y subjetivo). Se trata de una estructura inversa respecto a la anterior: aquí la representación queda por encima de lo realizado; allí, por debajo. Los tipos intentados son incongruentes por exceso de la parte subjetiva respecto de la objetiva. Los delitos imprudentes son también tipos incongruentes, pero a la inversa, por exceso de la parte objetiva respecto de la subjetiva.

ii) Tipos portadores de elementos subjetivos y tipos objetivados.

Algunos delitos exigen únicamente la realización de la conducta (parte objetiva y subjetiva), en cuyo caso hablamos de delitos objetivados. Otros exigen, además de lo subjetivo común a todo delito –es decir, además del dolo–, la concurrencia de otros datos o circunstancias subjetivas (ánimo de lucro, ánimo de perjudicar a otros…), en cuyo caso hablamos de delitos portadores de elementos subjetivos.

Estos últimos pueden exigir los elementos subjetivos, bien como elementos que trascienden a la acción del delito (tipos trascendentes), o bien como parte de la acción misma (tipos de tendencia interna intensificada). Los tipos trascendentes incluyen un elemento subjetivo adicional al dolo, que debe ser pretendido (es decir, que queda más allá del hecho) por el agente, pero no es necesario que efectivamente se logre dicho objetivo (el hurto, del art. 237, exige tomar las cosas ajenas con ánimo de lucro, aunque el agente no se llegue efectivamente a lucrarse). En los tipos de tendencia interna intensificada se incluye un elemento subjetivo adicional al dolo que se da en la acción misma, al añadirle el agente un específico ánimo o elemento subjetivo que lleva ya el sentido típico, sin que sea precisa una acción de futuro (la insolvencia del art. 257.1, que se basa en alzarse con los bienes del deudor en perjuicio de los acreedores, sin que se precise además efectivo perjuicio).

C. En función de los sujetos

i) Delitos comunes y delitos especiales.

i.i) Son delitos comunes aquellos que no exigen una cualificación por parte del sujeto activo para ser autor, sino que cualquier sujeto puede cometerlo. Son ejemplos de lo anterior, entre otros:

• • Delito de homicidio (art. 138 CP)
  • Delito de hurto (art. 237 CP)
  • Delito de robo (art. 237 CP)
  • Delito de lesiones (art. 147 CP)
  • Delito contra la indemnidad y libertad sexual del art 178 del CP.

i.ii) Son especiales aquellos delitos que exigen en el sujeto activo una específica cualificación para ser autor. Así, en el delito de defraudación tributaria (art. 305 CP), sólo podrá responder como autor quien sea obligado tributario; pero el asesor fiscal del obligado podría responder, no como autor, pero sí como partícipe (por ejemplo, como cooperador necesario en ese mismo delito).

ii) Delitos de propia mano y delitos genéricos.

ii.i) Son delitos de propia mano aquellos que exigen realización personal y corporal de la acción típica (en éstos, coincide ejecución y autoría); así, por ejemplo, el delito de violación, art. 179 CP (“Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación con la pena de prisión de seis a 12 años”). En estos casos no existe posibilidad de autoría mediata.

ii.ii) Son genéricos, en cambio, aquellos en los que la acción típica no se identifica necesariamente con la ejecución.

iii) Delitos de encuentro.

Bajo tal denominación se denominan aquellos en los que la acción típica exige la presencia y contribución del sujeto pasivo. Éste realiza una conducta de participación necesaria en el delito del agente. Así, por ejemplo, el delito de tráfico de estupefacientes (arts. 368) exige, en alguna modalidad típica, la contribución de un sujeto, quien adquiere la droga objeto de tráfico. El delito de violación (art. 179) exige contar con el sujeto pasivo, si bien violentado o coaccionado.

D. En función de la relación entre acción y bien jurídico:

i) Delitos instantáneos, permanentes y de estado.

Brevemente diremos que el delito permanente es aquel que, por voluntad del agente, mantiene una situación antijurídica que perpetúa la realización del tipo; así, por ejemplo, las detenciones ilegales (art. 163 CP), el delito contra el medio ambiente (art. 325 CP), el de obstrucción de los derechos sociales de los socios (art. 293 CP)

Por su parte el delito de estado, en cambio, aunque produce una situación antijurídica, ésta no es perpetuada mediante la voluntad del agente, sino que se consuma al producirse; así, en el delito de matrimonios ilegales (arts. 217 ss); o el de falsedad documental (arts. 390 ss CP).

ii) Delitos de peligro y delitos de lesión.

Son de lesión aquellos delitos que exigen un menoscabo efectivo en la integridad de un bien jurídico; mientras que los de peligro exigen sólo la puesta en peligro de dicho bien. Ejemplo de delitos de peligro son, entre otros, el artículo 379 del código penal relativo a la conducción bajo la influencia de sustancias psicotrópicas, como por ejemplo conducir con una tasa de alcohol en aire espirado superior a 0,60 mg/litro; o aquellos relativas a la conducción temeraria del artículo 380 del código penal;

Las penas según el artículo 33 del actual Código Penal, se clasifican atendiendo a su duración en penas graves, menos graves y leves.

El Código Penal fue modificado el pasado 1 de julio de 2015, y con ella quedan configurados las penas y sus tipos de la siguiente manera:

I. Penas graves

1. La prisión permanente revisable.
2. La prisión superior a cinco años.
3. La inhabilitación absoluta.
4. Las inhabilitaciones especiales por tiempo superior a cinco años.
5. La suspensión de empleo o cargo público por tiempo superior a cinco años.
6. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores por tiempo superior a ocho años.
7. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas por tiempo superior a ocho años.
8. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo superior a cinco años.
9. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.
10. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo superior a cinco años.
11. La privación de la patria potestad.

II. Penas menos graves

1. La prisión de tres meses hasta cinco años.

2. Las inhabilitaciones especiales hasta cinco años.

3. La suspensión de empleo o cargo público hasta cinco años.

4. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de un año y un día a ocho años.

5. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a ocho años.

6. Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de un año y un día a cinco años.

7. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo de seis meses a cinco años.

8. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

9. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de seis meses a cinco años.

10. La multa de más de tres meses.

11. La multa proporcional.

12. Los trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y un días a un año.

III. Penas leves

1. La privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores de tres meses a un año.
2. La privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres meses a un año.
3. Inhabilitación especial para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales de tres meses a un año.
4. La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos, por tiempo inferior a seis meses.
5. La prohibición de aproximarse a la víctima o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
6. La prohibición de comunicarse con la víctima o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el juez o Tribunal, por tiempo de un mes a menos de seis meses.
7. La multa de hasta tres meses.
8. La localización permanente de un día a tres meses.
9. Los trabajos en beneficio de la comunidad de uno a treinta días.[1]

Nuestro despacho de abogados, con actuación a nivel nacional, cuenta con abogados expertos y especializados en delitos económicos y derecho penal en general, lo que nos sitúa como uno de los mejores despachos en defensa penal y en la asistencia letrada al detenido.

En Lucas Franco Abogados contamos con una amplia experiencia y formación profesional en derecho procesal penal, ofreciendo la mejor línea de defensa para todo tipo de procedimientos a través de un riguroso estudio procesal de cada caso y un trato personalizado a nuestro cliente que nos permite proteger los intereses de nuestros clientes con las mayores garantías y posibilidades de éxito.

[1]* Se presentan en negrita las penas que han variado o que suponen una novedad conforme a la previsión normativa del código penal anterior vigente hasta el año 2015.

La prisión preventiva es una medida cautelar, de naturaleza excepcional, que puede plantearse y ser adoptada desde un momento embrionario de la instrucción. Ya en esta fase inicial de instrucción ante el Juzgado de guardia o ante el Juzgado de instrucción se puede celebrar una comparecencia personal prevista en el art. 505 de la Lecrim, denominada informalmente como “vistilla”, con presencia del Fiscal, por medio de la cual se efectúa una ponderación de los elementos indiciarios de los hechos, los elementos objetivos que existan en las actuaciones (parte de lesiones, existencia de armas, peligrosidad manifiesta emitida en informe policial, antecedentes penales etc…), en conjunto con las circunstancias personales del investigado (es decir, si cuenta con trabajo, si tiene familia, si padece alguna enfermedad o es adicto al consumo de alguna sustancia estupefaciente, si participa en algún programa de desintoxicación, deshabituación, de promoción social, sus medios económicos, cargas familiares etc…) que va a permitir emitir, mediante auto judicial, una resolución en la que se disponga la procedencia de una prisión preventiva (comunicada o incomunicada), o en su caso, eludible bajo fianza, así como incluso la denegación de la misma adoptándose un auto de  libertad provisional.

¿Cuándo procede la prisión provisional? ¿Qué requisitos exige la prisión preventiva?

La libertad no es sólo un valor superior del Ordenamiento jurídico, también es un derecho fundamental consagrado en nuestra Constitución. Atendiendo a su papel nuclear y a su directa vinculación con la dignidad de la persona, el derecho a la libertad (artículo 17 de la Constitución Española) corresponde por igual a españoles y extranjeros, siendo la libertad la regla general y no la excepción. Es por lo que la prisión provisional es una medida cautelar sometida al principio de legalidad, subsidiaria, provisional y proporcionada para lograr los fines constitucionalmente legítimos.

La prisión provisional es también una medida excepcional (art 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos), reiteradamente reconocida por nuestro Tribunal Constitucional (SSTC 32/87, 19/99, 14/2000, 71/2000 y 72/2000) pues la libertad es la regla general, sin que con la prisión provisional pueda seguirse fines punitivos ni de anticipación de la pena, rigiendo pues el principio «favor libertatis» (STC 147/2000) o «in dubio pro libertatis» (STC 117/87 y 147/2000).

La legitimidad constitucional de la prisión provisional exige, además de su legalidad, que su aplicación tenga como presupuesto la existencia de indicios racionales de la comisión de un hecho delictivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida y, como objeto, la ponderación de circunstancias concretas que, de acuerdo con el presupuesto legal de la finalidad constitucionalmente legítima, permiten la adopción de la medida.

Al ser una medida cautelar, deben respetarse una serie de principios que son característicos de este tipo de medidas: son los principios de proporcionalidad, instrumentalidad, provisionalidad, jurisdiccionalidad y variabilidad.

Cuando la prisión provisional se considere excesivamente gravosa para el imputado, entonces podrá acordarse la libertad provisional; según la Ley, la prisión provisional debe ser una medida excepcional. Suele ser improbable que a los detenidos extranjeros se les conceda la libertad provisional, porque el riesgo de fuga es mayor.

La libertad provisional conlleva diversas obligaciones. El Juez es el encargado de fijarlas atendiendo a las circunstancias del caso y específicas para la persona que va a quedar en libertad provisional:

• En primer lugar y la más conocida, es la prestación de una fianza. La fianza en la mayor parte de los casos, consiste en poner a disposición del Juzgado que tramita la causa una cuantía determinada de dinero. La fianza sirve como señal para garantizar la presencia del imputado ante el Juez y también para asegurar la eventual responsabilidad civil a la que pudiera ser condenado por los daños derivados de la comisión de un delito. Para fijar la cuantía de la fianza (la mayoría de ocasiones se trata de fianzas pecuniarias), el Juez examinará diferentes variables como la naturaleza del delito, los antecedentes del imputado y su situación económica. Si el imputado no presta la fianza exigida, entonces el Juez ordenará su ingreso en prisión.

• En segundo lugar, la persona que esté en libertad provisional tendrá obligación de comparecer periódicamente, en principio ante la Secretaría del Juzgado que le investiga, aunque a veces se permite en el Juzgado del lugar donde el imputado tiene su domicilio. La frecuencia de las comparecencias la decide el Juez atendiendo a las circunstancias del caso y en especial, a la posibilidad de riesgo de fuga.

• En tercer lugar, cuando el delito se cometió con un vehículo a motor, es posible que se establezca la privación provisional del permiso de conducir para el tiempo en que el imputado esté en libertad provisional.

• En último lugar, cuando el delito investigado es de aquellos que protege a la vida o integridad de las personas (por ejemplo, homicidio o lesiones), es posible también decretar, como otra obligación de la libertad provisional, la prohibición de residir, acercarse o comunicarse con ciertas personas que se pueda entender que corren un riesgo (la presunta víctima o sus familiares).

Es decir, cabe acordarse cuando concurran unas causas muy tasadas contempladas en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y siguientes:

• Que existan en la causa hechos que revistan una pena de prisión igual o superior a dos años. Podría acordarse también para aquellos hechos con pena inferior si el investigado o encausado tuviere antecedentes penales, derivados de un delito doloso.

• Que aparezcan en la causa “motivos bastantes” para creer responsable criminalmente al investigado.

• Que se persiga alguno de los siguientes fines: (a) Asegurar la presencia del investigado en el proceso cuando exista riesgo de fuga. (b) Evitar la ocultación, alteración o destrucción de pruebas. (c) Evitar que actué contra la víctima.

• Para evitar que el investigado o encausado comenta otros hechos, evitar la reiteración delictiva.

En definitiva, ¿en qué consiste la libertad provisional?  La libertad provisional es una medida cautelar personal por la cual, se permite al investigado gozar de un status deambulatorio casi pleno y condicionado al cumplimiento de ciertas obligaciones y prestación de determinadas garantías. Es una especie de situación intermedia entre el estado normal de libertad en que está una persona y la prisión provisional.

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A modo ejemplificativo y no exhaustivo podemos citar como delitos económicos los siguientes:

1. El delito de hurto: tomar «cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño».
2. El delito de robo: apoderarse «de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren». 
3. El delito de extorsión: obligar a otra persona a «con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero». 
4. El delito de robo y hurto de uso de vehículos es decir, utilizarlos sin permiso del propietario y, a la vez, sin la intención de apoderarse de ellos. 
5. El delito de usurpación u ocupar un bien inmueble o usurpar un derecho real inmobiliario. 
6. El delito de estafa: cuando con ánimo de lucro, y mediante «engaño bastante para producir error en otro» se le induce a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno. 
7. El delito de administración desleal, cometido por quien, «teniendo facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado». 
8. El delito de apropiación indebida: cuando alguien recibe de manera totalmente legítima un bien que debe devolver sin embargo, llegado ese momento, se niega a devolverlo o niega a haberlo recibido. 
9. Las defraudaciones de fluido eléctrico y análogo: defraudar electricidad, agua, telecomunicaciones, gas o cualquier suministro ajeno, manipulando contadores, instalando mecanismos o utilizando cualquier otro medio clandestino. 
10. Delitos de insolvencias punibles: Ocurre cuando una persona «encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente», oculta la propiedad de sus bienes para reducir su patrimonio o simular que sus deudas han aumentado y así «escapar» de los acreedores, hace negocios disponiendo de sus bienes o aportándolos como garantía para evitar un embargo, o realiza actos de disposición sobre sus bienes para adquirir la condición de insolvente y evitar así el pago de la responsabilidad civil derivada de sus delitos. 
11. El delito de alteración de precios en concursos y subastas públicas: cuando se altera el precio de los bienes solicitando gratificaciones por no participar en concursos o subastas, amenazando, prometiendo o gratificando a alguien para que no participe o cuando se abandone la subasta tras haber obtenido el bien subastado. 
12. El delito de daños a la propiedad ajena: cuando el que por cualquier medio o procedimiento causare un menoscabo físico a un bien de propiedad ajena, es decir, del cual no es propietario. 
13. Delitos relativos a la propiedad intelectual, cometidos por quien «con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto y en perjuicio de tercero, reproduzca, plagie, distribuya, comunique públicamente o de cualquier otro modo explote económicamente, en todo o en parte, una obra o prestación literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios». 
14. Delitos contra la propiedad industrial, en este caso referidos a las patentes y a su uso no autorizado. 
15. El delito de espionaje industrial, cometido por quien «para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, o empleare alguno de los medios o instrumentos señalados en el apartado 1 del artículo 197». 
16. El desabastecimiento de productos y materias primas en el mercado con la intención de alterar los precios o perjudicar a los consumidores. 
17. El falseamiento de las características de productos y/o servicios ofertados por parte de fabricantes o comerciantes. 
18. El delito de falseamiento, por parte de administradores de una sociedad de emisora de valores, de la información económico-financierade los folletos o la información que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores, con el fin de captar inversores o depositantes, obtener financiación o colocar activos financieros. 
19. La facturación de cantidades superiores a las reales«por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos». 
20. El delito de corrupción en los negocios, como por ejemplo «predeterminar o alterar de manera deliberada y fraudulenta el resultado de una prueba, encuentro o competición deportiva de especial relevancia económica o deportiva» cuando de algún modo se forma parte de ella. 
21. El delito de sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural, es decir, destruir, inutilizar, dañar una cosa propia de utilidad social o cultural, o sustraerla de su interés a la comunidad. 
22. Los delitos como el falseamiento de cuentas u otros documentos de carácter económico o jurídico por parte de los administradores de una sociedad con el fin de causar un perjuicio económico, o negar a un socio sus derechos, o imponer acuerdos abusivos con ánimo de lucro propio o ajeno perjudicando al resto de socios sin que repercutan beneficios a la sociedad y haciendo valer su situación mayoritaria. 
23. El delito de receptación, cometido por quien «con ánimo de lucro y con conocimiento de la comisión de un delito contra el patrimonio o el orden socioeconómico, en el que no haya intervenido ni como autor ni como cómplice, ayude a los responsables a aprovecharse de los efectos del mismo, o reciba, adquiera u oculte tales efectos».
24. Delito de financiación ilegal de los partidos políticos, en relación a la recepción de donaciones o aportaciones destinadas a un partido político, federación, coalición o agrupación de electores con infracción de lo dispuesto en el artículo 5.1 de la Ley Orgánica 8/2007, de 4 de julio, sobre financiación de los partidos políticos», así como la participación en estructuras u organizaciones «cuya finalidad sea la financiación de partidos políticos, federaciones, coaliciones o agrupaciones de electores, al margen de lo establecido en la ley»

I. El delito de HURTO.

Regulado en los Arts. 234 y 235 del código penal:

Se tipifica la acción e aquél que con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño, será castigado, como el reo de hurto si la cuantía excede de 400 €.

Pena aplicable al tipo básico: Pena de prisión de seis a dieciocho meses.

Penas agravadas de pena de prisión de uno a tres años cuando concurran las siguientes circunstancias:

1. Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.
2. Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.
3. Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.
4. Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.
5. Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.
6. Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.
7. Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.
8. Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.
9. Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

II. El delito de ROBO.

Regulado en los Arts. 237 al 242 del código penal:

El que con ánimo de lucro, se apoderen de las cosas empleando fuerza en las cosas para acceder al lugar o violencia o intimidación en las personas.

Se entiende que existe fuerza en las cosas cuando se ejecuta la acción típica con:

1. Escalamiento.
2. Rompimiento de pared, techo o suelo, fractura de puerta o ventana.
3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, forzamiento de cerraduras o descubrimiento de sus claves, sea en el lugar del robo o fuera.
4. Uso de llaves falsas.
5. Inutilización de sistema de alarma o guarda.

Se consideran llaves falsas:

1. Las ganzúas u otros instrumentos similares.
2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario.
3. Cualesquiera otras que no sean las destinas por el propietario para abrirla de forma violenta.

La pena del tipo básico es la prisión de uno a tres años.

Se establecen unas penas agravadas en las siguientes situaciones:

• Cuando concurran las circunstancias del 235.
• El robo se cometa en casa habitada pena de prisión de dos a cinco años.
• El robo se cometa en edificio o local abierto al público prisión de uno a cinco años.

 La pena prevista para el robo con violencia física sobre las personas es pena de prisión de dos a cinco años.

Pena agravada en caso:

• De producirse en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.
• En caso de uso de armas u otros medios igualmente peligros.

III. El delito de EXTORSIÓN.

Regulado en el Art. 243 del código penal:

La conducta que se sanciona es aquella del que, con ánimo de lucro, obligare a otro, con violencia o intimidación, a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su patrimonio o del de un tercero, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años, sin perjuicio de las que pudieran imponerse por los actos de violencia física realizados.

IV. El delito de DEL ROBO Y HURTO DE USO DE VEHÍCULOS.

Tipificado en el Art. 244 del código penal:

El tipo básico establece que:  “El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo”.

El delito de USURPACIÓN queda regulado en los Arts. 245 a 247 del CP sancionando a aquel que con violencia o intimidación en las personas ocupare un inmueble o derecho real inmobiliario. La pena prevista es la de prisión de uno a dos años.

El que alterare términos o lindes de pueblos o heredades o cualquier clase de señales tanto de dominio público o privado. La pena prevista es la de multa de tres a seis meses.

El que, sin hallarse autorizado distrajere el curso de las aguas de uso público o privado. La pena prevista es la de multa de tres a seis meses.

I. El delito de ESTAFA.- Arts. 248 a 251 bis:

Comenten estafas los que, con ánimo de lucro, utilizaren engaño para producir error en otro induciéndolo a realizar un acto de disposición en perjuicio propio o ajeno.

También son reos de estafas los que con ánimo de lucro utilizaren:

• La manipulación informática o artículos semejantes (cajeros automáticos).
• Los que fabricaren, introdujeren, poseyeren o facilitaren programas informáticos.
• Utilización tarjetas de crédito o débito, o cheques de viaje, o los datos obrantes en cualquiera de ellos.

La pena prevista del tipo básico es de pena de prisión de seis meses a tres años.

Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.

Como pena agravada se prevén las de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses si se concurre que:

• Recaiga sobre cosas de primera necesidad.
• Se realice simulación.
• Se realice mediante cheque o pagare falso
• Se perpetre abusando de la firma de otro.
• Se realice sobre bienes del patrimonio artístico.
• Atención a la situación que dejare a la víctima o la familia.
• Se aprovecha de su credibilidad empresarial o profesional.

Otras conductas afines que afectar al orden económico son las contempladas en el artículo 251 del CP:

Será castigado con la pena de prisión de uno a cuatro años:

• Quien, atribuyéndose falsamente sobre una cosa mueble o inmueble facultad de disposición de la que carece, bien por no haberla tenido nunca, bien por haberla ya ejercitado, la enajenare, gravare o arrendare a otro, en perjuicio de éste o de tercero.
• El que dispusiere de una cosa mueble o inmueble ocultando la existencia de cualquier carga sobre la misma, o el que, habiéndola enajenado como libre, la gravare o enajenare nuevamente antes de la definitiva transmisión al adquirente, en perjuicio de éste, o de un tercero.
• El que otorgare en perjuicio de otro un contrato simulado.

II. Delito de APROPIACIÓN INDEBIDA.

Regulado en los Arts. 253 y 254 del CP sancionando la conducta de apropiarse para sí o para un tercero, de dinero, efectos, valores o cualquier otra cosa mueble, que hubieran recibido en depósito, comisión, o custodia, o que les hubieran sido confiados en virtud de cualquier otro título que produzca la obligación de entregarlos o devolverlos, o negaren haberlos recibido.

La pena del tipo básico es la misma que la prevista en le estafa del art 249 y 250 del CP según los casos.

Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Si el bien que se apropiare fuere una cosa mueble ajena, será castigado con una pena de multa de tres a seis meses. Si se tratara de cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico, la pena será de prisión de seis meses a dos años.

El código penal en los artículos 255 y 256 regula que será delito la actividad de aquel sujeto que hiciere uso de cualquier equipo terminal de telecomunicación, sin consentimiento de su titular, y causando a éste un perjuicio económico o el que cometiere defraudación por valor superior a 400 € utilizando electricidad, gas, agua, telecomunicaciones u otros elementos por algunos de los medios siguientes:

• Valiéndoles de mecanismos instalados para realizar la defraudación.
• Alterando maliciosamente las indicaciones o aparatos contadores.
• Empleando cualquier medio clandestino.

La pena es de multa de tres a doce meses

Delito de ADMINISTRACIÓN DESLEAL.- Arts. 252 del CP:

Supone una remisión al delito de estafa y sus penas antes citados, como conducta típica, pero cuando se ostente las facultades para administrar un patrimonio ajeno, emanadas de la ley, encomendadas por la autoridad o asumidas mediante un negocio jurídico, las infrinjan excediéndose en el ejercicio de las mismas y, de esa manera, causen un perjuicio al patrimonio administrado.

I. Delito de LA FRUSTRACIÓN DE LA EJECUCIÓN.- Arts. 257 a 258 ter:

• El que se alce con sus bienes en perjuicio de sus acreedores.
• Quien con el mismo fin, realice cualquier acto de disposición patrimonial o generar de obligaciones que dilate, dificulte o impida la eficacia de un procedimiento ejecutivo judicial, extrajudicial o administrativo.
• quien realizare actos de disposición, contrajere obligaciones que disminuyan su patrimonio u oculte por cualquier medio elemento de su patrimonio sobre los que la ejecución podría hacerse efectiva, con la finalidad de eludir el pago de responsabilidades civiles derivadas de un delito que hubiere cometido o del que debiera responder.
• Igualmente será de aplicación cualquiera que sea la naturaleza u origen de la obligación o deuda cuya satisfacción o pago se intente eludir, incluidos los derechos económicos de los trabajadores, y con independencia de que el acreedor sea un particular o cualquier persona jurídica, pública o privada.

Las penas previstas son las de prisión de uno a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

• Quien, en un procedimiento de ejecución judicial o administrativo, presente a la autoridad o funcionario encargados de la ejecución una relación de bienes o patrimonio incompleta o mendaz, y con ello dilate, dificulte o impida la satisfacción del acreedor.

La pena prevista es la de prisión de tres meses a un año o multa de seis a dieciocho meses.

• Quienes hagan uso de bienes embargados por autoridad pública que hubieran sido constituidos en depósito sin estar autorizados para ello.

Se prevé como pena la prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses.

II. Delito de INSOLVENCIAS PUNIBLES.- Art.259 a 261 bis del CP:

Es un delito económico muy genérico ya que abarca una multitud de conductas de riesgo. Las más importantes son:

• Se sancionan todas las conductas tendentes a eludir, evacuar, ocultar, disminuir, distraer o destruya su patrimonio o sus bienes, en una situación de concurso.

• Realice actos de disposición mediante la entrega o transferencia de dinero u otros activos patrimoniales, o mediante la asunción de deudas, que no guarden proporción con la situación patrimonial del deudor, ni con sus ingresos, y que carezcan de justificación económica o empresarial.

• Realice operaciones de venta o prestaciones de servicio por precio inferior a su coste de adquisición o producción, y que en las circunstancias del caso carezcan de justificación económica.

• Así como que Simule créditos de terceros o proceda al reconocimiento de créditos ficticios, participe en negocios especulativos, cuando ello carezca de justificación económica, Incumpla el deber legal de llevar contabilidad, lleve doble contabilidad, o cometa en su llevanza irregularidades que sean relevantes para la comprensión de su situación patrimonial o financiera.
• Oculte, destruya o altere la documentación que el empresario está obligado a conservar antes del transcurso del plazo al que se extiende este deber legal, cuando de este modo se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor.
• Formule las cuentas anuales o los libros contables de un modo contrario a la normativa reguladora de la contabilidad mercantil, de forma que se dificulte o imposibilite el examen o valoración de la situación económica real del deudor, o incumpla el deber de formular el balance o el inventario dentro de plazo.
• Realice cualquier otra conducta activa u omisiva que constituya una infracción grave del deber de diligencia en la gestión de asuntos económicos y a la que sea imputable una disminución del patrimonio del deudor o por medio de la cual se oculte la situación económica real del deudor o su actividad empresarial.

La pena de este tipo básico es de prisión de uno a cuatro años y multa de ocho a veinticuatro meses.

• El deudor que, encontrándose en una situación de insolvencia actual o inminente, favorezca a alguno de los acreedores realizando un acto de disposición patrimonial o generador de obligaciones destinado a pagar un crédito no exigible o a facilitarle una garantía a la que no tenía derecho.

Será castigado con la pena de seis meses a tres años de prisión o multa de ocho a veinticuatro meses

• El que en procedimiento concursal presentare, a sabiendas, datos falsos relativos al estado contable, con el fin de lograr indebidamente la declaración de aquel, será castigado con la pena de prisión de uno a dos años y multa de seis a 12 meses.

Regulado en los arts. 263 a 267 del código penal en los que principalmente se sancionan conductas o acciones de aquel que causare daños en propiedad ajena siempre que no sea calificable dentro de otro tipo penal.

La pena es de multa de seis a veinticuatro meses, excepto cuando la cuantía del daño no excediera de 400 € que se impondrá una pena de multa de uno a tres meses.

Si fueren cometidos los daños mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas  la pena de prisión será de uno a tres años. (Previsión del art. 266 del código penal).

Como tipo agravado se prevén los casos siguientes.

1.  Que se realicen para impedir el libre ejercicio de la autoridad o como consecuencia de acciones ejecutadas en el ejercicio de sus funciones, bien se cometiere el delito contra funcionarios públicos, bien contra particulares que, como testigos o de cualquier otra manera, hayan contribuido o puedan contribuir a la ejecución o aplicación de las Leyes o disposiciones generales.
2.  Que se cause por cualquier medio, infección o contagio de ganado.
3.  Que se empleen sustancias venenosas o corrosivas.
4.  Que afecten a bienes de dominio o uso público o comunal.
5.  Que arruinen al perjudicado o se le coloque en grave situación económica.
6.  Se hayan ocasionado daños de especial gravedad o afectado a los intereses generales

En estos casos la pena agravada será de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.

Si fueren cometidos los daños mediante incendio, o provocando explosiones, o utilizando cualquier otro medio de similar potencia destructiva o que genere un riesgo relevante de explosión o de causación de otros daños de especial gravedad, o poniendo en peligro la vida o la integridad de las personas  la pena de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses (Previsión del art. 266 del código penal).

Por su parte el artículo 264 del CP sanciona al que por cualquier medio, sin autorización y de manera grave borrase, dañase, deteriorase, alterase, suprimiese o hiciese inaccesibles datos informáticos, programas informáticos o documentos electrónicos ajenos, cuando el resultado producido fuera grave. En estos casos la pena es de prisión de seis meses a tres años.

Como subtipo agravado con pena de prisión de dos a cinco años y multa del tanto al décuplo del perjuicio ocasionado, cuando en las conductas descritas concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. Se hubiese cometido en el marco de una organización criminal.
2. Haya ocasionado daños de especial gravedad o afectado a un número elevado de sistemas informáticos.
3. El hecho hubiera perjudicado gravemente el funcionamiento de servicios públicos esenciales o la provisión de bienes de primera necesidad.
4. Los hechos hayan afectado al sistema informático de una infraestructura crítica o se hubiera creado una situación de peligro grave para la seguridad del Estado, de la Unión Europea o de un Estado Miembro de la Unión Europea. A estos efectos se considerará infraestructura crítica un elemento, sistema o parte de este que sea esencial para el mantenimiento de funciones vitales de la sociedad, la salud, la seguridad, la protección y el bienestar económico y social de la población cuya perturbación o destrucción tendría un impacto significativo al no poder mantener sus funciones.
5. El delito se haya cometido utilizando alguno de los medios a que se refiere el artículo 264 ter. 

Otras formas de causación del daño:

Previsión del artículo 264 bis del Cp por medio del cual se castiga con la pena de prisión de seis meses a tres años el que, sin estar autorizado y de manera grave, obstaculizara o interrumpiera el funcionamiento de un sistema informático ajeno:

1. Realizando alguna de las conductas a que se refiere el artículo anterior;
2. Introduciendo o transmitiendo datos; o
3. Destruyendo, dañando, inutilizando, eliminando o sustituyendo un sistema informático, telemático o de almacenamiento de información electrónica.

Previsión del artículo 264 ter del Cp por medio del cual se castiga con una pena de prisión de seis meses a dos años o multa de tres a dieciocho meses el que, sin estar debidamente autorizado, produzca, adquiera para su uso, importe o, de cualquier modo, facilite a terceros, con la intención de facilitar la comisión de alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores:

1. Un programa informático, concebido o adaptado principalmente para cometer alguno de los delitos a que se refieren los dos artículos anteriores;
2. Una contraseña de ordenador, un código de acceso o datos similares que permitan acceder a la totalidad o a una parte de un sistema de información.

La previsión normativa de los delitos relativos a la propiedad intelectual se contempla en los artículos 270 a 272 del código penal. En ellos se sanciona al que con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros, reproduzca, plagie, distribuya o comunique públicamente, en todo o en parte, una obra literaria, artística o científica, o su transformación, interpretación o ejecución artística fijada en cualquier tipo de soporte o comunicada a través de cualquier medio, sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios.

La pena prevista es de prisión de seis meses a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.

Queda asimilado al tipo básico la conducta efectuada a quien, en la prestación de servicios de la sociedad de la información, con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, y en perjuicio de tercero, facilite de modo activo y no neutral y sin limitarse a un tratamiento meramente técnico, el acceso o la localización en internet de obras o prestaciones objeto de propiedad intelectual sin la autorización de los titulares de los correspondientes derechos o de sus cesionarios, en particular ofreciendo listados ordenados y clasificados de enlaces a las obras y contenidos referidos anteriormente, aunque dichos enlaces hubieran sido facilitados inicialmente por los destinatarios de sus servicios.

Se prevé en este tipo de delitos una serie de medidas cautelares como son la retirada de las obras o prestaciones objeto de la infracción, la interrupción de la prestación del servicio o el bloqueo del servicio, o cualquier otra medida que tenga por objeto la protección de los derechos de propiedad intelectual.

Son conductas sancionadas y castigadas como delito, entre otras, las siguientes:

1. Exportar o almacenar intencionadamente ejemplares de las obras, producciones o ejecuciones (…), incluyendo copias digitales de las mismas, sin la referida autorización, cuando estuvieran destinadas a ser reproducidas, distribuidas o comunicadas públicamente.
2. Importar intencionadamente estos productos sin dicha autorización, cuando estuvieran destinados a ser reproducidos, distribuidos o comunicados públicamente, tanto si éstos tienen un origen lícito como ilícito en su país de procedencia; no obstante, la importación de los referidos productos de un Estado perteneciente a la Unión Europea no será punible cuando aquellos se hayan adquirido directamente del titular de los derechos en dicho Estado, o con su consentimiento.
3. Favorecer o facilitar la realización de las conductas (…) eliminando o modificando, sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, las medidas tecnológicas eficaces incorporadas por éstos con la finalidad de impedir o restringir su realización.
4. Con ánimo de obtener un beneficio económico directo o indirecto, con la finalidad de facilitar a terceros el acceso a un ejemplar de una obra literaria, artística o científica, o a su transformación, interpretación o ejecución artística, fijada en cualquier tipo de soporte o comunicado a través de cualquier medio, y sin autorización de los titulares de los derechos de propiedad intelectual o de sus cesionarios, eluda o facilite la elusión de las medidas tecnológicas eficaces dispuestas para evitarlo.
5. Fabricar, importar, poner en circulación o poseer con una finalidad comercial cualquier medio principalmente concebido, producido, adaptado o realizado para facilitar la supresión no autorizada o la neutralización de cualquier dispositivo técnico que se haya utilizado para proteger programas de ordenador o cualquiera de las otras obras, interpretaciones o ejecuciones en los términos previstos en los dos primeros apartados de este artículo.

De forma particular se sanciona con penas más graves cuando:

1. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.
2. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo el valor de los objetos producidos ilícitamente, el número de obras, o de la transformación, ejecución o interpretación de las mismas, ilícitamente reproducidas, distribuidas, comunicadas al público o puestas a su disposición, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
3. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad intelectual.
4. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Quedan regulados en los artículos 273 a 277 de nuestro código penal. Se sancionan.

• Al que con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de una patente o modelo de utilidad y con conocimiento de su registro, fabrique, importe, posea, utilice, ofrezca o introduzca en el comercio objetos amparados por tales derechos.

• Al que de igual manera, y para los citados fines, utilice u ofrezca la utilización de un procedimiento objeto de una patente, o posea, ofrezca, introduzca en el comercio, o utilice el producto directamente obtenido por el procedimiento patentado.

• Al que realice cualquiera de los actos tipificados en el párrafo primero de este artículo concurriendo iguales circunstancias en relación con objetos amparados en favor de tercero por un modelo o dibujo industrial o artístico o topografía de un producto semiconductor.

La pena prevista será de prisión de seis meses a dos años y multa de 12 a 24 meses.

Como tipos agravados podemos observar, entre otras, las siguientes conductas:

• Al que, con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro:

1. 1. Fabrique, produzca o importe productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, u 
   2. Ofrezca, distribuya, o comercialice al por mayor productos que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquel, o los almacene con esa finalidad, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

Las penas en estos casos serán de uno a cuatro años de prisión y multa de doce a veinticuatro meses

• Con fines industriales o comerciales, sin consentimiento del titular de un derecho de propiedad industrial registrado conforme a la legislación de marcas y con conocimiento del registro, ofrezca, distribuya o comercialice al por menor, o preste servicios o desarrolle actividades, que incorporen un signo distintivo idéntico o confundible con aquél, cuando se trate de los mismos o similares productos, servicios o actividades para los que el derecho de propiedad industrial se encuentre registrado.

• A quien reproduzca o imite un signo distintivo idéntico o confundible con aquél para su utilización para la comisión de las conductas sancionadas en este artículo.

En ambos casos las penas serán de seis meses a tres años de prisión.

• La venta ambulante u ocasional de los productos a que se refieren los apartados anteriores será castigada con la pena de prisión de seis meses a dos años. 

• Se impondrá la pena de prisión de dos a seis años, multa de dieciocho a treinta y seis meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión relacionada con el delito cometido, por un período de dos a cinco años, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1. 1. Que el beneficio obtenido o que se hubiera podido obtener posea especial trascendencia económica.
   2. Que los hechos revistan especial gravedad, atendiendo al valor de los objetos producidos ilícitamente, distribuidos, comercializados u ofrecidos, o a la especial importancia de los perjuicios ocasionados.
   3. Que el culpable perteneciere a una organización o asociación, incluso de carácter transitorio, que tuviese como finalidad la realización de actividades infractoras de derechos de propiedad industrial.
   4. Que se utilice a menores de 18 años para cometer estos delitos.

Este tipo de delitos están regulados en los artículos 278 a 286 del CP. Podemos destacar entre sus principales conductas las siguientes:

• El que, para descubrir un secreto de empresa se apoderare por cualquier medio de datos, documentos escritos o electrónicos, soportes informáticos u otros objetos que se refieran al mismo, (…), será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
• Si se difundieren, revelaren o cedieren a terceros los secretos descubiertos la pena será de prisión de tres a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
• La difusión, revelación o cesión de un secreto de empresa llevada a cabo por quien tuviere legal o contractualmente obligación de guardar reserva, se castigará con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de doce a veinticuatro meses.
• El que, con conocimiento de su origen ilícito, y sin haber tomado parte en su descubrimiento, realizare alguna de las conductas descritas en los dos artículos anteriores, será castigado con la pena de prisión de uno a tres años y multa de doce a veinticuatro meses.
• El que detrajere del mercado materias primas o productos de primera necesidad con la intención de desabastecer un sector del mismo, de forzar una alteración de precios, o de perjudicar gravemente a los consumidores, será castigado con la pena de prisión de uno a cinco años y multa de doce a veinticuatro meses.
• La fabricación o comercialización mediante ofertas o publicidad de productos o servicios con alegaciones falsas o manifiesten características inciertas sobre los mismos, de modo que puedan causar un perjuicio grave y manifiesto a los consumidores, sin perjuicio de la pena que corresponda aplicar por la comisión de otros delitos. La pena será de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses.
• Los que, como administradores de hecho o de derecho de una sociedad emisora de valores negociados en los mercados de valores, falsearan la información económico-financiera contenida en los folletos de emisión de cualesquiera instrumentos financieros o las informaciones que la sociedad debe publicar y difundir conforme a la legislación del mercado de valores sobre sus recursos, actividades y negocios presentes y futuros, con el propósito de captar inversores o depositantes, colocar cualquier tipo de activo financiero, u obtener financiación por cualquier medio, serán castigados con la pena de prisión de uno a cuatro años, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 308 de este Código.
• Los que, en perjuicio del consumidor, facturen cantidades superiores por productos o servicios cuyo costo o precio se mida por aparatos automáticos, mediante la alteración o manipulación de éstos. En este caso se prevé como pena la prisión de seis meses a un año y multa de seis a dieciocho meses.
• Además se sancionan en el artículo 284 del CP diversas conductas empleando violencia o medios de difusión de tal forma que la sanción, dada la repercusión que obtiene esta conducta por estos medios, es mucho mayor.
• El artículo 285 bis sanciona aquellas conductas que fuera de los casos previstos en el artículo anterior, consistan en poseer información privilegiada y revelar fuera del normal ejercicio de su trabajo, profesión o funciones, poniendo en peligro la integridad del mercado o la confianza de los inversores, será sancionado con pena de prisión de seis meses a cuatro años, multa de doce a veinticuatro meses e inhabilitación especial para el ejercicio de la profesión o actividad de uno a tres años.
• Será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de seis a 24 meses el que, sin consentimiento del prestador de servicios y con fines comerciales, facilite el acceso inteligible a un servicio de radiodifusión sonora o televisiva, a servicios interactivos prestados a distancia por vía electrónica, o suministre el acceso condicional a los mismos, considerado como servicio independiente, mediante:

1. 1. La fabricación, importación, distribución, puesta a disposición por vía electrónica, venta, alquiler, o posesión de cualquier equipo o programa informático, no autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, diseñado o adaptado para hacer posible dicho acceso.
   2. La instalación, mantenimiento o sustitución de los equipos o programas informáticos mencionados anteriormente

El delito de la alteración de precios en concursos y subastas públicas queda regulado en el artículo 262 del Código penal que sanciona a los que solicitaren dádivas o promesas para no tomar parte en un concurso o subasta pública: los que intentaren alejar de ella a los postores por medio de amenazas, dádivas, promesas o cualquier otro artificio; los que se concertaren entre sí con el fin de alterar el precio del remate, o los que fraudulentamente quebraren o abandonaren las subasta haciendo obtenido la adjudicación.

Si se trata de un concurso subasta convocados por la Administraciones o Entes públicos se impondrá la inhabilitación de la persona.

Sancionados en los artículos 286 bis a quarter del CP. Podemos destacar las siguientes conductas:

• El directivo, administrador, empleado o colaborador de una empresa mercantil o de una sociedad que, por sí o por persona interpuesta, reciba, solicite o acepte un beneficio o ventaja no justificados de cualquier naturaleza, u ofrecimiento o promesa de obtenerlo, para sí o para un tercero, como contraprestación para favorecer indebidamente a otro en la adquisición o venta de mercancías, o en la contratación de servicios o en las relaciones comerciales.
• Aquél que por sí o por persona interpuesta, prometa, ofrezca o conceda a directivos, administradores, empleados o colaboradores de una empresa mercantil o de una sociedad, un beneficio o ventaja no justificados, de cualquier naturaleza, para ellos o para terceros, como contraprestación para que le favorezca indebidamente a él o a un tercero frente a otros en la adquisición o venta de mercancías, contratación de servicios o en las relaciones comerciales.

Ambas conductas serán castigadas con la pena de prisión de seis meses a cuatro años, inhabilitación especial para el ejercicio de industria o comercio por tiempo de uno a seis años y multa del tanto al triplo del valor del beneficio o ventaja.

• Los que mediante el ofrecimiento, promesa o concesión de cualquier beneficio o ventaja indebidos, pecuniarios o de otra clase, corrompieren o intentaren corromper, por sí o por persona interpuesta, a una autoridad o funcionario público en beneficio de estos o de un tercero, o atendieran sus solicitudes al respecto, con el fin de que actúen o se abstengan de actuar en relación con el ejercicio de funciones públicas para conseguir o conservar un contrato, negocio o cualquier otra ventaja competitiva en la realización de actividades económicas internacionales, serán castigados, salvo que ya lo estuvieran con una pena más grave en otro precepto de este Código, con las penas de prisión de prisión de tres a seis años, multa de doce a veinticuatro meses, salvo que el beneficio obtenido fuese superior a la cantidad resultante, en cuyo caso la multa será del tanto al triplo del montante de dicho beneficio.

Además de las penas señaladas, se impondrá en todo caso al responsable la pena de prohibición de contratar con el sector público, así como la pérdida de la posibilidad de obtener subvenciones o ayudas públicas y del derecho a gozar de beneficios o incentivos fiscales y de la Seguridad Social, y la prohibición de intervenir en transacciones comerciales de trascendencia pública por un periodo de siete a doce años.

La violencia de género queda enmarcada a todo acto de violencia física y psicológica, incluida las agresiones a la libertad sexual, las amenazas, las coacciones o la privación arbitraria de libertad. La Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, mal denominada violencia machista, agrava la previsión punitiva penal de los delitos básicos con el objeto de actuar contra la violencia que, como manifestación de la discriminación, la situación de desigualdad y las relaciones de poder de los hombres sobre las mujeres, se ejerce sobre éstas por parte de quienes sean o hayan sido sus cónyuges o de quienes estén o hayan estado ligados a ellas por relaciones similares de afectividad, aun sin convivencia.

Es ejemplificativo el presente cuadro:

Delito de Lesiones leves o Maltrato de obra.

Este delito está recogido en el artículo 153.1 del Código Penal. Se refiere a todas aquellas situaciones en las que, el que por cualquier medio o procedimiento causare a otro menoscabo psíquico o una lesión de menor gravedad de las previstas en el apartado 2 del artículo 147(lesiones leves), o golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, cuando la ofendida sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

Las penas anteriores se aplicarán de forma agravada cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del código penal (prohibición de aproximación, comunicación con la víctima o de residencia en un determinado lugar etc…) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

Daniel Lucas es abogado de Madrid, experto en este tipo de procedimientos penales lo que nos permite garantizar desde Lucas Franco Abogados la mejor línea de defensa para proteger los intereses de nuestros representados.

Delito de lesiones.

El delito de lesiones, tipificado en el artículo 148.4º, es cometido por quien, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión que menoscabe su integridad corporal o su salud física o mental a la que fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia. Las lesiones previstas en el apartado 1 del artículo anterior podrán ser castigadas con la pena de prisión de dos a cinco años, atendiendo al resultado causado o riesgo producido:

1. Si en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos, objetos, medios, métodos o formas concretamente peligrosas para la vida o salud, física o psíquica, del lesionado.
2. Si hubiere mediado ensañamiento o alevosía.
3. Si la víctima fuere menor de doce años o persona con discapacidad necesitada de especial protección.
4. Si la víctima fuere o hubiere sido esposa, o mujer que estuviere o hubiere estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia.
5. Si la víctima fuera una persona especialmente vulnerable que conviva con el autor.

En Lucas Franco Abogados contamos con abogados expertos en derecho penal, en derecho de violencia de género, actuando en toda España.

El delito de Amenazas leves.

Este delito, tipificado en el artículo 171.4 del Código Penal, es cometido por quien de modo leve amenace a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Las penas anteriores se aplicarán de forma agravada cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del código penal (prohibición de aproximación, comunicación con la víctima o de residencia en un determinado lugar etc…) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

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Delito de Coacciones leves.

El delito por coacciones leves, recogido en el artículo 172.2 del Código Penal, es cometido por quien de modo leve coaccione a quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a ochenta días y, en todo caso, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de un año y un día a tres años, así como, cuando el Juez o Tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento hasta cinco años.

Las penas anteriores se aplicarán de forma agravada cuando el delito se perpetre en presencia de menores, o utilizando armas, o tenga lugar en el domicilio común o en el domicilio de la víctima, o se realice quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 del código penal (prohibición de aproximación, comunicación con la víctima o de residencia en un determinado lugar etc…) o una medida cautelar o de seguridad de la misma naturaleza.

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Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer conocerán, en el orden penal, de conformidad en todo caso con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Criminal, de los siguientes supuestos:

1. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por los delitos recogidos en los títulos del Código Penal relativos a homicidio, aborto, lesiones, lesiones al feto, delitos contra la libertad, delitos contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, contra la intimidad y el derecho a la propia imagen, contra el honor o cualquier otro delito cometido con violencia o intimidación, siempre que se hubiesen cometido contra quien sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por análoga relación de afectividad, aun sin convivencia, así como de los cometidos sobre los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente, cuando también se haya producido un acto de violencia de género.
2. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por cualquier delito contra los derechos y deberes familiares, cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra anterior.
3. De la adopción de las correspondientes órdenes de protección a las víctimas, sin perjuicio de las competencias atribuidas al Juez de Guardia.
4. Del conocimiento y fallo de los delitos leves que les atribuya la ley cuando la víctima sea alguna de las personas señaladas como tales en la letra a) de este apartado.
5. Dictar sentencia de conformidad con la acusación en los casos establecidos por la ley.
6. De la emisión y la ejecución de los instrumentos de reconocimiento mutuo de resoluciones penales en la Unión Europea que les atribuya la ley.
7. De la instrucción de los procesos para exigir responsabilidad penal por el delito de quebrantamiento previsto y penado en el artículo 468 del Código Penal cuando la persona ofendida por el delito cuya condena, medida cautelar o medida de seguridad se haya quebrantado sea o haya sido su esposa, o mujer que esté o haya estado ligada al autor por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, así como los descendientes, propios o de la esposa o conviviente, o sobre los menores o personas con la capacidad modificada judicialmente que con él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho de la esposa o conviviente.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer podrán conocer en el orden civil, en todo caso de conformidad con los procedimientos y recursos previstos en la Ley de Enjuiciamiento Civil, de los siguientes asuntos:

1. Los de filiación, maternidad y paternidad.
2. Los de nulidad del matrimonio, separación y divorcio.
3. Los que versen sobre relaciones paternas filiales.
4. Los que tengan por objeto la adopción o modificación de medidas de trascendencia familiar.
5. Los que versen exclusivamente sobre guarda y custodia de hijos e hijas menores o sobre alimentos reclamados por un progenitor contra el otro en nombre de los hijos e hijas menores.
6. Los que versen sobre la necesidad de asentimiento en la adopción.
7. Los que tengan por objeto la oposición a las resoluciones administrativas en materia de protección de menores.

Los Juzgados de Violencia sobre la Mujer tendrán de forma exclusiva y excluyente competencia en el orden civil cuando concurran simultáneamente los siguientes requisitos:

1. Que se trate de un proceso civil que tenga por objeto alguno de las materias indicadas en el número 2 del presente artículo.
2. Que alguna de las partes del proceso civil sea víctima de los actos de violencia de género, en los términos a que hace referencia el apartado 1 a) del presente artículo.
3. Que alguna de las partes del proceso civil sea imputado como autor, inductor o cooperador necesario en la realización de actos de violencia de género.
4. Que se hayan iniciado ante el Juez de Violencia sobre la Mujer actuaciones penales por delito o falta a consecuencia de un acto de violencia sobre la mujer, o se haya adoptado una orden de protección a una víctima de violencia de género.

Cuando el Juez apreciara que los actos puestos en su conocimiento, de forma notoria, no constituyen expresión de violencia de género, podrá inadmitir la pretensión, remitiéndola al órgano judicial competente.

El Consejo General del Poder Judicial deberá estudiar, en el ámbito de sus competencias, la necesidad o carencia de dependencias que impidan la confrontación de la víctima y el agresor durante el proceso, así como impulsar, en su caso, la creación de las mismas, en colaboración con el Ministerio de Justicia y las Comunidades Autónomas competentes. Se procurará que estas mismas dependencias sean utilizadas en los casos de agresiones sexuales y de trata de personas con fines de explotación sexual. En todo caso, estas dependencias deberán ser plenamente accesibles, condición de obligado cumplimiento de los entornos, productos y servicios con el fin de que sean comprensibles, utilizables y practicables por todas las mujeres y menores víctimas sin excepción.

Es importante a la hora de tratar casos de abusos y agresiones sexuales, ya fueren con o sin violencia o intimidación, que el marco legal en el que nos movemos es el de la dignidad de la persona humana y los derechos inherentes a la misma como bienes jurídicos afectados por las conductas de referencia; a saber «la dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de la paz social», lo que ha de ser completado por la constante jurisprudencia del Tribunal Constitucional, para quien «la dignidad es un valor espiritual y moral inherente a la persona, que se manifiesta singularmente en la autodeterminación consciente y responsable de la propia vida y que lleva consigo la pretensión al respeto por parte de los demás» (STC 53/1985, fundamento jurídico 8, citada a título de ejemplo).

El código penal español fue recientemente reformado en el año 2015; se reformó el Título VIII del Libro II, a fin de tipificar de manera más precisa los llamados delitos contra la libertad e indemnidad sexuales en relación con la edad de las víctimas y con las circunstancias concurrentes; reintroducir el delito de corrupción de menores o incapaces por considerar insuficientes las normas relativas a la prostitución, definiendo auténticamente ambos conceptos; ampliar las conductas reprochables de naturaleza pornográfica, también en relación con los menores e incapaces; acomodar la valoración de las circunstancias que agravan la responsabilidad a cada una de las especies delictivas, y revisar el sistema de penas, rechazando aquellas sanciones que en este ámbito no resultarían adecuadas al principio de proporcionalidad o a las necesidades de la prevención general y especial que la sociedad demanda, como sucedería en principio con las meramente pecuniarias.

Además, nuestro legislador ha sido contundente a la hora de defender los delitos cometidos contra los menores amparando su defensa en un concepto de larga prescripción. Es decir, siguiendo un notable ejemplo de derecho comparado, que en los delitos sexuales relativos a menores los plazos de prescripción no empiecen a correr hasta el día en que la víctima alcance su mayoría de edad, y se ha recordado expresamente la necesidad de apreciar concurso real entre los delitos relativos a la prostitución y corrupción de menores y las agresiones o abusos sexuales cometidos concretamente sobre la persona que se encuentra en tan lamentable situación.

Los delitos de naturaleza sexual, con o sin violencia o intimidación, en los que la víctima es un menor de edad o una persona de especial necesidad de protección, como son los casos de acoso sexual, abuso sexual, agresiones sexuales, o aquellos relativos a la incitación a la prostitución, o de naturaleza de exhibición, entre otros muchos, siguen todos ellos una misma pauta o elemento común integrado, cuál es el hecho de cometerse generalmente en el seno de la intimidad, del ámbito privado, y en espacios o lugares especialmente cerrados o privados. Surge la duda de cómo defender a los menores en estos casos, como detectar que un menor sufre o ha sufrido un determinado episodio de delito de naturaleza sexual o intimidatorio.

No existen signos indiscutibles que indiquen la presencia de abuso sexual en menores, y en todo caso deben ser valorados de por un especialista, por tanto, la presencia de uno o varios de ellos no indique necesariamente el abuso.

En general, los menores pueden presentar comportamientos que no corresponde a su edad ni a las costumbres de la casa, mostrando curiosidad en extremo o haciendo preguntas o comentarios sobre sexo no esperables a su edad (comportamiento seductor, evitación o rechazo de personas o lugares, resistencia a desnudarse o bañarse, cambios bruscos de conducta, etc.)

Las conductas y comportamientos externos deben ser valorados por un especialista y deben tenerse en cuenta a la hora de apreciar un posible abuso de menores.

Cambios extremos de comportamiento, como:

• Pérdida del apetito.
• Abundancia del llanto.
• Miedo a la oscuridad.
• Retrocesos en el comportamiento, como:
• Empezar de nuevo a orinarse en la cama.
• Chuparse el dedo.
• Expresión de algunos aspectos de las actividades sexuales mantenidas, mediante dibujos, fantasías o juegos.
• Rechazo con mucha energía de ir a la escuela.
• Sentimiento de miedo a una persona específica o a ser dejado en un lugar.
• Muestra de una agresividad poco común.
• Autolesiones o accidentes frecuentes, pudiendo incluso llegar a presentar conductas suicidas.
• Ropa interior rota, manchada o anormalmente sucia.
• Sangre en la vagina o el recto, dolor, picor o inflamación en los genitales.
• Padecimiento de alguna infección vaginal.

Estas reacciones dependerán también de la edad del menor y otros factores personales, por lo que hay que valorarlas con cautela, siendo su médico o pediatra la persona indicada para valorar de manera global estos aspectos, además de posibles indicios físicos que puedan presentar.

Por tanto, y ante la dificultad de identificar al menor como víctima es recomendable, siempre contar con un asesoramiento especializado consultando a un abogado experto en derecho penal en Madrid o en cualquier otra provincia que permita seguir pasos firmes y sin margen de error a la familia y a la víctima. Será primer paso, y ante cualquier duda, necesario acudir al centro hospitalario o médico de cabecera para que procedan a una primera exploración o remisión al profesional cualificado que pueda ganar un informe previo valorativo que permita servir de orientación de en qué caso nos encontramos.

Como ya hemos avanzado los hechos de abuso sexual a menores, o de cualquier otra actitud que atente a la integridad física y moral de aquellos, no puede verse silenciada. Es necesario acudir ante cualquier duda al profesional el médico para que bien directamente o por remisión al profesional especializado proceda a efectuar una exploración inicial indiciaria del menor.

El siguiente paso deberá ser acudir a un abogado especializado en derecho penal. Nuestro equipo de abogados penalistas en Madrid recomienda siempre calma pero no causa. Esto quiere decir que se debe formular denuncia ante la autoridad judicial o policial competente pero aportando siempre datos suficientes para lograr una correcta instrucción e investigación de los hechos que se denuncian y conseguir así de la mejor manera una especial protección a la víctima y su familia.

Y esto debe ser así porque no podemos olvidar que el autor de este tipo de delitos puede ser cualquier persona con la que el menor mantenga una relación de desigualdad, ya sea en cuando a edad, la madurez o poder.

La denuncia tendrá un tratamiento preferente, se admitirá siempre, aunque los hechos se hayan cometido en demarcación territorial de otro Cuerpo policial o judicial. Las causas serán remitidas al órgano judicial competente del domicilio donde tenga residencia menor.

La denuncia siempre debe ser formulada por cualquier persona mayor de edad relacionada con el menor, preferentemente el representante legal, tutores o guardadores, y deberá aportar todos los medios de prueba de que se dispongan (parte médico, nombre de testigos, prendas que portaba en el momento de los hechos o cualquier otro vestigio). Lo aconsejable, desde nuestra visión como abogados penalistas en Madrid, es que el abogado especializado en derecho penal redacte la denuncia y se formule ante el juzgado de guardia una vez se obtenga el parte médico o exploración del menor indiciario si se hubiere tenido tiempo para su obtención. En casos de urgencia o especial gravedad deberá formularse denuncia aún sin tener los medios de prueba suficientes.

Sin perjuicio de la amplitud de los tipos delictivos queremos poner especial hincapié en la regulación que establece el código penal español en el artículo 183 y siguientes en relación el delito básico de abusos sexuales a menores de 16 años.

Delitos de abuso sexual contra menores de 16 años:

Establece el artículo 183.1 del código penal que comete abuso sexual a un menor de 16 años definiendo el tipo básico, la acción delictiva, de la siguiente manera:

Tipo Básico:

“1. El que realizare actos de carácter sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de prisión de dos a seis años.

2. Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo.

El tipo agravado del delito de abusos sexuales a menores de 16 años:

3. Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del apartado 1, y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2.

Agravantes del delito de abusos sexuales a menores de 16 años:

4. Las conductas previstas en los tres apartados anteriores serán castigadas con la pena de prisión correspondiente en su mitad superior cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

• • a) Cuando la víctima se halle en una situación de especial vulnerabilidad por razón de su edad, enfermedad, discapacidad o por cualquier otra circunstancia, y, en todo caso, cuando sea menor de cuatro años.
  • b) Cuando los hechos se cometan por la actuación conjunta de dos o más personas.
  • c) Cuando la violencia o intimidación ejercidas revistan un carácter particularmente degradante o vejatorio.
  • d) Cuando, para la ejecución del delito, el responsable se hubiera prevalido de una situación de convivencia o de una relación de superioridad o parentesco, por ser ascendiente, o hermano, por naturaleza o adopción, o afines, con la víctima.
  • e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima.
  • f) Cuando la infracción se haya cometido en el seno de una organización o de un grupo criminal que se dedicare a la realización de tales actividades.
  • En todos los casos previstos en este artículo, cuando el culpable se hubiera prevalido de su condición de autoridad, agente de esta o funcionario público, se impondrá, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a doce años”.

Conductas de proposición e instigamiento sexual.

Establece el artículo 183 bis) que “el que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años.

Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera participado en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años”.

Conductas delictivas por medios telemáticos.

Por último, el art. 183 ter) del CP castiga las conductas tendentes a obtener del menor material pornográfico por vía telemática o cuando se le muestran este tipo de imágenes.

“1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga mediante coacción, intimidación o engaño.

2.El que, a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos años”.

Se puede entender como pedofilia la excitación y placer sexual de un adulto mediante su relación con menores. Las conductas pueden ser sin contacto físico directo (exhibicionismo o masturbación delante del menor), o conductas físicas directas (besos, caricias, masturbación del menor, etc.)

En la explotación sexual infantil, que forma parte del abuso sexual infantil, el autor persigue un beneficio económico. Abarca la prostitución y la pornografía infantil.

Existen diferentes modalidades de explotación sexual infantil:

1. Prostitución infantil, que consiste en inducir, favorecer o facilitar la prostitución de un menor de edad o incapaz.
2. Corrupción de menores, que consiste en utilizar a menores de edad o incapaces en espectáculos exhibicionistas o pornográficos, tanto públicos como privados o para elaborar cualquier clase de material pornográfico. Incluido la difusión, venta o exhibición de este tipo de material o su posesión con dichos fines.

Los representantes legales, tutores y guardadores de los menores víctimas de abuso sexual pueden solicitar en el momento de presentación de la denuncia en las dependencias policiales, la correspondiente orden de protección contra el denunciado.

Con la orden de protección se pretende asegurar de forma cautelar el distanciamiento físico entre la víctima y el agresor.

El bien jurídico protegido de estos delitos es la libertad de autodeterminación sexual. En otras palabras, los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales protegen la capacidad de las personas mayores de edad en plenitud de sus facultades físicas o psíquicas de decidir realizar o no ciertas conductas de índole sexual, así como mantener o negarse a mantener relaciones sexuales con otros, y también el derecho de toda persona a no sufrir daño (físico o moral) como consecuencia del desarrollo de estas acciones.

Además, indirectamente se protegen los derechos propios de la dignidad de las personas y el derecho al libre desarrollo de la personalidad en la esfera sexual. Asimismo, también se protegen otros bienes jurídicos, como el bienestar psíquico del menor, su integración social, su adecuado desarrollo y la protección de los incapaces en las agresiones sexuales.

Estos delitos están tipificados con penas muy severas debido a las consecuencias a largo plazo o secuelas con las que tienen que convivir las víctimas. Para su comisión se requiere un componente de violencia (física o moral, incluyendo la intimidación), puesto que las mismas conductas no serían punibles si se realizan voluntariamente.

Estos delitos presentan una particularidad en cuanto al sujeto activo, puesto que será autor aquel que realiza el hecho punible directa y materialmente, pero también aquel que ayuda de manera decisiva a su comisión o cuando pudiendo impedirlo no lo hace. Por ejemplo, también será culpable de un delito contra la libertad e indemnidad sexuales aquel que sujeta a la víctima para que el autor material cometa el delito.

El Código Penal recoge en los artículos 178 a 194 los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. Son los siguientes:

• Las agresiones sexuales.
• Los abusos sexuales.
• Los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.
• El acoso sexual.
• El exhibicionismo y la provocación sexual.
• La prostitución, la explotación sexual y corrupción de menores.
• Las disposiciones especiales los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales

El Tribunal Supremo tiene sobradamente definido la consideración del prevalimiento sobre la víctima y su consideración como agravante penal. Así, por ejemplo, entre otras la STS  344/2019, de 4 Julio de 2019, recoge que: «Una definición similar del prevalimiento lo encontramos en la STS 166/2019, de 18 de marzo, al afirmar que «El prevalimiento tiene como fundamento agravatorio el abuso de superioridad que en el plano moral tiene una persona que pone a su servicio una condición o cualidad que instrumentaliza en su beneficio particular con finalidad delictiva para cohibir la resistencia de la víctima. En relación a los delitos contra la libertad sexual, de manera reiterada esta Sala ha dicho (entre otras SSTS 1165/2003, de 18 de septiembre; 935/2005, de 15 de julio; 785/2007, de 3 de octubre; 708/2012, de 25 de septiembre; 957/2013, de 17 de diciembre; y 834/2014, de 10 de diciembre) que el prevalimiento no limita su aplicación a los abusos sobre personas menores de edad, sino que se configura genéricamente como un supuestos de desnivel notorio entre las posiciones de ambas partes, en las que una de ellas se encuentra en una manifiesta situación de inferioridad que restringe de modo relevante su capacidad de decidir libremente (consentimiento viciado), y la otra se aprovecha deliberadamente de su posición de superioridad, bien sea laboral, docente, familiar, económica, de edad o de otra índole, consciente de que la víctima no cuenta con libertad para decidir sobre una actividad sexual súbitamente impuesta».

Por su parte la STS 429/2019, de 27 de septiembre, afirma que «lo que verdaderamente importa es que el prevalimiento sea idóneo, en el sentido de que evite a la víctima actuar según las pautas derivadas del ejercicio de su derecho de autodeterminación, idoneidad que dependerá, lógicamente, del caso concreto… y es preciso que exista una situación que de algún modo presione a la víctima (es decir, una situación de superioridad privilegiada) que pueda considerarse suficiente para debilitar su voluntad, tanto desde un punto de vista objetivo, que atiende a las características de la conducta y a las circunstancias que la acompañan, como subjetivo, referido a las circunstancias personales de la víctima ( STS 855/2015, de 23 de noviembre, entre otras).»

En un sentido similar, la STS 188/2019, de 9 abril, señala que la relación de prevalimiento originada por la singular posición que el acusado tenía como tío de las menores, que evidencia una circunstancia de superioridad y preponderancia indiscutible a favor del acusado, para lograr la ejecución de actos íntimos con las menores que por esa relación al margen de su edad, se hallaban más condicionadas. En el mismo sentido, la STS 739/2015 y los Autos 207/2019 y 590/2019 de 30 de abril: «El artículo 183.4 d) del Código Penal agrava la pena cuando el autor se haya prevalido de una relación de superioridad para la ejecución del delito; el sujeto se aprovecha de una relación de superioridad que le facilita la comisión del delito, facilitación que no opera sobre la base de obtener el consentimiento de la víctima, que siendo menor de 16 años nunca podría considerarse válido, sino en atención a las circunstancias que esa relación de superioridad trae consigo. En este sentido, en la STS nº 739/2015, de 20 de noviembre, se señalaba, en relación al artículo 183.4.d), que «el prevalimiento o abuso de superioridad se refiere a la ejecución del hecho y no al consentimiento de la víctima».

De la misma forma, la STS nº 957/2013, de 17 de diciembre, en la que, ya en relación con la redacción del precepto tras la reforma de la LO 5/2010, se decía que «Esta circunstancia exige una cierta preeminencia del autor sobre la víctima y que esta ventaja haya sido utilizada o aprovechada por el autor para realizar el acto objeto de imputación»… Lo que es conforme con la doctrina de esta Sala, pues es claro que en la ejecución de los hechos, como se describen, el acusado se prevalió de tales circunstancias para ejecutarlos con mayor facilidad, lo que constituye el prevalimiento de la relación de superioridad que tenía, tal y como se contempla en el artículo 183.4.d) CP (en este sentido, STS 287/2018, de 14 de junio)».

Como ya hemos advertido este tipo de delitos se suelen cometer en una esfera de privacidad y aislamiento en la que el menor o la víctima se encuentran desvalidas motivo por el cual se dificultan que debe llevar a cabo el abogado de la acusación. No obstante, es necesario conocer que la declaración de la víctima es un hito o prueba fundamental sustento de la acusación que se formula. El abogado penalista, experto en derecho penal, debe llevar una labor indagatoria y de prueba que haga llegar al juzgador a la conclusión de que los hechos denunciados son ciertos y sobre los cuales no existe duda alguna, aunque se basen en indicios o pruebas indirectas. Para ello es importante que como acusación se mantenga una declaración de la menor en el tiempo sin contradicciones, sin que concurran móviles espurios, destacando la espontaneidad del testimonio, en concreto, tanto detalles e identificando hechos que permitan al juzgador lograr la composición de lo acontecido. En este punto no debemos ir sacar a relucir hechos que hubieran ocurrido de manera continuada ya que al amparo del artículo 74 del código penal se podría lograr la acusación y condena por delitos continuados en el tiempo con la agravación de la pena que ello supone.

En efecto, para verificar la estructura racional del proceso valorativo de la declaración testifical de la víctima, la jurisprudencia del Tribunal Supremo ha establecido ciertas notas o parámetros que, sin constituir cada una de ellas un requisito o exigencia necesaria para la validez del testimonio, coadyuvan a su valoración. La lógica, la ciencia y la experiencia nos indican que la ausencia de estos requisitos determina la insuficiencia probatoria del testimonio, privándole de la aptitud necesaria para generar certidumbre. Estos parámetros, consisten en el análisis del testimonio desde la perspectiva de su credibilidad subjetiva, de su credibilidad objetiva y de la persistencia en la incriminación, que constituyen una garantía del derecho constitucional a la presunción de inocencia. Por tanto, el Tribunal de instancia analiza la prueba constitucionalmente obtenida, legalmente practicada, suficiente y racionalmente valorada por el tribunal sentenciador; es decir, idónea para desvirtuar la presunción de su inocencia.

Importante también son las declaraciones testificales que pueden corroborar de alguna manera la declaración de la víctima. En este caso el abogado penalista que dirija la acusación debe lograr acreditar que no existe ninguna intención oscura en la testifical que se practica, no existen intereses contradictorios o generados en la causa, y que la declaración es fruto de su real conocimiento de los hechos ya sea por conocimiento directo o referencial de la propia víctima. No podemos olvidar que en los hechos delictivos de abusos sexuales con o sin violencia son cometidos en una esfera privada y en raras ocasiones y existen testigos directos; generalmente son testigos referenciales o de testimonio que pueden dar luz a los hechos explicando o narrando lo que le ha sido detallado, los cambios de comportamiento o de reacciones de la víctima, las gestos o actitudes que efectuar el agresor en público con la víctima o con otros terceros, etc.

Las exploraciones médicas son pruebas absolutamente necesarias a nuestro juicio de criterio en este tipo de procedimientos. Como abogados expertos en derecho penal y con sobrada experiencia en la formulación de denuncias y acusaciones por delitos de naturaleza sexual somos conscientes que las pruebas y peritajes médicos y psicológicos son medios de prueba necesarios a la hora de lograr o asegurar una condena penal sobre víctimas que se encuentran en un estado de shock, estrés, miedo y vergüenza. Van a permitir evaluar la credibilidad del testimonio de las víctimas o huella de memoria, sobre todo en los casos de los menores; así como el daño y las secuelas psicológicas manifestadas en las mismas. Los jueces consideran los informes periciales psicológicos como pruebas válidas y fiables, en las que sustentar sus argumentaciones y determinar los hechos probados en sentencia.

Todo interno debe ser conocedor que la actividad penitenciaria se ejercerá respetando la personalidad de los internos y los derechos e intereses legítimos de los mismos no afectados por la condena, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de raza, sexo, religión, opinión, nacionalidad o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.

En consecuencia, los internos tendrán los siguientes derechos:

a) Derecho a que la Administración penitenciaria vele por sus vidas, su integridad y su salud, sin que puedan, en ningún caso, ser sometidos a torturas, a malos tratos de palabra o de obra, ni ser objeto de un rigor innecesario en la aplicación de las normas.
b) Derecho a que se preserve su dignidad, así como su intimidad, sin perjuicio de las medidas exigidas por la ordenada vida en prisión. En este sentido, tienen derecho a ser designados por su propio nombre y a que su condición sea reservada frente a terceros.
c) Derecho al ejercicio de los derechos civiles, políticos, sociales, económicos y culturales, salvo cuando fuesen incompatibles con el objeto de su detención o el cumplimiento de la condena.
d) Derecho de los penados al tratamiento penitenciario y a las medidas que se les programen con el fin de asegurar el éxito del mismo.
e) Derecho a las relaciones con el exterior previstas en la legislación.
f) Derecho a un trabajo remunerado, dentro de las disponibilidades de la Administración penitenciaria.
g) Derecho a acceder y disfrutar de las prestaciones públicas que pudieran corresponderles.
h) Derecho a los beneficios penitenciarios previstos en la legislación.
i) Derecho a participar en las actividades del centro.
j) Derecho a formular peticiones y quejas ante las autoridades penitenciarias, judiciales, Defensor del Pueblo y Ministerio Fiscal, así como a dirigirse a las autoridades competentes y a utilizar los medios de defensa de sus derechos e intereses legítimos a que se refiere el capítulo V del Título II de este Reglamento.
k) Derecho a recibir información personal y actualizada de su situación procesal y penitenciaria.
l) Todo interno tiene derecho a formular, verbalmente o por escrito, peticiones y quejas sobre materias que sean competencia de la Administración Penitenciaria, pudiendo presentarlas, si así lo prefiere el interesado, en sobre cerrado, que se entregará bajo recibo.m) Los internos podrán formular directamente las peticiones o quejas o interponer recursos ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria en determinados supuestos legales conforme previene el artículo 76 de la Ley Orgánica General Penitenciaria.

El derecho a recurrir cualquier actuación o resolución penitenciaria, incluso de aquéllas resoluciones dictadas por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, queda contemplado en el art. 50 de la Ley Orgánica General Penitenciaria (LOGP), arts. 4, 53 y 54 del Reglamento Penitenciario.

Cualquier persona en prisión, en calidad de detenida, presa o penada, tiene derecho a formular peticiones y quejas relativas a su tratamiento, al régimen del Establecimiento, y a cualquier otra materia competencia de la Administración Penitenciaria.

Dichas peticiones y quejas pueden realizarse verbalmente o por escrito, ante el personal funcionario, el Jefe de Servicio, el Director o Directora del Centro u otras autoridades penitenciarias, y también ante el Defensor del Pueblo.

El Director del Establecimiento tomará las medidas oportunas para solventar la situación planteada o bien lo hará llegar a autoridades u organismos competentes.

Frete a dicha resolución que se dicte por el departamento o sección del Centro Penitenciario los internos e internas pueden formular directamente las peticiones o quejas, o interponer recurso, ante el Juez de Vigilancia Penitenciaria, en relación al régimen y tratamiento penitenciario, cuando afecta a sus derechos fundamentales o derechos y beneficios penitenciarios, que esté podrá resolver.

Tipos de recursos penitenciarios

1. Recurso de queja
Procede el RECURSO DE QUEJA cuando el interno recibe la comunicación de la denegación de un permiso o la estimación por menos días, denegación de progresión en grado, o incluso ante una regresión etc. y se debe interponer ante el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

2. Recurso de reforma
Si se desestima el Recurso de Queja, el siguiente paso sería el RECURSO DE REFORMA. La Disposición Adicional 5ª.1 de la LOPJ dice que el recurso de reforma se podrá interponer contra todos los autos del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria.

3. Recurso de apelación
Frente a la desestimación del recurso de reforma, cabe recurso de APELACIÓN en el plazo de 5 días (este plazo también de la Ley de Enjuiciamiento Criminal) ante, en este caso de los permisos, la Audiencia Provincial. Artículo 82.1.3º del la LOPJ y disposición adicional 5ª.3 de esta ley.Se interpone ante el Juzgado de Vigilancia para su tramitación ante la Audiencia Provincial y se tramita por el procedimiento abreviado.Ante la inadmisión del recurso de apelación la misma disposición adicional 5ª de la LOPJ prevé un Recurso de Queja ante la Audiencia. Es preceptiva la intervención de abogado y si no se designa procurador estará habilitado legalmente el abogado para representar al interno.

Requisitos mínimos necesarios para que se admita la Queja frente a la denegación de permisos: hay que alegar y justificar el cumplimiento de la cuarta parte de la condena y no tener sanciones pendientes de cancelación, además de todos los argumentos favorables que justifiquen la necesidad y conveniencia de las salidas.

4. Recurso ante el juez de vigilancia penitenciaria

La ejecución de las penas privativas de libertad se orienta a la reinserción y reeducación del condenado, y esas penas han de ejecutarse según un sistema de individualización científica, separado en grados, sin que en ningún caso pueda mantenerse a un interno en un grado inferior cuando por la evolución de su tratamiento se haga merecedor a su progresión.

El tratamiento penitenciario consiste, precisamente, en el conjunto de actividades directamente dirigidas a la reeducación y reinserción social de los penados, que se basa en los principios de estudio científico de la personalidad, diagnóstico de la misma y pronóstico de futuro, individualización, complejidad, programación y continuidad.

Para la individualización del tratamiento, tras la observación del penado se realizará su clasificación destinándole al establecimiento cuyo régimen sea más adecuado al tratamiento que se haya señalado y siempre que de la observación y clasificación correspondiente de un interno resulte estar en condiciones para ello podrá ser situado incluso desde el primer momento en grado superior.

Tal y como señala el artículo 106 del Reglamento Penitenciario, la progresión de grado depende de la modificación positiva de aquellos factores directamente relacionados con la actividad delictiva manifestada en la conducta global del interno y entraña un incremento de la confianza depositada en él, hasta el punto de permitir la atribución de responsabilidades más importantes que impliquen un mayor margen de libertad, pero dicho precepto debe ser integrado con el 102 del mismo texto legal, que regula los criterios generales de clasificación de los internos, que no son otros que su personalidad, el historial individual, familiar social y delictivo del interno, la duración de las penas, medio social al que retorne el recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del tratamiento, y ello por cuanto que la progresión a tercer grado no es sino la relajación de los mecanismos normales de control de la vida del interno en el régimen ordinario o segundo grado, mediante la concesión de un más amplio espacio de libertad, lo que, evidentemente, no debe hacerse sino no es con una cierta garantía de éxito en la utilización de ese margen de confianza y una perspectiva razonable de no utilización indebida del mismo, tanto en orden a la comisión de nuevos delitos como al quebrantamiento de la condena, de modo que (vid. artículo 102.4 del Reglamento Penitenciario) la clasificación en tercer grado se aplicará únicamente a los internos que, por sus circunstancias personales y penitenciarias, estén capacitados para llevar un régimen de vida en semilibertad.

La Libertad Condicional es una forma específica de cumplimiento de la pena de privación de libertad. El acceso a la misma está condicionado a que concurran los requisitos establecidos en la ley para su concesión.

• Encontrarse en tercer grado penitenciario.
• Haber extinguido las tres cuartas partes de la condena (o las dos terceras partes, si además se cumplen los requisitos del art. 91.2)
• Haber observado buena conducta.
• Pronóstico individualizado y favorable de reinserción social.

Cuando el penado reúne estos requisitos, la Junta de Tratamiento debe elevar al Juez de Vigilancia Penitenciaria el correspondiente expediente de libertad condicional.

Si bien el expediente de libertad condicional lo tiene que iniciar el Centro y será la Junta de Tratamiento la que eleve la propuesta al JVP, si que se van a dar varias situaciones en las que plantear recurso al JVP.

Si se ha cumplido el tiempo y no se ha iniciado el expediente, si el interno ha hecho una solicitud al Centro porque considera que deben iniciarlo o pidiendo el adelantamiento y se lo han desestimado, o si no es clasificado en tercer grado y pide la clasificación en tercer grado con efectos de condicional, en los casos de septuagenarios o enfermos graves…. En estos casos habrá que seguir el procedimiento del recurso de queja, reforma y apelación en su caso con los mismos plazos que hemos visto.

Importante en este tema es el efecto suspensivo de la apelación en el caso que contempla la Disposición Adicional 5ª.5 de la LOPJ. Excepciona la regla general del efecto no suspensivo del recurso de apelación, diciendo que en el caso en que la resolución recurrida en apelación suponga la excarcelación del interno, siempre y cuando se trate de condenados por delitos graves, el recurso tendrá efecto suspensivo que impedirá la puesta en libertad del interno hasta que la Audiencia Provincial o la Audiencia Nacional en su caso se pronuncie sobre la suspensión.