El poder disciplinario del empresario. Límite y extensión del poder sancionador

El poder disciplinario del empresario es una de las consultas recurrentes que recibimos como abogados expertos en asesoramiento legal a empresas, en relación al límite y extensión del poder sancionador o disciplinario del empresario. Por ello introducimos este artículo sobre las sanciones económicas o multas de haber impuestas al trabajador, respecto de lo cual diremos que, en nuestra opinión, salvo un acuerdo expreso por las partes están prohibidas parcialmente.

En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, regulan varios preceptos de los que se deriva directamente el poder de dirección del empresario:

  1. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
  2. Los trabajadores prestan sus servicios “dentro del ámbito de organización y dirección” de un empresario (apdo. 1, Art. 1 ,ET).
  3. Es deber básico del trabajador “cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas” (aprt. c), Art. 5 ,ET).
  4. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue” (apdo. 1, Art. 20 ,ET).

 

La titularidad del poder de dirección corresponde al empresario.

Esta facultad sancionadora o disciplinaria viene recogida por nuestro Tribunal Constitucional, quien entre otras, en sus sentencias de 21 de diciembre de 1995 y de 24 de julio, lo prevé expresamente como un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales para su imposición y efectividad”.

Es evidente que frente a esta potestad, existe un derecho inalienable del propio trabajador, que es el de instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la conformidad a Derecho de la decisión empresarial.

Dispone el art. 58 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las Faltas y sanciones de los trabajadores que:

  1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.
  2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
  3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber”.

 

De esta manera, el poder disciplinario del empresario es limitado.

Debe estar ajustado no sólo al estatuto de los trabajadores, sino a las reglas del convenio, y principio de proporcionalidad en general. Este acogimiento al principio de proporcionalidad, aducido en el art 58 del ET, evidencia la necesaria adecuación entre la falta y la sanción. Estando proscrita las sanciones que consistan en, reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber, y todo esto en base al principio non bis in idem, es decir, una misma conducta no puede ser sancionada dos veces.

Las sanciones económicas al trabajador o multas de haber, tan solo se permiten para la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

 

¿Pero, qué es una multa de haber?

Es una multa de haber cuando el empresario exige conjuntamente trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero. No se puede acoger los dos términos conjuntamente. Queda previsto y reglado la suspensión de empleo y sueldo, pero en absoluto, se puede permitir que se exija el desempeño de un trabajo y además sufrir la penalización económica, es decir, trabajar sin remuneración. Si el trabajador que se encuentra en suspensión sigue prestando sus servicios sin cobrar los mismos, se está privando al asalariado de su Derecho a la percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida, de conformidad con lo que estipula el artículo 4. 2 f) ET.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm. 2027/1998 de 28 mayo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social), la Ley (art. 58.3 Estatuto de los Trabajadores) excluye el descuento de retribuciones como sanción posible, lo que no es otra cosa que importar la regla de la cláusula penal (art. 1153 Código Civil) en un contrato sinalagmático, convirtiendo la norma dispositiva en imperativa (defendiendo al trabajador cuyas posibilidades de «ius resistentiae» frente al incumplimiento empresarial son muy limitadas), pues el empresario a través de la multa de haber, exige conjuntamente el trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero, o si se prefiere, sacrifica el derecho salarial mientras que no padece el trabajo efectivo que lucra.

En conclusión, nuestro despacho de abogados de Madrid, expertos en asesoría a empresas y derecho laboral, entiende que ante estas situaciones es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. Si no existe acuerdo expreso entre las partes sin cruzar los límites descritos, habrá que reclamar el importe de la sanción o multa ante la jurisdicción social.

 

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Cuáles son los tipos de responsabilidad del representante aduanero

Con la entrada en vigor del Código Aduanero (CAU) en 2016, se introdujeron importantes modificaciones para el representante aduanero. Dos tipos de representación aduanera existen, como existían con el antiguo Código:

  • La representación directa, por la que el representante presenta la declaración de aduanas en nombre y por cuenta de su representado, no adquiriendo responsabilidad sobre la deuda aduanera;
  • La representación indirecta, en la que el representante presenta la declaración en nombre propio, pero por cuenta de su representado, actuando como declarante y convirtiéndose en deudor de la deuda aduanera junto con su representado. Esta responsabilidad solidaria por la deuda aduanera se mantiene durante los tres años posteriores al despacho por cualquier actividad de comprobación o inspección que tenga lugar tras el levante.

 

Consideraciones de la AEAT

La consideración por la AEAT del agente de aduanas como codeudor solidario de la deuda aduanera liquidada se produce por mor de la institución de la representación indirecta y, más concretamente, por aplicación del Artículo 201.3 del CAC que dispone que en relación a la deuda aduanera derivada del despacho a libre práctica de una mercancía sujeta a derechos de importación “el deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración.

Pues bien, la consideración como codeudor del representante indirecto está siendo últimamente aplicada por la Hacienda pública para reclamar al agente la deuda aduanera liquidada con posterioridad consecuencia de análisis efectuados en los que se modifica la clasificación arancelaria. Incluso cuando, como sucede habitualmente, el agente de aduanas desconocía absolutamente la verdadera naturaleza de la citada mercancía, o cuando había una intención fraudulenta por parte del importador.

Art. 201 del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario Artículos 36 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

Las responsabilidades que se pueden derivar priori de las anteriores representaciones son:

  1. Responsabilidad tributaria frente a la AEAT: Mientras la mercancía está en depósito aduanero, el Representante aduanero es el responsable del ingreso de los aranceles e IVA. La AEAT le obliga a constituir una garantía para cubrir esa responsabilidad frente al impago del cliente (obligado tributario).
  2. Responsabilidad civil del Rte. Aduanero frente al cliente por incumplimiento del contrato: Por ejemplo, Pérdida de mercancía en depósito y en transporte
  3. Responsabilidad penal del Rep. Aduanero y sus trabajadores por comisión delictiva. Materia de Compliance penal. Evidentemente si el Rep. Aduanero es una persona jurídica esta actividad no queda fuera de la consideración de riesgo que debe observarse en las políticas de cumplimiento y Compliance penal.

 

 

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¿Has oído hablar sobre las agrupaciones de interés económico?

Las  Agrupaciones de Interés Económico, cuyo acrónimo es AIE, son un tipo de sociedades mercantiles especiales que se constituyen y crean mediante la unión de varias  empresas o de empresarios. Actualmente están reguladas en la ley de agrupaciones de interés económico 12/1991 de 29 de abril; supletoriamente se regulan por las normas de la sociedad colectiva que le sean compatibles con su específica naturaleza:

Al tener naturaleza de sociedad mercantil cuentan con personalidad jurídica y su carácter es mercantil.

La finalidad de la agrupación de interés económico es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios.
La agrupación de interés económico no tiene ánimo de lucro para sí misma.

El objeto de la agrupación de interés económico se limitara exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios.

La agrupación no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o indirectamente las actividades de sus socios o de terceros.

 

¿Pueden existir las AIE en el ámbito europeo?

Sí. En el ámbito europeo son las denominadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico, cuyo acrónimo es AEIE.

Las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) están reguladas por el Reglamento de la UE CEE/2137/85, que tratan de favorecer el desarrollo de actividades de entidades de la UE a través de la cooperación entre ellas, creando mediante este mecanismo un marco jurídico apropiado para favorecer sus relaciones.

La finalidad de la agrupación será facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, mejorar o incrementar los resultados de esta actividad; no es la de realizar beneficios para sí misma.

Su actividad debe vincularse con la actividad económica de sus miembros y sólo puede tener un carácter auxiliar con respecto a ésta.

 

¿Qué limitaciones tiene la AEIE?

La Agrupaciones Europeas de Interés Económico no pueden:

a) ejercer, directa o indirectamente, el poder de dirección o de control de las actividades propias de sus miembros o de las actividades de otra empresa, en particular en los sectores relativos al personal, las finanzas y las inversiones;

b) poseer, directa o indirectamente, por cualquier título, ninguna participación o acción, en cualquier forma, en una empresa miembro; la posesión de participaciones o de acciones en otra empresa sólo es posible en la medida en que es necesaria para alcanzar el objetivo de la agrupación y si tiene lugar por cuenta de sus miembros;

c) emplear más de quinientos asalariados;

d) ser utilizada por una sociedad para efectuar un préstamo a un directivo de una sociedad, o a cualquier otra persona relacionada con él, cuando tales préstamos están sujetos a restricción o a control según las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades
; una agrupación tampoco debe utilizarse para la transferencia de un bien entre una sociedad y un directivo, o cualquier otra persona relacionada con él, excepto en la medida permitida por las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades. Para los fines de la presente disposición, el préstamo engloba cualquier operación de efecto similar y el bien puede tener un carácter mobiliario o inmobiliario;

e) ser miembro de otra agrupación europea de interés económico.


 

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Te explicamos qué es el BREXIT

 

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El 11 de abril de 2019 el Consejo Europeo ha adoptado la presente decisión:

  • El plazo previsto en el artículo 50 apartado 3 del Tratado UE, prorrogado mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo, vuelve a prorrogarse hasta el 31 de octubre de 2019.
  • La presente Decisión dejará de aplicarse el 31 de mayo de 2019 si el Reino Unido no ha celebrado elecciones al Parlamento Europeo de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión y no ha ratificado el Acuerdo de Retirada a más tardar el 22 de mayo de 2019.

En la fecha que se determine finalmente se hará efectiva la salida de Reino Unido, convirtiéndose en un “tercer país”. El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias.

No obstante, si en la fecha de salida no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. Esta situación podría tener un efecto significativo en la organización y/o en flujos logísticos de los operadores económicos, por lo que resulta necesario evaluar dicho impacto y adelantar, en la medida de lo posible, las tramitaciones necesarias.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede cambiar el panorama comercial internacional, no sólo en cuanto al tráfico aduanero, representantes de aduana, liquidación de impuestos y gestiones de logística en importaciones y exportaciones, sino en el propio sistema de contratación, pues pueden quedar afectados todos aquellos que hasta entonces bajo el amparo de la Ley de Extranjería contaban con permiso de residencia, trabajo o estudios.

 

Esperamos haber aclarado la dudas acerca de qué es el BREXIT. Cualquier modificación legal supone necesariamente contar con un correcto asesoramiento legal en materia de extranjería (Permisos y residencias de trabajo, visados de estudios, reagrupaciones familiares etc…). Para ello nuestro despacho presta servicios de asesoramiento a empresas, Pymes y particulares.

Visítanos y consulta tu caso en lucasfrancoabogados.com, despacho referente en derecho internacional, expertos en derecho de empresas y negocios.

 

Información suministrada por la AEAT.

 

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¿Cuál es el ámbito normativo del representante aduanero?

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, promulgada para responder a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español los principios que introduce la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha supuesto, a su vez, la oportunidad de revisar el marco normativo de diversos sectores, a fin de eliminar obstáculos no justificados de acuerdo con los principios que introduce dicha normativa.

Por otra parte, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con objeto de dinamizar el sector servicios y ganar competitividad en relación con otros Estados europeos, pretende extender los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva de Servicios, y conseguir la supresión definitiva de trabas o requisitos no justificados de acuerdo con la línea de actuación señalada.

En concreto, respecto a la representación en aduanas, el Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (código aduanero modernizado), en su artículo 11.2, dispone que los Estados miembros podrán determinar, de conformidad con el Derecho comunitario, las condiciones en las que un representante aduanero podrá prestar los servicios propios de esta actividad en el Estado miembro en que esté establecido, añadiendo que, en determinadas condiciones, estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro distinto de aquél.

En este marco, el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero se dicta para modificar la normativa existente respecto al derecho a presentar declaraciones en aduanas y a la propia representación en aduana, al objeto de aplicar los instrumentos de liberalización de las actividades previstos en las directivas y disposiciones nacionales anteriormente mencionadas, adaptando la regulación del representante aduanero a lo establecido en el citado Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril de 2008, en el momento de su completa aplicación y configurando una regulación única de esta materia que supone la ampliación de las formas de acceso a la actividad de representante aduanero y la reducción de los trámites administrativos para su ejercicio.

 

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