¿Puedo impugnar un ERTE?

Si, el trabajador individualmente afectado por el despido dentro del marco de un expediente de regulación de empleo temporal, podrá impugnar el mismo a través del procedimiento previsto para la extinción del contrato por causas objetivas que se encuentra dentro de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, con las siguientes especialidades.

 

¿Cuándo puedo impugnar un ERTE?

Cuando el despido colectivo no haya sido impugnado por los representantes legales de los trabajadores, serán de aplicación al proceso individual de despido las siguientes reglas específicas:

  1. El plazo para la impugnación individual dará comienzo una vez transcurrido el plazo de caducidad de veinte días para el ejercicio de la acción por los representantes de los trabajadores.
  2. Cuando el objeto del debate verse sobre preferencias atribuidas a determinados trabajadores, éstos también deberán ser demandados.
  3. El despido será nulo por los siguientes motivos (apdo. 2, Art. 122 ,LJS):
    • Cuando resulte discriminatorio o contraria a los derechos fundamentales y libertades públicas del trabajador.
    • Cuando se haya efectuado en fraude de ley eludiendo las normas establecidas por los despidos colectivos (último párrafo del apdo. 1, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores).
    • La de los trabajadores durante el período de suspensión del contrato de trabajo por maternidad, riesgo durante el embarazo, riesgo durante la lactancia natural, enfermedades causadas por embarazo, parto o lactancia natural, adopción o acogimiento o paternidad al que se refiere la letra d) del apdo. 1,Art. 45 ,Estatuto de los Trabajadores, o el notificado en una fecha tal que el plazo de preaviso concedido finalice dentro de dicho período.
    • La de las trabajadoras embarazadas, desde la fecha de inicio del embarazo hasta el comienzo del período de suspensión a que se refiere la letra c), y la de los trabajadores que hayan solicitado uno de los permisos a los que se refieren los apartados 4, 4 bis y 5 del Art. 37 ,Estatuto de los Trabajadores, o estén disfrutando de ellos, o hayan solicitado o estén disfrutando la excedencia prevista en el 46.3 ,ET; y la de las trabajadoras víctimas de violencia de género por el ejercicio de los derechos de reducción o reordenación de su tiempo de trabajo, de movilidad geográfica, de cambio de centro de trabajo o de suspensión de la relación laboral, en los términos y condiciones reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores.
    • La de los trabajadores después de haberse reintegrado al trabajo al finalizar los períodos de suspensión del contrato por maternidad, adopción o acogimiento o paternidad, siempre que no hubieran transcurrido más de nueve meses desde la fecha de nacimiento, adopción o acogimiento del hijo.
    • Cuando el empresario no haya realizado el periodo de consultas o entregado la documentación prevista en el apdo. 2, Art. 51 ,Estatuto de los Trabajadores.
    • Cuando el empresario no haya respetado el procedimiento establecido en el apdo. 7, Art. 51 ,ET.
    • Cuando no se hubiese obtenido la autorización judicial del juez del concurso, en los supuestos en que esté legalmente prevista.

También será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

Cuando el despido colectivo haya sido impugnado a través de los representantes legales de los trabajadores, serán de aplicación las siguientes reglas:

  1. El plazo de caducidad para la impugnación individual comenzará a computar desde la firmeza de la sentencia dictada en el proceso colectivo, o, en su caso, desde la conciliación judicial.
  2. La sentencia firme o el acuerdo de conciliación judicial tendrán eficacia de cosa juzgada sobre los procesos individuales, por lo que el objeto de dichos procesos quedará limitado a aquellas cuestiones de carácter individual que no hayan sido objeto de la demanda formulada a través del proceso regulado en los apartados anteriores.
  3. Será nula la extinción del contrato acordada por el empresario sin respetar las prioridades de permanencia que pudieran estar establecidas en las leyes, los convenios colectivos o en el acuerdo alcanzado durante el periodo de consultas. Esta nulidad no afectará a las extinciones que dentro del mismo despido colectivo hayan respetado las prioridades de permanencia.

Contacta con un abogado experto en asesoramiento empresarial y derecho mercantil, lo que nos permite contar con varios años de experiencia gestionando y llevando los problemas de nuestras empresas, entre otras, aquellas de materia laboral. Somos conscientes que una buena defensa pasa incluso por una buena gestión de la negociación del conflicto con el trabajador, por ello, todas nuestras líneas de asesoría están pensadas en asegurar el mayor éxito de los intereses económicos de la empresa.

Nos encargamos de defender a la empresa ante cualquier jurisdicción, laboral, civil, penal, administrativa, ya que contamos con varios abogados multidisciplinares, dirigidos por Daniel Lucas Romero, abogado de reconocido prestigio profesional.

El Covid-19 y nuestras relaciones contractuales. Actualmente el “Covid-19” extiende sus efectos en el ámbito económico empresarial alterando no sólo el modo, sino la forma de llevarse a cabo el perfeccionamiento y cumplimiento de los contratos laborales y mercantiles.

Cada compañía no puede ser ajeno al gran reto que tanto como proveedor como cliente se le plantea plantea. Hasta la fecha no existe una regulación concreta que nos permita determinar, prima facie, una situación clara y exacta de cómo proceder. Por tanto, y bajo el manto de la consideración del Covid-19 como un agente que ha elevado la situación de emergencia de salud pública a una situación de pandemia internacional, no es de extrañar que dicha situación se puede entender, en esencia, como una de fuerza mayor. Si bien no podemos confundir la propia situación sanitaria de fuerza mayor, imprevista, imprevisible e inevitable, con que la misma sea causa suficiente para ser entendida, en el ámbito de los negocios, como fuerza mayor que permita liberar del cumplimiento contractual.

  • Así, en mi opinión, y hasta que no exista una regulación legal concreta, sólo podremos considerar como situación de fuerza mayor la situación en la que una norma legal, por ejemplo el RD 463/2020, prohíba el desarrollo de nuestra actividad. En este caso si podríamos instar la liberación de las obligaciones contractuales.
  • Por tanto, ante las dificultades técnicas y limitaciones legales, cabe pensar si se aplicaría la regla “rebus sic stantibus”. Como ya es conocido se trata de una cláusula que no está regulada en precepto alguno, sino más bien está sustentado en una aplicación e interpretación doctrinal ya consolidada que permite la alteración de las condiciones o cláusulas contractuales por motivos o causas concretas que permita el restablecimiento del equilibrio de las prestaciones del contrato.

Así podemos decir que esta cláusula contractual, prevista o no, se aplica cuando, por circunstancias sobrevenidas y totalmente fuera del poder de actuación de las partes, a cualquiera de ellas les resulta absolutamente imposible o gravoso el cumplimiento de la obligación. (1)

Para su aplicación deben cumplirse al necesariamente las siguientes premisas:

  1. Debe ser un contrato con continuidad en el tiempo y de tracto sucesivo.
  2. La modificación en las condiciones económicas debe ser extraordinaria e imprevista.
  3. La desproporción entre prestación y contraprestación que tal modificación ocasione debe ser exorbitante y fuera de todo cálculo.
  4. Debe ser aplicada para equilibrar la balanza de obligaciones, no para invertirla.

En este sentido fue aplicada en la anterior crisis, la del 2008, si se acreditaba no sólo la situación de crisis general, sino la especial afección al negocio concreto, y en particular, el desequilibrio desorbitado (por ejemplo negocio a pérdidas) o como dice el TS en su sentencia de fecha 30 de junio de 2014, rec. 2250/2012 “cambio de circunstancias suficientes”. (2)

En conclusión:

a) No es causa suficiente para eximirnos de cualquier obligación contractual (pago de alquileres, cumplimiento de prestación de servicios, pago por contraprestación de servicios….). En mi opinión, sólo nos habilita, como mucho, a negociar unas nuevas condiciones, si bien aunque sea, con carácter temporal.

b) Y este derecho a negociar es automático?.- No.

  1. Primero debemos observar si el contrato prevé alguna cláusula en concreto.
  2. En alquileres/explotaciones.– Aboguemos por la solidaridad y buena fe. Instemos la negociación para rebaja del precio del alquiler o de cualquier otra obligación, pues es evidente, que la afección de las limitaciones de operaciones, pérdidas de clientes etc… afecta a la capacidad económica y si podemos acreditarlo, se puede negociar.
  3. Si la empresa fuere Proveedor de servicios o Arrendador.– Aboguemos por la solidaridad y buena fe. En este caso, creo conveniente adaptar y modular las obligaciones derivadas del contrato para evitar situaciones de impagos o de conflicto, siempre dentro de unos límites y siempre condicionado a que:
    • La otra parte acredite suficientemente pérdidas económicas continuadas, al menos 1 mes y que perdura en los meses siguientes(comprobación). (serán indicios la apertura de Ertes, despidos, situaciones contables, limitaciones o prohibiciones parciales de operar)
    • Se traten de obligaciones continuas en el tiempo (tracto sucesivo o continuo).
    • Sea de carácter temporal.

Este es un breve análisis que aportamos como resumen de la diversas publicaciones que existen, las cuales, por confusas, hemos creído oportuno resumir, sin que suponga éste un informe jurídico. Nuestros bufete de abogados presta servicios de asesoría a empresas, mediante cuota fija o iguala, o bien mediante el estudio, valoración y actuación concreta de un asunto. En cualquier caso, la empresa o el particular que tenga un contrato sobre el cual quiere aplicar una revisión de sus condiciones, debe, en todo caso, estar asesorado y consultar con un abogado experto en derecho civil y mercantil que le permita, viendo el caso concreto, indicarle la solución más ajustada y viable.

El Covid-19 y nuestras relaciones contractuales

 

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(1) Ejemplo de lo anterior podemos destacar la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid de fecha 30 de noviembre de 1993, que concluye que “en los contratos de tracto sucesivo de larga o indeterminada duración, viene admitiéndose la modificación del contrato e incluso su resolución o extinción en aplicación de la implícita causa rebus sic stantibus o en la teoría de la base del negocio, y así el Tribunal Supremo ha venido reconociendo la necesidad de corregir los desequilibrios cuando sobrevienen hechos extraordinarios, imprevisibles y capaces de provocar el desequilibrio de las prestaciones básicas del contrato”, aprecia que debe acordarse la resolución y el acogimiento de la desaparición de la base del negocio excepcionada por la parte demandada en su escrito de contestación, pues “la frustración negocial que implica la imposibilidad de obtener la finalidad perseguida con el contrato, al devenir irrealizable el personal asesoramiento de xxxxxx. por su muerte […] y la incapacidad de la sociedad actora para prestar el servicio convenido por otros medios que permitiesen obtener un resultado hábil para “xxxxx”, deben determinar que se considere correctamente extinguida la relación por la unilateral voluntad de la demanda”.

(2) de que la actual crisis económica, de efectos profundos y prolongados de recesión económica, puede ser considerada abiertamente como un fenómeno de la economía capaz de generar un grave trastorno o mutación de las circunstancias y, por tanto, alterar las bases sobre las cuales la iniciación y el desarrollo de las relaciones contractuales se habían establecido. No obstante, reconocida su relevancia como hecho impulsor del cambio o mutación del contexto económico, la aplicación de la cláusula rebus no se produce de forma generalizada ni de un modo automático pues como señalan ambas Sentencias, y aquí se ha reiterado, resulta necesario examinar que el cambio operado comporte una significación jurídica digna de atención en los casos planteados, esto es, que la crisis económica constituya en estos casos un presupuesto previo, justificativo del cambio operado no significa que no deba entrarse a valorar su incidencia real en la relación contractual de que se trate; de ahí, que ambas Sentencias destaquen que la crisis económica, como hecho ciertamente notorio, no pueda constituir por ella sola el fundamento de aplicación de la cláusula rebus máxime, como resulta de los supuestos de hecho de las Sentencias citadas, cuando confundiéndose la tipicidad contractual de la figura se pretende su aplicación por la vía errónea de la imposibilidad sobrevenida de la prestación (arts.1182 a1184 del Código Civil).” Es decir, se debe aplicar con cautela ante la perversidad de la esencia de la propia doctrina.

Requisitos para ser representante aduanero

Los requisitos para ser representante aduanero, pudiendo actuar tanto en representación directa como indirecta, las personas físicas o jurídicas, son:

  • Estar establecidos, según la legislación aduanera de la Unión Europea, en España o en el territorio de cualquier otro  Estado miembro de aquélla o, en los supuestos que se prevean en la citada legislación, en terceros países.
  • Acreditar la capacitación necesaria para el desarrollo de la actividad de representante aduanero.
  • Estar inscrito en el Registro de Representantes Aduaneros del Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

Artículo 4.1 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

¿Cómo se acredita la capacitación para ser representante aduanero?

  • En el supuesto de personas físicas, mediante la superación de las pruebas de aptitud que se convoquen por la Agencia Estatal de Administración Tributaria sobre cuestiones relativas a la normativa básica tributaria y aduanera en el ámbito del comercio exterior de mercancías, de los impuestos especiales, de la regulación del contrabando, del Régimen Económico y Fiscal de Canarias y regímenes especiales de Ceuta y Melilla y de la regulación básica de los contratos de compra-venta y de transporte internacional de mercancías y las reglas relativas a los pagos internacionales.
  • En el supuesto de personas jurídicas, el requisito de capacitación se considera acreditado cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:
    • Bien que al menos uno de sus representantes legales sea una persona física que tenga la condición de representante aduanero.
    • Bien que haya apoderado, al menos, a una persona física que tenga la condición de representante aduanero. Este apoderado o apoderados estarán vinculados a la persona jurídica a través de un contrato laboral indefinido y no podrán ser representantes legales o voluntarios de otros representantes aduaneros, ni prestar servicios de representación aduanera como persona física mientras estén vinculados a la persona jurídica.

Podrán ser además representante Aduanero:

  • Los representantes aduaneros legalmente establecidos en cualquier otro Estado miembro de la Unión Europea y que cumplan con los criterios previstos para la concesión del estatuto de operador económico autorizado.
  • Los operadores económicos que hayan obtenido el estatus de operador económico autorizado mientras ostenten dicha condición y en la medida en que puedan acogerse a las simplificaciones establecidas en la normativa aduanera, con independencia  del Estado miembro en el que estén establecidos.

Artículo 4.2. a) y b); 4.3 y 4.4 del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

¿Quiénes están eximidas de acreditar la capacitación para ser representante aduanero?

  1. Las personas físicas que tengan la consideración de Agentes y Comisionistas de Aduanas.
  2. Las personas físicas que a la entrada en vigor del Real Decreto 335/2010 se encontraran habilitadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la Agencia Estatal de Administración Tributaria para presentar declaraciones en aduana en nombre propio y por cuenta ajena.
  3. Las personas físicas que durante tres años, anteriores a la entrada en vigor del Real Decreto 335/2010 hubieran firmado, con regularidad, declaraciones como apoderados y mantenido una relación laboral con personas o entidades habilitadas por el Departamento de Aduanas e Impuestos Especiales de la AEAT para la presentación de declaraciones en aduana.
  4. En su totalidad o de forma parcial, quienes acrediten los conocimientos señalados en el art. 4, apartado 2.a) con los títulos o estudios que se determinen en cada convocatoria.

Artículo 4.2. a) del Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero.

 

He obtenido la calificación de apto en las pruebas de aptitud para la capacitación como representante aduanero. ¿Qué tengo que hacer?

En principio no tiene que hacer nada, ya que la inscripción en el registro de representantes aduaneros se realizará de oficio. No obstante, si se trata de una persona física no establecida en España y que no tiene NIF debe solicitar el alta del número de registro e identificación de operadores económicos (EORI).

La solicitud del alta se deberá realizar a través de la Sede Electrónica de la AEAT mediante la opción “Alta de EORI español”, a la que se accede siguiendo la siguiente ruta: “Aduanas/Autorización (revocación y suspensiones) y censos/Registros y Censos: Solicitud de alta del número de registro e identificación de operadores económicos (EORI) o de asociación EORI-NIF/ Alta de EORI español”.

 

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El poder disciplinario del empresario. Límite y extensión del poder sancionador

El poder disciplinario del empresario es una de las consultas recurrentes que recibimos como abogados expertos en asesoramiento legal a empresas, en relación al límite y extensión del poder sancionador o disciplinario del empresario. Por ello introducimos este artículo sobre las sanciones económicas o multas de haber impuestas al trabajador, respecto de lo cual diremos que, en nuestra opinión, salvo un acuerdo expreso por las partes están prohibidas parcialmente.

En primer lugar, cabe señalar que la Constitución Española y el Estatuto de los Trabajadores, regulan varios preceptos de los que se deriva directamente el poder de dirección del empresario:

  1. Se reconoce la libertad de empresa en el marco de la economía de mercado. Los poderes públicos garantizan y protegen su ejercicio y la defensa de la productividad, de acuerdo con las exigencias de la economía general y, en su caso, de la planificación.
  2. Los trabajadores prestan sus servicios “dentro del ámbito de organización y dirección” de un empresario (apdo. 1, Art. 1 ,ET).
  3. Es deber básico del trabajador “cumplir las órdenes e instrucciones del empresario en el ejercicio regular de sus funciones directivas” (aprt. c), Art. 5 ,ET).
  4. El trabajador estará obligado a realizar el trabajo convenido bajo la dirección del empresario o persona en quien éste delegue” (apdo. 1, Art. 20 ,ET).

 

La titularidad del poder de dirección corresponde al empresario.

Esta facultad sancionadora o disciplinaria viene recogida por nuestro Tribunal Constitucional, quien entre otras, en sus sentencias de 21 de diciembre de 1995 y de 24 de julio, lo prevé expresamente como un poder disciplinario que le permite adoptar decisiones sancionadoras de eficacia inmediata, sin necesidad de acudir a las instancias judiciales para su imposición y efectividad”.

Es evidente que frente a esta potestad, existe un derecho inalienable del propio trabajador, que es el de instar y obtener en la vía judicial laboral la revisión de la conformidad a Derecho de la decisión empresarial.

Dispone el art. 58 del Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, relativo a las Faltas y sanciones de los trabajadores que:

  1. Los trabajadores podrán ser sancionados por la dirección de las empresas en virtud de incumplimientos laborales, de acuerdo con la graduación de faltas y sanciones que se establezcan en las disposiciones legales o en el convenio colectivo que sea aplicable.
  2. La valoración de las faltas y las correspondientes sanciones impuestas por la dirección de la empresa serán siempre revisables ante la jurisdicción social. La sanción de las faltas graves y muy graves requerirá comunicación escrita al trabajador, haciendo constar la fecha y los hechos que la motivan.
  3. No se podrán imponer sanciones que consistan en la reducción de la duración de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber”.

 

De esta manera, el poder disciplinario del empresario es limitado.

Debe estar ajustado no sólo al estatuto de los trabajadores, sino a las reglas del convenio, y principio de proporcionalidad en general. Este acogimiento al principio de proporcionalidad, aducido en el art 58 del ET, evidencia la necesaria adecuación entre la falta y la sanción. Estando proscrita las sanciones que consistan en, reducción de las vacaciones u otra minoración de los derechos al descanso del trabajador o multa de haber, y todo esto en base al principio non bis in idem, es decir, una misma conducta no puede ser sancionada dos veces.

Las sanciones económicas al trabajador o multas de haber, tan solo se permiten para la relación laboral especial de los deportistas profesionales regulada en el Real Decreto 1006/1985, de 26 de junio.

 

¿Pero, qué es una multa de haber?

Es una multa de haber cuando el empresario exige conjuntamente trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero. No se puede acoger los dos términos conjuntamente. Queda previsto y reglado la suspensión de empleo y sueldo, pero en absoluto, se puede permitir que se exija el desempeño de un trabajo y además sufrir la penalización económica, es decir, trabajar sin remuneración. Si el trabajador que se encuentra en suspensión sigue prestando sus servicios sin cobrar los mismos, se está privando al asalariado de su Derecho a la percepción de la remuneración pactada o legalmente establecida, de conformidad con lo que estipula el artículo 4. 2 f) ET.

En este sentido se pronuncia la Sentencia núm. 2027/1998 de 28 mayo del Tribunal Superior de Justicia de País Vasco, (Sala de lo Social), la Ley (art. 58.3 Estatuto de los Trabajadores) excluye el descuento de retribuciones como sanción posible, lo que no es otra cosa que importar la regla de la cláusula penal (art. 1153 Código Civil) en un contrato sinalagmático, convirtiendo la norma dispositiva en imperativa (defendiendo al trabajador cuyas posibilidades de «ius resistentiae» frente al incumplimiento empresarial son muy limitadas), pues el empresario a través de la multa de haber, exige conjuntamente el trabajo efectivo y la satisfacción de una cantidad de dinero, o si se prefiere, sacrifica el derecho salarial mientras que no padece el trabajo efectivo que lucra.

En conclusión, nuestro despacho de abogados de Madrid, expertos en asesoría a empresas y derecho laboral, entiende que ante estas situaciones es necesario llegar a un acuerdo entre las partes. Si no existe acuerdo expreso entre las partes sin cruzar los límites descritos, habrá que reclamar el importe de la sanción o multa ante la jurisdicción social.

 

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Cuáles son los tipos de responsabilidad del representante aduanero

Con la entrada en vigor del Código Aduanero (CAU) en 2016, se introdujeron importantes modificaciones para el representante aduanero. Dos tipos de representación aduanera existen, como existían con el antiguo Código:

  • La representación directa, por la que el representante presenta la declaración de aduanas en nombre y por cuenta de su representado, no adquiriendo responsabilidad sobre la deuda aduanera;
  • La representación indirecta, en la que el representante presenta la declaración en nombre propio, pero por cuenta de su representado, actuando como declarante y convirtiéndose en deudor de la deuda aduanera junto con su representado. Esta responsabilidad solidaria por la deuda aduanera se mantiene durante los tres años posteriores al despacho por cualquier actividad de comprobación o inspección que tenga lugar tras el levante.

 

Consideraciones de la AEAT

La consideración por la AEAT del agente de aduanas como codeudor solidario de la deuda aduanera liquidada se produce por mor de la institución de la representación indirecta y, más concretamente, por aplicación del Artículo 201.3 del CAC que dispone que en relación a la deuda aduanera derivada del despacho a libre práctica de una mercancía sujeta a derechos de importación “el deudor será el declarante. En caso de representación indirecta, será también deudora la persona por cuya cuenta se haga la declaración.

Pues bien, la consideración como codeudor del representante indirecto está siendo últimamente aplicada por la Hacienda pública para reclamar al agente la deuda aduanera liquidada con posterioridad consecuencia de análisis efectuados en los que se modifica la clasificación arancelaria. Incluso cuando, como sucede habitualmente, el agente de aduanas desconocía absolutamente la verdadera naturaleza de la citada mercancía, o cuando había una intención fraudulenta por parte del importador.

Art. 201 del Reglamento (CEE) nº 2913/1992 del Consejo, de 12 de octubre, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario Artículos 36 y 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

 

Las responsabilidades que se pueden derivar priori de las anteriores representaciones son:

  1. Responsabilidad tributaria frente a la AEAT: Mientras la mercancía está en depósito aduanero, el Representante aduanero es el responsable del ingreso de los aranceles e IVA. La AEAT le obliga a constituir una garantía para cubrir esa responsabilidad frente al impago del cliente (obligado tributario).
  2. Responsabilidad civil del Rte. Aduanero frente al cliente por incumplimiento del contrato: Por ejemplo, Pérdida de mercancía en depósito y en transporte
  3. Responsabilidad penal del Rep. Aduanero y sus trabajadores por comisión delictiva. Materia de Compliance penal. Evidentemente si el Rep. Aduanero es una persona jurídica esta actividad no queda fuera de la consideración de riesgo que debe observarse en las políticas de cumplimiento y Compliance penal.

 

 

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¿Has oído hablar sobre las agrupaciones de interés económico?

Las  Agrupaciones de Interés Económico, cuyo acrónimo es AIE, son un tipo de sociedades mercantiles especiales que se constituyen y crean mediante la unión de varias  empresas o de empresarios. Actualmente están reguladas en la ley de agrupaciones de interés económico 12/1991 de 29 de abril; supletoriamente se regulan por las normas de la sociedad colectiva que le sean compatibles con su específica naturaleza:

Al tener naturaleza de sociedad mercantil cuentan con personalidad jurídica y su carácter es mercantil.

La finalidad de la agrupación de interés económico es facilitar el desarrollo o mejorar los resultados de la actividad de sus socios.
La agrupación de interés económico no tiene ánimo de lucro para sí misma.

El objeto de la agrupación de interés económico se limitara exclusivamente a una actividad económica auxiliar de la que desarrollen sus socios.

La agrupación no podrá poseer directa o indirectamente participaciones en sociedades que sean miembros suyos, ni dirigir o controlar directa o indirectamente las actividades de sus socios o de terceros.

 

¿Pueden existir las AIE en el ámbito europeo?

Sí. En el ámbito europeo son las denominadas Agrupaciones Europeas de Interés Económico, cuyo acrónimo es AEIE.

Las Agrupaciones Europeas de Interés Económico (AEIE) están reguladas por el Reglamento de la UE CEE/2137/85, que tratan de favorecer el desarrollo de actividades de entidades de la UE a través de la cooperación entre ellas, creando mediante este mecanismo un marco jurídico apropiado para favorecer sus relaciones.

La finalidad de la agrupación será facilitar o desarrollar la actividad económica de sus miembros, mejorar o incrementar los resultados de esta actividad; no es la de realizar beneficios para sí misma.

Su actividad debe vincularse con la actividad económica de sus miembros y sólo puede tener un carácter auxiliar con respecto a ésta.

 

¿Qué limitaciones tiene la AEIE?

La Agrupaciones Europeas de Interés Económico no pueden:

a) ejercer, directa o indirectamente, el poder de dirección o de control de las actividades propias de sus miembros o de las actividades de otra empresa, en particular en los sectores relativos al personal, las finanzas y las inversiones;

b) poseer, directa o indirectamente, por cualquier título, ninguna participación o acción, en cualquier forma, en una empresa miembro; la posesión de participaciones o de acciones en otra empresa sólo es posible en la medida en que es necesaria para alcanzar el objetivo de la agrupación y si tiene lugar por cuenta de sus miembros;

c) emplear más de quinientos asalariados;

d) ser utilizada por una sociedad para efectuar un préstamo a un directivo de una sociedad, o a cualquier otra persona relacionada con él, cuando tales préstamos están sujetos a restricción o a control según las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades
; una agrupación tampoco debe utilizarse para la transferencia de un bien entre una sociedad y un directivo, o cualquier otra persona relacionada con él, excepto en la medida permitida por las leyes de los estados miembros aplicables a las sociedades. Para los fines de la presente disposición, el préstamo engloba cualquier operación de efecto similar y el bien puede tener un carácter mobiliario o inmobiliario;

e) ser miembro de otra agrupación europea de interés económico.


 

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Te explicamos qué es el BREXIT

 

El 14 de noviembre los negociadores de la Unión Europea y del Reino Unido alcanzaron un Acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la Unión Europea (BREXIT). También se elaboró una Declaración Política que expone el marco de las relaciones futuras.

Con arreglo al artículo 50 apartado 3 del TUE, los Tratados dejarán de aplicarse al Estado que se retira a partir de la fecha de entrada en vigor del Acuerdo de Retirada o, en su defecto, a los dos años de la notificación, salvo si el Consejo Europeo, de acuerdo con dicho Estado, decide por unanimidad prorrogar dicho plazo.

El 11 de abril de 2019 el Consejo Europeo ha adoptado la presente decisión:

  • El plazo previsto en el artículo 50 apartado 3 del Tratado UE, prorrogado mediante la Decisión (UE) 2019/476 del Consejo Europeo, vuelve a prorrogarse hasta el 31 de octubre de 2019.
  • La presente Decisión dejará de aplicarse el 31 de mayo de 2019 si el Reino Unido no ha celebrado elecciones al Parlamento Europeo de conformidad con el Derecho aplicable de la Unión y no ha ratificado el Acuerdo de Retirada a más tardar el 22 de mayo de 2019.

En la fecha que se determine finalmente se hará efectiva la salida de Reino Unido, convirtiéndose en un “tercer país”. El Acuerdo de Retirada contempla un período transitorio hasta el 31 de diciembre de 2020, durante el que se seguirá aplicando la legislación comunitaria en el Reino Unido en relación al mercado interior, unión aduanera y las políticas comunitarias.

No obstante, si en la fecha de salida no estuviese en vigor el acuerdo, el Reino Unido pasaría a tener la consideración de tercer país, sin ninguna preferencia específica. Esta situación podría tener un efecto significativo en la organización y/o en flujos logísticos de los operadores económicos, por lo que resulta necesario evaluar dicho impacto y adelantar, en la medida de lo posible, las tramitaciones necesarias.

La salida del Reino Unido de la Unión Europea puede cambiar el panorama comercial internacional, no sólo en cuanto al tráfico aduanero, representantes de aduana, liquidación de impuestos y gestiones de logística en importaciones y exportaciones, sino en el propio sistema de contratación, pues pueden quedar afectados todos aquellos que hasta entonces bajo el amparo de la Ley de Extranjería contaban con permiso de residencia, trabajo o estudios.

 

Esperamos haber aclarado la dudas acerca de qué es el BREXIT. Cualquier modificación legal supone necesariamente contar con un correcto asesoramiento legal en materia de extranjería (Permisos y residencias de trabajo, visados de estudios, reagrupaciones familiares etc…). Para ello nuestro despacho presta servicios de asesoramiento a empresas, Pymes y particulares.

Visítanos y consulta tu caso en lucasfrancoabogados.com, despacho referente en derecho internacional, expertos en derecho de empresas y negocios.

 

Información suministrada por la AEAT.

 

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¿Cuál es el ámbito normativo del representante aduanero?

La Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, promulgada para responder a la necesidad de incorporar al ordenamiento jurídico español los principios que introduce la Directiva 2006/123/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 12 de diciembre de 2006, relativa a los servicios en el mercado interior, ha supuesto, a su vez, la oportunidad de revisar el marco normativo de diversos sectores, a fin de eliminar obstáculos no justificados de acuerdo con los principios que introduce dicha normativa.

Por otra parte, la Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, con objeto de dinamizar el sector servicios y ganar competitividad en relación con otros Estados europeos, pretende extender los principios de buena regulación a sectores no afectados por la Directiva de Servicios, y conseguir la supresión definitiva de trabas o requisitos no justificados de acuerdo con la línea de actuación señalada.

En concreto, respecto a la representación en aduanas, el Reglamento (CE) n.º 450/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2008, por el que se establece el Código Aduanero Comunitario (código aduanero modernizado), en su artículo 11.2, dispone que los Estados miembros podrán determinar, de conformidad con el Derecho comunitario, las condiciones en las que un representante aduanero podrá prestar los servicios propios de esta actividad en el Estado miembro en que esté establecido, añadiendo que, en determinadas condiciones, estará autorizado a prestar tales servicios en otro Estado miembro distinto de aquél.

En este marco, el Real Decreto 335/2010, de 19 de marzo, por el que se regula el derecho a efectuar declaraciones en aduana y la figura del representante aduanero se dicta para modificar la normativa existente respecto al derecho a presentar declaraciones en aduanas y a la propia representación en aduana, al objeto de aplicar los instrumentos de liberalización de las actividades previstos en las directivas y disposiciones nacionales anteriormente mencionadas, adaptando la regulación del representante aduanero a lo establecido en el citado Reglamento (CE) n.º 450/2008, de 23 de abril de 2008, en el momento de su completa aplicación y configurando una regulación única de esta materia que supone la ampliación de las formas de acceso a la actividad de representante aduanero y la reducción de los trámites administrativos para su ejercicio.

 

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