La extradición en España y su defensa penal

Los casos de extradición en España han de ser tratada por un despacho de abogados expertos en derecho penal internacional. Hemos llevado múltiples casos de extradición en España, la gran mayoría de casos, con resoluciones judiciales positivas para nuestros intereses, es decir, acordando denegar la extradición del reclamado.

La extradición Pasiva es un procedimiento de colaboración jurídica internacional que tiene su esencia en tramitar un procedimiento formal para decidir si por parte de España se entrega o no a una persona reclamada para el cumplimiento de una pena o para ser Juzgado en el Estado reclamante.

En definitiva tiene por objeto la puesta de un presunto delincuente, por el Estado requerido (donde se encuentra en el momento de tramitar la solicitud), a disposición de otro Estado (requirente), para su enjuiciamiento y para el cumplimiento de la condena.

A diferencia de la Euroorden, en este procedimiento los requisitos formales que acompañan cada solicitud de extradición en España son más amplios y el procedimiento cuenta con unos tintes menos automáticos que las euro ordenes. la principal diferencia es que la euro orden parte del reconocimiento previo de una serie de condiciones del estado reclamante que limitan el derecho de defensa del extraditurus.

Nuestro trabajo empieza por la asistencia penal del reclamado, en comisaría o ante el juzgado de guardia o ante el juzgado central de instrucción, atendiendo y defendiendo la vista de situación personal para lograr una inmediata puesta en libertad provisional.

Tras ello, dado el carácter formal del procedimiento de  extradición en España, llevamos a cabo el mejor asesoramiento posible del caso, elaborando una línea de defensa, que variará según el estado que reclame, los documentos que aporte a la petición extradicional, si se trata de un ciudadano nacional español o no etc..

Especialmente importante en este tipo de procedimientos es la consideración del derecho internacional, y más concretamente de las resoluciones europeas. Así por ejemplo citamos el auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014, en el cual se valoraban estas vulneraciones de principios y garantías.

 

Auto de la Audiencia Nacional. Sala de lo Penal. Recurso de Súplica 9/2014. Auto 10/2014

“Para estimar esta eventual vulneración no cabe, como tienen establecido tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, exigir que la “persona acredite de modo pleno y absoluto la vulneración de sus derechos en el extranjero, de la que van a derivarse consecuencias perjudiciales para la misma, o que esa vulneración va a tener lugar en el futuro, toda vez que ello supondría normalmente una carga exorbitante para el afectado” ( STC 32/2003, de 13 de febrero ). Así debe estimarse suficiente que se justifique la existencia un temor racional y fundado de que estos derechos del reclamado pueden ser vulnerados por parte de los órganos del Estado requirente, y deberá excluirse la entrega la entrega de sujetos que, presumiblemente, con cierto grado de seguridad, puedan sufrir vulneraciones relevantes, por existir al respecto un temor racional y fundado. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos, por su parte, en relación con los derechos a la vida y a no padecer torturas ni penas o tratos inhumanos o degradantes, tomando en consideración las circunstancias concretas que pueden entrañar en estos casos una dificultad probatoria, ha aludido a la existencia de motivos serios y acreditados para creer que si el interesado es entregado al Estado requirente correrá un riesgo real de ser sometido a torturas o a penas o tratos inhumanos o degradantes (caso Soering, caso Ahmed contra Austria; Sentencia de 11 de julio de 2000, caso G.H.H. y otros contra Turquía). Ello supone que es preciso que “el temor o riesgos aducidos, sean fundados, en el sentido de mínimamente acreditados por el propio reclamado” y, además, no bastan alusiones o alegaciones “genéricas” sobre la situación del país, sino que el reclamado ha de efectuar concretas alegaciones en relación a su persona y derechos ( STC 148/2004, de 13 de septiembre ).

La jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en relación con peticiones de extradición a Turkmenistán por Rusia estimaron ( S. 7-6-2007, caso Garabayed contra Rusia ) que se había vulnerado el art. 3 del CEDH , por la inexistencia de un marco legislativo que permita la protección a los individuo frente a malos tratos y por haberse infringido el deber de investigación oficial efectiva frente a las denuncias de malos tratos, también la vulneración del art. 5.1 porque el interesado no estuvo informado de las razones de su detención en el procedimiento de extradición en el plazo mas corto para poder recurrirla.

En el mismo sentido la Sentencia delTribunal Europeo de Derechos Humanos de 19.06.2008 (caso Ryabikin contra Rusia). También la Sentencia de 23.10.2008 (caso Soldatenko contra Ucrania ).

Más recientemente la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos 17.06.2010 (Caso Kolesnik contra Rusia ) recuerda como ese tribunal ya declaró que la extradición a Turkmenistán por cargos penales puede suponer una violación del artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos “nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Los factores relevantes que se habían tenido en cuenta fueron: los informes creíbles y consistentes de varias fuentes confiables de torturas, palizas y el uso de la fuerza contra presuntos delincuentes por las autoridades policiales de Turkmenistán; pésimas condiciones de detención, la discriminación contra las personas de etnia no turkmena, lo que los hacía especialmente vulnerables a los abusos, el efecto acumulativo de las malas condiciones de detención, en vista de la duración potencial de la condena; negativa sistemática de las autoridades de Turkmenistán para permitir la revisión de los lugares de detención por organizaciones internacionales o no gubernamentales.

También se señala que las garantías diplomáticas dadas por las autoridades de Turkmenistán no son suficientes para garantizar la protección contra el grave riesgo de malos tratos en el caso de la extradición.

El carácter vinculante de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos nos obliga a examinar si en el momento actual se siguen dando los factores que fueron estimados relevantes para temer que la extradición implica un grave riesgo de malos tratos.

Sobre la situación actual de Turkmenistán la documentación que aporta la defensa pone de manifiesto una preocupante situación en materia de derechos humanos, aunque también el esfuerzo legislativo y de medios que el estado de Turkmenistán esta llevando a cabo para incorporar y hacer efectivas las exigencias internacionales en aras a la protección de los derechos fundamentales.

El Informe de Amnistía Internacional de 2013 sigue describiendo una preocupante situación de los derechos humanos en ese país y se insta al Gobierno a dar pasos reales para garantizar la protección frente a la tortura u otros malos tratos, condenado éstas sin preservas, ocupándose del problema de la impunidad en los casos de torturas, y garantizando una investigación inmediata, en profundidad, independiente e imparcial.

También se recoge como se han producido reformas para permitir la existencia de partidos políticos rivales y se ha prometido luchar contra la tortura de forma más efectiva, y el temor a que estas reformas sean solo superficiales, porque la información sigue sometida a un control férreo, la población intimidada y la riqueza pública sometida al mismo expolio que antes. En el mismo sentido se siguen pronunciando los informes del Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.

El Parlamento Europeo (propuesta de resolución común del Parlamento Europeo de 22 de octubre de 2003) recoge como en el año 2003 Turkmenistán hacía caso omiso de las obligaciones derivadas de los convenios internacionales en materia de derechos humanos y e ignoraba sistemáticamente las recomendaciones del Relator para el país y la Resolución de la Comisión de Derechos Humanos de la Naciones Unidas de 2003. En ese momento era un Estado de partido único donde los derechos civiles y políticos, incluyendo las libertades de expresión, religión, asociación y reunión estaban severamente limitados y las minorías étnicas eran víctimas de discriminación a gran escala Actualmente y desde 2012 se han legalizado los partidos políticos y se han llevado a cabo modificaciones legales para el reconocimiento y respeto de los derechos fundamentales. Sin embargo aún no se ha podido constatar que las torturas o las violaciones de derechos fundamentales estén siendo efectivamente perseguidas, que casos denunciados hayan sido objeto de investigación y de persecución de forma eficaz por organismos independientes. Sigue existiendo una falta de un sistema eficaz de prevención y de represión de la tortura.

En 2011-2012 se admitieron las primeras visitas de la delegación del Comité Internacional de la Cruz Roja a centros de detención, pero aún está en estudio la posibilidad de cursar invitaciones a los Relatores Especiales de ACNUDH para que visiten Turkmenistán (Informe Nacional presentado por Turkmenistán a la Asamblea general de Naciones Unidas, de 4 de febrero de 2013). El reclamado no forma parte de la etnia del país, y este dato fue estimado por el Tribunal Europeo como relevante para evaluar el riego de malos tratos a los detenidos y presos.

En estas circunstancias parece que no sería posible establecer garantías suficientes para atenuar el riesgo de que el reclamado pueda ser sometido a torturas o tratos inhumanos, caso de accederse a la entrega.

El art. 44 del Convenio de Naciones Unidas contra la Corrupción establece 15 ” Nada de lo dispuesto en la presente Convención podrá interpretarse como la imposición de una obligación de extraditar si el Estado Parte requerido tiene motivos justificados para presumir que la solicitud se ha presentado con el fin de perseguir o castigar a una persona en razón de su sexo, raza, religión, nacionalidad, origen étnico u opiniones políticas o que su cumplimiento ocasionaría perjuicios a la posición de esa persona por cualquiera de estas razones”.

Por todo ello se estima procedente rechazar la petición de extradición formulada por las autoridades de Turkmenistán.”
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Juicios rápidos

Los juicios rápidos son aquellos procedimientos en los que se pretende la agilización de la instrucción y enjuiciamiento del delito.

 

¿Qué circunstancias deben darse para que se pueda aplicar este tipo de procedimientos?

1. Debe tratarse de delitos castigados con pena privativa de libertad (pena de prisión) que no exceda de cinco años, o con cualesquiera otras penas cuya duración no exceda de diez años.

2. Debe existir un atestado policial que apertura las investigaciones en que se sustenta la instrucción. Ello es así porque debe tratarse de procedimientos en los que se hayan practicado la totalidad de las labores indagatorias o diligencias de prueba, pues sino el abogado defensor podrá solicitar que se transforme en diligencias previas interesando la práctica de alguna prueba, por ejemplo, audiencia de testigos, informes médicos, periciales etc…

3. Debe concurrir cualquiera de las circunstancias siguientes:

  1. Que se trate de delitos flagrantes.
  2. Que se trate de alguno de los siguientes delitos:
    • Delitos de lesiones, coacciones, amenazas o violencia física o psíquica habitual, cometidos contra las personas a que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal.
    • Delitos de hurto.
    • Delitos de robo.
    • Delitos de hurto y robo de uso de vehículos.
    • Delitos contra la seguridad del tráfico.
    • Delitos de daños referidos en el artículo 263 del Código Penal.
    • Delitos contra la salud pública previstos en el artículo 368.2 del Código Penal, de droga que causa daño menos grave a la salud.
    • Delitos flagrantes relativos a la propiedad intelectual e industrial previstos en los artículos 270, 273, 274 y 275 del Código Penal.
  3. Que se trate de un hecho punible cuya instrucción sea presumible que será sencilla.

Somos abogados expertos en defensa penal, procesal penal, y delitos económicos, en asistencia en procedimientos contra la seguridad del tráfico y vial, alcoholemias, delitos de robo y hurtos, o cualquier delito contra la salud pública. Nuestra asistencia es rápida y eficaz, y nuestros honorarios se ajustan a las necesidades del cliente, acordando precios y planes de pagos. Defiéndete con un abogado penalista en Madrid.

Asistimos y defendemos en todas las fases del proceso penal, Instrucción, procedimiento abreviado, Procedimientos Ordinarios y Sumarios con gran elocuencia en la fase de Juicio oral. Actuaciones contrastadas en los Juzgados de instrucción, Audiencia Provincial y Juzgado Penal, Audiencia Nacional, Tribunal Supremo.

 

 

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Modelo solicitud libertad provisional

Este modelo de solicitud para libertad provisional pretende dar unas ideas a modo de fórmula inicial para solicitar la libertad provisional de un cliente detenido o interno en centro penitenciario en fase de instrucción.

El escrito solicitando la libertad provisional puede ser presentado en cualquier momento en fase de instrucción, incluso aun en el caso que esté en tramitación un recurso de apelación contra cualquier resolución de dicha instrucción:

Mi consejo es no ser reiterativo, y ordenar el escrito de la siguiente forma:

 

1.- Características concretas del investigado ( es decir, detallar si carece o no con antecedentes penales, circunstancias personales, familiares, sociales…etc..), todo aquello que pueda valer para posteriormente atacar los fines de adopción concretas por lo que se haya acordado la situación de prisión.

 

Cada alegación y fundamentación debe ir justificada documentalmente. Caso que se haya practicado la comparecencia de situación personal del art 505 de la Lecrim, no será necesario su unión documental. Basta con la remisión a los documentos aportados en la misma. En este caso, mi consejo es reiterar mediante otrosí digo que tales documentos figuran unidos al procedimiento mediante la evacuación del trámite de la comparecencia del art. 505 de la Lecrim, solicitando se tenga por unido a este escrito como medio de prueba.

 

2.- Alegaciones sobre los fines de la medida de prisión provisional con apoyo documental o con remisión expresa a las actuaciones de instrucción seguidas ante el Juzgado de Instrucción o Juzgado Central de Instrucción. En caso que el auto que acuerde la medida justifique de forma puntual el motivo por el cual se adopta debe atarse el Auto en atención a dicho motivo y finalidad.

 

En caso que el auto de prisión fuere genérico y quizás poco motivado las alegaciones que deben efectuarse deben ser, partiendo de una línea general de cada uno de los fines y justificaciones de esta medida que determina la ley, ir concretando uno por uno, en base a las actuaciones legales de tal forma que se rebatan para dejarlas sin efecto..

 

Ejemplo de modelo de solicitud de libertad provisional (a efectos orientativos).

SOLICITUD DE LIBERTAD PROVISIONAL

 

Juzgado de Instrucción núm. . . . . . . . . .
Diligencias Previas núm…./. . . . . . . . . .

AL JUZGADO

D/Dña……., (abogado, procurador, educador, el propio interesado), en nombre de D/Dña…………… (datos para quien se solicita la libertad provisional), cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba indicada, ante el Juzgado comparezco y como mejor proceda en Derecho, DIGO:

Que por medio del presente escrito vengo a solicitar la LIBERTAD PROVISIONAL de D………., en base a las siguientes

ALEGACIONES

PRIMERA. D/Dña….., y descripción de las circunstancias personales y sociales del investigado con aportación de documentos acreditativos si procede.

SEGUNDA.- Relación y remisión a las actuaciones seguidas ante el juzgado de Instrucción o ante el juzgado central de instrucción que adveren algunas de las cuestiones anteriormente planteadas. (por ejemplo, si carece de antecedentes penales etc….).

TERCERA.- No debemos olvidar el derecho a la presunción de inocencia que debe presidir el régimen de los presos preventivos (artículo 5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria). En el mismo sentido, el artículo 24 de la Constitución, siendo acreedor de la presunción de inocencia mientras no se demuestre su culpabilidad en proceso público con todas las garantías legales (relatar la versión de los hechos que puedan demostrar nuestra inocencia). La infracción de la presunción de inocencia, se encuentra integrada en la vulneración de la libertad personal. La apreciación de indicios racionales de criminalidad en la fase de investigación únicamente implica la existencia de motivos razonables que permiten afirmar la posible comisión del delito, pero no significa por sí sola, el establecimiento de una presunción de culpabilidad del imputado. Por tanto, si por meros indicios racionales de criminalidad se impusiera una privación de libertad, resultaría vulnerado el art. 24.2 CE en relación con el art. 17 CE (STC 47/2000 de 17 de febrero).

CUARTA. La situación de prisión preventiva de libertad es la excepción a la regla general de la libertad, al ser ésta un valor superior del ordenamiento jurídico, estableciendo el artículo 17 de la CE el derecho a no ser preso preventivamente, salvo las excepciones establecidas por la ley, debiendo interpretarse las normas que restringen aquel derecho de una forma restrictiva. La prisión provisional se caracteriza asimismo por ser una medida excepcional. El art. 9.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos expresa claramente esta idea: “La prisión preventiva de las personas que hayan de ser juzgadas no debe ser la regla general, pero su libertad podrá ser subordinada a garantías que aseguren la comparecencia del acusado en el acto del juicio, o en cualquier otro momento de las diligencias procesales y, en su caso, para la ejecución del fallo”.

La excepcionalidad de esta medida cautelar ha sido también reiteradamente reconocida por la doctrina de este Tribunal (entre otras, SSTC 32/1987, de 10 de marzo, FJ 3; 34/1987, de 12 de marzo, FJ 2; 40/1987, de 3 de abril, FJ 2; 117/1987, de 8 de julio, FJ 2; 88/1988, de 9 de mayo, FJ 1; 9/1994, de 17 de enero, FJ 6; 19/1999, de 22 de febrero, FJ 4; 71/2000 y 72/2000, ambas de 13 de marzo, FFJJ 5 y 6 respectivamente). En relación con la prisión que se puede sufrir en un procedimiento por delito, la STC 14/2000, de 17 de enero, ha indicado en este mismo sentido que la situación ordinaria del imputado en espera de juicio no es la de hallarse sometido a una medida cautelar; así se deduce de la efectiva vigencia en nuestro Ordenamiento jurídico de los derechos fundamentales a la libertad personal (art. 17.1 CE) y a la presunción de inocencia (art. 24.2 CE).

Como consecuencia de esta característica de la excepcionalidad, rige el principio del favor libertatis (SSTC 32/1987 y 34/1987, ambas de 12 de marzo; 115/1987, de 7 de julio; 37/1996, de 11 de marzo) o del in dubio pro libertate (STC 117/1987, de 8 de julio), formulaciones que, en definitiva, vienen a significar que la interpretación y aplicación de las normas reguladoras de la prisión provisional “debe hacerse con carácter restrictivo y a favor del derecho fundamental a la libertad que tales normas restringen, dado, además, la situación excepcional de la prisión provisional. Todo ello ha de conducir a la elección y aplicación, en caso de duda, de la Ley más favorable, o sea, la menos restrictiva de la libertad” (STC 88/1988, FJ 1).”

Al hilo de lo anterior señalaremos que el artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal expone que la detención y la prisión provisional se deberán practicar en la forma que menos perjudique al detenido o preso en su persona, reputación y patrimonio.

En relación con el sustento jurídico de la adopción y su mantenimiento de la prisión provisional, el Tribunal Constitucional ha destacado (STC de 7 de abril de 1997, recordando lo dicho en las núms. 128/1995 y 62/1996) que, además de su legalidad, la legitimidad constitucional de esta medida exige tanto su configuración como su aplicación tengan, como presupuesto, la existencia de indicios racionales de la comisión de una acción delictiva; como objetivo, la consecución de fines constitucionalmente legítimos y congruentes con la naturaleza de la medida, fines que pueden concretarse en la conjuración de ciertos riesgos relevantes que, para el desarrollo normal del proceso, para la ejecución del fallo o, en general, para la sociedad, parten del imputado: su sustracción de la acción de la Administración de Justicia, la obstrucción de la instrucción penal y, en plano distinto, pero íntimamente relacionado, la reiteración delictiva como presupuestos fundamentales.

QUINTA.- Nuestro Art. 502 LECR, dispone que esta medida de prisión provisional, sólo puede adoptarse siempre que no existan otras medidas menos gravosas que garanticen los fines de la adopción de la prisión provisional; para ello, deberán tomarse en consideración, no sólo la gravedad del delito imputado y la pena que pudiera corresponderle, sino que debe observarse las circunstancias concretas del caso y las personales del imputado.

Se trata de una medida de naturaleza cautelar y excepcional que en ningún caso puede transformarse en una pena privativa de libertad anticipada, no estando justificada su imposición sino cuando se trata con ella de alcanzar fines constitucionalmente legítimos y no de otra forma. Pues bien, estos fines previstos en el Art. 503 LECR pueden verse garantizados con otras medidas, porque en este caso, en una ponderación prudencial de la causa al imputado concreto, no existen ninguno de los riegos contemplados en la Ley, y mucho menos, que puedan venir originados por mi patrocinado. A saber:

A.- INEXISTENCIA DE RIESGO DE FUGA
La valoración del mantenimiento o no de la medida adoptada, no debe ampararse sólo en el estudio o examen jurídico de la misma, sino que se debe moderar la posible calificación y resultado jurídico, en todo momento discutible por no existir sentencia, con la situación personal del imputado (Hecho único y cierto, acreditado documentalmente).

Visto lo anterior y en lo que respecta a mi defendido se pueden observar las siguientes circunstancias al caso:

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

B.- INEXISTENCIA DEL RIESGO DE OCULTACIÓN O DESTRUCCIÓN DE PRUEBAS Y DE REITERACIÓN DELICTIVA

………………. Concretar a las circunstancia del caso para acreditar que no existe riesgo de fuga, reiteración delictiva o riesgo de destrucción de pruebas y que existen medidas menos gravosas que pueden ser adoptadas alternativamente.

No obstante lo anterior, como medidas alternativas a la adoptada hasta el momento, se solicita:

1.- La libertad provisional de Don ……….., con obligación de comparecer diariamente, o en su defecto dos veces por semana, en sede de este Juzgado y con prohibición de salida del territorio nacional con entrega de cuanta documentación de viaje dispusiere.

Así como la adopción de Fianza de 5.000 euros, que atendiendo a la situación familiar entendemos fianza más que prudente y suficiente.

2.- De manera alternativa a la anterior, localización permanente en su domicilio los fines de semana.

Por todo lo anterior entendemos que procede modificar la actual situación de mi defendido, solicitando se decrete la libertad de esta.

En virtud de todo lo expuesto,

SUPLICO AL JUZGADO, que tenga por presentado este escrito, lo admita y, en su virtud, acuerde la LIBERTAD PROVISIONAL DE XXXXXXXXXXX, con la adopción de las medidas alternativas que el Juzgado estime procedentes, y subsidiariamente, las relacionadas en este escrito.

 

Pulse para descargar el Modelo solicitud libertad provisional.

 

 

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Tipos de delitos leves

Los tipos de delitos leves son, con carácter general los siguientes:

 

A. Delitos contra las personas:

 

  • Delito de lesiones leves del Art. 147.2 y 147.3 CP (salvo en violencia de género, en cuyo caso se aplica el art. 153 CP )
    “El que, por cualquier medio o procedimiento, causare a otro una lesión no incluida en el apartado anterior, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.
    “El que golpeare o maltratare de obra a otro sin causarle lesión, será castigado con la pena de multa de uno a dos meses”.
  • Delito de Amenazas leves prevista en el  Art. 171.7 CP.
    Fuera de los casos anteriores, el que de modo leve amenace a otro será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.
  • Delito de Coacciones leves previstas en el Art. 172.3 del CP.
    Fuera de los casos anteriores, el que cause a otro una coacción de carácter leve, será castigado con la pena de multa de uno a tres meses. Este hecho sólo será perseguible mediante denuncia de la persona agraviada o de su representante legal”.
  • Delito de injuria y vejación leve del  Art. 173.4 CP.
    “Quien cause injuria o vejación injusta de carácter leve, cuando el ofendido fuera una de las personas a las que se refiere el apartado 2 del artículo 173, será castigado con la pena de localización permanente de cinco a treinta días, siempre en domicilio diferente y alejado del de la víctima, o trabajos en beneficio de la comunidad de cinco a treinta días, o multa de uno a cuatro meses…”.

 

B. Delitos contra la inviolabilidad del domicilio:

 

  • Allanamiento de domicilio de persona jurídica regulada en el Art. 203.2 CP.
    “Será castigado con la pena de multa de uno a tres meses el que se mantuviere contra la voluntad de su titular, fuera de las horas de apertura, en el domicilio de una persona jurídica pública o privada, despacho profesional u oficina, o en establecimiento mercantil o local abierto al público”.

 

C. Delitos patrimoniales y económicos, en concreto los siguientes:

 

  • Delito de Hurto por cuantía inferior a 400 penado en el Art. 234.2 CP.
    “Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235”.
  • Delito de Sustracción de cosa mueble propia penado en el Art. 236.2 CP.
    “Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
  • Delito de Utilización ilegítima de vehículo a motor. Art. 244.1 CP.
    “El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo”.
  • Alteración de lindes con utilidad inferior a 400 del  Art. 246.2 CP.
    “Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
  • Distracción de aguas con utilidad inferior a 400 Multa del Art. 247.2 CP.
    “Si la utilidad reportada no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”
  • Estafa por cuantía inferior a 400 Multa penado en el  Art. 249.2 CP.
    “Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
  • Administración desleal con perjuicio patrimonial inferior a 400 regulado en el  Art. 252.2 CP.
    “Si la cuantía del perjuicio patrimonial no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.
  • Apropiación indebida de dinero, efectos o valores por cuantía inferior a 400. Art. 253.2 CP.
    “Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.
  • Apropiación indebida de otras cosas muebles ajenas por cuantía inferior a 400. Art. 254.2 CP.
    “Si la cuantía de lo apropiado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a dos meses”.
  • Defraudación de luz, gas, agua, telecomunicaciones, etc., por cuantía inferior a 400 Multa . Art. 255.2 CP.
    “Si la cuantía de lo defraudado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.
  • Uso indebido de equipo terminal de telecomunicación ajeno, con perjuicio inferior a 400 . Art. 256.2 CP.
    “Si la cuantía del perjuicio causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”
  • Daños por cuantía inferior a 400. Art. 263.1.2 CP.
    “Si la cuantía del daño causado no excediere de 400 euros, se impondrá una pena de multa de uno a tres meses”.

 

D. Delitos relativos a la protección de animales, en concreto los siguientes:

 

  • Maltrato cruel de animales en espectáculos no autorizados regulado en el  Art. 337.4 CP.
    “Los que, fuera de los supuestos a que se refieren los apartados anteriores de este artículo, maltrataren cruelmente a los animales domésticos o a cualesquiera otros en espectáculos no autorizados legalmente, serán castigados con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.
  • Abandono de animales previsto en el  Art. 337 bis CP.
    “El que abandone a un animal de los mencionados en el apartado 1 del artículo anterior en condiciones en que pueda peligrar su vida o integridad será castigado con una pena de multa de uno a seis meses. Asimismo, el juez podrá imponer la pena de inhabilitación especial de tres meses a un año para el ejercicio de profesión, oficio o comercio que tenga relación con los animales y para la tenencia de animales”.

 

E. Falsedades:

 

  • Uso de moneda falsa cuyo valor aparente no exceda de 400 del Art. 386.3 CP.
    “El que habiendo recibido de buena fe moneda falsa la expenda o distribuya después de constarle su falsedad será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de la moneda no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.
  • Distribución o utilización de sellos de correos o efectos timbrados falsos cuyo valor aparente no exceda de 400. Art. 389 CP.
    “El adquirente de buena fe de sellos de correos o efectos timbrados que, conociendo su falsedad, los distribuyera o utilizara será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a veinticuatro meses. No obstante, si el valor aparente de los sellos o efectos timbrados no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses”.

 

F. Usurpación de funciones e intrusismo:

 

  • Uso público e indebido, sin autorización, de uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial. Art. 402 bis CP.
    “El que sin estar autorizado usare pública e indebidamente uniforme, traje o insignia que le atribuyan carácter oficial será castigado con la pena de multa de uno a tres meses”.

 

G. Delitos contra el orden público:

 

  • Falta de respeto y consideración debida a la autoridad Multa 1-3 meses Art. 556 CP.
    “Los que faltaren al respeto y consideración debida a la autoridad, en el ejercicio de sus funciones, serán castigados con la pena de multa de uno a tres meses”.

 

Como los delitos menos graves han sido transpuestos a la consideración de delitos leves, serían por tanto figuras típicas, las siguientes:

  • Homicidio por imprudencia menos grave del art. 142.2 CP.
  • Lesiones por imprudencia menos grave del art. 152.2 CP.
  • Detención ilegal de una persona para presentarla a la autoridad del art. 163.4 CP.
  • Omisión del deber de socorro del art. 195.1 CP.
  • Injurias graves hechas sin publicidad del art. 209 CP.
  • Hurto del dueño o con su consentimiento del art. 236.1 CP.
  • Ocupación no violenta de inmuebles del art. 245.2 CP.
  • Alteración de términos o lindes del art. 246.1 CP.
  • Distracción de aguas del art. 247.1 CP.
  • Apropiación indebida del art. 254.1 CP.
  • Defraudación de energía eléctrica y análogas del art. 255.1 CP.
  • Utilización no autorizada de terminales de telecomunicación del art. 256 CP.
  • Daños por imprudencia grave del art. 267 CP.
  • Daños por imprudencia grave en archivos, registros, etcétera del art. 324 CP.
  • Libramiento de certificados falsos por facultativo del art. art. 397 CP.
  • Falsificación de certificados por particular del art. 399.1 CP.
  • Acusación y denuncia falsa de un delito leve del art. 456.1.3. CP.
  • Destrucción de documentos o actuaciones por particular del art. 465.2 CP.
  • Evasión del condenado realizada por pariente del art. 470.3 CP.

 

Lucas franco abogados es un despacho de abogados en Madrid especialistas en defensa penal y asistencia letrada al detenido que actúa en todo el ámbito nacional y defiende los derechos del investigado como de la acusación ante el Tribunal, Audiencia Nacional y ante procedimientos especiales como Tribunal de Jurado.
Absolución penal/prescripción del delito/ el cumplimiento de pena/defensa penal juicio rápido/ diferencia entre delito ordinario y delito juicio rápido/ la pena de prisión/ la pena de multa.

¿Cuál es la diferencia entre codelincuencia y grupo criminal? Te desvelamos la solución

 

Sentencia del Tribunal Supremo Sala 2ª 05/07/2019.

Debemos partir de la base que no es lo mismo la consideración y penalidad de pertenecia a un Grupo criminal, organización criminal y la codelincuencia. Sobre esta diferencia trata la reciente sentencia  del Tribunal Supremo Sala 2ª 05/07/2019.

 

En su Fj 4 establece la sentencia que el art. 570 ter, describe el grupo criminal como “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la perpetración concertada de delitos”. Requiere, por lo tanto, la unión de más de dos personas y la finalidad de cometer concertadamente delitos. La ley permitiría configurar el grupo criminal con esas dos notas, pues la definición legal contempla la posibilidad de que no concurran alguna o algunas de las que caracterizan la organización. Es necesario distinguir el grupo criminal de los supuestos de mera codelincuencia, la cual se apreciaría, en primer lugar, en aquellos casos en los que la unión o agrupación fuera solo de dos personas.

La diferencia entre grupo criminal y la simple codelincuencia, puede basarse, según este tribunal en que la unión o agrupación de personas tenga como finalidad la comisión de un único delito. La exclusión puede matizarse en el sentido de admitir la existencia del grupo criminal cuando la mínima estructura existente presente una estabilidad inicial que permita afrontar la comisión de más de un delito, aunque el objetivo inmediato solo sea la comisión de una infracción delictiva.

“En el caso, resulta de los hechos que el recurrente se concertó, al menos, con Apolonio y con Jesús María para realizar una operación de tráfico de cocaína. En este sentido se declara probado en la sentencia que “no consta que la colaboración entre Apolonio y Andrés pon Jesús María , Baldomero y Aurelio se extendiese más allá de este cargamento de cocaína, ni que tuviese carácter estable, sino que formaban una reunión de personas para la realización de este único cargamento, adquiriendo para sus fines un velero que facilitara el transporte de cocaína para el que se habían concertado”.

“Estos hechos probados excluyen la apreciación de la existencia de un grupo criminal más allá de la mera codelincuencia”.

 

Terminología asociada

Los medios telemáticos son un conjunto de sistemas electrónicos que Instituciones Penitenciarias utiliza para el control de presencia a distancia de personas que se encuentran en el ámbito de sus competencias. El art. 86.4 del vigente Reglamento Penitenciario posibilita una forma específica de cumplir condena en régimen abierto, sustituyendo el tiempo de estancia mínimo obligatorio en el establecimiento por medios telemáticos u otros sistemas adecuados de control.

 

SISTEMAS TECNOLÓGICOS de vigilancia electrónica disponibles

La Secretaría General de Instituciones Penitenciarias dispone actualmente de los siguientes sistemas de vigilancia electrónica:

  • Sistema de monitorización mediante pulseras por red telefónica, bien vía red conmutada (fija), bien vía móvil, a través de las denominadas unidades celulares.
  • Sistemas de verificación de voz, tanto a través de los teléfonos fijos ubicados en los lugares de control, bien a través de dispositivos que transmiten la información usando líneas celulares.
  • Sistemas de seguimiento continúo de internos mediante tecnologías GPS, que permiten conocer la ubicación geográfica del sujeto en todo momento, y establecer zonas de estancia obligatoria o acceso no permitido (zonas de inclusión o de exclusión).
  • Unidades de seguimiento móviles para el control de internos con pulseras telemáticas en lugares distintos al habitual (por ejemplo, su lugar de trabajo).
  • Sistemas combinados de localización mediante pulseras telemáticas, con control del consumo de alcohol a distancia.

Todos estos sistemas de vigilancia telemática permiten también establecer previamente las restricciones de movimiento que se estimen convenientes en cada caso para hacer compatible la integración social y la seguridad ciudadana.

 

LA PENA DE LOCALIZACIÓN PERMANENTE

La pena de localización permanente, tras la última reforma operada en el Código Penal por Ley Orgánica 5/2010, de 23 de diciembre, se regula entre las penas privativas de libertad (art. 37) y puede tener una duración de hasta seis meses, obligando al penado a permanecer en su domicilio o en lugar determinado fijado por el Juez en sentencia o posteriormente en auto motivado.

Esta reforma ha introducido, por primera vez, esta pena a cumplir en sábados, domingos y festivos en el establecimiento penitenciario más próximo al domicilio del penado, cuando sea impuesta como pena principal, atendiendo a la reiteración en la comisión de la infracción y siempre que así lo disponga el concreto precepto aplicable. Prevista para las faltas contra el patrimonio y para la perpetración reiterada del hurto.

El Real Decreto 840/2011, de 17 de junio, ha establecido, entre otras cuestiones, las circunstancias de ejecución de la localización permanente en centro penitenciario, única que ya es competencia de esta Administración y que ha dado lugar a la Instrucción 11/2011, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias.

 

 

Ser testigo de la actuación de un grupo de delincuentes no tiene cabida, por su propia naturaleza, en ninguno de los supuestos previstos para la concesión del asilo o protección subsidiaria

06 Abr, 2015.- La sala de lo Contencioso administrativo de la Audiencia Nacional no considera que el tiroteo que dice haber presenciado el Sr. Lucio y la posterior actuación de los cuatro delincuentes pueda considerarse un acto terrorista o relacionado con la actuación de grupos terroristas.

Sentencia AN (Sala de lo Contencioso-administrativo, 8ª) de 9 Marzo 2015, Nº rec. 439 (2013).

FJ CUARTO. Incongruencia omisiva.(…) La intervención del Ministerio Fiscal en los expedientes relacionados con el estado civil de las personas es relevante, en cuanto encargado de velar por la defensa de la legalidad reconociéndosele una especial legitimación y una participación activa en este tipo de expedientes tanto para la práctica de pruebas o para su intervención en las que se hubiesen acordado por el Encargado, así como por la necesidad de ser oído y emitir informes. Basta recordar lo previsto en los artículos 343 y 344 del Reglamento del Registro Civil , aprobado por Decreto de 14 de noviembre de 1958, en los que, al establecer las reglas generales en la tramitación de los expedientes, se dispone que ” El expediente será instruido por el propio Encargado, quien, oído el Ministerio Fiscal, dictará en forma de auto la resolución que proceda” o que “El Ministerio Fiscal conocerá los expedientes y recursos desde su iniciación para velar por la instrucción y tramitación adecuada, y emitirá informe como último trámite previo a la resolución del Juez correspondiente ” pudiendo incluso antes de emitir su informe definitivo ” proponer las diligencias o pruebas oportunas. Igualmente puede ampliar, modificar u oponerse a la pretensión deducida, sobre lo cual se oirá a los interesados. Aunque a su juicio haya alguna razón procesal bastante para la oposición ésta deberá incluir, a la vez, todas aquellas, procedimentales o de fondo, que impidan acceder a lo solicitado ” ( art. 344.2 del Reglamento del Registro Civil ) o la previsión del art. 348 de dicha norma en la que se dispone que “… el Encargado instruirá las diligencias oportunas con intervención del Ministerio Fiscal, quien emitirá informe, y en unión del suyo propio, dará al expediente el curso reglamentario”.

FJ QUINTO: Pues bien, pese a que en la demanda se alega la concurrencia de las condiciones para la obtención del reconocimiento de la condición de refugiado y del derecho de asilo de los recurrentes, incidiendo en el relato realizado por el interesado y pretendiendo contextualizar el episodio en el que se fundamenta la petición de protección internacional en el ámbito de la actuación terrorista, con connivencia de la policía, entiende la Sala que de lo obrante en el expediente, único elemento probatorio con que cuenta el tribunal, no cabe inferir que el tiroteo que dice haber presenciado el Sr. Lucio y la posterior actuación de los cuatro delincuentes, que lo amenazaron y robaron el rebaño que cuidaba, pueda considerarse un acto terrorista o relacionado con la actuación de grupos terroristas. En definitiva, ni hay constancia de datos que permitan pensar que las personas que perpetraron los hechos relatados por el interesado perteneciesen a un grupo terrorista, ni la propia actuación contra el solicitante, consistente en amenazas si les denunciaba y en el robo del rebaño, parecen actuaciones propias de actividad terrorista, sino que se insertan en el ámbito de la delincuencia común. En este recurso no se han desvirtuado los razonamientos de la resolución impugnada, en relación con el detallado Informe de Instrucción, y coincidente con la propuesta desfavorable -sin ningún voto en contraemitida por la CIAR, con asistencia de ACNUR, cuyo representante se mostró de acuerdo con la propuesta formulada, en reunión que dicha Comisión de 27 mayo 2013, según consta en la certificación del secretario de la CIAR obrante en el expediente. La aportación de una carta supuestamente dirigida por el Consejo ancianos de Tarki al director de un periódico, denunciando los hechos, haciendo referencia a una actuación terrorista y al consentimiento de los mismos por las autoridades, no puede considerarse prueba o indicio probatorio de la veracidad de tales hechos, máxime cuando se trata de un recorte de prensa en el que no consta dato alguno que identifique dicho periódico ni su fecha.

Fuente otrosi.net

 

 

1. ¿Qué es el traslado de personas condenadas?

Es el hecho de traer a España a una persona española para que cumpla en nuestro país la condena que se le impuso en el Extranjero.

Se trata de un acto de auxilio judicial para que se proceda al cumplimiento de una pena o medida de seguridad por ser más beneficioso de cara a conseguir su reinserción social, que su cumplimiento se efectúe en el medio social de esa persona.

No hay una Ley que regule el procedimiento debiendo estarse a los acuerdos suscritos por España.

 

2. ¿Cuándo es conveniente solicitar el cumplimiento de la condena en España?

Para tomar esta decisión hay que atender a múltiples circunstancias:

1ª.- Condiciones en la que se cumple la pena en el país extranjero. Si la vida o integridad física del Español corre riesgo en el extranjero o es muy penoso el cumplimiento, se deberá interesar, siendo un criterio prioritario a la hora de adoptar tan trascendental decisión.

2º.- Deberán ser valorados los beneficios penitenciarios que son concedidos en el país extranjero, pues en muchos se lograr acortar considerablemente la condena mediante trabajos, estudios o se alcanza fácilmente la libertad condicional.

Seguramente que las condiciones de cumplimiento de la pena en cárceles extranjeras sean mucho más penosas que las que se puedan conseguir en España, pero en nuestro país se han suprimido muchos beneficios por lo que el plazo que pudiera pasar hasta alcanzar la libertad sería superior.

 

3. ¿Todos los presos españoles en el extranjero pueden pedir el cumplimiento en españa?

NO,  es preciso que entre España y el país en el que se encuentre cumpliendo la condena exista un tratado, ya sea bilateral o que ambos países formen parte de uno multilateral.

 

 

La suspensión de la pena está regulada en nuestro código penal en los arts. 80 a 87. Con carácter general los requisitos que se solicitan para lograra la suspensión de la pena son:

  1. A) REQUISITOS SUBJETIVOS: Serán valorados por el Juez

Entre los requisitos subjetivos del penado, el artículo 80 C.Penal, dice que el Juez valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas.

“Artículo 80

  1. Los jueces o tribunales, mediante resolución motivada, podrán dejar en suspenso la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos.

Para adoptar esta resolución el juez o tribunal valorará las circunstancias del delito cometido, las circunstancias personales del penado, sus antecedentes, su conducta posterior al hecho, en particular su esfuerzo para reparar el daño causado, sus circunstancias familiares y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”.

 

  1. B) REQUISITOS OBJETIVOS:

1ª.-  Que el condenado haya delinquido por primera vez. A tal efecto no se tendrán en cuenta las anteriores condenas por delitos imprudentes o por delitos leves, ni los antecedentes penales que hayan sido cancelados, o debieran serlo con arreglo a lo dispuesto en el artículo 136.

Tampoco se tendrán en cuenta los antecedentes penales correspondientes a delitos que, por su naturaleza o circunstancias, carezcan de relevancia para valorar la probabilidad de comisión de delitos futuros.

2ª.-  Que la pena o la suma de las impuestas no sea superior a DOS AÑOS, sin incluir en tal cómputo la derivada del impago de la multa.

3ª.-  Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren originado y se haya hecho efectivo el decomiso acordado en sentencia conforme al artículo 127.

 

Este requisito se entenderá cumplido cuando el penado asuma el compromiso de satisfacer las responsabilidades civiles de acuerdo a su capacidad económica y de facilitar el decomiso acordado, y sea razonable esperar que el mismo será cumplido en el plazo prudencial que el juez o tribunal determine. El juez o tribunal, en atención al alcance de la responsabilidad civil y al impacto social del delito, podrá solicitar las garantías que considere convenientes para asegurar su cumplimiento.

 

Ahora bien, existen algunas excepciones o puntualizaciones. Así, el artículo 80.3 Código Penal dispone que:

Excepcionalmente, aunque no concurran las condiciones 1.ª y 2.ª (de los requisitos objetivos que hemos expuesto), y siempre que no se trate de reos habituales, podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen.

En estos casos, la suspensión se condicionará siempre a la reparación efectiva del daño o la indemnización del perjuicio causado conforme a sus posibilidades físicas y económicas, o al cumplimiento del acuerdo a que se refiere la medida 1.ª del artículo 84.

Asimismo, se impondrá siempre una de las medidas a que se refieren los numerales 2.ª o 3.ª del mismo precepto ( pago de multa o trabajos en beneficio de la comunidad), con una extensión que no podrá ser inferior a la que resulte de aplicar los criterios de conversión fijados en el mismo sobre un quinto de la pena impuesta.

  1. C) REQUISITO TEMPORAL:

El artículo 81 establece: “El plazo de suspensión será de 2 a 5 años para las penas privativas de libertad no superiores a dos años, y de 3 meses a 1 año para las penas leves, y se fijará por el juez o tribunal, atendidos los criterios expresados en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo 80.”

SUSPENSIÓN EN CASO DE DROGADICCIONES Y SUPUESTOS ESPECIALES:

1.- Penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia al  consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes y sustancias psicotrópicas:

  • En estos casos, el juez o tribunal podrá acordar la suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad no superiores a 5 años de los penados que hubiesen cometido el hecho delictivo a causa de su dependencia a dichas sustancias, siempre que se certifique suficientemente, por centro o servicio público o privado debidamente acreditado u homologado, que el condenado se encuentra deshabituado o sometido a tratamiento para tal fin en el momento de decidir sobre la suspensión.
  • Se condicionará la suspensión de la ejecución de la pena a que no abandone el tratamiento hasta su finalización. No se entenderán abandono las recaídas en el tratamiento si estas no evidencian un abandono definitivo del tratamiento de deshabituación.

2.-  Penados aquejados de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables:

  • Los jueces y tribunales podrán otorgar la suspensión de cualquier pena impuesta sin sujeción a requisito alguno, salvo que en el momento de la comisión del delito tuviera ya otra pena suspendida por el mismo motivo.

 

 

Delitos contra el patrimonio y contra el orden socioeconómico. Previsión del Hurto y Robo en nuestro código penal.

 

De los hurtos

Artículo 234

  1. El que, con ánimo de lucro, tomare las cosas muebles ajenas sin la voluntad de su dueño será castigado, como reo de hurto, con la pena de prisión de seis a dieciocho meses si la cuantía de lo sustraído excediese de 400 euros.
  2. Se impondrá una pena de multa de uno a tres meses si la cuantía de lo sustraído no excediese de 400 euros, salvo si concurriese alguna de las circunstancias del artículo 235.
  3. Las penas establecidas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando en la comisión del hecho se hubieran neutralizado, eliminado o inutilizado, por cualquier medio, los dispositivos de alarma o seguridad instalados en las cosas sustraídas.

Artículo 234 redactado por el número ciento quince del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

 

Artículo 235

  1. El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años:

1.º Cuando se sustraigan cosas de valor artístico, histórico, cultural o científico.

2.º Cuando se trate de cosas de primera necesidad y se cause una situación de desabastecimiento.

3.º Cuando se trate de conducciones, cableado, equipos o componentes de infraestructuras de suministro eléctrico, de hidrocarburos o de los servicios de telecomunicaciones, o de otras cosas destinadas a la prestación de servicios de interés general, y se cause un quebranto grave a los mismos.

4.º Cuando se trate de productos agrarios o ganaderos, o de los instrumentos o medios que se utilizan para su obtención, siempre que el delito se cometa en explotaciones agrícolas o ganaderas y se cause un perjuicio grave a las mismas.

5.º Cuando revista especial gravedad, atendiendo al valor de los efectos sustraídos, o se produjeren perjuicios de especial consideración.

6.º Cuando ponga a la víctima o a su familia en grave situación económica o se haya realizado abusando de sus circunstancias personales o de su situación de desamparo, o aprovechando la producción de un accidente o la existencia de un riesgo o peligro general para la comunidad que haya debilitado la defensa del ofendido o facilitado la comisión impune del delito.

7.º Cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes cancelados o que debieran serlo.

8.º Cuando se utilice a menores de dieciséis años para la comisión del delito.

9.º Cuando el culpable o culpables participen en los hechos como miembros de una organización o grupo criminal que se dedicare a la comisión de delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza.

  1. La pena señalada en el apartado anterior se impondrá en su mitad superior cuando concurrieran dos o más de las circunstancias previstas en el mismo.

Artículo 235 redactado por el número ciento dieciséis del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

Artículo 235 redactado por el apartado quincuagésimo séptimo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

 

Artículo 236

  1. Será castigado con multa de tres a doce meses el que, siendo dueño de una cosa mueble o actuando con el consentimiento de éste, la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero. 
  1. Si el valor de la cosa sustraída no excediera de 400 euros, se impondrá la pena de multa de uno a tres meses.
    Artículo 236 redactado por el número ciento diecisiete del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

De los robos

Artículo 237

Son reos del delito de robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le persiguieren.

Artículo 237 redactado por el número ciento dieciocho del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

  

Artículo 238

Son reos del delito de robo con fuerza en las cosas los que ejecuten el hecho cuando concurra alguna de las circunstancias siguientes:

  1. Escalamiento.
  2. Rompimiento de pared, techo o suelo, o fractura de puerta o ventana.
  3. Fractura de armarios, arcas u otra clase de muebles u objetos cerrados o sellados, o forzamiento de sus cerraduras o descubrimiento de sus claves para sustraer su contenido, sea en el lugar del robo o fuera del mismo.
  4. Uso de llaves falsas.
  5. Inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda.

 

Artículo 239

Se considerarán llaves falsas:

  1. Las ganzúas u otros instrumentos análogos.
  2. Las llaves legítimas perdidas por el propietario u obtenidas por un medio que constituya infracción penal.
  3. Cualesquiera otras que no sean las destinadas por el propietario para abrir la cerradura violentada por el reo.

A los efectos del presente artículo, se consideran llaves las tarjetas, magnéticas o perforadas, los mandos o instrumentos de apertura a distancia y cualquier otro instrumento tecnológico de eficacia similar.

Artículo 239 redactado por el apartado quincuagésimo octavo del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

 

Artículo 240

  1. El culpable de robo con fuerza en las cosas será castigado con la pena de prisión de uno a tres años.
  2. Se impondrá la pena de prisión de dos a cinco años cuando concurra alguna de las circunstancias previstas en el artículo 235.

Artículo 240 redactado por el número ciento diecinueve del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

 

Artículo 241

  1. El robo cometido en casa habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se castigará con una pena de prisión de dos a cinco años.

Si los hechos se hubieran cometido en un establecimiento abierto al público, o en cualquiera de sus dependencias, fuera de las horas de apertura, se impondrá una pena de prisión de uno a cinco años.

  1. Se considera casa habitada todo albergue que constituya morada de una o más personas, aunque accidentalmente se encuentren ausentes de ella cuando el robo tenga lugar.
  2. Se consideran dependencias de casa habitada o de edificio o local abiertos al público, sus patios, garajes y demás departamentos o sitios cercados y contiguos al edificio y en comunicación interior con él, y con el cual formen una unidad física.

El Acuerdo del Pleno no Jurisdiccional de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 15 de diciembre de 2016, declara que «los trasteros y garajes comunes sitos en edificio de propiedad horizontal, donde también se integran viviendas, tendrán la consideración de dependencia de casa habitada, siempre que tengan las características siguientes: a) Contigüidad, es decir, proximidad inmediata o directa con la casa habitada; que obviamente puede ser tanto horizontal como vertical; b) Cerramiento, lo que equivale a que la dependencia esté cerrada, aunque no sea necesario que se halle techada ni siquiera murada c) Comunicabilidad interior o interna entre la casa habitada y la dependencia; es decir, que medie puerta, pasillo, escalera, ascensor o pasadizo internos que unan la dependencia donde se comete el robo con el resto del edificio como vía de utilizable acceso entre ambos. d) Unidad física, aludiendo al cuerpo de la edificación.»

  1. Se impondrá una pena de dos a seis años de prisión cuando los hechos a que se refieren los apartados anteriores revistan especial gravedad, atendiendo a la forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235.

Artículo 241 redactado por el número ciento veinte del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

 

Artículo 242

  1. El culpable de robo con violencia o intimidación en las personas será castigado con la pena de prisión de dos a cinco años, sin perjuicio de la que pudiera corresponder a los actos de violencia física que realizase.
  2. Cuando el robo se cometa en casa habitada, edificio o local abiertos al público o en cualquiera de sus dependencias, se impondrá la pena de prisión de tres años y seis meses a cinco años.

Número 2 del artículo 242 redactado por el número ciento veintiuno del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

  1. Las penas señaladas en los apartados anteriores se impondrán en su mitad superior cuando el delincuente hiciere uso de armas u otros medios igualmente peligrosos, sea al cometer el delito o para proteger la huida, y cuando atacare a los que acudiesen en auxilio de la víctima o a los que le persiguieren.
  2. En atención a la menor entidad de la violencia o intimidación ejercidas y valorando además las restantes circunstancias del hecho, podrá imponerse la pena inferior en grado a la prevista en los apartados anteriores.

Artículo 242 redactado por el apartado quincuagésimo noveno del artículo único de la L.O. 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 23 junio).Vigencia: 23 diciembre 2010

 

Del robo y hurto de uso de vehículos

Artículo 244

  1. El que sustrajere o utilizare sin la debida autorización un vehículo a motor o ciclomotor ajenos, sin ánimo de apropiárselo, será castigado con la pena de trabajos en beneficio de la comunidad de treinta y uno a noventa días o multa de dos a doce meses, si lo restituyera, directa o indirectamente, en un plazo no superior a cuarenta y ocho horas, sin que, en ningún caso, la pena impuesta pueda ser igual o superior a la que correspondería si se apropiare definitivamente del vehículo.

Número 1 del artículo 244 redactado por el número ciento veintidós del artículo único de la L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal («B.O.E.» 31 marzo).Vigencia: 1 julio 2015

  1. Si el hecho se ejecutare empleando fuerza en las cosas, la pena se aplicará en su mitad superior.
  2. De no efectuarse la restitución en el plazo señalado, se castigará el hecho como hurto o robo en sus respectivos casos.
  3. Si el hecho se cometiere con violencia o intimidación en las personas, se impondrán, en todo caso, las penas del artículo 242.