La cuestión de la validez de la denuncia formulada por las personas responsables de supervisar el estacionamiento regulado (ORA), así como los derechos que le asisten al denunciado, está sumamente articulado por nuestros Tribunal Supremo dando a los primeros una validez de denuncia particular que debe ser ratificada en sede judicial, y apoyada en el resto de elementos de prueba, siendo a su vez, que los derechos que le asisten al denunciado son los propios de contradicción, audiencia, y cumplimiento de formalidades legales en el proceso(formulación de pruebas de cargo suficientes), entre otros, pudiendo por tanto ser desvirtuada la denuncia con aquellos medios validos en derecho. Esta es la línea que creemos debe seguirse para en el ámbito del derecho administrativo, y más concretamente en las alegaciones y recursos contra las multas del aparcamiento ora.

 

Dispone en este sentido de forma clara el Tribunal Superior de Justicia de Murcia .Sentencia Nº de Resolución: 778/1999.Nº de Recurso: 896/1997

  1. 2: “(…) Se desprende de ello que el testimonio de un particular, como es el controlador de la ORA., es una prueba legítima, que en principio, aunque no goce de la presunción de veracidad reconocida a las denuncias de las Autoridades y sus Agentes ( art. 76 LSV), puede tener eficacia probatoria en el caso de ser ratificada en el procedimiento sancionador, sobre todo cuando la otra parte no prueba hechos que por ser contradictorios con los denunciados, pongan de manifiesto la imposibilidad o improbabilidad de estos últimos (sentido en el que se pronunciaba la Sala en su sentencia n° 934/93, de 1 de diciembre ).

Esta es, además, la doctrina ya establecida por este Tribunal Supremo en la sentencia de 1 de octubre de 1991 , en la que se sienta de forma clara y explícita la negación de la consideración de Agentes de la Autoridad a los aludidos controladores o vigilantes de la denominada ORA, y por ello, como se añade en la precitada sentencia, “su simple denuncia equivale a la denuncia de un particular, y al no ser adverada por pruebas posteriores, no tienen fuerza suficiente para acreditar los hechos denunciados” (STS 3a, Pleno, de 23-11-93 ).

f.4:“(…)El derecho a la presunción de inocencia aplicable al procedimiento administrativo sancionador, significa que el ciudadano no puede ser considerado responsable de una infracción administrativa hasta que haya concluido el expediente con una resolución sancionadora, y materialmente que la Administración no puede sancionar sin pruebas, de modo que ha de probar los hechos que imputa al presunto culpable y ha de realizar una prueba de cargo capaz de destruir dicha presunción, no gozando de ninguna facultad discrecional en la evaluación y valoración de las pruebas, en la expresión del juicio de certeza, que motive una resolución sancionadora para ser conforme a Derecho. Por lo tanto para sancionar es preciso que la Administración practique las suficientes pruebas de cargo para desvirtuar dicho principio, ya que como dice la STC 212/1990 , el mismo proscribe toda sanción impuesta por la Administración sin probanza, o sin una mínima actividad probatoria de cargo. Supone que la carga de la prueba corresponde a quien acusa, sin que nadie esté obligado a probar su propia inocencia; de forma que cualquier insuficiencia en el resultado de las pruebas practicadas, libremente valorado por el órgano sancionador, debe traducirse en un pronunciamiento absolutorio ( STC 76/1990 ). Como dice la STS de 7-7-89 , la presunción de legalidad de los actos administrativos no implica un desplazamiento de la carga de la prueba que normalmente a la misma corresponde, sino únicamente un desplazamiento de la carga de accionar o de impugnar para destruir tal presunción. Y ello teniendo en cuenta que la Sentencia del Tribunal Constitucional 174/1985, de 17 diciembre , admite la prueba indirecta cuando, partiendo de hechos probados, pueda llegarse mediante un proceso mental razonado, acorde con las reglas del criterio humano, a la apreciación de la infracción.

De lo expuesto cabe concluir que solamente en los expedientes en los que el controlador ha ratificado expresamente su denuncia haciendo constar su nombre y apellidos, cabe considerar su declaración como prueba testifical, y que tal prueba debe ser valorada conjuntamente con las demás pruebas practicadas para decidir si ha sido desvirtuado o no el principio de presunción de inocencia antes referido, siendo importante examinar, a tales efectos, si el recurrente ha probado hechos que por ser contradictorios con los denunciados, pongan de manifiesto la imposibilidad o improbabilidad de estos últimos.

En el presente caso lo actuado en el expediente y en este proceso conduce a la Sala a considerar al demandante responsable de la infracción sancionada, ya que está probada la realidad del estacionamiento irregular imputado, al no haberla contradicho eficazmente probando haber aparcado el vehículo en un lugar distinto (no afectado por la Ordenanza de la ORA) al indicado por el Controlador denunciante, teniendo en cuenta que la denuncia fue debidamente ratificada por éste en el procedimiento sancionador y que el interesado no ha propuesto en este proceso ni una sola prueba que demuestre su inveracidad”.

 

 

06 Abr, 2015.- En el BOE de 31-03-15 se ha publicado la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española. En sus Disposiciones finales primera y segunda se modifican el apartado 1 del artículo 18 y el apartado 3 de la disposición adicional primera de la Ley 29/1994 de Arrendamientos Urbanos, y el apartado 2 del artículo 13 de la Ley 49/2003 de Arrendamientos Rústicos.

Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexación de la economía española.

Disposición final primera. Modificación de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.

La Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos queda modificada como sigue:

Uno. El apartado 1 del artículo 18 queda redactado de la siguiente manera: «1. Durante la vigencia del contrato, la renta solo podrá ser revisada por el arrendador o el arrendatario en la fecha en que se cumpla cada año de vigencia del contrato, en los términos pactados por las partes. En defecto de pacto expreso, no se aplicará revisión de rentas a los contratos. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad a fecha de cada revisión, tomando como mes de referencia para la revisión el que corresponda al último índice que estuviera publicado en la fecha de revisión del contrato».

Dos. El apartado 3 de la disposición adicional primera queda redactado de la siguiente manera: «3. No se aplicará revisión de rentas de las viviendas de protección oficial salvo pacto explícito entre las partes. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se revisará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».

Disposición final segunda. Modificación de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos.

El apartado 2 del artículo 13 de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de Arrendamientos Rústicos queda redactado como sigue: «2. Las partes podrán establecer el sistema de revisión de renta que consideren oportuno. En defecto de pacto expreso no se aplicará revisión de rentas. En caso de pacto expreso entre las partes sobre algún mecanismo de revisión de valores monetarios que no detalle el índice o metodología de referencia, la renta se actualizará para cada anualidad por referencia a la variación anual del Índice de Garantía de Competitividad».

Disposición Transitoria. Régimen de revisión de los valores monetarios.

  1. Las modificaciones del texto de la Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, que son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor.

Las modificaciones del texto de la Ley 49/2003, de 26 de noviembre, de arrendamientos rústicos, que son consecuencia de la entrada en vigor de esta Ley serán de aplicación exclusivamente a los contratos que se perfeccionen con posterioridad a su entrada en vigor.

Fuente otrosi.net

 

 

Las relaciones existentes y derivadas por un contrato de alquiler ya sea para negocio o vivienda se rigen en la actualidad por el texto refundido de la Ley de Arrendamientos Urbanos de 1964, aprobado por el Decreto 4104/1964, de 24 de diciembre.

Su ámbito de aplicación queda contemplado en el Artículo 1 que prevé lo siguiente: “La presente ley establece el régimen jurídico aplicable a los arrendamientos de fincas urbanas que se destinen a vivienda o a usos distintos del de vivienda”.

Dichos arrendamientos quedan definidos de la siguiente manera:

  • Arrendamiento de vivienda.
  1. Se considera arrendamiento de vivienda aquel arrendamiento que recae sobre una edificación habitable cuyo destino primordial sea satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario.
  2. Las normas reguladoras del arrendamiento de vivienda se aplicarán también al mobiliario, los trasteros, las plazas de garaje y cualesquiera otras dependencias, espacios arrendados o servicios cedidos como accesorios de la finca por el mismo arrendador.
  • Arrendamiento para uso distinto del de vivienda.
  1. Se considera arrendamiento para uso distinto del de vivienda aquel arrendamiento que, recayendo sobre una edificación, tenga como destino primordial uno distinto del establecido en el artículo anterior.
  2. En especial, tendrán esta consideración los arrendamientos de fincas urbanas celebrados por temporada, sea ésta de verano o cualquier otra, y los celebrados para ejercerse en la finca una actividad industrial, comercial, artesanal, profesional, recreativa, asistencial, cultural o docente, cualesquiera que sean las personas que los celebren.

 

Quedan por tanto excluidos de aplicación a esta ley los siguientes arrendamientos o contratos:

  1. a) El uso de las viviendas que los porteros, guardas, asalariados, empleados y funcionarios, tengan asignadas por razón del cargo que desempeñen o del servicio que presten.
  2. b) El uso de las viviendas militares, cualquiera que fuese su calificación y régimen, que se regirán por lo dispuesto en su legislación específica.
  3. c) Los contratos en que, arrendándose una finca con casa-habitación, sea el aprovechamiento agrícola, pecuario o forestal del predio la finalidad primordial del arrendamiento. Estos contratos se regirán por lo dispuesto en la legislación aplicable sobre arrendamientos rústicos.
  4. d) El uso de las viviendas universitarias, cuando éstas hayan sido calificadas expresamente como tales por la propia Universidad propietaria o responsable de las mismas, que sean asignadas a los alumnos matriculados en la correspondiente Universidad y al personal docente y de administración y servicios dependiente de aquélla, por razón del vínculo que se establezca entre cada uno de ellos y la Universidad respectiva, a la que corresponderá en cada caso el establecimiento de las normas a que se someterá su uso.
  5. e) La cesión temporal de uso de la totalidad de una vivienda amueblada y equipada en condiciones de uso inmediato, comercializada o promocionada en canales de oferta turística y realizada con finalidad lucrativa, cuando esté sometida a un régimen específico, derivado de su normativa sectorial.

 

Los arrendamientos urbanos de vivienda o de uso de negocio se rigen y regulan de manera primordial por todas aquellas disposiciones contempladas en esta ley, si bien, en su artículo 4, viene además incluido como fuente legal subsidiaria de aplicación a este tipo de procedimientos las relativas a la voluntad de las partes, y aquellos artículos del código civil que resulten aplicables, tales como aquellos relativos a los contratos.

 

  1. SOBRE ARRENDAMIENTOS DE VIVIENDAS

Vistos los conceptos de arredramientos y las leyes aplicables, no podemos olvidar que estamos tratando, hasta la fecha, de contratos privados, es decir, contratos que surten efectos exclusivamente entre la partes, siendo por ello necesario plantearse qué ocurre en los casos, cada vez más frecuentes, en los que estos contratos de arrendamiento,(de alquiler), se suscriben por más de dos partes, como es el caso de matrimonios o parejas, y ese matrimonio o pareja se separa, disuelve el vínculo matrimonial. Es un contrato que mantiene su eficacia frente al arrendador? Es necesario hacer un nuevo contrato de alquiler?.. Pues bien, la jurisprudencia, así como el propio texto legal en su artículo 6 y 7 LAU, prevé que: “El arrendamiento de vivienda no perderá esta condición aunque el arrendatario no tenga en la finca arrendada su vivienda permanente, siempre que en ella habiten su cónyuge no separado legalmente o de hecho, o sus hijos dependientes”.

Es más, en el Artículo 15 de la citada ley de arrendamientos urbanos prevé en casos de nulidad del matrimonio, separación judicial o divorcio cuando el arrendamiento está suscrito por una sola de esas partes. ¿Qué ocurre con el cónyuge o pareja que no figura en el contrato y se le atribuye el uso del domicilio? La ley prevé que el contrato de arrendatario siga en vigor en favor del cónyuge/pareja no arrendatario, por el tiempo que reste para su terminación, siempre que se trate de un acto manifiesto de voluntad e informado. Plazo de información y comunicación al arrendador en el plazo de dos meses desde que se recibió y notificó la resolución judicial correspondiente de divorcio-nulidad-separación atribuyendo el domicilio familiar acompañando copia de dicha resolución judicial o de la parte de la misma que afecte al uso de la vivienda.

Cabe citar a estas excepciones planteadas, qué ocurre en caso de fallecimiento del arrendatario. Nuevamente se extienden los efectos del contrato de alquiler, como excepción, frente a terceros. Así el Artículo  16 de la LAU prevé la subrogación del contrato de alquiler en favor de:

  1. El cónyuge del arrendatario que al tiempo del fallecimiento conviviera con él.
  2. La persona que hubiera venido conviviendo con el arrendatario de forma permanente en análoga relación de afectividad a la de cónyuge, con independencia de su orientación sexual, durante, al menos, los dos años anteriores al tiempo del fallecimiento, salvo que hubieran tenido descendencia en común, en cuyo caso bastará la mera convivencia.
  3. Los descendientes del arrendatario que en el momento de su fallecimiento estuvieran sujetos a su patria potestad o tutela, o hubiesen convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes.
  4. Los ascendientes del arrendatario que hubieran convivido habitualmente con él durante los dos años precedentes a su fallecimiento.
  5. Los hermanos del arrendatario en quienes concurra la circunstancia prevista en la letra anterior.
  6. Las personas distintas de las mencionadas en las letras anteriores que sufran una minusvalía igual o superior al 65 por 100, siempre que tengan una relación de parentesco hasta el tercer grado colateral con el arrendatario y hayan convivido con éste durante los dos años anteriores al fallecimiento.

Si al tiempo del fallecimiento del arrendatario no existiera ninguna de estas personas, el arrendamiento quedará extinguido.

Dado que la eficacia de los contratos de arrendamientos es exclusivamente efectiva  inter partes, con las excepciones citadas, igualmente se contemplan en la LAU aquellos casos, cada vez más frecuentes, en los que se hace necesario hacer valer el contrato de alquiler frente a un tercero. Este es el caso, entre otros muchos, en los que por ejemplo una empresa propietaria de un inmueble, alquila el local y existe y se produce por parte del un acreedor, por ejemplo un banco, un procedimiento judicial de ejecución por impago de préstamo hipotecario con adquisición y atribución del inmueble por parte del acreedor(subasta en favor de la entidad bancaria), a cuyos efectos el inquilino, el arrendatario, puede hacer valer su derecho de alquiler y en las mismas condiciones frente a ese tercero si ha inscrito su derecho:

“En todo caso, para que los arrendamientos concertados sobre fincas urbanas, surtan efecto frente a terceros que hayan inscrito su derecho, dichos arrendamientos deberán inscribirse en el Registro de la Propiedad”.

Otra situación parecida en la que se ha de constatar el carácter público registral de dicho alquiler está previsto en el Artículo 14 de la citada ley al disponer respecto de la Enajenación de la vivienda arrendada que:

El adquirente de una finca inscrita en el Registro de la Propiedad, arrendada como vivienda en todo o en parte, que reúna los requisitos exigidos por el artículo 34 de la Ley Hipotecaria, sólo quedará subrogado en los derechos y obligaciones del arrendador si el arrendamiento se hallase inscrito, conforme a lo dispuesto por los artículos 7 y 10 de la presente ley, con anterioridad a la transmisión de la finca.

Si la finca no se hallase inscrita en el Registro de la Propiedad, se aplicará lo dispuesto en el párrafo primero del artículo 1571 del Código Civil. Si el adquirente usare del derecho reconocido por el artículo citado, el arrendatario podrá exigir que se le deje continuar durante tres meses, desde que el adquirente le notifique fehacientemente su propósito, durante los cuales deberá satisfacer la renta y demás cantidades que se devenguen al adquirente. Podrá exigir, además, al vendedor, que le indemnice los daños y perjuicios que se le causen”.

Lo anterior es ciertamente distinto a la figura de la cesión y subarriendo que queda contemplado en el art Artículo 8 de la LAU y con carácter general resulta estar prohibido salvo que exista una comunicación previa al arrendador y  obre su consentimiento.

Como ya se ha venido desgranando este tipo de contratos, si bien partiendo de una regulación mínima legal, están sujetos a la voluntad de las partes, es decir, no existe un modelo estándar y todas las condiciones pueden ser pactadas por las partes a excepción de ciertas limitaciones y condiciones que establece la ley; entre otras muchas las relativas a la duración del contrato del Artículo 9 y 10, los cuales disponen que por su importancia transcribimos :

 

Artículo 9. Duración

“1. La duración del arrendamiento será libremente pactada por las partes. Si ésta fuera inferior a tres años, llegado el día del vencimiento del contrato, éste se prorrogará obligatoriamente por plazos anuales hasta que el arrendamiento alcance una duración mínima de tres años, salvo que el arrendatario manifieste al arrendador, con treinta días de antelación como mínimo a la fecha de terminación del contrato o de cualquiera de las prórrogas, su voluntad de no renovarlo.

El plazo comenzará a contarse desde la fecha del contrato o desde la puesta del inmueble a disposición del arrendatario si ésta fuere posterior. Corresponderá al arrendatario la prueba de la fecha de la puesta a disposición.

  1. Se entenderán celebrados por un año los arrendamientos para los que no se haya estipulado plazo de duración o éste sea indeterminado, sin perjuicio del derecho de prórroga anual para el arrendatario, en los términos resultantes del apartado anterior.
  2. No procederá la prórroga obligatoria del contrato si, una vez transcurrido el primer año de duración del mismo, el arrendador comunica al arrendatario que tiene necesidad de la vivienda arrendada para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial. La referida comunicación deberá realizarse al arrendatario al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar y el arrendatario estará obligado a entregar la finca arrendada en dicho plazo si las partes no llegan a un acuerdo distinto.

Si transcurridos tres meses a contar de la extinción del contrato o, en su caso, del efectivo desalojo de la vivienda, no hubieran procedido el arrendador o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de separación, divorcio o nulidad matrimonial a ocupar ésta por sí, según los casos, el arrendatario podrá optar, en el plazo de treinta días, entre ser repuesto en el uso y disfrute de la vivienda arrendada por un nuevo período de hasta tres años, respetando, en lo demás, las condiciones contractuales existentes al tiempo de la extinción, con indemnización de los gastos que el desalojo de la vivienda le hubiera supuesto hasta el momento de la reocupación, o ser indemnizado por una cantidad equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres, salvo que la ocupación no hubiera tenido lugar por causa de fuerza mayor.

  1. Tratándose de finca no inscrita, también durarán tres años los arrendamientos de vivienda que el arrendatario haya concertado de buena fe con la persona que parezca ser propietaria en virtud de un estado de cosas cuya creación sea imputable al verdadero propietario, sin perjuicio de la facultad de no renovación a que se refiere el apartado 1 de este artículo. Si el arrendador enajenase la vivienda arrendada, se estará a lo dispuesto en el artículo 1.571 del Código Civil. Si fuere vencido en juicio por el verdadero propietario, se estará a lo dispuesto en el citado artículo 1.571 del Código Civil, además de que corresponda indemnizar los daños y perjuicios causados”.

 

Artículo 10. Prórroga del contrato.

“1. Si llegada la fecha de vencimiento del contrato, o de cualquiera de sus prórrogas, una vez transcurridos como mínimo tres años de duración de aquel, ninguna de las partes hubiese notificado a la otra, al menos con treinta días de antelación a aquella fecha, su voluntad de no renovarlo, el contrato se prorrogará necesariamente durante un año más.

  1. Una vez inscrito el contrato de arrendamiento, el derecho de prórroga establecido en el artículo 9, así como la prórroga de un año a la que se refiere el apartado anterior, se impondrán en relación a terceros adquirentes que reúnan las condiciones del artículo 34 de la Ley Hipotecaria.
  2. Al contrato prorrogado, le seguirá siendo de aplicación el régimen legal y convencional al que estuviera sometido”.

Principio del formulario

 

Artículo 11. Desistimiento del contrato.

“El arrendatario podrá desistir del contrato de arrendamiento, una vez que hayan transcurrido al menos seis meses, siempre que se lo comunique al arrendador con una antelación mínima de treinta días. Las partes podrán pactar en el contrato que, para el caso de desistimiento, deba el arrendatario indemnizar al arrendador con una cantidad equivalente a una mensualidad de la renta en vigor por cada año del contrato que reste por cumplir. Los períodos de tiempo inferiores al año darán lugar a la parte proporcional de la indemnización”.

El resto de condiciones y elementos negociales quedan regulados y contemplados, con unos mínimos legales, tal como ocurre en el caso de la renta, formas de pagos, y gastos. Si bien el sentido general es la libertad entre las partes, la ley en estos casos regula igualmente unas bases mínimas para caso de conflicto o de interpretación del contrato. Prevé un sistema de determinación de renta libre (“La renta será la que libremente estipulen las partes”), hasta el extremo incluso de prevé el pago y determinación de la renta en especies (En los contratos de arrendamiento podrá acordarse libremente por las partes que, durante un plazo determinado, la obligación del pago de la renta pueda reemplazarse total o parcialmente por el compromiso del arrendatario de reformar o rehabilitar el inmueble en los términos y condiciones pactadas). Las rentas serán actualizables y podrán incluso ser alteradas, modificadas , elevadas por existencia de mejoras en el inmueble aunque siempre todo ello con sujeción a los límites y pautas que regulan los artículos 18 y 19 yt 20 de la LAU..

 

POR EJEMPLO:

Artículo 19. Elevación de renta por mejoras.

  1. La realización por el arrendador de obras de mejora, transcurridos tres años de duración del contrato le dará derecho, salvo pacto en contrario, a elevar la renta anual en la cuantía que resulte de aplicar al capital invertido en la mejora, el tipo de interés legal del dinero en el momento de la terminación de las obras incrementado en tres puntos, sin que pueda exceder el aumento del veinte por ciento de la renta vigente en aquel momento.

Para el cálculo del capital invertido, deberán descontarse las subvenciones públicas obtenidas para la realización de la obra.

  1. Cuando la mejora afecte a varias fincas de un edificio en régimen de propiedad horizontal, el arrendador deberá repartir proporcionalmente entre todas ellas el capital invertido, aplicando, a tal efecto, las cuotas de participación que correspondan a cada una de aquéllas.

En el supuesto de edificios que no se encuentren en régimen de propiedad horizontal, el capital invertido se repartirá proporcionalmente entre las fincas afectadas por acuerdo entre arrendador y arrendatarios. En defecto de acuerdo, se repartirá proporcionalmente en función de la superficie de la finca arrendada.

  1. La elevación de renta se producirá desde el mes siguiente a aquel en que, ya finalizadas las obras, el arrendador notifique por escrito al arrendatario la cuantía de aquélla, detallando los cálculos que conducen a su determinación y aportando copias de los documentos de los que resulte el coste de las obras realizadas.

 

  • DE LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS PARTES

Artículo 21. Conservación de la vivienda.

“1. El arrendador está obligado a realizar, sin derecho a elevar por ello la renta, todas las reparaciones que sean necesarias para conservar la vivienda en las condiciones de habitabilidad para servir al uso convenido, salvo cuando el deterioro de cuya reparación se trate sea imputable al arrendatario a tenor de lo dispuesto en los artículos 1.563 y 1.564 del Código Civil.

La obligación de reparación tiene su límite en la destrucción de la vivienda por causa no imputable al arrendador. A este efecto, se estará a lo dispuesto en el artículo 28.

  1. Cuando la ejecución de una obra de conservación no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento, el arrendatario estará obligado a soportarla, aunque le sea muy molesta o durante ella se vea privado de una parte de la vivienda.

Si la obra durase más de veinte días, habrá de disminuirse la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que el arrendatario se vea privado.

  1. El arrendatario deberá poner en conocimiento del arrendador, en el plazo más breve posible, la necesidad de las reparaciones que contempla el apartado 1 de este artículo, a cuyos solos efectos deberá facilitar al arrendador la verificación directa, por sí mismo o por los técnicos que designe, del estado de la vivienda. En todo momento, y previa comunicación al arrendador, podrá realizar las que sean urgentes para evitar un daño inminente o una incomodidad grave, y exigir de inmediato su importe al arrendador.
  2. Las pequeñas reparaciones que exija el desgaste por el uso ordinario de la vivienda serán de cargo del arrendatario”.

 

 Artículo 22. Obras de mejora.

“1. El arrendatario estará obligado a soportar la realización por el arrendador de obras de mejora cuya ejecución no pueda razonablemente diferirse hasta la conclusión del arrendamiento.

  1. El arrendador que se proponga realizar una de tales obras deberá notificar por escrito al arrendatario, al menos con tres meses de antelación, su naturaleza, comienzo, duración y coste previsible. Durante el plazo de un mes desde dicha notificación, el arrendatario podrá desistir del contrato, salvo que las obras no afecten o afecten de modo irrelevante a la vivienda arrendada. El arrendamiento se extinguirá en el plazo de dos meses a contar desde el desistimiento, durante los cuales no podrán comenzar las obras.
  2. El arrendatario que soporte las obras tendrá derecho a una reducción de la renta en proporción a la parte de la vivienda de la que se vea privado por causa de aquéllas, así como a la indemnización de los gastos que las obras le obliguen a efectuar”.

 

Artículo 23. Obras del arrendatario.

“1. El arrendatario no podrá realizar sin el consentimiento del arrendador, expresado por escrito, obras que modifiquen la configuración de la vivienda o de los accesorios a que se refiere el apartado 2 del artículo 2. En ningún caso el arrendatario podrá realizar obras que provoquen una disminución en la estabilidad o seguridad de la vivienda.

  1. Sin perjuicio de la facultad de resolver el contrato, el arrendador que no haya autorizado la realización de las obras podrá exigir, al concluir el contrato, que el arrendatario reponga las cosas al estado anterior o conservar la modificación efectuada, sin que éste pueda reclamar indemnización alguna.

Si, a pesar de lo establecido en el apartado 1 del presente artículo, el arrendatario ha realizado unas obras que han provocado una disminución de la estabilidad de la edificación o de la seguridad de la vivienda o sus accesorios, el arrendador podrá exigir de inmediato del arrendatario la reposición de las cosas al estado anterior”.

 

Artículo 24. Arrendatarios con discapacidad.

  1. El arrendatario, previa notificación escrita al arrendador, podrá realizar en el interior de la vivienda aquellas obras o actuaciones necesarias para que pueda ser utilizada de forma adecuada y acorde a la discapacidad o a la edad superior a setenta años, tanto del propio arrendatario como de su cónyuge, de la persona con quien conviva de forma permanente en análoga relación de afectividad, con independencia de su orientación sexual, o de sus familiares que con alguno de ellos convivan de forma permanente, siempre que no afecten a elementos o servicios comunes del edificio ni provoquen una disminución en su estabilidad o seguridad.
  2. El arrendatario estará obligado, al término del contrato, a reponer la vivienda al estado anterior, si así lo exige el arrendador”.

 

  • DE LA SUSPENSIÓN, RESOLUCIÓN Y EXTINCIÓN DEL CONTRATO

Artículo 26. Habitabilidad de la vivienda.

“Cuando la ejecución en la vivienda arrendada de obras de conservación o de obras acordadas por una autoridad competente la hagan inhabitable, tendrá el arrendatario la opción de suspender el contrato o de desistir del mismo, sin indemnización alguna.

La suspensión del contrato supondrá, hasta la finalización de las obras, la paralización del plazo del contrato y la suspensión de la obligación de pago de la renta”.

Artículo 27. Incumplimiento de obligaciones.

“1. El incumplimiento por cualquiera de las partes de las obligaciones resultantes del contrato dará derecho a la parte que hubiere cumplido las suyas a exigir el cumplimiento de la obligación o a promover la resolución del contrato de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 1.124 del Código Civil.

  1. Además, el arrendador podrá resolver de pleno derecho el contrato por las siguientes causas:
  2. a) La falta de pago de la renta o, en su caso, de cualquiera de las cantidades cuyo pago haya asumido o corresponda al arrendatario.
  3. b) La falta de pago del importe de la fianza o de su actualización.
  4. c) El subarriendo o la cesión inconsentidos.
  5. d) La realización de daños causados dolosamente en la finca o de obras no consentidas por el arrendador cuando el consentimiento de éste sea necesario.
  6. e) Cuando en la vivienda tengan lugar actividades molestas, insalubres, nocivas, peligrosas o ilícitas.
  7. f) Cuando la vivienda deje de estar destinada de forma primordial a satisfacer la necesidad permanente de vivienda del arrendatario o de quien efectivamente la viniera ocupando de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 7.
  8. Del mismo modo, el arrendatario podrá resolver el contrato por las siguientes causas:
  9. a) La no realización por el arrendador de las reparaciones a que se refiere el artículo 21.
  10. b) La perturbación de hecho o de derecho que realice el arrendador en la utilización de la vivienda.
  11. Tratándose de arrendamientos de finca urbana inscritos en el Registro de la Propiedad, si se hubiera estipulado en el contrato que el arrendamiento quedará resuelto por falta de pago de la renta y que deberá en tal caso restituirse inmediatamente el inmueble al arrendador, la resolución tendrá lugar de pleno derecho una vez el arrendador haya requerido judicial o notarialmente al arrendatario en el domicilio designado al efecto en la inscripción, instándole al pago o cumplimiento, y éste no haya contestado al requerimiento en los diez días hábiles siguientes, o conteste aceptando la resolución de pleno derecho, todo ello por medio del mismo juez o notario que hizo el requerimiento.

El título aportado al procedimiento registral, junto con la copia del acta de requerimiento, de la que resulte la notificación y que no se haya contestado por el requerido de pago o que se haya contestado aceptando la resolución de pleno derecho, será título suficiente para practicar la cancelación del arrendamiento en el Registro de la Propiedad.

Si hubiera cargas posteriores que recaigan sobre el arrendamiento, será además preciso para su cancelación justificar la notificación fehaciente a los titulares de las mismas, en el domicilio que obre en el Registro, y acreditar la consignación a su favor ante el mismo notario, de la fianza prestada por el arrendatario”.

 

Artículo 28. Extinción del arrendamiento.

“El contrato de arrendamiento se extinguirá, además de por las restantes causas contempladas en el presente Título, por las siguientes:

  1. a) Por la pérdida de la finca arrendada por causa no imputable al arrendador.
  2. b) Por la declaración firme de ruina acordada por la autoridad competente”.

 

  1. ARRENDAMIENTOS PARA USO DISTINTO DE VIVIENDA

Queda regulada en los artículos  29 a 36 de la ley de arrendamientos urbanos. En la misma se contempla y regula esta relación negocial por remisión a los artículos de los arrendamientos de vivienda, y en concreto aquellos referidos a la enajenación de finca arrendada (Art. 29), conservación, mejora y obra (Art.30), derecho de adquisición preferente (Art. 31), muerte del arrendatario(Art. 33) y resolución de pleno derecho(Art. 35). No supone una diferencia sustancial con el arrendamiento de vivienda, siendo por tanto muy similares en su mayor medida.

La única especialidad que podemos destacar sería la relativa a la cesión del contrato y subarriendo del artículo 32:

“1. Cuando en la finca arrendada se ejerza una actividad empresarial o profesional, el arrendatario podrá subarrendar la finca o ceder el contrato de arrendamiento sin necesidad de contar con el consentimiento del arrendador.

  1. El arrendador tiene derecho a una elevación de renta del 10 por 100 de la renta en vigor en el caso de producirse un subarriendo parcial, y del 20 en el caso de producirse la cesión del contrato o el subarriendo total de la finca arrendada.
  2. No se reputará cesión el cambio producido en la persona del arrendatario por consecuencia de la fusión, transformación o escisión de la sociedad arrendataria, pero el arrendador tendrá derecho a la elevación de la renta prevista en el apartado anterior.
  3. Tanto la cesión como el subarriendo deberán notificarse de forma fehaciente al arrendador en el plazo de un mes desde que aquéllos se hubieran concertado”.

 

  1. DISPOSICIONES COMUNES INTEGRAS A AMBOS CONTARTOS

Artículo 36. Fianza.

“1. A la celebración del contrato será obligatoria la exigencia y prestación de fianza en metálico en cantidad equivalente a una mensualidad de renta en el arrendamiento de viviendas y de dos en el arrendamiento para uso distinto del de vivienda.

  1. Durante los tres primeros años de duración del contrato, la fianza no estará sujeta a actualización. Pero cada vez que el arrendamiento se prorrogue, el arrendador podrá exigir que la fianza sea incrementada, o el arrendatario que disminuya, hasta hacerse igual a una o dos mensualidades de la renta vigente, según proceda, al tiempo de la prórroga.
  2. La actualización de la fianza durante el período de tiempo en que el plazo pactado para el arrendamiento exceda de tres años, se regirá por lo estipulado al efecto por las partes. A falta de pacto específico, lo acordado sobre actualización de la renta se presumirá querido también para la actualización de la fianza.
  3. El saldo de la fianza en metálico que deba ser restituido al arrendatario al final del arriendo, devengará el interés legal, transcurrido un mes desde la entrega de las llaves por el mismo sin que se hubiere hecho efectiva dicha restitución.
  4. Las partes podrán pactar cualquier tipo de garantía del cumplimiento por el arrendatario de sus obligaciones arrendaticias adicional a la fianza en metálico.
  5. Quedan exceptuadas de la obligación de prestar fianza la Administración General del Estado, las Administraciones de las Comunidades Autónomas y las entidades que integran la Administración Local, los organismos autónomos, las entidades públicas empresariales y demás entes públicos vinculados o dependientes de ellas, y las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social en su función pública de colaboración en la gestión de la Seguridad Social, así como sus Centros y Entidades Mancomunados, cuando la renta haya de ser satisfecha con cargo a sus respectivos presupuestos.”

 

 

Que los nuevos tiempos avanzan con mayor celeridad que la regulación judicial es una evidencia. Por ello los abogados tenemos constantemente que renovar nuestros métodos de trabajo. Así resulta que cada día es más frecuente encontrar que las relaciones entre particulares y entre empresas se dirigen sobre un soporte electrónico, resultando más infrecuente la remisión de comunicados formales mediante cartas certificadas o burofax con acuses de recibo y certificación de texto, los cuales, lejos de ser cómodos, resultan ser ciertamente costosos. Comoquiera que las comunicaciones online son cada día más habituales y frecuentes, y más allá de resultar jurisprudencia unificada que resultan ser medios válidos de prueba como documentos electrónicos, encontramos en la web algunos sistemas que ayudan y apoyan a sustentar y satisfacer la carga de la prueba en derecho. Sistemas como los facilitados por la plataforma https://www.egarante.com/, quien mediante un sistema de certificaciones online, refleja el contenido y remisión del envío de correos electrónicos, así como en su caso, la realidad de publicación de una página web.

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La importancia de una buena  gestión
1.- Dada la realidad social del momento, se trata de uno de los procedimientos más delicados. En la actualidad existen varias empresas de recobros que emplean, la gran mayoría, unas técnicas poco efectivas, basadas en presiones desmedidas y algunas, ciertas coacciones. Esta fórmula es un claro error, y lo único que origina es un alejamiento total de las posturas de las partes, forzando con ello acudir a la vía judicial; Se saltan una fase que es primordial y básica, la NEGOCIACIÓN. Su importancia no es otra que poder lograr un pago con prontitud, si bien es cierto, debemos atraer su cumplimiento con ciertos aplazamientos, o quitas parciales de la deuda. Todo ello debidamente reconocido mediante escrito firmado inter-partes, y evitando así demorar los cobros y tener que perseguir los bienes del deudor, cumpliendo las expectativas económicas del acreedor en mayor o menor medida. Con estos resultados evitamos la engorrosa y a veces costosa fase judicial, que en la mayoría de los casos se alarga en el tiempo de sobremanera para lograr una sentencia, descontando el tiempo de los recursos y de las ejecuciones; a veces más de 2 años de procedimientos.

2.- Una vez rota esta fase de negociación, cabe plantearse la posibilidad de reclamar los importes por la VÍA JUDICIAL.

La vía inicialmente empleada es el denominado PROCESO MONITORIO que se puede hacer mediante papeleta formalizada o bien por medio de demanda, sin que sea necesaria asistencia de Letrado y / o Procurador en cuantías hasta 2000 euros. Lo mismo para el caso de la contestación.

Este procedimiento, en caso que no exista oposición, lleva aparejado la ejecución. Sin embargo, en caso de que sí exista oposición este procedimiento deriva, según cuantía y materia, en el ORDINARIO (>6.000 euros) o VERBAL (<6.000 euros).  

 

 

Si buscamos un bufete de abogados en Madrid, o cualquier otra localidad, lo primero que se nos pasa por la cabeza es buscar referencias entre nuestros amigos, vecinos y familiares, pero… ¿cómo podemos asegurarnos de que un buen profesional?

Lo primero que hay que verificar es la formación del abogado sobre el tema legal que nos compete, es decir, que si buscamos un abogado penalista hay que asegurarse de que esté especializado en ese campo. Para conseguirlo, debemos delimitar nuestro problema siendo directos y respondiendo siempre con sinceridad a las preguntas que nos formule. Un buen síntoma para saber si un bufete de abogados en Madrid, u otra localidad, es bueno o no, es la organización de la información que va a manejar. Si nos dice que el problema está resuelto antes de tener los antecedentes en sus manos, desconfía, ya que sin todos los datos es improbable hacer un buen juicio sobre el caso.

También hay que sopesar la destreza legal del profesional para que pueda buscar la mejor solución al problema presentado. Y, sobre todo, estar seguros de la estrategia que se tomará. Todo esto se detecta a base de la permanente comunicación entre abogado cliente, es de vital importancia estar siempre en contacto y con la sinceridad por delante entre ambas partes para que al final lleguen los buenos resultados. También es recomendable hablar de los honorarios en la primera consulta, ya que esto evitará malos entendidos durante el procedimiento. Debemos exigir que nos presupuesten todos los supuestos de nuestro caso.

Desde Lucas Franco Abogados os retamos a que pongáis estos consejos en práctica con nuestros abogados, pues tenemos un amplio repertorio de clientes satisfechos con nuestro trabajo.

 

 

Para tramitar una indemnización por accidentes en Madrid  debes ponerte en manos de un bufete especializado en este ámbito como es el nuestro. Hay ocasiones en las que en un accidente se producen una serie de daños materiales y personales que sacan a la palestra un término del que queremos hablarte en este post: la responsabilidad civil automovilística.

La responsabilidad civil como criterio de imputación por los daños causados durante el uso de vehículos de motor fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico en los años 60, a través de la Ley 122/1962 de 24 de diciembre. Este concepto hace referencia a la obligación que tiene el conductor de un vehículo que ha causado una serie de daños, de reparar económicamente esos daños causados en forma de indemnización. O dicho de otra forma, con la aprobación de esta figura lo que se pretendía era compensar a las personas afectadas durante el transcurso de un accidente automovilístico o a su familia, en el caso de producirse víctimas mortales. La cuantía económica con la que serán compensadas las personas estará dictada por un juez.

Como expertos en indemnización por accidentes en Madrid Centro sabemos que a la hora de reclamar la responsabilidad civil automovilística se puede recurrir a la vía penal o la vía civil. Si se recurre a la vía civil, las personas responsables del delito son los autores materiales del mismo (conductor), sus cómplices, aseguradores, tutores y las personas físicas o jurídicas que hayan contratado a la persona que ha cometido el daño derivado del accidente de tráfico, si este ha tenido lugar durante el desarrollo de su trabajo. Para realizar esta reclamación civil existe un periodo de un año, pasado el cual el delito prescribe.

En Lucas Franco Abogados contamos con una gran experiencia en la tramitación de indemnizaciones por accidentes y negligencias. Confía en nosotros si has sido víctima de un accidente y quieres gestionar compensación.