El S.I.S. es el Sistema de información Shengen habilitado y creado por el Convenio de Aplicación Acuerdo Shengen que permitirá que las autoridades designadas por las Partes, mediante un procedimiento de consulta automatizado, dispongan de descripciones de personas y objetos, al efectuar controles en la frontera y comprobaciones y otros controles de policía y aduanas realizados dentro del país de conformidad con el derecho nacional, así como, únicamente en relación con la categoría de la inscripción de extranjeros incluidos en la lista de no admisibles, a efectos del procedimiento de expedición de visados, de expedición de permisos de residencia y de la admisión de extranjeros en el marco de la aplicación de las disposiciones sobre circulación de personas.

El Sistema de Información de Schengen incluye exclusivamente las categorías de datos que proporciona cada una de las Partes y que son necesarios para los fines previstos en los artículos 95 a 100 del Convenio:

• Personas buscadas para su detención a efectos de extradición.
• Extranjeros incluidos en la lista de no admisibles.
• Datos relativos a personas desaparecidas o que deban ser objeto de protección.
• Datos relativos a testigos y personas citadas para comparecer ante las autoridades judiciales.
• Datos relativos a personas o vehículos a efectos de vigilancia discreta o de control específico.
• Datos relativos a objetos buscados con vistas a su incautación, o como pruebas en un procedimiento penal.

El Acuerdo de Schengen distingue según se trate de fronteras interiores o exteriores.

• Se entiende por fronteras interiores: las fronteras terrestres comunes de las Partes contratantes, así como sus aeropuertos por lo que respecta a los vuelos interiores y sus puertos marítimos por lo que respecta a los enlaces regulares de transbordadores con procedencia o destino exclusivamente en otros puertos de los territorios de las Partes contratantes y que no efectúen escala en los puertos ajenos a dichos territorios.
• Por fronteras exteriores: las fronteras terrestres y marítimas, así como los aeropuertos y puertos marítimos de las Partes contratantes, siempre que no sean fronteras interiores.

Las fronteras interiores podrán cruzarse en cualquier lugar sin que se realice control alguno de las personas. No obstante, cuando así lo exijan el orden público o la seguridad nacional, una Parte contratante podrá decidir que se efectúen en las fronteras interiores y durante un período limitado controles fronterizos nacionales adaptados a la situación. En principio, las fronteras exteriores sólo podrán cruzarse por los pasos fronterizos y durante las horas de apertura establecidas.

La circulación transfronteriza en las fronteras exteriores se efectuará con arreglo a los siguientes principios uniformes:

1. El control de las personas incluirá no sólo la comprobación de los documentos de viaje y de las restantes condiciones de entrada, de residencia, de trabajo y de salida, sino también la investigación y la prevención de peligros para la seguridad nacional y el orden público de las Partes contratantes. Dicho control se referirá asimismo a los vehículos y objetos que se hallen en poder de las personas que crucen las fronteras, y cada Parte contratante lo efectuará de conformidad con su legislación, en particular en lo que se refiere al registro de los mismos.
2. Todas las personas deberán ser objeto de al menos un control que permita determinar su identidad tras haber exhibido o presentado documentos de viaje.
3. A la entrada deberá someterse a los extranjeros a un control minucioso, con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1.
4. A la salida se procederá al control que exija el interés de todas las Partes contratantes en virtud del derecho de extranjería y en la medida en que sea necesario para investigar y prevenir peligros para la seguridad nacional y el orden público de las Partes contratantes. Dicho control se efectuará sobre los extranjeros en todos los casos.
5. Si no pudieran efectuarse dichos controles por circunstancias excepcionales e imprevistas que exijan medidas inmediatas, se establecerán prioridades. A este respecto, el control de la circulación a la entrada tendrá prioridad, en principio, sobre el control a la salida.

El ingreso en el CIE, Centro de Internamiento de Extranjeros, que se produce en muchas ocasiones como medida preventiva entre tanto se cursa un expediente de expulsión, es una de las peores medidas que pueden existir, en nuestra opinión, para un extranjero. Ello es porque si bien, sin resultar una medida adoptada en un procedimiento penal, se adopta por un órgano judicial para asegurar una futura expulsión. Expulsión que muchas veces se produce en un procedimiento administrativo en estado embrionario, o de manera ciertamente prematura.

Por ello, lo primero que has de hacer es contactar con un buen abogado para que mediante el oportuno recurso logre ponerte en libertad, y una vez acordada ésta, continúe tu defensa administrativa en el expediente de expulsión.

Son reiteradas las consultas que recibimos sobre el modo y forma en que se ha de efectuar una expulsión de un extranjero. Las expulsiones “en caliente” son aquellas, que, por el momento ciertamente irregulares, se producen echando a un extranjero sin cumplir con los trámites de audiencia y contradicción a que obliga nuestra ley. Por tanto, aquellas devoluciones que se efectúen sin dar posibilidad de oír al extranjero, incluso sin dar oportunidad a petición de asilo, han de resultar ciertamente irregulares por ser contrarias a la ley.

La expulsión de un extranjero ya fuere vía administrativa, o ya fuere preferente al iniciarse y tramitarse en el seno de un procedimiento judicial penal, contienen dos trámites que han de ser respetados en cualquier caso, si bien los plazos entre un tipo y otro varían, siendo la preferente de mayor brevedad. Estos trámites resultan ser la información, de manera clara y entendible para el extranjero del motivo de su expulsión.

El trámite de audiencia, donde el mismo efectúa alegaciones escritas, con aportación de todos aquellos documentos que estime oportunos, para hacer valer su derecho de estar residir en España. El trámite de contradicción, frente a la posible desestimación de las alegaciones, cabe la posibilidad de instar el correspondiente recurso.

Apátridas

El término apátrida designará a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación.

Normativa básica reguladora

• Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954. Instrumento de adhesión de España de 24 de abril de 1997 (BOE núm. 159, de 4 de julio de 1997).
• Ley 12/2009, de 30 de octubre, reguladora del derecho de asilo y de la protección subsidiaria (BOE núm. 263, de 31 de octubre).
• Real Decreto 865/2001, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de reconocimiento del estatuto de apátrida (BOE núm. 174, de 21 de julio. Corrección de errores en BOE núm. 276, de 17 de noviembre).

Reconocimiento del estatuto de apátrida

Se reconocerá el estatuto de apátrida conforme a lo dispuesto en la Convención sobre el Estatuto de los Apátridas, hecha en Nueva York el 28 de septiembre de 1954, a toda persona que no sea considerada como nacional suyo por ningún Estado, conforme a su legislación, y manifieste carecer de nacionalidad. Para hacer efectivo dicho reconocimiento, deberá cumplir los requisitos y procedimiento previstos en el Reglamento de reconocimiento del Estatuto de Apátrida.

En ningún caso se concederá dicho estatuto:

1. A las personas que reciban actualmente protección o asistencia de un órgano u organismo de las Naciones Unidas distinto del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, mientras estén recibiendo tal protección o asistencia;
2. A las personas a quienes las autoridades competentes del país donde hayan fijado su residencia reconozcan los derechos y obligaciones inherentes a la posesión de la nacionalidad de tal país;
3. A las personas respecto de las cuales haya razones fundadas para considerar:
   1. Que han cometido un delito contra la paz, un delito de guerra o un delito contra la humanidad, definido en los instrumentos internacionales referentes a dichos delitos;
   2. Que han cometido un delito grave de índole no política fuera del país de su residencia, antes de su admisión en dicho país;
   3. Que son culpables de actos contrarios a los propósitos y principios de las Naciones Unidas.

Requisitos para la solicitud

La solicitud del Estatuto de Apátrida deberá contener los requisitos especificados en el artículo 66 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas. Asimismo, se le acompañarán los documentos de identidad y de viaje que se posean o se justificará la carencia de los mismos.

En la solicitud se deberá hacer una exposición clara y detallada de los hechos, datos y alegaciones que se estimen pertinentes en apoyo de la misma, y en particular la mención del lugar de nacimiento, de la relación de parentesco con otras personas que en su caso tengan atribuida nacionalidad de algún Estado, y del lugar de residencia habitual en otro Estado y tiempo que se haya mantenido.

El domicilio que conste en la solicitud será considerado domicilio habitual a efectos de la práctica de las notificaciones. El interesado deberá comunicar, con la mayor brevedad posible, a la Oficina de Asilo y Refugio, los cambios de domicilio durante la tramitación de su solicitud.

Otras preguntas sobre extranjería y nacionalidad

La Ley 14/2013, de 27 de septiembre, “de apoyo a los emprendedores y su internacionalización” que pretende en general fomentar la cultura emprendedora y crear un entorno favorable para que se desarrolle la actividad económica. Dentro de esta ley existe una sección, titulada “movilidad internacional”, en la que se crea un marco legal nuevo y específico (de visados y autorizaciones de residencia) para la inmigración cualificada y los inversores, claro, ágil, especializado y facilitador con el objetivo de fomentar la entrada de inversión y talento para favorecer el crecimiento económico y la creación de puestos de trabajo.

Se  concede la residencia a aquellos extranjeros que compren un inmueble localizado en territorio nacional con una inversión de las siguientes características:

• Inversión de al menos 500.000€:
• Excluidos impuestos. 500.000€ más IVA o ITP y gastos que no estén incluidos en el precio.
• 000€ por inversor o unidad familiar y sobre un inmueble o varios inmuebles siempre que alcancen en su conjunto esta cantidad mínima. El Cónyuge e hijos no necesitan inversión.
• Esta inversión inicial, de un mínimo de 500.000 euros, debe estar estar totalmente libres de cargas y gravámenes. La cantidad de inversión que exceda de 500.000€ si puede gravarse, por ejemplo con hipoteca.

¿Es posible una copropiedad en la inversión?

Sí . Cabe copropiedad de un inmueble para la adquisición de la VISA GOLDEN O VISA POR INVERSIÓN INMOBILIARIA  siempre y cuando las cuotas o porcentajes de cada propietario asciendan a 500.000€ al menos (i.e. adquisición de un inmueble de un millón de euros entre dos solicitantes).

¿Qué tipo de inmueble es válido?

Son válidos todo tipos de inmueble tanto Suelo urbano (nuevos o de segunda mano) y rústico (agricultura- viñas- fincas de caza etc.) o inmuebles terciarios (Comercial, Oficina, Parkings, Hoteles).

Sí, siempre que el trabajo sea compatible con la actividad para la que se concedió la estancia y que los ingresos obtenidos no tengan el carácter de recurso necesario para el sustento del extranjero.

Tendrá que solicitar para ello la correspondiente autorización de trabajo y cumplir los requisitos exigidos para obtenerla.

Puede permanecer en España, en situación de estancia por un periodo superior a 90 días, si va a desarrollar alguna de las siguientes actividades:

• Realizar o ampliar estudios en un centro autorizado, en un programa de tiempo completo con el que se obtenga un título o certificado de estudios • Actividades de investigación o formación (siempre que no se trate de una actividad laboral, en cuyo caso tendrá que solicitar una autorización de residencia temporal y trabajo para investigación)
• Participar en un programa de movilidad de alumnos para seguir un programa de enseñanza secundaria y/o bachillerato en un centro oficialmente reconocido
• Prácticas no laborales en un organismo o entidad pública o privada
• Un programa de voluntariado que persiga objetivos de interés general