Sentencia dictada por el Tribunal Supremo en fecha 20/11/2018 que trata y resuelve la cuestión de la intervención de un tercero, relación de pareja estable de un progenitor, con respecto de las medidas paterno filiales establecidas en sentencia por cuanto que no se cuestiona el derecho a rehacer la vida de cualquiera de los progenitores tras la ruptura, sino la afección que la nueva vida en pareja de éstos deriva en la pensión compensatoria, atribución del domicilio familiar o incluso sobre el propio interés del menor. Así recoge que:

“1. La introducción de un tercero en la vivienda en manifiesta relación estable de pareja con la progenitora que se benefició del uso por habérsele asignado la custodia de los hijos, aspecto que se examina, cambia el estatus del domicilio familiar. No se niega que al amparo del derecho a la libertad personal y al libre desarrollo de la personalidad se puedan establecer nuevas relaciones de pareja con quien se estime conveniente, lo que se cuestiona es que esta libertad se utilice en perjuicio de otros, en este caso del progenitor no custodio. Una nueva relación de pareja, tras la ruptura del matrimonio, tiene evidente influencia en la pensión compensatoria, en el derecho a permanecer en la casa familiar e incluso en el interés de los hijos, desde el momento en que introduce elementos de valoración distintos de los que se tuvieron en cuenta inicialmente y que, en relación a lo que aquí se cuestiona, se deberán tener en cuenta, sin perder de vista ese interés de los hijos, que es el que sirvió de título de atribución del uso, al amparo del artículo 96 del Código Civil.”

5. La solución dada en la sentencia recurrida no vulnera este interés, ni contradice la jurisprudencia de esta sala en la interpretación del artículo 96 del CC:

(i) El derecho de uso de la vivienda familiar existe y deja de existir en función de las circunstancias que concurren en el caso. Se confiere y se mantiene en tanto que conserve este carácter familiar. La vivienda sobre la que se establece el uso no es otra que aquella en que la familia haya convivido como tal, con una voluntad de permanencia (sentencia 726/2013, de 19 de noviembre). En el presente caso, este carácter ha desaparecido, no porque la madre e hijos hayan dejado de vivir en ella, sino por la entrada de un tercero, dejando de servir a los fines del matrimonio. La introducción de una tercera persona hace perder a la vivienda su antigua naturaleza “por servir en su uso a una familia distinta y diferente”, como dice la sentencia recurrida.

(ii) La medida no priva a los menores de su derecho a una vivienda, ni cambia la custodia, que se mantiene en favor de su madre. La atribución del uso a los hijos menores y al progenitor custodio se produce para salvaguardar los derechos de aquellos. Pero más allá de que se les proporcione una vivienda que cubra las necesidades de alojamiento en condiciones de dignidad y decoro, no es posible mantenerlos en el uso de un inmueble que no tiene el carácter de domicilio familiar, puesto que dejó de servir a los fines que determinaron la atribución del uso en el momento de la ruptura matrimonial, más allá del tiempo necesario para liquidar la sociedad legal de gananciales existente entre ambos progenitores.”

¿Qué es el divorcio exprés? Desde este despacho de abogados de Madrid, Lucas Franco Abogados, no podemos más que advertir que se debe tener mucho cuidado con las ofertas de prestación de servicios en separaciones y divorcios. Los denominados Divorcios exprés que te garantizan en un brevísimo plazo de tiempo lograr un divorcio o separación efectiva.

Son muchos años de experiencia los que nos avalan y cada vez son más las personas que vienen a nuestras oficinas con sentencias y convenios ciertamente nefastos y abiertos totalmente a la conflictividad por imprecisas, sino confusos, y falta de rigor. Ello se debe a que este tipo de servicios, de gran rapidez y ciertamente económicos, no recogen en muchas ocasiones medidas personalizadas o concretas. Son simples formularios estándares que en nada se preocupan por las necesidades de los cónyuges o de los menores. Evidentemente el Juzgado poco puede hacer al efecto por cuanto que se presentan siempre de mutuo acuerdo, son legales y no contrarios a derecho y por tanto, al no causar perjuicio al menor el Ministerio Fiscal no se opone y se acaban homologando.

¿Pero cuáles son los principales problemas de un divorcio exprés? El principal problema que nuestros abogados en materia de divorcio se han encontrado estos últimos años es que por ejemplo, o no se establecen prudentemente los regímenes de visitas y estancias, llegando por ejemplo a no determinarse el periodo de elección de los periodos vacacionales, o por ejemplo los horarios de entregas y recogidas etc…

Un procedimiento de divorcio o de separación, SÍ se puede hacer de mutuo acuerdo y de forma rápida. Es nuestro consejo, pero ello no quiere decir que se haga de forma automática. Para poder solicitar este divorcio necesitas un certificado legal de matrimonio, un certificado de nacimiento de los hijos, un convenio regulador de separación (si existe) y una escritura de capitulaciones matrimoniales o separación de bienes (si existe).

El principal requisito para solicitar el divorcio es, en primer lugar, que la pareja lleve más de tres meses casada.

La manera de tramitarlo de forma rápida es consensuar, y no de forma obligada, sino razonada, un convenio regulador en el que de forma puntual se regule los periodos vacaciones , incluidos las semanas de Junio y septiembre que muchas veces se omiten y en las cuales existen vacaciones escolares, las horas de entrega y recogida vacacional, el régimen de visitas de fines de semana y posibles visitas semanales, con sus horarios, pensión de alimentos, su obligación de pago y conceptos que incluyen y excluyen, derecho de vidita de los abuelos, posibles pensiones compensatorias a la parte más desfavorecida etc…

Si estás pensando en separarte de tu pareja y crees que puedes iniciar un proceso de divorcio LUCAS FRANCO ABOGADOS, como despacho de abogados expertos en separaciones y divorcios, derecho de familia, estamos a tu disposición para ayudarte a afrontar este y muchos otros problemas legales que puedas tener.

 

 

A lo largo de nuestra trayectoria profesional como abogados de familia nos plantean los clientes qué es lo más oportuno, separarse o divorciarse, cuál es la diferencia entre separación y divorcio.

La separación matrimonial sólo implica la suspensión de la convivencia reconocida legalmente con el matrimonio. No supondrá por lo tanto el fin de la unión, sino simplemente el fin de la vida en común. Con la separación queda disuelto el régimen de bienes gananciales si lo hubiera, las donaciones hechas a favor del otro y la posibilidad de heredar.

Por otro lado, el divorcio implica la disolución del vínculo matrimonial permitiendo a los dos miembros divorciados contraer matrimonio con otras personas. Cuando dos personas se divorcian se disuelve su régimen económico, la posibilidad de heredad. La custodia de los hijos, la patria potestad y el régimen de mantenimiento de los mismos quedará bajo el convenio regulador que determine un juez.

En la actualidad, el único requisito común para solicitar ambas fórmulas es que hayan transcurridos 3 meses desde el momento en el que se produjo el matrimonio.

En Lucas Franco Abogados encontrarás la profesionalidad de un gran equipo de abogados y la experiencia de más de 35 años en el sector de la abogacía.

  • Abogados de derecho de familia
  • Abogados de Divorcios
  • Abogados de Separaciones
  • Abogados expertos en materia civil (Sucesiones y herencias)
  • Trámites hereditarios

 

 

Qué ocurre con los bienes propiedad del matrimonio es una de las cuestiones más debatidas y que generan mayor conflicto a la hora de afrontar un divorcio y que pretendemos explicar brevemente como abogados especializados en derecho de familia. La distribución de los mismos, su adjudicación y valoración es el proceso denominado de liquidación de gananciales.

La liquidación de gananciales es el procedimiento de cuantificación de los bienes comunes, gananciales, y su distribución y adjudicación. Consiste en la realización de todas aquellas operaciones particionales que sean pertinentes, conforme a lo establecido en los arts. 1396 a 1410 del Código civil, para proceder a la determinación, conforme al art. 1344 del Código civil, de las ganancias obtenidas indistintamente por cualquiera de los cónyuges y posterior reparto de remanente entre los cónyuges o ex-cónyuges, o entre uno de ellos, y los herederos del cónyuge premuerto, para ello es fundamental contar con un Abogado especialistas en matrimonial y concretamente en liquidación de bienes gananciales.

No puede efectuarse la liquidación de una sociedad de gananciales si ésta no ha sido previamente disuelta; y dicha sociedad ganancial pervive en tanto no acontezca alguna de las circunstancias contempladas en los arts. 1392 Código civil y 1393 Código civil, que la hacen concluir. Por tanto, no podrá instarse la liquidación de la sociedad de gananciales antes de esa disolución.

La sociedad de gananciales concluirá de pleno derecho:

  1. Cuando se disuelva el matrimonio(divorcio).
  2. Cuando sea declarado nulo.
  3. Cuando se acuerde la separación legal de los cónyuges.
  4. Cuando los cónyuges convengan un régimen económico distinto en la forma prevenida en el Código Civil.

Existen dos formas de afrontar una liquidación de gananciales:

1. De carácter consensual o de mutuo acuerdo:

Los cónyuges pueden incluir la liquidación del régimen económico matrimonial dentro del contenido del convenio regulador que presenten junto con la demanda de separación o de divorcio de mutuo acuerdo (Convenio regulador que deberá ajustarse a las premisas estipuladas en el art 90 del Código civil) o incluso mediante acto posterior a la disolución del matrimonio.

2. De carácter contencioso:

En caso en que no se pueda llegar a una liquidación consensuada del patrimonio conyugal, habrá que proceder a liquidarlo por vía judicial mediante el procedimiento específico contenido en la Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero, establecido concretamente para la liquidación del régimen económico matrimonial en sus artículos 806 y siguientes, cuya complejidad procedimental puede hacerse excesivamente larga y costosa, con la posibilidad de dilaciones por las partes implicadas, de modo que  en  un  mismo  procedimiento  pueden  darse hasta  cuatro  fases diferenciadas.

El artículo 806  señala que “la liquidación  del  régimen  económico  matrimonial que,  por  capitulaciones matrimoniales o disposición legal, determine la existencia de una masa común de bienes y derechos sujeta a determinadas cargas y obligaciones se llevará a cabo, en defecto de acuerdo entre los cónyuges, con arreglo a lo dispuesto en el presente Capítulo y a las normas civiles que resulten aplicables”. Obviamente, se  refiere  a  la  liquidación  del  régimen  económico  matrimonial  de  la sociedad de gananciales, pues es donde existe esa masa común de bienes, derechos y obligaciones. También será aplicable para los regímenes forales o autonómicos de comunidad o consorcio conyugal, respecto de los que no existan normas sobre el procedimiento de liquidación.

Este procedimiento se realizará de manera simultánea al de la nulidad, la separación o el divorcio, si así lo solicita alguno de los cónyuges en la demanda o, en caso contrario, con posterioridad a éste mediante una nueva demanda. Una vez admitida la demanda, cualquiera de los cónyuges podrá solicitar que se realice un inventario de los bienes y deudas de la sociedad de gananciales. Tal solicitud deberá acompañarse de una propuesta en la que deberán constar los activos y pasivos de los bienes gananciales existentes, deudas pendientes, cantidades que habiendo sido pagadas por uno sólo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad, acompañados de los documentos que justifiquen el inventario.

Se fijará día y hora para la formación del inventario, al que acudirán los dos cónyuges y el Secretario Judicial. Si no comparece uno de ellos sin causa justificada, se entenderá que está de acuerdo con la propuesta de inventario. Si compareciendo las partes llegan a un acuerdo sobre el inventario, éste quedará reflejado en un acta.

Si se producen controversias entre los cónyuges sobre la formación del inventario, se realizará una vista ante el Juez para intentar aclarar los extremos y, finalmente, el Juez dictará sentencia aprobando el inventario y estableciendo lo que proceda sobre la administración y disposición de los bienes incluidos en el inventario.

Una vez concluido el inventario, ya sea por acuerdo entre los cónyuges, ya sea por la resolución judicial dictada al respecto y siendo firme la resolución que declare disuelto el régimen económico matrimonial, los cónyuges presentarán una propuesta de liquidación que incluya la satisfacción de las deudas que tuviese la sociedad de gananciales con cada uno de los cónyuges.

Cada cónyuge tendrá derecho a que se incluyan con preferencia en su haber, hasta donde éste alcance: 1) Los bienes de uso personal que no sean de extraordinario valor. 2) La explotación económica que gestione efectivamente. 3) El local donde hubiese venido ejerciendo su profesión. Podrá solicitar el cónyuge,  que se le atribuyan estos bienes en propiedad o que se constituya sobre ellos a su favor un derecho de uso o habitación. Si el valor de los bienes o el derecho superara al del haber del cónyuge adjudicatario, deberá éste abonar la diferencia en dinero.

Una vez admitida la solicitud de liquidación, se citará a los cónyuges para que comparezcan ante el Secretario Judicial y lleguen a un acuerdo sobre el reparto. Si uno de los cónyuges no comparece sin justificación, se entenderá que está conforme con la propuesta de liquidación que efectúe el cónyuge que haya comparecido.

Si no llegan a un acuerdo sobre este extremo, se procederá al nombramiento de contador  mediante comparecencia de los interesados ante el Secretario Judicial; si las partes no se ponen de acuerdo sobre la persona que debe ejercer dicho cargo, se designará por sorteo entre los abogados ejercientes con especiales conocimientos sobre la materia y con despacho profesional en el lugar del juicio. También, por el mismo procedimiento y si fuera necesario, se procederá al nombramiento de peritos, nunca más de uno para cada clase de bienes, para que procedan a su valoración.

En un plazo máximo de dos meses el contador deberá presentar un escrito en el que expresará: la relación de los bienes que forman el caudal partible, la valoración de los bienes, la liquidación de la masa de bienes, es decir, su división y adjudicación a cada una de las partes.

Presentado este escrito se dará traslado del mismo a los litigantes para que en un plazo máximo de diez días manifiesten si se oponen a las operaciones divisorias practicadas por el contador. Si no manifiestan nada al respecto, se les tendrá por conformes. Si mostraran oposición, se les citará a una comparecencia para intentar que lleguen a un acuerdo al respecto. Si en dicha comparecencia logran un acuerdo, el contador hará las operaciones divisorias de conformidad con el acuerdo alcanzado. Si no logran dicho acuerdo, el Juez siguiendo los trámites establecidos para el juicio verbal, oirá a las partes y admitirá las pruebas que propongan y que considere útiles para la resolución del litigio, se practicarán las mismas y dictará sentencia.

Una vez que se haya realizado la partición y la adjudicación, cada cónyuge adquirirá la propiedad y la posesión de los bienes que se le otorguen, siendo la resolución judicial que en su caso se dicte, el título que permitirá al beneficiario solicitar en el Registro de la Propiedad que éstos queden inscritos a su favor, sin que sea necesario pagar el correspondiente Impuesto de Transmisiones Patrimoniales.

En caso de fallecimiento de uno de los cónyuges con anterioridad a la disolución de la sociedad de gananciales, serán los herederos de dicho cónyuge los que continuarán hasta liquidar finalmente la sociedad conyugal.

Si no existiere acuerdo en la liquidación, aún después de haberse tramitado este procedimiento, pueden las partes acudir al Juicio Declarativo Ordinario que corresponda (artículos 810,5 y 787,5 de la Ley de Enjuiciamiento Civil), ya que la sentencia que resuelva sobre la liquidación no produce efecto de cosa juzgada.

 

¿Qué se computa en el activo y en el pasivo del inventario de la sociedad de gananciales?

 

  1. Activo

Cuentas bancarias

El dinero ingresado en cuentas corrientes, vigente la sociedad de gananciales, ya sea a nombre de uno sólo de los cónyuges o ambos, se presume ganancial por aplicación del art. 1361 CC, salvo prueba en contrario del carácter privativo de los fondos en ellas depositados.

Cuestión que puede acreditarse aun en los supuestos en que las cuentas bancarias aparezcan a nombre indistinto de ambos cónyuges, porque ello no determina un condominio de saldos, sino una disponibilidad conjunta de los fondos.

Inmuebles – Casas – Terrenos

Conforme establece el art. 1397.1 CC se incluyen en el activo de la sociedad de gananciales los bienes gananciales existentes en el momento de la liquidación. Incluyéndose por tanto en tal categoría los inmuebles que merezcan tal calificación, siguiendo al respecto el criterio establecido en el art. 334 CC.

En tal sentido, podemos considerar incluibles, siempre que existan al tiempo de la liquidación:

  1. Los inmuebles adquiridos constante la sociedad de gananciales a título oneroso a costa del caudal común, bien se haga la adquisición para la comunidad, bien para uno sólo de los cónyuges.
  2. Se incluyen igualmente como inmuebles gananciales los adquiridos por derecho de retracto de carácter ganancial, aun cuando lo fueran con fondos privativos, en cuyo caso la sociedad será deudora del cónyuge por el valor satisfecho.
  3. Serán igualmente incluidos en el activo del consorcio los inmuebles donados o dejados en testamento a los cónyuges conjuntamente y sin especial designación de partes, constante la sociedad, siempre que la liberalidad fuera aceptada por ambos cónyuges y el donante o testador no hubiera dispuesto lo contrario.
  4. Inmuebles adquiridos mediante precio en parte ganancial y en parte privativo: Inclusión en el activo de la parte ganancial, según el art. 1354 CC.
  5. Los inmuebles adquiridos a título oneroso durante el matrimonio con independencia del origen de los fondos utilizados, cuando los cónyuges le atribuyeran tal carácter por vía del art. 1355 CC.
  6. Los inmuebles adquiridos por uno sólo de los cónyuges por precio aplazado cuando el primer desembolso fue ganancial, aunque los plazos restantes hubiesen tenido carácter privativo. En cuyo caso, conforme al art. 1356 CC, tendrán íntegramente carácter ganancial, y por tanto incluibles en el activo de la sociedad en su integridad, con independencia del derecho de reembolso existente a favor del cónyuge con cuyo patrimonio privativo se hayan abonado los plazos restantes.
  7. La vivienda familiar adquirida a plazos con anterioridad al comienzo del consorcio conyugal deberá incluirse en el activo de la sociedad en la proporción o porcentaje correspondiente al importe de los plazos abonados con fondos gananciales, con independencia del número, mayor o menor de plazos abonados (párrafo segundo del art. 1357 CC en relación con el art. 1354 CC).

 

  1. Pasivo:

El pasivo de la sociedad de gananciales está integrado por las partidas siguientes, según lo establecido en el art. 1398 CC:

  1. Las deudas pendientes a cargo de la sociedad.
    • Se incluyen aquí todas aquellas deudas de las que debe responder la sociedad de gananciales, contraídas por ambos cónyuges constante la sociedad de gananciales (art. 1367 CC) que subsistan al momento de la disolución.
    • Igualmente se incluyen las deudas contraídas en el ámbito de los arts. 1362, 1363 CC y 1366 CC, consideradas cargas de la sociedad, de las que deba responder la sociedad de gananciales (art. 1365 CC).
  2. El importe actualizado de las cantidades que, habiendo sido pagadas por uno sólo de los cónyuges, fueran de cargo de la sociedad, y en general las que constituyan créditos de los cónyuges contra la sociedad.

 

 

Los abogados que forman nuestro despacho profesional, como expertos en derecho de familia en Madrid, cuentan con una amplia experiencia tramitando divorcios en los que, en muchas ocasiones, se solicita una pensión alimenticia para los hijos habidos en el matrimonio. Aunque es un término de sobra conocido por todos, no son muchas las personas que conocen plenamente su alcance, por eso en este post vamos a contarte en qué consiste realmente esta pensión y cómo se establece.

La pensión alimenticia hace referencia a la cuantía que el progenitor que no tenga la custodia de sus hijos menores tiene que pagar al progenitor que sí la tiene. Esa cuantía no está destinada a gastos puramente alimenticios; aunque se denomine así, ese dinero está orientado a cubrir todas las necesidades básicas de los niños: vivienda, matrícula del colegio, material escolar, ropa, actividades… y por supuesto, comida. En definitiva, se trata de un dinero que uno de los padres tiene que abonar para ayudar al otro a pagar todos los gastos que se derivan de la manutención de sus hijos hasta que estos puedan ser independientes.

Como expertos abogados de familia en Madrid sabemos que la pensión alimenticia se fija con mayor facilidad cuando la ruptura matrimonial se ha llevado a cabo de mutuo acuerdo. En estos casos, se establece un convenio regulador que indica a cuánto debe ascender dicha pensión y la fecha en la que entra en vigor. Cuando el divorcio es contencioso suele haber desacuerdos en la cantidad fijada como pensión alimenticia, la cual se establece por sentencia y puede ser exigida por vía penal o civil si no se abona.

Si te has divorciado y quieres solicitar una pensión alimenticia o bien eres la persona que debe abonarla, te recomendamos ponerte en manos de un despacho como el de Lucas Franco Abogados que está especializado en este ámbito del derecho.

 

 

Los procesos de separación y divorcio pueden ser largos y tediosos si las partes no se avienen a llevarlo de una manera ordenada y de mutuo acuerdo. Como despacho de abogados expertos en derecho de familia en Madrid somos conocedores que una de las cuestiones más controvertidas es el régimen de visitas que se debe regular y establecer para el progenitor no custodio. Es por ello que desde nuestro bufete de abogados queremos aprovechar esta entrada del blog para hablar acerca del régimen de visitas y de la custodia compartida.

Todo progenitor tiene derecho a estar con sus hijos y a visitarlos. Como expertos abogados en derecho de familia, y en especial en separaciones y divorcios, consideramos que lo mejor es que los progenitores especifiquen el régimen de visitas y comunicaciones de manera flexible y concertada. Si no sucediera así, habrá que determinar un régimen ordinario: mitad de las etapas de vacaciones, fines de semana alternos, tardes sueltas entre semana, etc. Este régimen puede ser retocado, pero también limitado o, incluso, suspendido si fuera perjudicial para los hijos menores o incapacitados.

El régimen ha de establecerse según las circunstancias específicas. Si hay menores en periodo de lactancia o padres que vivan lejos de sus hijos, habrá que determinar uno especial que sea beneficioso para los niños.

Respecto a la custodia compartida, hay que señalar que se introdujo en España con la Ley 15/2005 de 8 de julio. Implica que los hijos vivirán con los dos progenitores y no solo con uno de ellos como con la custodia única. Los menores estarán parte del tiempo con un padre y otra parte con el otro progenitor. El reparto debe ser equitativo.