Sí. El recurso que cabe contra el auto de la Sala Penal de la Audiencia Nacional acordando la extradición es el recurso de súplica para ante el Pleno.

Para el Caso que sea el Pleno de la Sala Penal el que haya acordado la extradición, previos los trámites legales oportunos, se puede recurrir al Tribunal Constitucional en caso que exista vulneración alguna de derechos fundamentales en la formación y desarrollo procedimiento extradicional.

 

 

 

Sí. En ambos casos se puede lograr una resolución que acuerde la no entrega del ciudadano reclamado. Si bien, hay que ser ágiles a la hora de defender ambos procedimientos es importante distinguir ambos procedimientos, pues pese a ser muy similares en su forma, no lo son en cuanto al trasfondo, ya que la reciente idea de justicia universal, y de protección de la cooperación entre estados miembros de la unión europea hace que la orden europea de detención y entrega resulte ser un proceso ciertamente ágil.

Los convenios anteriormente citados prevén vías de paralización de entregas, las cuales, han sido en muchos casos ampliadas y desarrolladas, o incluso matizadas, por nuestros tribunales.

 

 

 

Sí. Existe numerosa jurisprudencia de este tribunal que guía los procedimientos de extradición. Un buen abogado en la materia valorará para la defensa del caso, no sólo la práctica nacional y los trámites formales y legales de este tipo de procedimientos, sino que atenderá a los criterios marcados por nuestro Tribunal Europeo de Derechos Humanos, quien en reiteradas ocasiones ha establecido criterios a aplicar en los casos de extradición garantizando la defensa de derechos y garantías procesales del reclamado.

 

 

 

En el ámbito de la Unión Europea se creó la denominada orden de detención y entrega europea como primer instrumento jurídico de la Unión en el que se hace aplicación del principio de reconocimiento mutuo de resoluciones judiciales, agilizando con ello el proceso de extradición dentro de la UE. La orden europea de detención y entrega es una resolución judicial dictada en un Estado miembro de la Unión Europea cuya finalidad es la detención y entrega por otro Estado miembro de una persona a la que se reclama para el enjuiciamiento o para el cumplimiento de condena.

 

 

 

La extradición es un procedimiento judicial por medio del cual un estado reclama a otro la inmediata búsqueda, detención y entrega de una persona acusada o condenada por un delito para su enjuiciamiento o cumplimiento de condena.

Se trata de un procedimiento penal administrativo en el que pese a estar sujeto a las reglas y criterios de una cooperación jurídica internacional existen algunos criterios o motivos por el cual un estado puede denegar la entrega extradicional del sujeto reclamado. Esta facultad discrecional se acrecienta en los casos en los que no existe convenio de cooperación entre los estados.

Las extradiciones se realizan con base en tratados internacionales -generalmente bilaterales-, teniendo como sustento en el principio de reciprocidad.

A su vez en España se encuentra en vigor la Ley 4/1985, de 21 de marzo, de extradición pasiva que regula el procedimiento aplicable cuando un Estado requiere la extradición de una persona que se encuentra en España.

 

En dicho proceso la persona requerida a menudo será detenida y enviada a prisión provisional hasta su entrega a las autoridades extranjeras.

Dada la especialidad del procedimiento, y la urgencia en una correcta defensa, contamos con profesionales con alto conocimiento de inglés y con un servicio traductor ruso-ucraniano para favorecer las comunicaciones con el interesado y sus familiares, lo que nos permite dar una respuesta inmediata a la detención del reclamado, efectuando trámites y actuaciones que van más allá de los estrictamente jurídicos, tales como gestiones en la institución penitenciaria:

  • Organización de visitas para familiares, depósito de dinero, presentación de instancias, recuperación de objetos personales.
  • Contacto con embajadas u otros organismos para obtener información y/o ayuda para el cliente y sus familiares.
  • Contacto con abogados en el Estado requirente para obtener información sobre la causa y facilitar la preparación de la defensa.

 

 

La cooperación jurídica internacional es un mecanismo, un instrumento jurídico, por medio del cual los estados, mediante compromisos públicos expresados en convenios y/o tratados, asumen obligaciones y deberes los unos para con los otros. Contamos en la actualidad con numerosos convenios y tratados, bilaterales y/o multilaterales, en los que España es parte y por medio de los cuales se obliga, contrae un compromiso, de colaboración para determinados fines de ayuda y cooperación jurídica.

En materia jurídica penal existen convenios de toda índole, desde aquellos que persiguen la erradicación del crimen en general, a aquellos que solicitan una intervención concreta, por ejemplo, en materia de blanqueo de capitales o de corrupción. En cualquier caso, todos aquellos acuerdos suscritos por España, y ratificados, constituyen un auténtico compromiso de colaboración que asume materias tales como la no injerencia en la soberanía de otro estado, facilitar los medios de entrega de personas reclamadas, asumir diligencias de prevención de ciertos delitos etc.… en definitiva es lo que coloquialmente, en materia penal, se denomina “política criminal entre estados”.

 

 

 

La Orden europea se cursa para los estados miembros de la UE, Ello excluye de su aplicación territorial a Noruega e Islandia, aunque participen del Convenio de Aplicación del Acuerdo de Schengen, mientras que la extradición es una petición formal entre estados, fuera de ese conjunto.

Este sistema se aplica a partir del día 1 de enero de 2004 respecto a aquellos Estados que han incorporado la Decisión marco a su ordenamiento interno (España, Bélgica, Portugal, Dinamarca, Suecia, Finlandia, Irlanda, Reino Unido, Francia, Luxemburgo, Austria, Chipre, Hungría, Eslovenia, Polonia, Lituania, Países Bajos, Malta, Letonia, Estonia, Grecia, Eslovaquia, Alemania, República Checa e Italia).

La orden europea constituye un título judicial unificado para los Estados miembros de la Unión Europea, que se cumplimenta siguiendo un formulario y que no debe acompañarse de documentación adicional.

 

La OEDE goza de las siguientes particularidades:

  • Sustituye el procedimiento de extradición por un sistema ágil de entrega de personas reclamadas
  • Establece la cooperación directa entre autoridades judiciales
  • Simplifica los trámites y la documentación a remitir mediante la creación de un documento único, sencillo y breve
  • Dispone plazos muy breves para la adopción de la decisión sobre la entrega y la entrega efectiva del reclamado
  • Incluye mecanismos que permiten la agilización de la cooperación judicial y la acción de la justicia, como la entrega temporal.
  • Reduce los motivos de denegación de la ejecución
  • Suprime el principio de doble incriminación en determinadas circunstancias